Sentencia nº 00389 de Sala 2ª de la Corte Suprema de Justicia, de 25 de Abril de 2012

El 21 de junio de 2005, los señores […] incoaron una demanda ordinaria laboral contra D.S. […], representada por su presidente, H., y contra este en su carácter personal, con sustento en los hechos que de seguido se condensan. Comentaron que habían sido empleados regulares de la accionada, bajo un esquema de contrato laboral por tiempo indefinido, desempeñándose como peones agrícolas en la Finca Agropalmito, perteneciente a la demandada, situada en la provincia de Limón, matrícula n° […]. Manifestaron que en agosto de 2002 se finiquitaron los contratos laborales, liquidándose las correspondientes prestaciones legales, procediéndose -por imposición de D.S.A.- a firmar unos contratos de arrendamiento de parcela, que en realidad no fueron tales, sino que se trató de un ardid para disimular el nexo laboral, utilizándose la figura del pequeño empresario. Aun cuando el plazo del contrato de “alquiler” era de 6 meses, lo cierto es que se prorrogó en varias oportunidades, extendiéndose durante 2 años, hasta el 28 de agosto de 2004, data en que la compañía unilateralmente le puso fin y procedió a recontratar a los demandantes otra vez mediante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, lo que implicó una drástica disminución de sus ingresos. Por consiguiente, a juicio de los accionantes, D.S.A. debió liquidar los extremos laborales al dejar sin efecto el contrato de arrendamiento y volver a implantar el régimen laboral, en condiciones salariales menos favorables. Así las cosas, en la petitoria se incluyeron estos rubros: aguinaldo, vacaciones y feriados no cancelados en el periodo transcurrido entre el 13 de setiembre de 2002 y el 28 de agosto de 2004; el preaviso y la cesantía correspondientes a dicho lapso; la diferencia salarial derivada de comparar el promedio mensual percibido durante la vigencia del arrendamiento y el promedio salarial devengado a partir de setiembre de 2004; los salarios caídos contemplados en el artículo 82 del Código de Trabajo; y los respectivos intereses legales. Finalmente, se solicitó obligar a la demandada a reportar correctamente a la Caja Costarricense de Seguro Social los montos recibidos por los trabajadores durante el desarrollo del arrendamiento (folio 3). Tanto D.S. como su representante legal contestaron negativamente la demanda; oponiendo, la primera, las excepciones de prescripción y falta de derecho (folio 461); mientras que don H. interpuso las de falta de personería ad causam pasiva y activa y falta de derecho (folio 537). El señor H. argumentó, básicamente, que su relación con los actores no fue a título de empleador en lo personal, sino que su actuación respecto de ellos fue en carácter de personero de la accionada. Luego, D.S.A. lo que arguyó fue que en el lapso de 2 años en cuestión no medió un contrato de trabajo, sino uno de naturaleza civil o agraria, dado que no estuvo presente la subordinación jurídica, factor determinante en cualquier relación laboral. Adujo que los actores dejaron de ser trabajadores para convertirse en productores autónomos de palmito en terrenos que les fueron alquilados por D. S. A Dichos señores participaron en un fideicomiso con el Banco Interfin, que les garantizaba la compra al mejor precio de mercado. El contrato de arrendamiento les dio la oportunidad de obtener buenos ingresos, superiores en dos o tres veces a los sueldos que ganaban como peones agrícolas. De acuerdo con la cláusula primera del contrato, el arriendo se efectuó sin la inclusión de herramientas, insumos y maquinaria agrícola, ya que todo ello corría por cuenta del arrendatario. Los actores tenían ganancias diferentes, según su esfuerzo y capacidades, como acontece con los verdaderos empresarios. Los pagos los hacía el Banco Interfin, previa rebaja del precio del arrendamiento, el costo del transporte y de los insumos, así como la comisión bancaria. No se estipuló ningún compromiso del arrendante para comprarle o pagarle suma alguna al arrendatario, siendo que los parceleros podían vender su producto a quien quisieran. El único control que ejercía la arrendante era la inspección de lo arrendado, lo que es propio de todos los contratos de alquiler. El proyecto de arrendamiento se abortó “ante la tozudez de los inspectores de la CCSS, que iniciaron un largo proceso contra la demandada con el objeto de cobrar planillas extraordinarias porque consideraron esos contratos como laborales, lo que la empresa, amenazada de cobro judicial, tuvo que pagar bajo protesta”. Después se inició una segunda relación, esta vez sí de índole laboral, a partir del 30 de agosto de 2004. El a quo acogió la defensa de falta de legitimación pasiva planteada por el señor H., pues su ligamen con los accionantes no fue a título personal, sino en calidad de personero de D. S. A Igualmente, admitió la excepción de falta de derecho opuesta por la sociedad, ya que a su parecer se trató de un contrato agrario y no de trabajo. Declinó la prescripción, aplicando el plazo decenal del ordinal 850 del Código Civil. De este modo, desestimó en su totalidad la demanda, imponiéndole ambas costas a los perdidosos (folio 770). Tal veredicto fue apelado por dichos señores (folio 785); mas el superior le impartió confirmatoria (folio 815).

