Sentencia nº 05893 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 27 de Octubre de 1995

Documentos relacionados:

Referencia a otra jurisprudencia

Exp.0201-C-91 N° 5893-95

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San

José, a las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de

octubre de mil novecientos noventa y cinco.

Acción de inconstitucionalidad promovida por Gonzalo Carrillo

Delgado y G.E.R.S., contra los artículos 10 inciso

i), 36 inciso e) y 65 de la Ley Forestal N 7174 de veintiocho de

junio de mil novecientos noventa y Decreto Ejecutivo N 19971-

MIRENEM, publicado en La Gaceta N 201 del veinticuatro de octubre

de mil novecientos noventa.

RESULTANDO:

1. Los accionantes solicitan se declare la

   inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N 19971-MIRENEM,

   publicado en La Gaceta N 201 del veinticuatro de octubre de mil

   novecientos noventa, por considerarlo contrario a la Constitución

   Política al regular materia de potestad exclusiva del Poder

   Legislativo, con lo que se viola el principio de División de

   Poderes. Que la regulación de la propiedad privada es materia

   exclusiva el Poder Legislativo y, según lo resolvió esta S. en

   sentencia N 479-90 de las diecisiete horas del once de mayo de

   mil novecientos noventa, sólo la Asamblea Legislativa, por mayoría

   calificada, está facultada para imponer limitaciones a la

   propiedad privada. Solicitan se declare inaplicable el decreto

   cuestionado, con base en lo dispuesto en los artículos 1, 7, 9, 45

   y 140 de la Constitución Política; 21 de la Convención Americana

   Sobre Derechos Humanos y 1, 2 inciso b), 3, 14 y 73 inciso a) de

   la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

2. Por resolución de Presidencia de las nueve horas quince

   minutos del seis de febrero de mil novecientos noventa y uno, se

   previno a los accionantes para que, dentro de tercero día y bajo

   el apercibimiento de denegar el trámite de la acción en caso de

   incumplimiento, aportaran nueve juegos de copias del escrito

   inicial del recurso de amparo N 2198-M-90 que sirve de asunto

   previo de esta acción, así como expresar en forma clara y precisa

   los argumentos por los que consideran que el decreto impugnado

   contraviene lo dispuesto en los artículos 1, 7, 9, 45 y 140 de la

   Constitución Política y 21 de la Convención Americana Sobre

   Derechos Humanos y los motivos por los que consideran que la

   acción es un medio idóneo para amparar el derecho o interés

   presuntamente lesionado.

3. En escrito presentado a esta Sala el trece de febrero

   de mil novecientos noventa y uno, el accionante Gerardo E. Rojas

   Solano manifestó que aún cuando el artículo 9, en relación con el

   10 inciso i) y 36 Inciso e) de la Ley Forestal N 7174 de

   veintiocho de junio de mil novecientos noventa, faculta al Poder

   Ejecutivo, constituido por el Presidente de la República y el

   Titular del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas,

   para establecer por decreto reservas forestales, zonas protectoras

   y parques nacionales, el Poder Legislativo no puede delegar la

   potestad de imponer limitaciones a la propiedad privada en el

   Poder Ejecutivo y, menos, despojar de ella a sus propietarios y

   poseedores, pues ello es contrario a lo dispuesto en el artículo

   45 de la Constitución Política y 21 de la Convención Americana

   Sobre Derechos Humanos. Esos artículos de la Ley Forestal atentan

   contra los derechos posesorios de sus representados, pues con base

   en el decreto recurrido, el Instituto de Desarrollo Agrario

   suspendió la titulación de sus tierras, hechos que vulneran su

   patrimonio. Que ese decreto, al declarar zona protectora el lugar

   donde residen sus patrocinados, les impide realizar actividades

   agrícolas, bajo la amenaza represiva que contienen los artículos

   117 y siguientes de la Ley N 7174, lo que torna más

   inconstitucional el decreto cuestionado, pues en él se encuentra

   el contenido de las figuras represivas, los tipos penales

   aplicables conforme a lo dispuesto en la Ley Forestal citada.

4. Por resolución de las nueve horas quince minutos del

   trece de marzo de mil novecientos noventa y uno de la Presidencia

   de la Sala, se previno a los accionantes aclarar si se impugnaban

   los artículos 9, 10 inciso i) y 36 inciso e) de la Ley Forestal N7174 de veintiocho de junio de mil novecientos noventa e indicar,

   en forma clara y precisa, los fundamentos por los que consideran

   que esas normas son violatorias de la Constitución Política, con

   cita concreta de las normas o principios que se consideren

   infringidos, bajo apercibimiento de denegar el trámite de la

   acción si no lo hicieren.

5. En escrito presentado el veinte de marzo de mil

   novecientos noventa y uno, los accionantes manifestaron que los

   artículos que atacan de inconstitucionales son el 10 inciso 1) y

   36 inciso e) y 65 de la Ley N 7174 de veintiocho de junio de mil

   novecientos noventa. Consideran que la inconstitucionalidad radica

   en la potestad que se otorga al Poder Ejecutivo, constituido por

   el Presidente de la República y el Ministro de Recursos Naturales,

   Energía y Minas, de crear, vía decreto, Reservas Forestales, Zonas

   Protectoras, Parques Nacionales, R. de Vida Silvestre o

   Reservas Biológicas. Que el artículo 45 de la Constitución

   Política obliga a que toda limitación a la propiedad debe ser

   aprobada por mayoría calificada de las miembros de la Asamblea

   Legislativa, por lo que es inconstitucional la creación de

   Reservas y otras limitaciones por el medio establecido en el

   inciso e) del artículo 36 de la ley impugnada. Que si es

   inconstitucional la imposición de limitaciones a la propiedad por

   decreto, con mayor razón lo es la facultad que concede el artículo

   65 de la ley de cita a la Dirección General Forestal para que, en

   forma discrecional someta los bosques y terrenos forestales de

   propiedad privada al régimen forestal, cuando los considere

   indispensables para cumplir con las finalidades de la ley. Que

   las limitaciones que el establecimiento de la Zona Protectora

   Tortuguero impone a sus representados, contempladas dentro de la

   Ley Forestal vigente y que perturban el ejercicio legítimo de los

   atributos del derecho de propiedad se encuentran en los artículos

   35 inciso b), 37, 47, 48, 51, 64, 65, 70, 117, 119 y 122 incisos

   ch) y d). Que la inconstitucionalidad de la Ley Forestal vigente

   depende de la resolución que se dicte sobre la constitucionalidad

   de la anterior Ley Forestal a la cual modifica la actual. Que la

   propiedad privada es un derecho fundamental contemplado como

   derecho humano en el artículo 21 de la Convención Americana sobre

   Derechos Humanos.

