Entidades rebeldes a ajustar pluses a nueva ley toparían con muro

Instituciones como las universidades, CCSS, JPS o municipios, entre otras, se arriesgan a que la Contraloría General de la República (CGR) les impruebe parcial o totalmente sus presupuestos si incumplen con las reglas de las reforma fiscal, entre ellas, incentivos salariales, aprobada por los diputados en diciembre.La advertencia la hizo la Procuraduría General de la República, que funge como abogado del Estado, ante una consulta del diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, sobre el caso específico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).Para la Procuraduría, la reforma fiscal aplica para instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado,universidades públicas y municipalidades, tal y como lo establece el reglamento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.Así, por ejemplo, si una institución mantiene las anualidades de lujo y otros incentivos en términos porcentuales basados en otra normativa jurídica que no sea la reforma fiscal, la Contraloría podría improbar el monto total que se destine para esos pagos.En el caso de las municipalidades, la situación es complicada pues si la Contraloría les imprueba el presupuesto, deben mantener el plan de gastos del año anterior.La Procuraduría indica que "la labor de aprobación de los presupuestos de las diversas instituciones públicas supone una labor de fiscalización tendente a determinar si tales instrumentos se ajustan a las disposiciones legales y técnicas existentes"."A raíz del proceso de fiscalización mencionado, la CGR podría improbar, parcial o totalmente, el presupuesto de una institución cuando ese presupuesto incumpla las normas de distinto rango que rigen la materia", señaló la Procuraduría en una opinión jurídica del 29 de mayo.Pese a que las nuevas reglas de empleo público rigen desde el 4 de diciembre, instituciones como la Caja y JPS tienen la aplicación pendiente.La CCSS aún no ha definido si rebajará las anualidades de lujo de médicos y enfermeros porque esos incentivos están definidos por leyes especiales, aunque son superiores a los que define la ley fiscal. En ese caso, están a la espera de un criterio de la Dirección General del Servicio Civil.La JPS, por su parte, espera que la Procuraduría aclare una consulta que fue enviada en mayo, pues en enero decidió mantener las anualidades que pagan por convención colectiva, a la espera de que expire ese acuerdo laboral, en diciembre próximo.Por su parte, las universidades...

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