III.-

CUESTIÓN PREVIA: No es de recibo la petición de que se rechace de plano el recurso, formulada a folio 862, por cuanto el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad del artículo 557 del Código de Trabajo. Concretamente, en él se exponen las razones claras y precisas que ameritan su procedencia.

IV.-

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: Como en este asunto lo que se ventila es la existencia de una relación laboral, debemos acudir a los artículos 2, 4 y 18, todos del Código de Trabajo, que, por su orden, disponen: “Artículo 2.- Patrono es toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, que emplea los servicios de una u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”. “Artículo 4.- Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”. Y, “Artículo 18.- Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de esta, y por una remuneración de cualquier clase o forma. Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que los recibe”. Con fundamento en lo anterior, se han señalado tres elementos que caracterizan una relación de naturaleza laboral, a saber: la prestación personal del servicio, la retribución y la subordinación jurídica. Como los dos primeros se presentan también en otro tipo de contrataciones, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha recurrido al tercer factor -la subordinación jurídica- como criterio de distinción, entendida como la facultad del empleador de dar órdenes al trabajador y disciplinar sus faltas, así como la de dirigir las tareas. Este concepto ha sido definido como un estado de limitación de la autonomía del trabajador con motivo de la potestad patronal para dirigir y dar órdenes sobre las labores a desempeñar, y su correlativa obligación de obedecerlas (CABANELLAS (G., Contrato de Trabajo, Volumen I, Buenos Aires, B.O., 1963, pp. 239 y 243). Es decir, la subordinación laboral lleva implícitos una serie de poderes que el empleador puede ejercer sobre el trabajador, cuales son: el poder de mando, el poder de fiscalización, el poder de dirección y el poder disciplinario. Al estudiar asuntos como el que se conoce, debe tenerse en mente el principio de primacía de la realidad, cuya aplicación está implícita en el mencionado artículo 18. De acuerdo con el mismo, en esta materia cuentan antes y preferentemente las condiciones reales que se hayan presentado, que se superponen a los hechos que consten documentalmente. En efecto, dicho principio establece que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (A.P.R., Los principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, segunda edición, 1990, p. 243). Centrando la atención en el caso de marras, la S. comparte lo decidido por los jueces de inferior grado en cuanto a que medió un verdadero contrato de arrendamiento y no una relación laboral encubierta. A folios 38, 47, 57, 66, 72, 81, 89, 99, 111, 124, 134, 148, 161, 188, 201 y 223 se encuentran ejemplares del “contrato privado de arrendamiento de inmueble” celebrado entre D.S.A. y cada uno de los demandantes, cuyas disposiciones más relevantes eran: de una finca de su propiedad, la empresa les alquilaba a los actores parcelas de aproximadamente 10 hectáreas, con plantaciones de palmito en plena producción; el arrendamiento no incluía el suministro de insumos, herramientas ni maquinaria, toda vez que la explotación corría por cuenta exclusiva del arrendatario; el destino exclusivo del predio era la siembra de palmito; al finalizar el contrato, el arrendatario tenía que devolver el inmueble con el mismo número de cepas con que lo recibió; el contrato duraría 6 meses a partir del 1° de agosto de 2002, prorrogables automática y sucesivamente por periodos iguales hasta por 5 años si ninguna parte le comunicaba a la otra su intención de ponerle fin; el precio del alquiler era 110.000 colones mensuales; el arrendatario debía darle el debido mantenimiento a la parcela y autorizaba que los inspectores de D.S.A. verificaran el cumplimiento de dicha obligación; el arrendatario no podía subarrendar, ceder, prestar o traspasar los derechos que se derivasen del contrato. No es cierto que este esquema haya sido una imposición de D.S.A., pues se probó que a los demandantes se les brindaron todas las explicaciones acerca de cómo funcionaría el sistema, y quienes no querían formar parte de este, simplemente no rubricaban el contrato. Ahora bien, atendiendo a los dictados del principio de primacía de la realidad, ha de examinarse si en el plano de los hechos la relación se desarrolló en los términos descritos. De los testimonios que a continuación se trascriben (los cuales, a pesar de provenir de empleados de D.S.A., se estiman creíbles por ser numerosos, claros, precisos y concordantes) se colige que efectivamente fue así, lo que descarta la presencia de un nexo laboral. A folio 559 vuelto se ubica la deposición de I.: “Se dio un proyecto social con los parceleros. En ese momento yo me encargaba de las planillas. Eran anteriormente trabajadores de D.S.A. y después del proyecto social que se intentó llevar a cabo algunos de ellos se reintegraron a la empresa como trabajadores. No tuve ninguna participación en el proyecto que mencioné. La recontratación importó como si fueran nuevos. Antes de la ejecución del proyecto se hizo una liquidación completa de los contratos de trabajo. Durante