6. Por resolución de la Presidencia de las nueve horas

   diez minutos del quince de abril de mil novecientos noventa y uno

   se cursó la acción y confirió audiencia, por el término de

   quince días, a la Procuraduría General de la República, al señor

   16. de la República y al Ministro de Recursos Naturales,

   Energía y Minas. Los edictos respectivos se publicaron en el

   Boletín Judicial N 87, 88 y 89 del nueve, diez y trece de mayo de

   noviembre de mil novecientos noventa y uno, respectivamente.

7. Al contestar la audiencia conferida, el Ministro de

   Recursos Naturales, Energía y Minas manifestó que el Poder

   Legislativo no delegó en el Poder Ejecutivo, a través de la Ley

   Forestal, la potestad de establecer limitaciones a la propiedad

   privada, ya que las limitaciones que pueden haber sufrido las

   propiedades que quedaron incluidas dentro de la Zona Protectora

   Tortuguero están expresamente estipuladas en la Ley Forestal y no

   en el Decreto Ejecutivo N19971-MIRENEM que lo declaró. Que la

   actuación del Poder Ejecutivo se ha limitado, según lo prescrito

   por la Ley Forestal, a declarar, previo estudios técnicos del

   caso, el área que se describe en el artículo 1 del decreto

   ejecutivo citado como Zona Protectora, con el fin de proteger

   adecuadamente los recursos forestales ahí existentes. Que la

   Asamblea Legislativa se reservó, en cumplimiento de lo dispuesto

   en los artículos 45 de la Constitución Política y 21 de la

   Convención Americana sobre Derechos Humanos, la potestad de

   señalar las limitaciones a la propiedad que quedan ubicadas dentro

   de los límites de la Zona Protectora, tal como expresamente quedócontenido en la normativa de la Ley Forestal y ésta constituye el

   límite de la acción del Poder Ejecutivo en esta materia. Que al

   aprobar la ley cuestionada, el legislador tuvo clara conciencia de

   que con ella se establecerían, por razones de interés social,

   limitaciones a la propiedad particular y, por ello, la aprobó por

   medio de mayoría calificada de votos, de conformidad con lo

   preceptuado en el párrafo segundo del artículo 45 de la

   Constitución Política. Que la potestad de crear por Decreto

   Ejecutivo áreas silvestres protegidas es uno de los aspectos

   medulares de la existencia y aplicación de la Ley Forestal, pues

   no tendría sentido el establecimiento de órganos altamente

   especializados, como la Dirección General Forestal y el Servicio

   de Parques Nacionales, encargados de velar por la protección,

   conservación, aprovechamiento, industrialización y fomento de los

   recursos forestales del país, sin que se le den los instrumentos

   jurídicos que le permitan cumplir adecuada, oportuna y

   eficientemente con su labor. Que el legislador autorizó al Poder

   Ejecutivo para que, a través de Decreto Ejecutivo, señalara cuáles

   zonas del país requieren de una protección especial, con

   indicación del procedimiento que debe satisfacer para su

   declaratoria. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no le dio a

   ese órgano total discrecionalidad, sino que le impuso

   restricciones, de modo que las actuaciones del Poder Ejecutivo, al

   momento de establecer reservas forestales, zonas protectoras,

   parques nacionales, etc., están perfectamente regladas por la

   misma ley, que fijó no sólo los requisitos necesarios para tal

   declaratoria, sino que, además, señaló expresamente los efectos y

   consecuencias de ello. El legislador indicó taxativamente las

   limitaciones a las que quedan sujetas las propiedades que se

   ubiquen en ésas áreas, así como el mecanismo que la Administración

   debe activar para resarcir a los propietarios de los inmuebles.

   Que no ha existido delegación, hacia el Poder Ejecutivo, de

   potestades que la Constitución Política reserva a la Asamblea

   Legislativa, sino que, en cumplimiento del principio de legalidad

   que señala el artículo 11 de la Ley Fundamental, le otorgó al

   Poder Ejecutivo la competencia de declarar cuáles áreas del

   territorio nacional tienen un especial valor ecológico. Que el

   decreto en cuestión se limita a delimitar el área que se declara

   como Zona Protectora Tortuguero, con remisión expresa a la Ley

   Forestal en punto a las limitaciones y consecuencias que tal

   declaratoria acarrea. Que no se deben confundir dos situaciones

   que, desde el punto de vista jurídico, son totalmente diferentes:

   por un lado, la disposición del párrafo segundo del artículo 45 de

   la Constitución Política, que reserva exclusivamente a la Asamblea

   Legislativa la potestad de imponer limitaciones a la propiedad y,

   por otro, el principio de legalidad, también de rango

   constitucional, que faculta al Poder Ejecutivo para, haciendo uso

   de los instrumentos jurídicos que la ley le ha dado, cumplir con

   los fines y objetivos preestablecidos. El decreto cuestionado es

   un acto únicamente declarativo, producto de esa competencia que la

   ley le otorga a los órganos administrativos para el adecuado

   cumplimiento de sus funciones. Las limitaciones a la propiedad,

   que son reservadas al legislador, están fijadas expresamente,

   entre otros, por los artículos 35 inciso b), 37 párrafo segundo,

   47, 48, 51, 64, 65 y 70 de la Ley Forestal, de modo que el Poder

   Legislativo no delegó el establecimiento de tales limitaciones en

   el Poder Ejecutivo. Que aún cuando se aceptara la tesis de que el

   Poder Legislativo delegó en el Ejecutivo la potestad de crear

   áreas de protección, la delegación en este tipo de casos se ajusta

   a nuestra normativa constitucional y ha sido plenamente aceptada

   por nuestra jurisprudencia y doctrina, que considera que, por ser

   ampliamente reglada y pertenecer a un campo sumamente técnico, no

   se viola el artículo 45 constitucional. Que en nuestro

   ordenamiento jurídico sí es posible el reenvío en casos como el

   presente, si éste se encuentra claramente reglado por la ley, como

   ocurre con la declaratoria de áreas silvestres a través de Decreto

   Ejecutivo, donde la misma ley no sólo exige los requisitos para su

   establecimiento, sino que, además, señala el procedimiento y los

   alcances de tal declaratoria. Que no es cierto que a los

   propietarios de tierras ubicadas en la Zona Protectora Tortuguero

   se les haya despojado de ellas.

