Doce gobiernos camuflaron impuestos, exenciones y reformas en leyes de Presupuesto
Desde Otilio Ulate hasta José María Figueres Olsen, 12 Gobiernos utilizaron los proyectos de ley de presupuestos nacionales para aprobar impuestos, exoneraciones, reformas a instituciones públicas y otras normas que debían tramitarse como leyes ordinarias en la Asamblea Legislativa.
Son 1.297 'goles' al Congreso, que permitieron a los Gobiernos aprovechar los trámites expeditos de la discusión presupuestaria para aprobar disposiciones, que, de otra forma, habrían requerido más negociación, gestiones y votos.
Las normas (representadas especialmente por 683 mandatos a instituciones públicas y 452 modificaciones a estructuras fiscales) se aprobaron entre 1949 y 1998. Pese a eso, más de un tercio están técnicamente vigentes.
Así lo destaca un estudio de la Unidad de Servicios Parlamentarios de la Asamblea Legislativa y del Estado de la Nación, emitido este año, que revisó todos los presupuestos nacionales en busca de 'normas atípicas', de naturaleza no presupuestaria, que se incluyen en este proyecto de ley que se tramita cada año.
Estas serían declaradas como inconstitucionales, según jurisprudencia de la Sala IV.
Contra las reglas. Entre las centenas de normas creadas por esos ejecutivos, destaca la inclusión de 20 impuestos, 46 modificaciones o derogatorias de tributos y 379 exoneraciones.
Por ejemplo, se facultó a Hacienda y al Ministerio de Obras Públicas para fijar un tributo a: 'toda mercancía que sea movilizada en muelles de países vecinos, con destino a Costa Rica', (aprobada en 1983 y aún vigente técnicamente).
Resalta, también, un impuesto de 3% sobre el valor aduanero de las mercancías importadas (aprobada en 1984 y hoy inconstitucional), y un tributo de 8% del valor de los pasajes vendidos en Costa Rica para cualquier clase de viajes internacionales (de 1985, hoy inconstitucional).
Se crearon reformas al empleo público, como aumentos salariales (la primera administración Arias Sánchez, por ejemplo, elevó 30% a los sueldos base de los pilotos del Ministerio de Seguridad), ajustes a pensiones de sacerdotes, viudas de exmandatarios o exmiembros de supremos poderes, entre otros.
Inclusive, se formaron instituciones públicas por esta vía: la Comisión Nacional de Alimentos (1982) y la Sociedad de Socorro Mutuo (1984).
'Fueron completas estafas al procedimiento legislativo', opina el excontralor y abogado constitucionalista Alex Solís.
De estas 1.297 normas atípicas, unas 270 han sido declaradas inconstitucionales, derogadas o vetadas...
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