Costa Rica da pelea en Corte Interamericana para evitar absolución de condenados penales
El Estado costarricense da la pelea en busca de frenar una demanda que podría abrir el portillo para anular cientos de sentencias penales, y que terminaría con la liberación de miles de presos condenados antes de noviembre del 2010.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó en noviembre del 2014 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el expediente 12.820, en el cual pretende demostrar que el Estado violó los derechos procesales de 17 condenados en los tribunales locales.
El proceso, denominado 'Amrhein y otros contra Costa Rica', procura anular las sentencias que pesan en contra de cinco exdirectivos del extinto Banco Anglo Costarricense, cinco presos por narcotráfico y siete personas condenadas por delitos sexuales.
Estas personas plantearon su queja a la CIDH, al argüir supuestos vicios de procedimiento que habrían violentado su derecho a una revisión integral de la sentencia que los mandó tras las rejas.
En algunos de los casos alegaron supuestas violaciones al debido proceso, la duración excesiva de la detención preventiva y las malas condiciones de detención en el centro penitenciario denominado Centro de Atención Institucional La Reforma.
La CIDH dio trámite a estas solicitudes en el 2004, con el argumento de que Costa Rica violentó los derechos de revisión de las sentencias de los hoy condenados.
La acusación señala que el Estado incumplió el artículo 8.2 h de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la revisión de las sentencias.
Para ello, la Comisión sostiene que previo a la sentencia por el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra el Estado de Costa Rica, del 2001, el país no daba las garantías procesales a los encartados.
La CIDH consideró que 'el Estado vulneró el derecho a las garantías judiciales en el marco de los procesos penales en su contra, el derecho a la libertad personal por la duración no razonable de la detención preventiva y el derecho a la integridad personal por las malas condiciones de detención en el centro penitenciario donde estuvieron recluidas'.
Para justificar la afirmación, la CIDH sostiene que fue hasta que se implementó y se garantizó el cumplimiento de la sentencia del proceso de Herrera contra Costa Rica, que se estableció el derecho a la revisión de las sentencias en el país.
De ahí que insisten en que los 17 casos presentados ante la Corte, revisten los mismos yerros procesales que permitieron anular la sentencia en contra del entonces...
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