8. Por su parte, el Procurador General Adjunto, al

   contestar la audiencia otorgada solicitó la desestimación de la

   demanda de inconstitucionalidad. Indicó que la potestad de

   decretar zonas protectoras no viola el principio de reserva legal,

   pues aún cuando el establecimiento de límites al ejercicio del

   derecho de propiedad sea privativo del legislador, las

   disposiciones combatidas en la acción no quebrantan ese principio,

   ya que es precisamente la Ley Forestal, y no el Decreto Ejecutivo

   N 19971-MIRENEM, la que restringe, en aras del interés público,

   la propiedad forestal particular dentro de una zona protectora,

   ley que fue aprobada por mayoría reforzada. Que dicha ley

   prescribe, en el artículo 37, la compra o expropiación de la

   propiedad privada comprendida en una zona protectora y deja

   cubiertos los derechos de propiedad individual consolidados en el

   momento de sobrevenir la declaratoria de zona protectora u otras

   áreas afines. Las limitaciones por la Ley Forestal son genéricas;

   primero, porque subordinan la explotación o aprovechamiento de

   todos los inmuebles de aptitud forestal ubicados en el territorio

   de la República, a la consecución de intereses colectivos de

   primer orden, superiores a los del propietario, materializados

   bajo un conjunto de deberes, obligaciones y prohibiciones, que

   integran el contenido del derecho de propiedad forestal privada y

   fijan su alcance, sin cercenarlo. Que, en segundo lugar, las

   limitaciones sobre los inmuebles particulares que lleguen a quedar

   incluidos en una zona protectora son comunes y abstractos. El

   decreto cuestionado nada innova en la esfera de restricciones a la

   propiedad, ya que no impone ninguna nueva, sino que se contrae a

   establecer la Zona Protectora Tortuguero y a reafirmar, en su

   ámbito, la aplicación llana de las normas legales atinentes. Que

   ese decreto especifica un área geográfica, que criterios técnicos

   de oportunidad y conveniencia indican necesario preservar en

   carácter de zona protectora, destinándola a tal cometido, hecho lo

   cual, los efectos o consecuencias con respecto a las limitaciones

   de uso o goce de los fundos privados inmersos, quedan

   automáticamente dados por la ley. Que no puede hablarse de una

   delegación de poderes legislativos o expansión de funciones que

   excedan la competencia normal del Ejecutivo, ya que se trata de

   una reglamentación imprescindible para lograr los objetivos de la

   Ley Forestal. Que la autorización dada al Poder Administrador de

   determinar especies o categorías de áreas protegidas dentro de

   ciertos parámetros trazados es del todo factible y difiere de la

   facultad de crear normas ex novo impositivas de gravámenes a la

   propiedad. Que varias justificaciones, amén del principio

   constitucional de habilitación reglamentaria (artículo 140, inciso

   3, de la Constitución Política), militan en favor de la facultad

   conferida al Poder Administrativo para decretar zonas protectoras

   y reservas afines, entre ellas, la necesidad de que la asignación

   de las atribuciones legales de crear, proteger, conservar,

   mejorar, fomentar, planificar, clasificar y administrar los

   recursos forestales del país (artículos 9 y 10 de la Ley

   Forestal), vaya pareja a la dotación de potestades para promulgar

   decretos o reglamentos que regulen la materia forestal y las

   actuaciones de sus órganos o la conducta de los administrados.

   Que por tratarse de cuestiones técnicas, de detalle, con

   variabilidad de factores o elementos, discrecionales, valorables

   en contacto con la realidad (artículo 36 de la Ley Forestal),

   inherentes o consustanciales a las funciones del Poder Ejecutivo,

   que debe proveer los mecanismos necesarios para la ejecución de la

   ley y completar las tareas especificadoras demarcadas por el

   legislador, no parece propio del Poder Legislativo, cuerpo

   fundamentalmente político, ni práctico, descender a detalles en

   estos casos, pero sí dictar pautas que aseguren cabal observancia

   de la ley y el buen ejercicio de la discrecionalidad

   administrativa. Que tampoco el largo proceso de elaboración de

   las leyes y la intermitencia de la actuación legislativa van

   acordes con la expeditividad y oportunidad bajo las que han de

   atenderse las necesidades en el sector forestal. El Presidente de

   la República contestó la audiencia otorgada en los mismos términos

   en los que lo hizo el Procurador General Adjunto.

9. Por resolución de las diez horas diez minutos del siete

   de junio de mil novecientos noventa y uno, se tuvo por contestada

   la audiencia conferida a la Procuraduría General de la República.

   Asimismo, se previno al señor P. de la República y al

   Ministro de Recursos Naturales, Energía y Minas, la aportación,

   dentro de tercero día, de dos y un juego de copias de sus escritos

   de contestación, respectivamente, a fin de tener por contestadas

   las audiencias conferidas, bajo el apercibimiento de no atender

   sus demás gestiones si no lo hicieren.

10. Por resolución de las once horas veinticinco minutos del

    veintiséis de junio de mil novecientos noventa y uno, se tuvo por

    contestada la audiencia conferida al señor P. de la

    República.

11. En los términos y procedimientos se han observado las

    prescripciones de Ley.-

    Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,

    CONSIDERANDO:

1. SOBRE ADMISIBILIDAD: La acción interpuesta cumple con los

   requisitos de admisibilidad preceptuados en el artículo 75 de la

   Ley de la Jurisdicción Constitucional. En efecto, sirve de asunto

   previo el recurso de amparo que, bajo el expediente N 2198-M-90

   se tramita ante esta S., de modo que la inconstitucionalidad

   invocada resulta medio razonable para el amparo del derecho que se

   pretende lesionado.