la ejecución del proyecto no se les daban órdenes ni se les pagaba por medio de planillas. Mi oficina se encuentra en la planta, a unos 700 metros de las fincas”. A folio 564 L. relató: “En el año dos mil dos, la junta directiva de la división palmito de D.S.A. decidió iniciar un proyecto con carácter social que pretendía que a través de los años los trabajadores de la empresa del área agrícola se convirtieran en pequeños empresarios de palmito. Para iniciar el proceso de parcelamiento se estableció un contrato de arrendamiento de las tierras en un área aproximada de diez a doce hectáreas por cada trabajador sembradas de palmito. Antes de iniciar este proceso la empresa realizó una reunión con todos los trabajadores para comunicarles de qué se trataba este proceso y cancelarles todas las prestaciones que le correspondían a cada uno de los trabajadores por cada año laborado. Posteriormente de que esta propuesta fuera aceptada por los trabajadores se desarrollaron los contratos de arrendamiento de las parcelas. En esa reunión se les presentó a los parceleros personeros del Banco Interfin donde se establecía el contrato de fideicomiso en la compra de la cosecha entre los parceleros y el banco y lo suscribía el parcelero que estuviera de acuerdo. La forma en que se iba a desarrollar sería entre ellos, D.S.A. en ese contrato de fideicomiso no entraba en ninguna clase de negociación. Se establecía que el banco era el principal que entraba a negociar con los parceleros con los precios del mercado del palmito. El banco colocaba la cosecha en el mercado, una vez que se obtenía el producto de la venta se repartía entre los parceleros. Ese proyecto duró desde el dos mil dos y terminó al dos mil cuatro. Cuando la junta directiva supo que la Caja no le estaba permitiendo el asegurarse decidió terminar con el proyecto y recontratarlos bajo las condiciones de ingreso nuevo, porque el tiempo de arrendamiento no contaba por estar bajo el contrato del arrendamiento, y el periodo anterior ya se había liquidado y cancelado. Debo decir que hubo trabajadores que estaban muy contentos con el modelo de aparcelamiento, a otros no les gustaba. A los primeros porque les generaba ingresos mayores a estar recibiendo un salario mayor al mínimo de ley, además al no tener exclusividad con la empresa podían dedicarse a otras actividades para aumentar sus ingresos. Tampoco tenían un horario y podían planificar bien su tiempo. Incluso el contrato de arrendamiento entre D.S.A. y el parcelero no especificaba que la primera tuviera una exclusividad directa con la cosecha del palmito, sino que el Interfin a través del fideicomiso buscaba entre las opciones del mercado el mejor precio para la cosecha y siempre determinó que este era pagado mejor por D.S.A.. Todas las fincas que fueron dadas en arriendo volvieron a ser producidas y administradas por D.S.A.. También se recibe la cosecha de otros productores que no provengan de las fincas propias de D.S.A., no hay una política propia de la empresa para haber otorgado condiciones mejores a los parceleros al momento de recibir el producto. A los parceleros se les dio en arriendo las parcelas con la producción en marcha, esas parcelas podrían tener unos quince años de producción. El aseguramiento de la producción en su parte técnica, al igual que se hace con productores externos, es responsabilidad de D.S.A. ya que las exportaciones se dan bajo estrictas condiciones que deben ser garantizadas, de ahí que en el contrato D.S.A. es la que asume esa parte técnica. Esa parte técnica es dada por cuatro fases de cultivo bien definidas, la primera es el momento de la fertilización que aplica tres sacos de una fórmula química, puede ser obtenida fácilmente por el parcelero en El Colono, pero nosotros tenemos un programa en el que la empresa ofrece el agroquímico y se lo da al productor financiado de entre tres a cuatro meses. La segunda fase es el control de malas hierbas que también se utilizan productos químicos que también pueden ser adquiridos fácilmente por el productor pero también la empresa cuenta con un programa para adquisición y financiamiento al productor. La tercera fase se denomina la deshija. La cuarta y última fase es el control del picudo que es un escarabajo. Esas cuatro fases son realizadas por el parcelero productor independiente junto con el técnico de D.S.A. cuya participación es solo de asesoramiento, hace las recomendaciones necesarias por escrito. No existía ninguna relación del tipo laboral a través de la cual se le giraran órdenes o se aplicaran sanciones disciplinarias ni había un horario. Sé de varios casos en que el mismo parcelero acudía a la ayuda de la familia para realizar las labores o también supe de otros parceleros que se unieron en grupos para realizar las labores de forma más rápida y eficiente. No tuve durante la ejecución del proyecto ninguna relación con los parceleros, esa relación se dio con el señor J. quien es el coordinador del proyecto. Al no haber un horario impuesto por la demandada, el productor si quería no producía en esa semana y consecuentemente sus ingresos se habrían afectado. D.S.A. por su gran capacidad de adquisición de agroquímicos, tiene un programa no solo para los parceleros sino también para productores independientes de financiación de esos agroquímicos a mejores precios, dejando claro que si