Sentencia nº 05398 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 20 de Septiembre de 1994

Ponente:Luis Paulino Mora Mora
Fecha de Resolución:20 de Septiembre de 1994
Emisor:Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia:92-002114-0007-CO
Tipo:Sentencia de fondo
Clase de Asunto:Acción de inconstitucionalidad

Acción de Inconstitucionalidad N.°2114-92

Consejo Nacional de Cooperativas

Exp.No.2114-M-92. No. 5398-94.

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- S.J., a las quince horas veintisiete minutos del veinte de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Acción de inconstitucionaliad promovida por R.B.M., en su condición de Director Ejecutivo del CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, contra el párrafo cuarto aparte primero del inciso c.) del artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, número 7092, del veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y ocho, reformado por la ley número 7293, del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, y la interpretación que el Ministerio de Hacienda ha hecho del párrafo segundo aparte primero del inciso c.) del artículo 23 de la misma ley.

Resultando:

  1. - El accionante promueve acción contra el párrafo cuarto aparte primero del inciso c.) del artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, número 7092, del veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y ocho, reformado por la ley número 7293, del treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y dos, y la interpretación que el Ministerio de Hacienda ha hecho del párrafo segundo aparte primero del inciso c.) del artículo 23 de la misma ley, por considerar que infringen el artículo 11 de la Constitución Política y el principio de igualdad tributaria, derivado del artículo 33 ibídem, por cuanto en virtud de lo impugnado, el Ministerio de Hacienda interpretó que se puede retener el ocho por ciento sobre las rentas que producen los títulos valores en los cuáles invierten las asociaciones cooperativas, siendo que las mismas están facultadas para emitir títulos valores, persiguen fines sin lucro -al igual que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda-, y se encuentran excentas del impuesto de la renta, según disposición expresa de la misma ley.

  2. - Por resolución de las diez horas cincuenta minutos del tres de mayo del año en curso se le dio curso a la acción, confiriéndose audiéncia a la Procuraduría General de la República y al Ministerio de Hacienda.

  3. - Los edictos respectivos fueron publicados en los Boletines Judiciales números 99, 100 y 101, del veinticuatro, veinticinco y veintiséis de mayo de este año.

  4. - La Procuraduría General de la República solicita desestimar la acción. En relación con la inconstitucionalidad del inciso impugnado, señala que no hay violación del principio de igualdad, por cuanto la "discriminación" a favor del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, que establece la norma, resulta lógica y razonable, en razón de que imponerles tal impuesto repercutiría gravemente en el proyecto de función social realizado por el Estado en relación con la vivienda de interés social, encareciendo la vivienda popular, ya que tendría que competir con los bancos comerciales en la captación de intereses y afectaría el funcionamiento del Banco Popular en relación con los objetivos fijados por ley a dicha institución, de proteger al trabajador a través del fomento del ahorro y la satisfacción de las necesidades de crédito, ya que tales títulos compensan las desventajas o limitaciones con que trabaja. Señala que tal disposición legislativa responde al uso de la potestad discrecional que ostenta la Asamblea Legislativa, la cual no puede ser objeto de control por la Sala Constitucional. Asímismo indica que la finalidad y naturaleza de las cooperativas es otra del ánimo de lucro, sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, no se excluye la posibilidad de que las cooperativas que formen parte de él, en tanto se dediquen a programas dirigidos a brindar soluciones habitacionales, puedan beneficiarse de la exoneración contemplada en la norma en cuestión. En relación con la interpretación impugnada, considera que encuentra fundamento en la ley, por cuanto, la interpretación literal del párrafo impugnado no deja lugar a dudas en cuanto a la afectación de los títulos valores en que inviertan las cooperativas, y la norma no establece ningún tipo de distinción entre los sujetos que invierten en dichos títulos, y en la naturaleza de los tributos de que se trata, por cuanto según lo dicho en el Pronunciamiento C-168-93, del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, de la Procuraduría General de la República, el impuesto impugnado es un impuesto diferente del impuesto de la renta, único y definitivo sobre el pago de crédito de tales rentas -sobre las rentas que producen los títulos valores-, no constituyendo un pago a cuenta.