2. CUESTIONES PRELIMINARES: De previo a entrar a examinar

   el fondo de la acción, es preciso hacer algunas consideraciones

   sobre el derecho de propiedad y sus límites y limitaciones.

   Tradicionalmente se ha dicho que el derecho de propiedad,

   pertenece a la categoría de derechos de la persona, en cuanto

   forma parte de una comunidad socio-económica. Esta categoría,

   otorga a los particulares una serie de derechos que les permite

   desarrollarse, por una parte, como empresarios y, por la otra,

   como beneficiarios de una serie de prestaciones que le brinda el

   Estado, con el fin de buscar un equilibrio social adecuado. Pero

   ese derecho, está integrado por una serie de regulaciones

   normativas, cuya característica esencial es el establecimiento de

   prohibiciones o la imposición de deberes a sus titulares, sobre

   todo en relación con el ejercicio de facultades o poderes que

   integran ese derecho (uso, transformación, usufructo, disposición,

   etc.). Por lo tanto, tales regulaciones integrativas del derecho

   de propiedad, pueden válidamente imponer a los propietarios

   obligaciones de dar, hacer o no hacer, sin que ello implique

   necesariamente el deber correlativo de indemnización por parte del

   Estado. Ello es así pues no implican mayor sacrificio para el

   propietario, quien entonces no sufre agravio en su derecho.

   Ligado íntimamente con lo anterior está el tema de la

   inviolabilidad de la propiedad, concepto que ha ido sufriendo una

   metamorfosis; empezó como un derecho de la primera generación y

   como tal, un derecho absoluto. Sin embargo, como en tantos otros

   campos del derecho, las necesidades socio-económicas han hecho que

   estos conceptos, que alguna vez fueron rígidos e inflexibles,

   evolucionen hacia una perspectiva mucho más amplia. El derecho de

   propiedad no escapó a tal situación. Modernamente, en tratándose

   del recurso forestal, se habla de la función ecológica de la

   propiedad, es decir, que este instituto jurídico debe orientarse

   al cumplimiento de una función de protección ecológica que,

   lógicamente, impone limitaciones a ese derecho, toda vez que esa

   función de protección no puede ser efectiva si no se admite una

   serie de limitaciones a la propiedad, las que pueden entenderse

   como aquellas limitaciones o regulaciones que no pueden ir más

   allá de cierto límite, ya que, de lo contrario, harían nugatorio

   el ejercicio del derecho de propiedad. A contrario sensu, sí se

   pueden establecer limitaciones en el tanto y en el cuanto el

   administrado pueda ejercer los atributos esenciales del derecho de

   propiedad, dentro de determinadas condiciones. De allí que,

   limitar la propiedad a tal punto que no se pueda ejercer ninguno

   de sus atributos esenciales, implicaría una expropiación de hecho

   -circunstancia en la cual la misma Ley Forestal N 7174, como se

   verá, establece los mecanismos indemnizatorios correspondientes-

   y dejaría ese derecho ayuno absolutamente de contenido y, por

   ende, contrario a lo dispuesto en el artículo 45 constitucional.

   Por otro lado, conviene advertir que, a nivel mundial, existe la

   tendencia a considerar que el ambiente y la ecología, no son un

   interés de una región, de un país o de un continente en

   particular, sino que son intereses universales en la medida en que

   lo que se haga a favor o en contra de la naturaleza en un país o

   región, afecta también al resto de la tierra. Esto es lo que

   justifica básicamente algún tipo de limitación a la propiedad

   privada en aras de la defensa del ambiente, principio éste -que

   contienen los artículos 45 y 50 de la Constitución Política- con

   el que se pretende un equilibrio entre conservación y producción,

   ambos intereses sociales. Por tales razones, se incluyen, dentro

   del criterio de propiedad del referido numeral 45, en relación con

   el 50, ambos constitucionales, la propiedad forestal, la propiedad

   agraria, la propiedad ecológica, la propiedad ambiental, etc.,

   todas con asidero constitucional en los citados artículos y con

   una específica regulación y naturaleza jurídicas. Asimismo, en la

   Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, entre

   otras cosas, quedó establecido el derecho soberano de los estados

   a definir sus políticas de desarrollo. Se enuncia también, el

   principio precautorio (principio 15 de la Declaración de Río),

   según el cual, "con el fin de proteger el medio ambiente, los

   Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución

   conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o

   irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberáutilizarse como razón para postergar la adopción de medidas

   eficaces en función de los costos para impedir la degradación del

   medio ambiente." De modo que, en la protección de nuestros

   recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir,

   si la degradación y el deterioro deben ser minimizados, es

   necesario que la precaución y la prevención sean los principios

   dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad de plantear el

   principio "in dubio pro natura" que puede extraerse,

   analógicamente, de otras ramas del Derecho y que es, en un todo,

   acorde con la naturaleza. No obstante, la tarea de protección al

   medio ambiente, se dificulta toda vez que arrastramos un

   concepción rígida con respecto al derecho de propiedad, que impide

   avanzar en pro del ambiente, sin el cual no podría existir el

   derecho a la vida, al trabajo, a la propiedad o a la salud. No se

   debe perder de vista el hecho de que estamos en un terreno del

   derecho, en el que las normas más importantes son las que puedan

   prevenir todo tipo de daño al medio ambiente, porque no hay norma

   alguna que repare, a posteriori, el daño ya hecho; necesidad de

   prevención que resulta más urgente cuando de países en vías de

   desarrollo se trata. En este sentido, la Declaración de Estocolmo

   afirmó "...que en los países en desarrollo la mayoría de los

   problemas ambientales son causados por el mismo subdesarrollo.