el productor encuentra una mejor condición del mercado está en su plena libertad de procurase el suministro de esos agroquímicos”. El señor G. a folio 572 narró: “En ese momento era el responsable de Recursos Humanos de la división de palmito de D.S.A.. Nosotros lo que teníamos eran las fincas bajo el esquema normal, pero se dio la opción mediante una acuerdo de Junta Directiva que había hecho una propuesta para que los señores que trabajaban en el área se convirtieran en pequeños empresarios, se les reunió y se les hizo ver la propuesta, una vez que aceptaron se procedieron a realizar los cambios y se puso en ejecución el proyecto. A mí me reasignaron en otro puesto, en logística. Sí estuve presente en la reunión con los parceleros y en la que firmaron los contratos de aparcelamiento, a todos se les explicó las ventajas que iban a tener. La propuesta que se les estaba presentando a los trabajadores era una forma de independizarse. Tuve participación en la liquidación de los contratos de trabajo, y a todos los que firmaron los contratos de aparcelamiento se les cancelaron prestaciones legales. El proyecto terminó por la circunstancia de que la Caja insistió en que había relación laboral aun bajo el esquema de aparcelamiento y obligó a D.S.A. a cancelar planillas adicionales, las que D.S.A. canceló bajo protesta. El esquema durante la ejecución del proyecto varió considerablemente, al no haber relación de trabajo la empresa no daba órdenes ni aplicaba régimen disciplinario. Ellos tenían la opción, durante la ejecución del proyecto, de que D.S.A. les suministraba los insumos, agroquímicos, herramientas financiados, de la misma forma en que D.S.A. hace con productores independientes. D.S.A. obtiene precios mejores en el mercado y los pone a disposición de los productores mediante financiamiento, sin perjuicio de que el productor acuda a otras opciones que le den mejor precio. Eso se debe a que D.S.A. por tener una economía a gran escala le es permitido obtener mejores precios. Al momento en que se inicia los contratos de arrendamiento, los terrenos estaban en producción del palmito. En la reunión en la que se firmaron los contratos de arrendamiento estuvieron presentes personeros del Banco Interfin”. La declaración de J., recogida a folio 577, se lee: “Mi función en aquel momento era de administrador de fruta de palmito, actividades que sigo cumpliendo hoy día. En aquel momento, antes de que se firmaran los contratos de aparcelería, había una típica relación de trabajo, había cuadrillas de trabajadores con su respectivo encargado, llámese cuadrillas para yerbicida, cuadrillas para cosecha, cuadrillas para mantenimiento de drenaje, para aplicación de fertilizantes, para deshijas y otras actividades relacionadas. En el proceso de parcelamiento las funciones cambiaron. Contaba con dos personas que ayudaban a hacer recorridos por las diferentes zonas verificando que las condiciones se estaban dando tal y como el contrato de arriendo lo describía. Este contrato de arriendo describía la forma en que se debía cosechar los tallos por parte del arrendante, cuál era el uso adecuado que debía dar a los terrenos como por ejemplo no hacer construcciones ni eliminar cepas de cultivo. Las parcelas que se les dio en arriendo estaban con producción en marcha. La atención de los ciclos de la producción están debidamente definidos en los contratos de arrendamiento, estos ciclos son básicamente el de deshija que consiste en la eliminación de hijos que por su posición, estado fenológico o crecimiento, o estado fitosanitario llámese los enfermos por alguna situación, son eliminados de la unidad de producción. El ciclo de yerbicida consiste en la eliminación de todas las plantas distintas al palmito de una forma química, son los productores los que tienen que adquirirlos para su aplicación, normalmente en el mercado local o distribuidores o agentes de venta. El siguiente ciclo es la aplicación del fertilizante, al igual que con los herbicidas a través del comercio local, en el caso del proceso de parcelamiento, ellos lo obtenían a través de D.S.A., quien obtenía un mejor precio de la casa comercial por la compra en volumen, pero los parceleros estaban en plena libertad de ir a otras opciones del mercado. La cosecha propiamente es el último ciclo, consiste en la selección de los tallos para ser cortados, mediante observación de la hoja candela o central de la palmera, además del grosor del tallo. En el proceso de parcelamiento se hacía un recorrido a la parcela, se identificaban tallos en donde fue cortado el palmito y se analizaban varios aspectos que se encontraban, como no dejar hojas encima de las cepas, que no hubiera deterioro de la cepa por corta de hijos aledaños, que la hoja central que cortaron estuviera en su estado correcto fenológico para la corta; principalmente, se llevaba un control de campo que era básicamente una hoja electrónica en la que contenía información relacionada, yo estaba asistido por dos personas más, ya que las inspecciones no las podíamos hacer a diario sino que a cada parcela se le hacía una inspección mensua1, con base en los datos obtenidos se concluía, por ejemplo, si el ciclo del herbicida estaba bien aplicado o no, se le dejaba copia al parcelero de la hoja electrónica. Con esas evaluaciones la idea era verificar que la parcela mostrara el avance