  5. - F.H.A., en su condición de Ministro de Hacienda contesta la audiencia concedida, considerando que los fundamentos del accionante no son de recibo, en razón de que la naturaleza y fines de las cooperativas son otros, entre los cuales no se encuentra el lucro, de conformidad con la ley de su funcionamiento y constitución, por lo cual no existe ningún motivo, ni económico ni de interés público, para eximir a las cooperativas del impuesto de la renta.

  6. - En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

Redacta el M.M.M., y;

Considerando:

  1. POTESTAD TRIBUTARIA DEL ESTADO. En primer lugar, debe señalarse que el impuesto impugnado -establecido en el inciso c.) del artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que consiste en el cobro del ocho por ciento (8%) sobre las rentas que produzcen los títulos valores- es manifestación de la potestad tributaria del Estado, potestad que ha sido definida por esta S. en resolución número 1341-93, de las diez horas treinta minutos del veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y tres, señalando que consiste en la:

    ... -potestad soberana del Estado de exigir contribuciones a personas o bienes que se hallan en su jurisdicción o bien de conceder excepciones- no reconoce más limitaciones que las que se originan en la propia Constitución Política. Esa potestad de gravar, es el poder de sancionar normas jurídicas de las que se derive o pueda derivar, la obligación de pagar un tributo o de respetar un límite tributario y entre los principios constitucionales de la Tributación, se encuentran inmersos el Principio de Legalidad o bien de Reserva de Ley, el de Igualdad o Isonomía, de Generalidad y de No Consfiscación. Los tributos deben emanar de una Ley de la República, no crear discriminaciones en perjuicio de sujetos pasivos, deben abarcar integralmente a todas las personas o bienes presvistas en la ley y no sólo a una parte de ellas y debe cuidarse de no ser de tal identidad, que viole la propiedad privada (artículos 33, 40, 45, 121 inciso 13.) de la Constitución Política).-

    En este sentido cabe recordar que nuestro ordenamiento jurídico reconoce la potestad tributaria del Estado a nivel constitucional, de manera que corresponde a la Asamblea Legislativa la facultad de

    "Establecer los impuestos y contribuciones nacionales, ..." (artículo 121 inciso 13.) de la Constitución Política),

    constituyendo así, obligación para los costarricenses pagar las cargas públicas establecidas por el Estado para contribuir con los gastos públicos, obligación que tiene rango constitucional en los términos del artículo 18 Constitucional, y que en virtud del principio de igualdad, consagrado en el artículo 33 Constitucional, no cabe hacer excepciones ni establecer situaciones de privilegio por la que se establezcan exenciones de pago de los impuestos establecidos, correspondiendo al Poder Ejecutivo disponer la recaudación de las rentas nacionales (artículo 140 inciso 7.) de nuestra Carta Magna).

  2. NATURALEZA JURIDICA DEL IMPUESTO QUE SE IMPUGNA. En relación con el impuesto impugnado, señala el accionante que resulta inconstitucional, ya que sobre un mismo hecho generador -el ingreso que produce una inversión de capitales, dinero, utilidad o fruto- se están cobrando dos impuesto sobre la renta, el genérico, y el que establece la norma impugnada, no obstante que en virtud del artículo 3 inciso d.) de la misma ley, las asociaciones cooperativas, debidamente constituidas de conformidad con la Ley número 6756 -de cinco de mayo de mil novecientos ochenta y dos y sus reformas-, están excentas del impuesto de la renta. Sin embargo, de conformidad con el Pronunciamiento número C-168-93, del veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, de la Procuraduría General de la República, éste no es un impuesto sobre la renta, sino que constituye un impuesto diferente, único y definitivo sobre el pago del crédtito y las rentas que producen los títulos valores. Dicho informe señala:

    "Del análisis del artículo primero de la Ley -número 7092- se tiene que el legislador estableció un impuesto sobre las utilidades de empresas y de las personas físicas que desarrollen actividades lucrativas, así como los ingresos contínuos o eventuales, de fuente costarricense, percibidos o devengados por personas físicas domiciliadas en el país y todo el ingreso o beneficio no exceptuado por la ley, cuyo hecho generador lo constituye la percepción de rentas en dinero o en especie, contínuas u ocasionales provenientes de cualquier fuente costarricense, lo que permitiría asumir la presunción de que toda renta de fuente costarricense constituiría el objeto del impuesto creado mediante el artículo indicado.