   Millones continúan viviendo por debajo de los estándares mínimos

   de salud y salubridad. Por lo tanto los países en desarrollo

   deben dirigir todos sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo en

   mente las prioridades y necesidades para salvaguardar y mejorar el

   ambiente. Por la misma razón los países industrializados deberían

   hacer esfuerzos para reducir la brecha entre ellos y los países en

   desarrollo." De todo lo anterior, es claro que es obligación del

   Estado la protección de la belleza natural y del medio ambiente

   (artículos 50 y 89 de la Constitución Política), pues en ello hay

   un evidente interés particular y social, fin que para poderlo

   alcanzar es necesario la promulgación de leyes que regulen en

   forma adecuada la materia. Ciertamente, el hombre tiene el

   derecho de hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero

   también tiene el correlativo deber de protegerlo y preservarlo

   para el uso de generaciones presentes y futuras. Así por ejemplo,

   en la Conferencia de Estocolmo se afirma que "el hombre tiene el

   derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de

   condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le

   permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la

   solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las

   generaciones presentes y futuras." No debe perderse de vista que

   el suelo, el agua, el aire, los recursos marinos, costeros y

   minerales, los bosques, la diversidad biológica y el paisaje

   conforman el marco ambiental sin el cual las demandas básicas como

   espacio vital, alimentación, energía, vivienda, sanidad y

   recreación serían imposibles. De igual modo, nuestra economía

   también está íntimamente ligada al estado del ambiente y de los

   recursos naturales; así, por ejemplo, tanto la generación de

   divisas por explotación agrícola y turística, como el éxito de

   importantes inversiones e infraestructuras dependen, en última

   instancia, de la conservación de aquéllos. Por lo anterior, el

   Derecho Ambiental no debe asociarse sólo con la naturaleza, pues

   ésta es únicamente parte del ambiente. La política de protección

   a la naturaleza se vierte también sobre otros aspectos como la

   protección de la caza, de los bosques, de los parques naturales y

   de los recursos naturales. Se trata, entonces, de un concepto

   macroambiental, para no dejar conceptos importantes por fuera y

   así lograr unificar el conjunto jurídico que denominamos Derecho

   Ambiental. En relación con lo todo anterior y, en específico

   sobre el recurso forestal, esta S. en Sentencia N 2233-93 de

   las nueve horas treinta y seis minutos del veintiocho de mayo de

   mil novecientos noventa y tres, expresó:

   "I. El presente amparo pretende la tutela del bien

   jurídico recurso forestal, lo que en último término

   significa la protección y preservación de la integridad

   del medio ambiente natural, que existe en el sitio donde

   se ha trazado el camino que es causa del problema. Ante

   la interrogante de si es ese bien jurídico, en todo su

   dimensión, significación y relación, un valor

   constitucional o derecho fundamental, la respuesta es

   indudablemente, positiva. Mucho se habla hoy en día de

   la necesidad vital para el hombre -como género- y de la

   obligación consecuente, de esa protección y

   preservación, y esto constituye una actitud de carácter

   mundial, de la cual nuestro país no está exento, lo que

   se demuestra por el interés evidente de Costa Rica de

   participar en los foros internacionales donde se discute

   el tema ecológico. Pero tal conducta de nuestro pueblo

   no sólo se manifiesta de esa manera, porque

   internamente, lo que es primordial, también hemos

   actuado promulgando leyes cuyo fin tiende a esa

   protección. Así por ejemplo, y para lo que aquíinteresa, la Ley Forestal vigente, # 7174 de 28 de junio

   de 1990, dispone en su artículo 1:

   "La presente ley establece como función

   esencial y prioridad del Estado, velar por la

   protección, la conservación, el

   aprovechamiento, la industrialización, la

   administración y el fomento de los recursos

   forestales del país, de acuerdo con el

   principio de uso racional de los recursos

   naturales renovables".

   Por su parte, en concordancia con el principio o

   parámetro de la regularidad jurídica, tal normativa y la

   actitud dicha, tienen fundamento en nuestra Constitución

   Política, que en lo relacionado con este tema prevé:

   "Artículo 89.- Entre los fines culturales de

   la República están: proteger las bellezas

   naturales, conservar y desarrollar el

   patrimonio histórico y artístico de la

   Nación..."

   "Artículo 6.- ...Ejerce además, -se refiere

   al Estado- una jurisdicción especial sobre

   los mares adyacente a su territorio en una

   extensión de doscientas millas a partir de la

   misma línea, a fin de proteger, conservar y

   explotar con exclusividad todos los recursos

   y riquezas naturales existentes en las aguas,

   el suelo y el subsuelo de esas zonas, de

   conformidad con aquellos principios" (las

   líneas del subrayado no son del original).

   Pero eso no es todo, porque también en la norma 69, de

   la Carta Política habla de la "explotación racional de

   la tierra", lo que constituye un principio fundamental.

   En consecuencia, son cánones del orden constitucional,

   aquella protección y preservación, así como la

   explotación racional de los recursos que se han

   indicado.

2. Consta en el expediente que el órgano accionado

   autorizó el camino en discusión, dentro de una reserva

   forestal (...) y que en la primera de dichas

   resoluciones dictada por la Dirección General Forestal

   .........."no resolver sobre la solicitud... hasta tanto

   se concluya el Plan de Manejo de la Reserva Forestal

   Golfo Dulce"; que estaba proyectado para concluirse,

   según la misma resolución, en octubre de 1990. Por otra

   parte, no aparece en la segunda resolución que dio el

   permiso impugnado, ninguna alusión o evidencia, de que

   se hubiere dictado con base en ese Plan, siendo además,

   esta decisión, del 21 de agoto de 1990. La importancia

   del referido "Plan" proviene de que conforma valores

   fundamentales la conservación, protección y preservación

   del medio ambiente natural y explotación racional de los

   recursos naturales. En ese sentido, las Sala entiende

   que la Ley Forestal consigna mecanismos o instrumentos

   para la conservación, el desarrollo y el mejoramiento

   dichos. Esos mecanismos son los medios legislativos de

   defensa o protección de los valores constitucionales

   dichos. Uno de esos instrumentos es la planeación

   forestal, como medio técnico y objetivo, que tiene

   además como parámetro, al principio del uso racional de

   los recursos naturales renovables. Es decir, los planes

   forestales, vistos desde la perspectiva de la

   jurisdicción constitucional, son instrumentos para hacer

   efectivos y resguardar los principios fundamentales

   consignados. En síntesis, el Estado podrá disponer, de

   su patrimonio forestal, o autorizar el aprovechamiento

   por parte de los administrados -en la forma y medida en

   que la ley lo faculta-, con base en planes de manejo,

   que de conformidad con el ordenamiento jurídico, pueden

   ser elaborados por la propia Administración o los

   particulares (véanse las siguientes normas de la Ley

   Forestal, # 7174: 8, 47, 48, 51, 55 y 61). De manera

   que, si el órgano accionado procedió sin dicho plan,

   actuó en detrimento del referido derecho fundamental,

   quebrantando la Constitución, y específicamente el

   principio de legalidad, dado que era necesario haber

   programado y decidido la supradicha solicitud, con esa

   base técnica y legal, que se omitió...""

