Hacienda infló la deuda por el impuesto a las sociedades

El Ministerio de Hacienda les dio a los diputados un dato erróneo sobre la deuda acumulada en el cobro del impuesto a las sociedades anónimas.

Hacienda sobreestimó en más de ¢53.000 millones el dinero que el Gobierno podría recuperar cobrando el tributo a personas jurídicas morosas, el cual se destinaría, en su mayoría, a financiar la Fuerza Pública.

El dato lo suministró en momentos en que el Congreso discute dos cosas. Primero, la posibilidad de revivir el impuesto, el cual fue anulado por la Sala IV, a partir del 2016, por errores en el proceso legislativo que lo creó. Y, segundo, una propuesta del PUSC para condonar el tributo a las sociedades que no lo pagaron mientras estuvo vigente, entre el 2012 y el 2015.

En junio pasado, al calor de la discusión y por solicitud de la fracción del Frente Amplio, Hacienda comunicó a los legisladores que la deuda ascendía a ¢180.000 millones, según un corte a julio del 2015.

No obstante, la institución que se encarga de recaudar el tributo, el Registro Nacional, informó el mismo mes que el saldo real es de ¢127.000 millones; es decir, un 30% menos.

El Registro se pronunció por solicitud del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aunque esa no es la única inconsistencia. Hacienda añadió que la cantidad de sociedades morosas se mantuvo en 401.000 entre el 2012 y el 2014 y, que en el 2015, la cifra aumentó a 447.000.

Empero, según los datos del Registro, las cifras reales son considerablemente distintas: 247.000 en el 2012; 269.000 en el 2013; 297.000 en el 2014, y 343.000 en el 2015.

En cada año, la diferencia de datos es superior a las 100.000 personas jurídicas morosas.

Incluso, el 3 de mayo del 2016, antes de que el debate sobre el impuesto calentara en la Asamblea, la Contraloría General de la República (CGR) publicó un informe sobre el pendiente de cobro del impuesto y, en este, citó la cantidad de sociedades morosas en 365.000 en el 2015, muy cerca de lo que reportó Hacienda.

El tributo era de ¢212.000 para las sociedades activas y de ¢106.000 para las inactivas, pero los diputados reducirían las tasas, en caso de que lo resuciten.

La directora general de Hacienda, Priscilla Piedra Campos, dijo desconocer los porqués de las diferencias y admitió que lo que le dieron al Congreso fue una estimación propia.

'Este es un impuesto que administra el Registro, la base de datos que nosotros manejamos (sobre cantidad de sociedades) es la base que nos dio el Registro. Nosotros tenemos centralizado todo el...

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