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Cobro de ¢150.000 al Estado desata largo proceso judicial

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Vincent

Un cobro de ¢150.000 al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por atrasarse en el suministro de información pública, generó un largo y costoso proceso judicial, que ya lleva cuatro años y siete meses en tres diferentes despachos judiciales y aún no se resuelve.El asunto surgió en diciembre del 2013, cuando la abogada Marielos Arias Chacón solicitó datos sobre las fincas expropiadas por el MOPT para la ampliación de la carretera San José-San Ramón.La entidad no respondió la petitoria en el plazo establecido por ley (diez días hábiles) y la interesada entonces presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para solicitarle a los magistrados que ordenaran al MOPT el suministro de los datos.La Sala IV acogió la gestión y ordenó al MOPT, en enero del 2014, que facilitara la información solicitada, al tiempo que condenó al Estado a pagar costas, daños y perjuicios ocasionados a la demandante.Ese mismo año, en la ejecución de sentencia que Arias presentó ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, ella cobró ¢150.000 por costas en que incurrió por la contratación de un abogado.Tres años después, el 23 de agosto del 2017, el Juzgado Contencioso confirmó que el Estado debía asumir el pago solicitado, más los intereses.Sin embargo, la Procuraduría General de la República se opuso desde un inicio a que el pago se hiciera en ejecución de sentencia y, en marzo de este año, impugnó la orden de pagar ante la Sala Primera de la Corte. Así lo confirmó la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas Chaves.Este caso lleva cuatro años y siete meses en tribunales, primero en la Sala IV, luego en el Juzgado Contencioso y ahora en la Sala Primera de la Corte.En el informe del Estado de la Justicia del 2017, se detalla que el costo promedio de un proceso judicial en San José era de poco más de ¢1.000.000 para el 2015. Este caso podría significar para el Poder Judicial un costo de más de ¢4 millones.Atraso del MOPT. Marielos Arias, abogada de 68 años y vecina de Tibás, explicó que desde hace varios años se interesa por temas de bienestar comunal y corrupción, por lo cual con frecuencia solicita información pública a las entidades estatales.Detalló que el 3 de diciembre del 2013 hizo una gestión ante el Ministerio de Transportes para que se le suministrara el dato sobre cuáles eran las fincas que habían sido expropiadas para la ampliación de la vía San José- San Ramón.Eso ocurrió poco después de que la entonces...

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