   Asimismo, esta S. se ha manifestado reiteradamente en

   cuanto a la protección del ambiente como derecho fundamental. Su

   protección ha sido intensa y, podríamos decir, hasta

   revolucionaria, pues ha señalado claramente las obligaciones que

   tanto el Estado como los particulares tienen en la lucha por

   conseguir un ambiente cada día más sano. De todo lo anterior, que

   es racional y constitucionalmente válido imponer limitaciones a la

   propiedad privada en pro de la conservación del medio ambiente y

   del patrimonio forestal. Corresponde, entonces, examinar si la

   Ley Forestal N 7174 de veintiocho de junio de mil novecientos

   noventa y cinco contiene limitaciones a la propiedad privada y si

   éstas han sido acordadas con observancia de los requisitos

   constitucionalmente exigidos.

3. SOBRE EL FONDO: En síntesis, los accionantes alegan que

   los artículos 10 inciso 1), 36 inciso e) y 65 de la Ley Forestal

   N 7174 son inconstitucionales por violar los artículos 45

   constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos

   Humanos, en el tanto implican una delegación en el Poder

   Ejecutivo, por parte del Poder Legislativo, de la potestad

   exclusiva de éste de imponer limitaciones a la propiedad privada.

   En este mismo sentido, aducen que el Decreto Ejecutivo N 19971-

   MIRENEM, publicado en la Gaceta N 201 del veinticuatro de octubre

   de mil novecientos noventa es inconstitucional por quebrantar la

   reserva de ley que, en materia de imposición de limitaciones a la

   propiedad privada, existe al tenor de lo dispuesto en el párrafo

   segundo del artículo 45 de la Constitución Política y 21 de la

   Convención citada, con lo que también entienden vulnerados los

   artículos 1, 7, 9 y 140 de la Carta Política. De conformidad con

   lo expuesto en el considerando anterior, las limitaciones a la

   propiedad privada en aras de la protección del medio ambiente y,

   en específico, del recurso forestal no sólo son, de por sí,

   razonables, sino que son constitucionalmente viables, además de

   constituir una obligación para el Estado su protección y

   explotación racional. De allí debe examinarse si la Ley Forestal

   contiene limitaciones a la propiedad privada y si ésta fueron

   acordadas con cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45

   constitucional. Tanto el artículo 45 de última cita como el 21 de

   la Convención Americana sobre Derechos Humanos admiten la

   posibilidad de limitar la propiedad privada por motivos de interés

   público. Claro está que ha de tratase de limitaciones, no del

   cercenamiento de los atributos esenciales del derecho de

   propiedad, pues en este caso se estaría frente a un despojo, el

   cual sólo puede hacerse previa indemnización y en atención a un

   interés público legalmente comprobado. De la simple lectura de la

   Ley Forestal N 7174 se desprende que ésta, efectivamente, impone

   una serie de limitaciones a la propiedad privada. Así, por

   ejemplo, en el artículo 4 se dispone:

   ""Todos los terrenos de aptitud forestal y los

   bosques del país, ya sean estatales o estén reducidos a

   dominio particular, quedan sometidos a los fines de la

   presente ley.""

   Asimismo, en los artículos 47, 48 y 49 de la ley en cuestión,

   se dispone:

   ""ARTICULO 47.- Los bosques y terrenos de aptitud

   forestal que constituyan tanto las áreas forestales

   públicas como privadas, estarán sometidos al respectivo

   plan de manejo, con el propósito de permitir su

   conservación y fomento, con arreglo a los principios

   económicos y silvícolas. Sus propietarios tendrán

   derecho a gozar de los beneficios e incentivos fijados

   en esta ley.

   ARTICULO 48.- Los terrenos forestales y bosques de

   propiedad privada incluidos en una reserva forestal o

   zona protectora, deberán utilizarse de acuerdo con el

   respectivo plan de manejo. Sus propietarios tendrán

   derecho a gozar de los beneficios e incentivos que fija

   la presente ley.

   ARTICULO 49.- Toda acción de corta o

   aprovechamiento del bosque natural y de aquellas

   plantaciones forestales en terrenos de exclusiva

   vocación forestal, obligará al propietario del terreno

   respectivo a recuperar o reponer el recurso, según las

   especificaciones emitidas por la Dirección General

   Forestal...""

   2. los artículos transcritos para dejar patente que la

   ley cuestionada sí impone limitaciones a la propiedad privada y,

   por ende, su aprobación requería de mayoría calificada, según lo

   establecido en el párrafo segundo del artículo 45 constitucional,

   aspecto que debe ser examinado antes de cualquier otro.

4. APROBACION DE LA LEY FORESTAL N 7174 POR MAYORIA

   CALIFICADA: Esta Sala ha tenido a la vista el Expediente

   Legislativo N 10.940 relativo a la Ley Forestal N 7174, a fin de

   examinar si ese cuerpo normativo fue aprobado por mayoría

   calificada, como lo exige el párrafo segundo del artículo 45

   constitucional en relación con cualquier ley que, como la de

   estudio, imponga limitaciones a la propiedad privada. Antes de

   examinar el punto, debe tenerse presente que ya esta S.

   estableció que, aún cuando en la Ley 7174 se establece que ella es

   una reforma a la N 4465 de veinticinco de noviembre de mil

   novecientos sesenta y cinco, en realidad se trata de una

   repromulgación y, por ende, se trata de cuerpos legales

   independientes uno de otro en cuanto a la validez y

   constitucionalidad de cada uno de ellos. Así, en la Sentencia N5375-95 de las diez horas tres minutos del veintinueve de

   setiembre de mil novecientos noventa y cinco, dispuso:

   "Por lo demás, esta S. tiene presente que la Ley

   N 4465 fue derogada por la N 7174, de veintiocho de

   junio de mil novecientos noventa, ya que esta última

   constituye no una reforma, según se afirma en el

   artículo 1, sino una repromulgación de la Ley 4465 y,

   por tanto, una nueva Ley Forestal independiente de la

   anterior a la que implícitamente derogó...""