    No obstante, las sumas pagadas o acreditadas a personas domiciliadas en el país, o los descuentos concedidos sobre pagarés y toda clase de títulos valores financiero, que constituyen rentas en sentido amplio y que podrían ser objeto del impuesto creado en el artículo primero de la ley, el legislador expresamente les dió -desde el punto de vista fiscal- un tratamiento diferente, al conceptuarlas no como objeto del impuesto sobre las utilidades, sino como objeto de un impuesto diferente, con carácter de único y definitivo y no como pago a cuenta, cuyo hecho generador lo constituye el pago o crédito de intereses o los descuentos otorgados sobre pagarés, impuesto que debe ser retenido de acuerdo con los porcentajes fijados por la ley, directamente por los emisores, agentes pagadores, sociedades anónimas y otras entidades públicas o privadas que paguen o acrediten los intereses generados por los títulos emitidos.

    Al respecto dispone el numeral primero del inciso c.) del artículo 23 de la Ley de Impuesto sobre la Renta:

    "Toda empresa pública o privada, sujeta o no al pago de este impuesto, incluidos el Estado, los bancos del Sistema Bancario Nacional, el Instituto Nacional de Seguros y las demás instituciones autónomas o semiautónomas, las municipalidades y las asociaciones e instituciones a que se refiere el artículo tercero de esta ley, está obligada a actuar como agente de retención o de percepción del impuesto, cuando pague o acredite rentas afectas al impuesto establecido por esta ley. Para estos fines, los indicados sujetos deberán retener y enterar al Fisco, por cuenta de los beneficiarios de la renta que a continuación se mencionan, los importes que en cada uno se señalan:

    ...

    c.) 1. Los emisores, agentes pagadores, sociedades anónimas y otras entidades públicas o privadas que, en función de captar recursos del mercado financiero, paguen o acrediten intereses o concedan descuentos sobre pagarés y toda clase de títulos valores, a personas domiciliadas en Costa Rica, deberán retener el quince por ciento (15%) de dichas rentas en concepto de impuesto.

    Si los títulos valores se inscribieren en una bolsa de comercio reconocida oficialmente, o hubieren sido emitidos por entidades financieras debidamente registradas en la Auditoría General de Bancos, al tenor de la ley número 5044, del siete de setiembre de mil novecientos setenta y dos y sus reformas, por el Estado y sus instituciones, por los bancos integrados al Sistema Bancario Nacional y sus instituciones, por las cooperativas, o cuando se trate de letras de cambio y aceptaciones bancarias, el porcentaje por aplicar será el ocho por ciento (8%).

    Cuando los bancos y las entidades financieras mencionadas en el párrafo anterior avalen letras de cambio aceptaciones bancarias, la retención se aplicará a la tasa de interés pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica, para el plazo correspondiente, más tres puntos porcentuales.

    No estarán sujetas al impuesto sobre la renta ni siquiera en este inciso, las rentas derivadas de títulos valores en moneda extranjera, emitidos por el Estado, o por los bancos del Estado y los títulos emitidos en moneda nacional por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, al amparo de la Ley número 7052, del trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis. Las inversiones del fideicomiso sin fines de lucro, creado mediante el artículo 6 de la Ley número 7044, del veintinueve de setiembre de mil novecientos sesenta y seis, Ley de Creación de la Escuela de Agricultura de la región Tropical Húmeda.

    Asímismo, no estarán sujetas a esta retención, únicamente, las entidades enumeradas que se encuentren en las condiciones señaladas en el inciso a.) del artículo 3 de la presente Ley y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, cuando inviertan en títulos valores emitidos por el Ministerio de Hacienda.

    Las sumas retenidas se considerarán como impuesto único y definitivo."

    De lo expuesto se puede afirmar que si bien el T.I. de la Ley de Impuesto sobre la Renta, está referido al "Impuesto sobre las Utilidades", el legislador regula de manera diferente las rentas de títulos valores emitidos en función de captar recursos financieros, creando un impuesto único y definitivo-y no como pago a cuenta- sobre el pago o crédito de tales rentas."

