Diputados pondrían tope de ¢5 millones a salarios públicos

Ningún sueldo en el sector público podrá superar los ¢5 millones si prospera un acuerdo alcanzado la tarde de ayer entre los diputados que estudian el proyecto de ley para limitar los pluses salariales en el Estado.

La propuesta la acogieron los cinco congresistas de la subcomisión que deberá rendir un informe a la Comisión de Asuntos Sociales, la cual decidirá si eleva el plan al plenario, para votación de los 57 legisladores.

El tope estas remuneraciones se aplicaría a nuevos jerarcas y empleados cuyas funciones tengan, actualmente, una remuneración superior a los 20 salarios base de la Administración Pública (¢5,3 millones). No afectaría a quienes hoy tengan sueldos por encima de esa cifra.

La primera redacción de esta propuesta planteaba una lista de altos cargos que tendrían un techo en sus salarios, desde el presidente y los ministros hasta los diputados y magistrados, pasando por el contralor y su adjunto, defensor de los Habitantes y su adjunto, y procurador general y su adjunto, así como otros funcionarios que podrían estar por encima del monto.

'Al haber encontrado la posibilidad de hacerlo sin problemas de conexidad, me parece que deberíamos hacerlo de una vez', explicó la diputada liberacionista Sandra Piszk, quien coordina la subcomisión.

El cargo de contralor general, por ejemplo, conlleva un salario de más de ¢5,9 millones.

Sin embargo, luego del debate entre congresistas se decidió dejar un tope general para todos los funcionarios públicos ya que, según Piszk, con esa decisión aumentaría el número de puestos que verían reducido el salario.

Aunque Piszk fue quien llevó la propuesta sobre empleo público a la mesa de discusión, dio el crédito del texto acogido sobre el tope a las fracciones legislativas del Frente Amplio y de la Unidad Social Cristiana, que impulsan sendos proyectos por aparte para fijar límites a los sueldos jerárquicos y de otros empleados.

Detalles. El tope planteado no afectaría a los altos jerarcas de las empresas públicas en competencia, básicamente los bancos estatales, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

Este diálogo sobre el...

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