   La ley cuestionada en esta acción fue aprobada en Primer

   Debate en la Sesión N 27, celebrada el veintiuno de junio de mil

   novecientos noventa. En este debate fue aprobada por unanimidad,

   con la presencia de cuarenta y seis diputados. En la Sesión N

   28, celebrada el veinticinco de junio siguiente, fue aprobada en

   segundo debate. Finalmente, en la Sesión N 29, celebrada al día

   siguiente, es decir, el veintiséis de junio, fue nuevamente

   aprobada por unanimidad, con la presencia de cuarenta y ocho

   diputados. Si bien no consta expresamente que en segundo debate

   la Ley Forestal haya sido aprobada por mayoría calificada, es

   claro de la lectura del expediente legislativo, que los diputados

   tenían plena conciencia de que para su aprobación se requería de

   mayoría calificada y el hecho de que tanto en primer debate, como

   en tercer debate, haya sido aprobada en forma unánime es un

   elemento objetivo que permite deducir que también fue aprobada en

   forma unánime en segundo debate, lo cual viene a ser confirmado

   por el hecho de que no se suscitó discusión ninguna y no existió

   ninguna oposición al Proyecto de Ley. Este Tribunal, en otras

   ocasiones, ha dicho que si de los elementos objetivos que constan

   en el expediente legislativo es posible concluir que un

   determinado Proyecto de Ley recibió la mayoría calificada que

   requería para su aprobación, debe tenerse por así aprobado y por

   cumplido el requisito de validez constitucional. Al respecto, en

   la citada Sentencia N 5375-95, expresó:

   ""IV.- Contrario a lo sostenido por el accionante

   en el libelo de interposición de la acción, la

   comprobación de que una ley haya sido aprobada por

   mayoría calificada no requiere, necesariamente, que asíse haya consignado en el Acta de la Sesión Legislativa

   respectiva. En efecto, si de los elementos objetivos

   que se desprenden del expediente legislativo es posible

   deducir o presumir razonablemente que la ley en cuestión

   fue aprobada por la mayoría calificada que se requería,

   y en tanto no existan otros que demuestren lo contrario,

   puede válidamente concluirse a favor de la

   constitucionalidad del cuerpo normativo. No se trata,

   entonces, de una comprobación formalista -como se

   pretende-, sino de establecer, a través de

   circunstancias objetivas que consten en el expediente,

   cuál fue el ambiente legislativo que rodeó la aprobación

   de la ley en cuestión y determinar si a partir de dichas

   circunstancias se puede, razonablemente, concluir que

   fue aprobada por la mayoría calificada que requería, aún

   cuando expresamente no se haya consignado la votación

   que en tercer debate recibiera. Ahora bien, no obstante

   que en otras ocasiones, según lo afirma el accionante,

   esta S. se pronunció en el sentido de que para la

   validez de una ley que requería para su aprobación de

   una mayoría calificada era necesario que hubiese quedado

   constancia de los votación efectuada, a fin de comprobar

   el cumplimiento de tal requisito, debe tenerse en cuenta

   que la Sala actualmente tiene otra conformación y que,

   en cuanto a este punto específico, ha variado su

   jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el

   artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

   Retomando el asunto, es preciso recalcar que no se trata

   de una simple presunción, sino de la comprobación de

   elementos objetivos inmersos en el propio expediente

   legislativo que permiten llegar a concluir, en forma

   razonable, que la ley obtuvo, para su aprobación, la

   mayoría calificada que requería."

   Criterio jurisprudencial que ahora se reitera, con fundamento en

   el cual esta S. considera que la Ley Forestal N 7174 de

   veintiocho de junio de mil novecientos noventa fue aprobado en los

   tres debates por la mayoría calificada que requería, de

   conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo

   45 constitucional y, por tal razón, las limitaciones a la

   propiedad privada que contiene son constitucionales.

5. LA RESERVA DE LEY EN MATERIA DE LIMITACIONES A LA

   PROPIEDAD PRIVADA: Basta un somero análisis del artículo 45

   constitucional para concluir que, en materia de limitaciones a la

   propiedad privada, existe una reserva de ley. En efecto,

   establece el citado artículo:

   ""Artículo 45.- La propiedad es inviolable; a nadie

   puede privarse de la suya si no es por interés público

   legalmente comprobado, previa indemnización conforme a

   la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es

   indispensable que la indemnización sea previa. Sin

   embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar

   dos años después de concluido el estado de emergencia.

   Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea

   Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la

   totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad

   limitaciones de interés social."

   Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos

   establece:

   ""Artículo 21.- Derecho a la propiedad privada.

   1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus

   bienes. La Ley puede subordinar tal uso o goce al

   interés social.""

   De modo que es al Poder Legislativo al que corresponde, por medio

   de una ley aprobada por mayoría calificada, imponer limitaciones

   a la propiedad privada, cuando la necesidad pública así lo

   aconseje. Es preciso, entonces, determinar si en tratándose de la

   Ley Forestal el legislador violó el precepto constitucional y

   delegó en el Poder Ejecutivo la potestad de imponer limitaciones

   a la propiedad privada, tal y como lo aducen los accionantes. El

   artículo 10 inciso a) de la ley impugnada establece:

   ""ARTICULO 10.- Es competencia de la Dirección

   General Forestal lo siguiente:

   1. Crear, conservar, mejorar, desarrollar y administrar

   los recursos forestales del país, tanto en terrenos del

   patrimonio forestal del Estado como en las áreas

   forestales privadas, de acuerdo con los preceptos de la

   Esta norma debe verse en relación con lo dispuesto en los

   artículos 4, 47, 48, 55, 60, 61, 62, 64 y 70 del mismo cuerpo

   normativo, que son, precisamente, los que imponen una serie de

   limitaciones a la propiedad privada en aras de la protección del

   patrimonio forestal. Es claro, entonces, que de modo alguno el

   Poder Legislativo está delegando en el Ejecutivo las potestades

   que le son propias, pues no está dejando a éste la creación e

   imposición de limitaciones a la propiedad privada -ya que éstas se

   encuentran en la propia ley-, sino tan sólo la delimitación del

   área geográfica concreta que va a ser sometida al régimen especial

   creado en la ley. Lo único que dejó el legislador al Poder

   Ejecutivo fue la delimitación de las áreas sujetas al régimen

   particular establecido en la Ley Forestal, pero de modo alguno se

   le autorizó para introducir otras limitaciones que no fueran las

   ya contempladas en la Ley Forestal. Y ello resulta lógico, pues

   no sólo se necesita un instrumento jurídico más ágil que la ley -

   el decreto ejecutivo- para dar una protección expedita y eficaz al

   patrimonio forestal, sino que ello debe ser tarea propia del Poder

   Ejecutivo, pues para el establecimiento de áreas protegidas es

   necesario, además de la realización de estudios técnicos, el

   cumplimiento de una serie de requisitos (artículo 36), lo cual no

   sería propio del Poder Legislativo, ya que para éste sería

   imposible su realización. La reserva de ley en materia de

   imposición de limitaciones a la propiedad privada se refiere a la

   creación de las limitaciones en sí, es decir, que si bien las

   limitaciones -genéricas y abstractas- a la propiedad privada sólo

   pueden ser impuestas por medio de ley aprobada por mayoría

   calificada, la determinación de cuáles predios, en concreto, se

   verán sometidos a aquéllas limitaciones no está reservada a la ley

   y bien puede dejarse al Poder Ejecutivo dicha labor; lo que, por

   lo demás, resulta acorde con el principio de razonabilidad

   constitucional, pues, de otro modo, el Estado no podría brindar

   una adecuada protección a los recursos forestales y se tornaría

   nugatorio el fin propio de la Ley Forestal establecido en su

   artículo 1. No hay, entonces, creación de limitación alguna a la

   propiedad privada por parte del Poder Ejecutivo, pues éste lo

   único que hace, a través de sus órganos especializados, es

   determinar cuáles áreas geográficas se ven afectadas por las

   limitaciones establecidas en la Ley Forestal. Por ello, y en este

   mismo orden de ideas, el Decreto Ejecutivo N 19971-MIRENEM del

   veinticinco de agosto de mil novecientos noventa, no crea ninguna

   limitación a la propiedad privada, ya que lo que hace es decretar

   la creación de la Zona Protectora Tortuguero y delimitar el área

   que comprende, pero las limitaciones que a las propiedades

   privadas comprendidas dentro de esa área se imponen, lo son en

   virtud de la propia Ley Forestal y no del decreto en sí, el cual,

   en el artículo 4 se limita a reiterar que en ese tipo de áreas

   protegidas regirán las disposiciones de la Ley Forestal N 7174 de

   veintiocho de junio de mil novecientos noventa. No existe

   violación alguna al artículo 45 constitucional ni al 21 de la

   Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues ambos estipulan

   la posibilidad de imponer, vía ley, limitaciones a la propiedad

   privada por razones de interés público, que es exactamente lo que

   hace la Ley Forestal cuestionada, la que, según lo expuesto en el

   Considerando IV, fue aprobada por la mayoría calificada que

   requería. Por otra parte, las limitaciones tampoco resultan

   irracionales o desmedidas y, en caso de afectarse los atributos

   esenciales del dominio, la misma Ley Forestal, en el artículo 37,

   párrafo segundo, prevé la posibilidad de la compra del terreno o

   su expropiación -previa indemnización, claro está-, todo en

   cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 45

   constitucional y 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos

   Humanos. No es inconstitucional, entonces, la potestad conferida

   al Poder Ejecutivo en el inciso a) del artículo 10, en el inciso

   e) del artículo 36, y en el artículo 65, todos de la Ley Forestal,

   para, en pro de la protección de los recursos forestales, el uso

   racional de los recursos naturales renovables y el cumplimiento de

   los fines establecidos en la Ley Forestal, crear áreas protegidas

   vía decreto ejecutivo e incluir en ellas propiedades privadas, ya

   que esa potestad únicamente se refiere a la delimitación del área

   geográfica en cuestión y no a la creación de limitaciones a la

   propiedad privada, toda vez que éstas, en forma general y

   abstracta, son impuestas por la propia Ley Forestal y no por el

   Poder Ejecutivo en el decreto respectivo. Por lo demás, el

   Decreto Ejecutivo N 19971-MIRENEM no tiene relación alguna con lo

   dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política, en cuanto

   a que Costa Rica es una República democrática, libre e

   independiente, de manera que esta S. no ve cómo aquel decreto

   pueda violar esa norma constitucional, violación que, de por sí,

   no está motivada por los accionantes, quienes simplemente se

   limitan a invocar su violación, al igual que lo hacen en relación

   con los artículos 7, 9 y 140 constitucionales. Ha quedado

   establecido que no existe contradicción alguna entre la Ley

   Forestal N 7174 o el Decreto Ejecutivo N 19971-MIRENEM y la

   Convención Americana sobre Derechos Humanos, de donde tampoco

   podría haberse producido quebranto alguno al artículo 7 de la

   Carta Política. De igual modo, no ha habido ninguna delegación de

   funciones o potestades propias del Poder Legislativo en el

   Ejecutivo, ni se le han otorgado a éste mayores atribuciones que

   las que la propia Constitución le otorga o, de algún modo, se ha

   violentado el principio de División de Poderes, de donde tampoco

   se han infringido los artículos 9 y 140 constitucionales. En

   consecuencia, la acción resulta improcedente y así debe

   declararse.

   POR TANTO:

   Se declara sin lugar la acción.-

   Luis Paulino Mora M.

   Presidente.

   18. E. Piza E. Jorge E. Castro B.

   Ana Virginia Calzada M. José Luis Molina Q.

   Alejandro Rodríguez V. Fernando Albertazzi H.

   jcs/AVC.