    A mayor abundamiento de la anterior interpretación, el párrafo quinto transcrito dispone que "No estarán sujetos al pago del impuesto sobre la renta ni al establecido en este inciso ...", con lo cual se confirma que se está en presencia de un impuesto diferente de aquel sobre el cual las cooperativas no gozan de la excepción establecida en la ley. En consecuencia de lo dicho anteriormente, si bien las cooperativas no estan sujetas al pago del impuesto sobre la renta, nada impide que el legislador les haga sujetos pasivos de otro impuesto, en este caso, el que se aplica sobre las utilidades que generen los títulos valores en que inviertan sus dineros, por tratarse de situaciones impositivas diferentes y que no se confunden, pese a estar insertas en el mismo texto normativo. Otro ejemplo que reitera lo dicho anteriormente es el impuesto establecido en el inciso b.) de la Ley número 7092 -del cinco por ciento (5%) sobre el total de los excedentes o utilidades generados por las cooperativas y que se pagan a los beneficiarios-, el cual no es objeto de impugnación en esta acción. Por ello, no es de recibo la pretendida violación constitucional del impuesto impugnado, por cuanto se trata de un impuesto diferente del de la renta, sobre el cual las cooperativas tienen el carácter de "no sujeción" de conformidad con lo dispuesto en el inciso d.) del artículo 3 de la Ley número 7092, Ley sobre el Impuesto sobre la Renta.

  3. VIOLACION AL PRINCIPIO DE IGUALDAD. Por otra parte, el accionante invoca la inconstitucionalidad del inciso c.) párrafo cuarto, aparte final del artículo 23 de la Ley número 9092, por considerarlo violatorio del principio de igualdad tributaria o isonomía, por no exceptúar de este impuesto los títulos emitidos por las cooperativas, siendo que las mismas están facultadas para emitir títulos valores -al igual que las instituciones que se exceptúan-, persiguen fines sin lucro -al igual que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda-, y se encuentran excentas del impuesto de la renta, según disposición expresa de la misma ley. Al respecto, esta S., en reiteradas ocasiones se ha manifestado sobre el contenido de este principio constitucional, afirmando que el principio de igualdad de trato ante la ley implica el trato a iguales entre iguales y desigual para los desiguales, pero en modo alguno este principio implica un derecho de aplicación absoluta, así:

    "El principio de igualdad contenido en el artículo 33 de nuestra Constitución Política nos permite tratar como iguales a quienes se encuentren en circunstancias iguales o similares, y nos permite diferenciar en los casos que no sea así, es decir, en circunstancias disímiles. Los alcances de este principio han sido fijados en los votos 1372-92 y 1440-92, ..." (resolución número 782-93, de las dieciséis horas veinticuatro minutos del dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y tres).

    En el caso en estudio, la norma cuestionada efectivamente establece un tributo, exceptuando del pago del mismo a ciertas instituciones, sin embargo, tal distinción no obedece a una medida arbitraria, desproporcionada o irracional, sino que responde a un estudio exhaustivo sobre las implicaciones y repercuciones que tal tributo tendría en las instituciones que son objeto de la excepción.

    Así, la "discriminación" a favor del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y del Banco Popular y de Desarrollo Comunal que establece la norma, resulta lógica y razonable. La aprobación de la Ley Reguladora de todas la exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus excepciones -expediente legislativo número 11038-, llevó como consecuencia que se analizara la situación del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda y del Banco Popular, en relación con el impuesto que en esta acción se analiza. Así, se determinó que en virtud de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley de Creación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, número 7052, del trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, que dice:

    "Créase el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que será una entidad de interés público regida por la presente y que tendrán como objetivo principial fomentar el ahorro y la inversión nacional y extranjera, con el fin de recaudar recursos financieros para procurar la solución del problema habitacional existente en el país, incluido el aspecto de los servicios.";

    la imposición del impuesto sobre los títulos valores emitidos por dicha institución repercutiría gravemente en el proyecto de función social realizado por el Estado en la vivienda de interés social, encareciendo la vivienda popular, ya que tendría que competir con los bancos comerciales en la captación de intereses, reduciendo la capacidad que tiene la familia costarricense al acceso de la vivienda. En relación con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se concluyó que el cobro del impuesto en cuestión afectaría el funcionamiento de la institución en relación con los objetivos fijados por ley:

    "El Banco tendrá como objetivo fundamental dar protección económica y bienestar a los trabajadores, mediante el fomento del ahorro y la satisfacción de sus necesidades de crédito. Con este propósito procurará el desarrollo económico y social de los trabajadores, para lo cual podrá conceder créditos para necesidades urgentes así como para la participación del trabajador en empresas generadoras de trabajo que tengan vialiblidad económica. Asímismo, podrá financiar programas de desarrollo" (artículo 2, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, número 4351, del once de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve);

    ya que a través de tales títulos se compensan las desventajas o limitaciones con que trabaja dicha institución, por cuanto el Banco trabaja con los recursos que la misma ley le asigna, que son el ahorro obligatorio y la cuota patronal, los cuales a través del modelo financiero que se utiliza en la institución se canalizan para destinos específicos, el ahorro obligatorio se canaliza en su totalidad para créditos de vivienda, y la cuota patronal para crédito de desarrollo. Asímismo, dentro del citado expediente legislativo -número 11083-, la Cámara Costarricense de Construcción señaló las serias repercuciones económicas que la eliminación de la exoneración en estudio tendría para el costo de la vivienda de interés social. Ante las circunstancias anotadas, se observa que el legislador tuvo una consideración muy especial para el sector de la vivienda, en vista de las particulares características que presenta en nuestro país. Así, en aras de mantener los esfuerzos que el Estado costarricense ha implantado en su función social de dotar de vivienda propia a los habitantes del país -artículo 65 de la Constitución Política- se discriminó en beneficio de las entidades públicas que a través de sus créditos vienen a representar la ayuda más concreta en el campo de la construcción de la vivienda. Esta medida resulta, pues, lógica, razonable y proporcionada, fundamentándose en las particulares características financieras de dichas entidades, las cuales requieren captar recursos del mercado financiero para hacerlos disponibles, a un precio accesible, a quienes requieren soluciones de vivienda. Esta disponibilidad de recursos, con el consecuente costo financiero de su préstamo -interés- requiere que los títulos valores que se emitan, para la función de captar recursos, se encuentren libres del pago del ocho por ciento (8%) sobre los intereses que generen, pues esa característica incide en la mayor aceptación que dichos títulos tienen en el mercado financiero. Consecuencia de lo anterior, a mayor inversión en ellos, mayor posibilidad de distribuir esos recursos hacia el sector de vivienda, manteniendo tasas de interés en niveles accesibles precisamente para el sector de la población que menores facilidades de pago posee. Lo anterior conlleva a concluir que no existe la alegada violación a los principios constitucionales de igualdad tributaria, razonabilidad y proporcionalidad de la norma, sino que responde a un trato justo en relación con la realidad del funcionamiento de las instituciones que se exoneran. En cuanto a la conveniencia o inconveniencia de la disposición que se impugna, no puede ser del conocimiento de esta Sala, ya que es claro que la disposición legislativa que se impugna, responde al uso de la potestad discrecional que ostenta la Asamblea Legislativa, la cual no puede ser objeto del control constitucional.

  4. LA APLICACION DE LA EXCEPCION A LAS COOPERATIVAS. Dispone el artículo segundo de la Ley de Asociaciones de Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo:

    Las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad judídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro.

