principio legalidad

... cuestiones jurídicas generales. En atención al principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública), únicamente las instituciones públicas, por medio de su jerarca administrativo, se encuentran facultadas para requerir el criterio jurídico de la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, al no existir una norma expresa que faculte a este órgano asesor a rendir...

... cuestiones jurídicas generales. En atención al principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública), únicamente las instituciones públicas, por medio de su jerarca administrativo, se encuentran facultadas para requerir el criterio jurídico de la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, al no existir una norma expresa que faculte a este órgano asesor a rendir...

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... cuestiones jurídicas generales. En atención al principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública), únicamente las instituciones públicas, por medio de su jerarca administrativo, se encuentran facultadas para requerir el criterio jurídico de la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, al no existir una norma expresa que faculte a este órgano asesor a rendir...

... cuestiones jurídicas generales. En atención al principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública), únicamente las instituciones públicas, por medio de su jerarca administrativo, se encuentran facultadas para requerir el criterio jurídico de la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, al no existir una norma expresa que faculte a este órgano asesor a rendir...

... cuestiones jurídicas generales. En atención al principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública), únicamente las instituciones públicas, por medio de su jerarca administrativo, se encuentran facultadas para requerir el criterio jurídico de la Procuraduría General de la República. Por lo tanto, al no existir una norma expresa que faculte a este órgano asesor a rendir...

... ejercerse, inexorablemente, en estricto apego al principio de juridicidad administrativa (artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública) y de acuerdo con el Código Municipal y los reglamentos respectivos. 3.- Del estudio del contenido del artículo 153 del Código Municipal se concluye que el supuesto consultado no se encuentra dentro de los casos en que a un funcionario municipal se le podría conceder...

... voluntariamente del mismo). Por imperativo del principio de legalidad, el fondo debe entonces seguir operando y cesar todo empeño institucional en contrario. Este deber legal de las autoridades superiores del IFAM de garantizar el funcionamiento del fondo, impidiendo la liquidación de sus recursos, se complementa con el de publicar las reglas que definan su operación hacia el futuro. Por lo que informa el Instituto, en este momento no existen

... Consuelo; por lo que, en atención al principio de legalidad y a los requisitos de admisibilidad normados en nuestra Ley Orgánica, no nos es posible evacuar su consulta.

... quedó obligada a cancelar PECOSA. Con base en el principio de legalidad FECOSA no podía variar las condiciones de la obligación pendiente con Cincuenta Ciclos y debió esperar para que fueran los Tribunales de Justicia los que dirimieran si cabía o no el pago de tal indemnización. No estamos en presencia de una "transacción” ni de un “compromiso” como menciona el artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública, puesto que según se...

... esa suplencia. Por el contrario, en virtud del principio de legalidad que priva en el Derecho Administrativo todo lo que no está permitido está implícitamente prohibido.

... correcto análisis que se debe manejar sobre el Principio de Legalidad en materia de disposición de fondos públicos, el cual desconoció también el criterio legal aportado.

... .- La Oficina Nacional de Semillas se rige por el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual la Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. De conformidad con lo anterior,...

... 122. 2- En consecuencia, en atención del principio de legalidad y de reserva legal, el oficial de tránsito únicamente podría aplicar la prohibición de circular y la imposición de multas económicas dispuestas en los artículos anteriores, por el supuesto de modificación del odómetro, sin poder extenderlo a otros supuestos no normados por el legislador. 3- La Administración sí puede normar aspectos técnicos mecánicos referentes a la...

... beneficio de sus socios. 3.- En aplicación del principio de legalidad y específicamente del trato diferenciado que el legislador ha dispuesto, a través de la Ley n.° 7800, en favor de las asociaciones deportivas con respecto de las sociedades anónimas deportivas, a los efectos de una eventual declaratoria de utilidad pública –en razón de los beneficios que tal declaratoria implica-, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación carece de...

... públicos que componen la Hacienda Pública y el principio de legalidad presupuestaria, tales inquietudes, por razones de competencia material, deberán ser planteadas a la Contraloría General de la República y resueltas, en definitiva, por ella.”

... públicos que componen la Hacienda Pública y el principio de legalidad presupuestaria, tales inquietudes, por razones de competencia material, deberán ser planteadas a la Contraloría General de la República y resueltas, en definitiva, por ella.”

... públicos que componen la Hacienda Pública y el principio de legalidad presupuestaria, tales inquietudes, por razones de competencia material, deberán ser planteadas a la Contraloría General de la República y resueltas, en definitiva, por ella.”

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