del cu1tivo o el deterioro de 1a plantación, de manera de que se pudieran corregir las prácticas que se estaban haciendo y no comprometer la parcela. En la hoja electrónica de evaluación se dejaban las recomendaciones en la corrección de prácticas que hacían los parceleros, las que se revisaban en la visita siguiente del mes entrante, la recomendación no vinculaba al parcelero. No era obligado que los trabajadores firmaran el contrato de arrendamiento y hubo gente que no quiso ser contratada bajo ese esquema. Mientras se ejecutó el proyecto no hubo horarios, ni órdenes de alguna persona que fungiera como superior, tampoco se aplicaba régimen disciplinario. En la ejecución del contrato, el parcelero tenía la libertad de contratar otras personas, o bien tener ayuda de sus propios familiares. El parcelero con el contrato de arriendo no asumía la obligación de vender la cosecha a D.S.A., tenía la libertad de venderlo a otra empresa, ni tampoco D.S.A. adquiría la obligación de comprarles la cosecha solo a ellos. Cada parcelero asumía los costas y los riesgos que implicaba la producción. Los parceleros tenían la oportunidad de vender el palmito a quienes ellos quisieran, pero había un convenio con el Banco Interfin, entiendo que estos eran los encargados de buscar el mejor precio de la cosecha. D.S.A. no era directamente la que pagaba a los productores. El único objetivo de las recomendaciones era que con el transcurso del tiempo tanto la tierra dada en arrendamiento como las cepas cultivadas en ella no sufrieran deterioro”. L. G. a folio 587 contó: “Fuimos compañeros de trabajo y también llegué a verlos como parceleros independientes. Yo tuve en arriendo la parcela número dieciocho. El ingreso que llegué a percibir fue un poco mayor a lo que recibía como salario. Actualmente trabajo otra vez para D.S.A.. No estaban presionados con horario, jefes que les dieran órdenes o los estuvieran supervisando. Durante el arrendamiento de parcelas se les cancelaba al igual que a mí por medio del Banco Interfin, el pago era por el producto que se cosechaba. Antes del aparcelamiento teníamos encargados que nos daban órdenes y teníamos un horario y nos aplicaban sanciones disciplinarias. Antes del aparcelamiento, estábamos incluidos en las planillas de D.S.A. y esta empresa era la que nos pagaba el salario. Se nos explicó bien la forma en que se nos iba a dar la parcela. Se pagaba una suma de dinero por el arrendamiento de la parcela y era el Banco Interfin el que hacía el rebajo de ese dinero. También del producto de la venta se nos rebajaba dineros por adquisición de insumos, abonos, una comisión que se dejaba el banco por los gastos administrativos”. Por último, a folio 600 S. expresó: “Fuimos compañeros de trabajo, trabajé con ellos en las diferentes cuadrillas, antes del aparcelamiento, porque mucho de ellos no quisieron ser parceleros. Antes del aparcelamiento éramos peones, nos daba órdenes el administrador de la empresa, teníamos que cumplir un horario. Estuve en el proceso de aparcelamiento, fue un ofrecimiento de la empresa hacia nosotros, se ganaba mejor, según mi experiencia recibía de un veinticinco a un treinta por ciento más. Actualmente soy trabajador de la demandada, lo que gano hoy es inferior a lo que llegué a recibir como parcelero. Durante el proyecto de aparcelamiento nosotros recibíamos sugerencias de cómo cosechar el producto, de cómo mantener la plantación, no habían sanciones por no seguir este tipo de sugerencias, estas sugerencias venían de un auditor que seguro trabajaba para la empresa, de cómo realizar tal o cual labor, estábamos en la libertad de aplicar esa sugerencia o no. No estaba bien especificado en el contrato en caso de la pérdida de la cosecha, pero en términos generales el parcelero tenía que afrontarlo, ni tampoco se había pactado con el banco, en el fideicomiso, algún tipo de compensación económica por causa de pérdida. Con la cosecha podíamos buscar de entre las opciones del mercado otro mejor comprador, por lo que no estábamos obligados a vender nuestra cosecha solo a D.S.A.. Llegamos a un acuerdo con la empresa para que ellos nos siguieran aportando insumos, agroquímicos, herramientas porque la empresa los obtenía a mejores precios y nos beneficiaban, al punto que los cancelábamos en cuotas rebajadas del total de la liquidación final, no era obligado porque si queríamos podíamos ir al mercado local a conseguirlos pero más caros, de ahí que la empresa siempre nos dio mejores condiciones por la cantidad que ellos compraban, tampoco nos impuso si debíamos adquirir tal o cual marca o tal o cual fórmula. Como parceleros éramos nosotros los que corríamos con el riesgo en la pérdida de la producción, nosotros éramos los que asumíamos los gastos del mantenimiento y de las herramientas. Durante los contratos de trabajo comunes, antes del aparcelamiento, el administrador de la finca era J.”