La extinción del dominio no se libra fallas ni críticas en los países latinoamericanos donde está activa

Mientras en Costa Rica se debate el proyecto de ley de especial de extinción del dominio, en América Latina el concepto ha encontrado terreno fértil.Colombia, Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Bolivia y Argentina son países en los que ya aprobaron leyes similares. En Colombia ya tiene más de 20 años de vigencia. En tierra azteca acaba de alcanzar su primera década y se encamina a una reforma.En la mayoría de estos países, el mecanismo se usa como un arma para enfrentarse al narcotráfico. En algunos otros, más bien pretende atacar las riquezas conseguidas con actos de corrupción. Pero el principio es el mismo en todos: que el Estado confisque los bienes de origen o destino ilícito.Hay otro punto en común. La ley no ha sido aprobada o ejecutada sin que se levanten las voces de detractores en ninguno de estos países. Por ejemplo, en Argentina el presidente Mauricio Macri tuvo que saltarse al Congreso para que la extinción de dominio viera la luz. En Colombia la ley tiene apoyo político pero críticas importantes de abogados y académicos.EF conversó con juristas de varios de estos países latinoamericanos en los que la extinción del dominio ya es una realidad, para analizar las virtudes y críticas de la ley ya en ejecución.23 años de experienciaColombia fue el primer país de la región en aprobar la extinción del dominio. La ley está activa desde 1996.El principio es básicamente el mismo al planteado por los defensores del proyecto en Costa Rica: confiscar riquezas, propiedades y bienes de las personas envueltas en narcotráfico y otros delitos del crimen organizado."En la labor legislativa hay muy poca crítica y muy poca resistencia, porque Colombia es un país muy criminalizado. En procura de perseguir el delito, poca crítica se ha hecho", afirmó Jesús Reyes, abogado litigante y exfiscal de Colombia.Sin embargo en más de 20 años la ley ha cambiado. Con el objetivo en el papel de hacerla más dinámica y efectiva, se decidió vincular la extinción del dominio a otros delitos como secuestro, contrabando, actividades terroristas, delitos en la en la administración pública, o el tráfico de personas.Pero conforme crecieron el campo de acción de la ley, también crecieron las críticas. "Esos bienes lo que han servido es para alimentar otro foco de corrupción. Colombia se ha visto sacudida por como los servidores públicos se han visto servidos de esos bienes para profundizar la corrupción", declaró el exfiscal.Los procesos de ejecución de la...

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