    Se observa con claridad que la naturaleza de la función de las cooperativas, sus métodos de trabajo, así como los fines y objetivos que les rigen son diferentes de las asociaciones y sociedades con fines de lucro. Es de fundamental importancia reconocer la asociación cooperativa como una forma especial de ejercicio de la empresa, poniendo de manifiesto aspectos que afectan su propia eficacia social, a la vez que se subrayan aquellas exigencias que lleva implícita su actuación en el tráfico económico-jurídico propio de una actividad de empresa. A esta visión debe unirse la orientación social del movimiento cooperativo a fin de que no se convierta la sociedad cooperativa en una técnica jurídica más al servicio de motivaciones muy distintas de las que determinaron su origen. No puede, en efecto desconocerse que la sociedad cooperativa, si bien ha de considerarse como una empresa económica con las técnicas propias de este tipo de actividad, tiene también características peculiares que determinan su naturaleza antiespeculativa y acapitalista. La sociedad cooperativa, sólo será tal, en la medida en que represente una asociación de personas que regulan de un modo determinado sus relaciones sociales, en atención a una mejor distribución de la riqueza y de formas avanzadas de participación responsable y democrática de sus miembros.

    Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que dice:

    "Podrán optar por la condición de entidades autorizadas del Sistema, las cooperativas de vivienda, de ahorro y crédito y de servicios múltiples, organizadas o que se organicen de conformidad con la legislación del ramo, exclusivamente en la parte de sus operaciones dedicadas al financiamiento habitacional.

    También podrán optar por la condición de entes autorizados, los organismos de integración cooperativa de cobertura nacional que represente a más de diez asociaciones cooperativas.";

    no se excluye la posibilidad de que las cooperativas que formen parte del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, en tanto se dediquen a programas dirigidos a brindar soluciones habitacionales, con lo cual, como entidades autorizadas, las cooperativas que emitan títulos valores, específicamente certificados a depósito a plazo -de conformidad con la relación de los artículos 117 y 138 de la Ley número 7052- se beneficiarían de la exoneración contemplada en el párrafo cuarto del numeral 1. inciso c.) del artículo 23 de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta, pero únicamente en ese supuesto.

    V.I. DEL MINISTERIO DE HACIENDA. Asímismo el accionante impugna de inconstitucional la interpretación que hace el Ministerio de Hacienda, del párrafo segundo aparte primero del inciso c.) del artículo 23, por retenerle el ocho por ciento de las utilidades de los títulos valores en que invierten las asociaciones cooperativas, señalando que tal impuesto se configura como un impuesto sobre la renta, siendo que en virtud de lo dispuesto en el inciso d.) del artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, número 7092, las cooperativas fueron excentas del pago del impuesto sobre la renta. Al respecto, debe el accionante atender a lo comentado en los considerandos anteriores, en que se dijo que el impuesto cobrado no resulta un impuesto sobre la renta, sino un impuesto diferente, único y definitivo sobre el pago de crédito de los interes de los títulos valores, y no constituye un pago a cuenta. El cobro que hace el Ministerio de Hacienda encuentra fundamento, no sólo en la naturaleza del tributo de que se trata, sino en la ley que se impugna, por cuanto la interpretación literal del párrafo cuestionado no deja lugar a dudas en cuanto a la afectación de los títulos valores en que inviertan las asociaciones cooperativas, y la norma no establece ningún tipo de distinción entre los sujetos que invierten en dichos títulos; siendo que, para este tipo de asociaciones, la única forma exceptuarse de este impuesto, es la contemplada en el artículo 102 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, ya comentado.

  5. CONCLUSION. Con fundamento en los argumentos anteriores, es que puede afirmarse que el cobro del ocho por ciento sobre los interes de los títulos valores en que inviertan las cooperativas, por parte del Ministerio de Hacienda no resulta inconstitucional, dado que la naturaleza jurídica de dicho impuesto es diferente del de la renta. Asímismo, la distinción que la norma establece, no es contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad, toda vez que la misma se hace en atención a los programas destinados a brindar créditos de vivienda accesibles, en términos económicos, a las clases más desprotegidas del país, por lo cual, el haber incluido al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y por ende a las cooperativas que realizan programas de este tipo, no conlleva la discriminación que señala el accionante. Por el contrario, la norma impugnada es comprensiva de un sustrato común para las entidades que forman parte de ese sistema, dentro del cual las cooperativas que cumplen con esa finalidad, tienen cabida.

    Por tanto:

    Se declara sin lugar la acción.

    Luis Paulino Mora Mora

    Presidente

    Jorge E. Castro B. Eduardo Sancho G.

    Carlos Arguedas R. Ana Virginia Calzada M.

    José Luis Molina Q. Alejandro Rodríguez V.