. De las deposiciones citadas se desprende que no hubo un régimen de subordinación jurídica, habida cuenta de que los actores no estaban sometidos a una jornada, no tenían un superior jerárquico que les impartiera órdenes ni se les imponían sanciones disciplinarias. La circunstancia de que D.S.A. les suministrara los insumos (posición n° 15 de la confesión rendida por don H. a folio 591) no era una forma de control de calidad, como lo entienden los demandantes. Por el contrario, se demostró que la empresa se los vendía a precios cómodos y mediante facilidades de financiamiento, debido a que, como manejaba un elevado volumen de adquisiciones de ese tipo de materiales, lograba conseguirlos más baratos; lo que no implicaba que los accionantes no pudieran comprarlos por sí mismos en otro lado si así les convenía. Incluso se ofrecía ese programa de financiamiento a productores que labraban sus propias tierras, o sea que no eran arrendatarios de D.S.A.. Las visitas de los técnicos de D.S.A. (contempladas expresamente en el contrato) no eran una señal de subordinación, sino que por ese medio la arrendante revisaba las condiciones en que se encontraban los terrenos y las plantaciones, siendo normal en cualquier contrato de alquiler que el arrendante pueda vigilar el estado de la cosa dada en arriendo. El hecho de que antes y después del contrato de arrendamiento los demandantes hayan estado ligados a la accionada mediante un contrato de trabajo no implica que los 2 años en disputa deban reputarse como una continuación de la relación laboral, ya que se comprobó que la modalidad de prestación del servicio cambió totalmente en ese lapso; así como que los anteriores contratos de trabajo (un modelo del cual aparece a folio 192) fueron oportunamente finiquitados, cancelándose las prestaciones legales (a modo de ilustración, obsérvese el documento de folio 71). No es verdad que los servicios prestados se hayan mantenido incólumes, ya que cuando los actores eran peones formaban parte de cuadrillas dedicadas a una sola faena (por ejemplo, unos se encargaban de la corta, otros de la deshija, otros de la fumigación, etc.), mientras que cuando se les alquilaron las parcelas cada uno de ellos debía llevar a cabo todas las tareas. Se constató, además, que recibían ayuda de sus familiares y que incluso organizaron grupos entre ellos para lograr una mayor eficiencia. Una esclarecedora muestra de que los accionantes, en su condición de arrendatarios, eran productores autónomos, fue que sus ingresos aumentaron considerablemente respecto de los salarios que devengaban en carácter de peones. Aunado a lo anterior, el pago no se los hacía D.S.A., sino que existía un fideicomiso con el Banco Interfin, quien colocaba la cosecha al mejor precio de mercado y depositaba mensualmente las ganancias en las cuentas de cada productor, previa deducción de los costos de alquiler, insumos y transporte, así como la respectiva comisión bancaria, lo que denota que no se trataba de un salario. Nótese que los actores obtenían ingresos diferentes, de acuerdo con su esfuerzo y capacidades, como ocurre en el mundo de los empresarios (ver boletas de pago a folios 52, 53, 54, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 120, 129, 130, 131, 166, 167, 168, 169, 170, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 187, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 232). A folios 63, 107, 119, 152 y 208 se localizan unas cartas que los actores dirigieron al Banco Interfin, en estos términos: “SRES. BANCO INTERFIN S.A., FIDUCIARIO DEL FIDEOCOMISO DE ADMINISTRACIÓN DE COSECHA DE PRODUCTORES DE PALMITO, PRESENTE: El suscrito, en mi condición de fideicomitente, hago constar que he sido informado por el banco acerca de la negociación de la venta de la cosecha de palmito objeto del fideicomiso con la empresa D.S.A. la cual pagará el precio del producto fideicometido conforme a la tabla adjunta de calidad y productividad que apruebo en este acto, razón por la cual manifiesto mi conformidad con dicho precio y condiciones, a efecto de que el banco proceda a la firma del contrato definitivo de venta de mi cosecha”. Las tablas de precios mencionadas en esa misiva se allegaron a folios 61, 62, 64, 104, 105, 106, 116, 117, 118, 153, 155, 156, 205, 206, 227, 228 y 230. A la postre, D.S.A. se vio compelida a dejar sin efecto los contratos de arrendamiento debido a que la CCSS levantó planillas adicionales por considerar que se trataba de una relación laboral (folios 43-46, 55-56, 78-80, 85-88, 108-110, 121-122, 144-147, 157-160, 171-174, 175-176, 193-195, 197-200, 210-211, 221-222 y 361-395). A folios 77, 184 y 212 se anexaron algunos de los convenios de terminación del contrato de arrendamiento, lo que se hizo de común acuerdo y sin responsabilidad para las partes, a partir del 28 de agosto de 2004. De seguido los accionantes fueron recontratados como trabajadores de ingreso nuevo, asignándoles un salario por hora, mecanismo de remuneración que se extendió hasta mediados de setiembre de 2005, cuando se pasó a una retribución por destajo (folios 132, 133 y 443). Los demandantes opinan que se incurrió en un ejercicio abusivo del ius variandi, por cuanto sus ingresos se vieron desmejorados respecto a lo que ganaban cuando regía el sistema de alquiler de parcelas; por lo que, según su criterio, la accionada, para poder disminuir la remuneración, debió liquidar la relación laboral escondida tras la figura del arrendamiento. Empero, ya se indicó que lo que hubo fue un verdadero contrato de arrendamiento y no uno de trabajo en el periodo de 2 años en cuestión, por lo que la petitoria carece de asidero desde la perspectiva del Derecho Laboral, dado que no es posible conceder extremos como los solicitados por la extinción de un vínculo ajeno al Derecho del Trabajo.

V.-

CONSIDERACIÓN FINAL: Como corolario de lo expuesto, ha de denegarse el recurso presentado y confirmarse la sentencia impugnada; omitiéndose pronunciamiento acerca del tema de la prescripción, por inconducente.

POR TANTO:

S. el fallo recurrido.

Orlando Aguirre Gómez

Julia V.A. Eva María Camacho Vargas

Milagro Rojas Espinoza F.M.A.Z.

La suscrita magistrada se aparta del voto de mayoría por las siguientes consideraciones:

I.-

El desarrollo de las herramientas tecnológicas, de las comunicaciones, la versatilidad del comercio, así como los requerimientos actuales de la economía mundial han impactado decididamente la forma de organización empresarial, particularmente en cuanto al sistema de producción de sus bienes o servicios. En su finalidad consustancial de lograr el lucro o la ganancia, o bien en algunos casos, de subsistir ante la competencia, las empresas se apropian de la tecnología así como de nuevas formas de contratación económica moderna con el fin de ahorrar recursos. Indiscutiblemente el fenómeno afecta al ámbito de las relaciones laborales en la medida en que esos cambios comprenden modificaciones en la forma de organización tradicional y más común, donde la empresa obtenía su producción a partir del esfuerzo de sus colaboradores, quienes normalmente laboraban en sus propias instalaciones. Asistimos a una época en la que, bien sea por resultar económicamente más rentable o porque la especialización genera mejores productos finales, las empresas adquieren de otras, parte del producto o del servicio que ellas ofrecen. Estas nuevas formas de organización empresarial pueden adoptar las más diversas formas. La denominación más generalizada, dada a este fenómeno, es la de “descentralización empresarial”. En esta transformación el tema que mantiene en vilo al Derecho Laboral es cuando el empresario se apropia de esas nuevas y creativas formas de organización empresarial con una finalidad velada de abstraerse de la aplicación del Derecho del Trabajo. En tales casos, el recurso a esas formas de organización es abusivo, patológico, en la medida en que se apropia una contratación jurídica para lograr un fin contrario al ordenamiento jurídico. Ya en estrados judiciales corresponde a quien juzga, determinar si el asunto sometido a su decisión responde a un tema de contratación mercantil o civil; o bien, si los reclamos han de valorarse bajo la égida del Derecho Laboral. En esa decisión, debe recordarse que aún permanecen vigentes las normas constitucionales que contemplan al trabajo como un derecho fundamental y, a los derechos derivados de una contratación de esa naturaleza, como derechos de carácter irrenunciable. Igualmente, en nuestro caso, permanecen incólumes los elementos básicos definidos por el artículo 18 del Código de Trabajo, así como los principios que cimientan esta rama del Derecho y a los que reiteradamente se ha recurrido, entre otros, en los llamados “casos frontera” o “zonas grises”.

II.-

En el caso que nos ocupa se tiene que los actores han prestado servicios a la demandada como peones, en labores agrícolas. El objeto fundamental de este litigio ha sido determinar la naturaleza jurídica de la contratación suscrita entre ellos y la demandada, a partir del mes de agosto de 2002; pues en relación con la que existió con anterioridad se ha aceptado que fueron empleados regulares bajo la modalidad de contrato de trabajo por tiempo indefinido, en labores de mantenimiento, deshija, corta y manipulación general de palmitos de pejibaye; relación por la que, al concluir, fueron debidamente liquidados en sus prestaciones laborales. Al finiquitarse esa otra relación, la demandada firmó con ellos un contrato que dio origen a la relación objeto de discusión en este proceso. La demandada ha sostenido que se trató de un contrato de arrendamiento de 10 hectáreas de terreno para la siembra y comercialización de palmito, actividad realizada por cuenta y riesgo de los actores, como empresarios auténticos, con un convenio de compra de la fruta por medio de un fideicomiso bancario con el Banco Interfín que les garantizaba su compra al mejor precio de mercado. Que esa contratación fue de naturaleza civil, mercantil o agraria, pero nunca laboral; no existió subordinación jurídica; no fue un contrato obligado o inducido por la demandada; los actores obtuvieron ganancias muy por encima de lo que pudiera ser un salario de un peón agrícola; y no mostraron ninguna disconformidad durante la vigencia de esa contratación. Para el tribunal ad quem, el principio de realidad permite establecer que en el contrato de arrendamiento de terreno suscrito no había subordinación jurídica; además, la demandada negó la existencia de la relación laboral y ofreció la prueba respectiva, por lo cual era obligación de los actores demostrar su dicho; ellos estuvieron de acuerdo en cambiar la modalidad de la contratación. Con base en esos razonamientos de fondo concluyó que la contratación efectuada es de naturaleza agraria. Sin embargo, la suscrita no comparte ese criterio. En primer lugar estimo que la circunstancia de que un patrono aporte un documento contractual para justificar la naturaleza jurídica de una contratación no dispensa la presunción contenida en el artículo 18 del Código de Trabajo. Este es solo una prueba más de la cual podrá servirse el patrono para fundar su oposición, correspondiéndole siempre, a quien juzga, analizar el contenido de las cláusulas del pacto al alero de la realidad de lo acontecido, para determinar cuál es la verdadera naturaleza de la prestación contratada. Los contratos aportados a los autos inician su clausulado como “contrato de arrendamiento”, en el que al parecer, los arrendatarios -sea los actores- asumen en arriendo las parcelas propiedad de la demandada, conjuntamente con las cepas en producción. En este punto la suscrita no puede estar de acuerdo con la afirmación hecha por el tribunal, con ocasión del reclamo de los actores para que se analizaran los hechos al tenor del principio de realidad. Dijo así el ad quem “… en el presente caso tenemos que los actores hacen referencia a la existencia de una relación laboral, aspecto que es negado por la empresa demandada y ofrece la prueba respectiva; en ese sentido al ser un hecho controvertido por las partes, es que opera la obligación de los actores en demostrar su dicho, toda vez que D.S. presenta prueba testimonial y documental que sustentan su tesis; como bien lo indica el J. a quo, la prueba aportada por los actores, no es suficiente para llegar al juicio de certeza en cuanto a la existencia de un contrato de trabajo,…”. Además de no estar de acuerdo con exigirle a los actores la carga de la prueba de la naturaleza de la contratación, tampoco coincido con la otra conclusión, es decir, que no existe prueba suficiente de la existencia de un contrato de trabajo, según explicaré a continuación. Para mayor claridad, transcribo en lo fundamental, uno de los contratos firmados, contenido que es similar en los demás aportados (folios 66 al 68).

“Contrato privado de arrendamiento de un inmueble que celebran por una parte D. S.A (en lo sucesivo denominado ARRENDANTE ) … y por la otra parte el señor … (en lo sucesivo denominado ARRENDATARIO) el cual se formaliza de conformidad con las disposiciones del Código Civil vigente y por las siguientes cláusulas en particular: