Sentencia nº 00023 de Sala 2ª de la Corte Suprema de Justicia, de 29 de Enero de 1999

El actor comenzó a laborar para el Banco accionado, en el mes de agosto de 1975. El último puesto que desempeñó fue el de S. General, devengando un salario promedio mensual, en los últimos seis meses de la relación laboral, de novecientos dos mil ochocientos siete colones con treinta y ocho céntimos. Por la jerarquía del cargo, al accionante se le otorgó el uso discrecional de un vehículo, el cual había sido reconocido como salario en especie, desde el 30 de octubre de 1984, por la propia Junta Directiva del Banco accionado, conforme al artículo 41 de la Sesión n 9599 de esa fecha. Posteriormente, en la sesión n 10.639, del 21 de marzo de 1995, se aprobó el "Reglamento para el Control y Uso de los Vehículos Propiedad del Banco Nacional de Costa Rica", donde se clasificó como vehículos de "uso discrecional" los asignados al Gerente General, S. General, A. y Subauditores. En agosto de 1995 -en la Sesión n 10681-, esa Junta Directiva, dejó sin efecto lo acordado en la citada sesión n9599, respecto del reconocimiento de los vehículos discrecionales, como salario en especie. Debido a ello, el actor y otros funcionarios, le enviaron una nota al Presidente de la Junta Directiva, el 19 de setiembre de 1995, expresando su desacuerdo con tal decisión y se reservaron su derecho de reclamar, en el futuro, en la vía correspondiente. La relación laboral del actor, con el Banco accionado, finalizó el 30 de diciembre de 1995. Sin embargo, en el cálculo de la liquidación de sus derechos correspondientes, no se incluyó el salario en especie por uso discrecional del vehículo, ni por el del teléfono celular y tampoco se le concedió una pensión complementaria. En razón de ello interpuso esta demanda, la cual fue denegada en primera instancia porque, conforme al principio de legalidad, no existía disposición administrativa alguna que le concediera dicho salario en especie, al actor. Por su parte, el Tribunal, consideró que su derecho a reclamarlo, se encontraba caduco, debido a que el accionante no ejerció los recursos contra el acto administrativo que le denegó ese carácter al uso discrecional del vehículo, conforme a los artículos 345 de la Ley General de la Administración Pública y 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En consecuencia, el primer punto a dilucidar en este asunto, consiste en determinar si en verdad caducó ese eventual derecho del actor.

3. ACERCA DE LA CADUCIDAD:

   Según la doctrina, la caducidad es "...un medio de extinción del derecho por la situación objetiva de no haberlo ejercido en un plazo perentorio..." (RASO DELGUE, J.. "NUEVO RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES LABORALES". Editorial A.F.. Montevideo, Uruguay, 1998, pág. 5). Este instrumento jurídico muchas veces se confunde con el de la prescripción negativa. Sin embargo, P.R. señala las siguientes diferencias entre ambos: " 1) La prescripción extingue la acción, la caducidad el derecho. 2) La prescripción debe ser invocada por el propio interesado, mientras que la caducidad puede ser opuesta de oficio por el juez. 3) La prescripción puede suspenderse e interrumpirse, mientras que la caducidad no es susceptible de suspensiones e interrupciones. 4) La caducidad se establece para proteger un interés público..." ( P.R., A.. "CURSO DE DERECHO LABORAL". Tomo 1. Volumen 2. Editorial Acali, Montevideo, Uruguay, 1980, págs. 241 y 242.).Estos institutos han sido especialmente cuestionados en el derecho del trabajo, por ser la irrenunciabilidad un principio básico del derecho laboral. Sin embargo, la doctrina, en general, ha aceptado la existencia de términos de prescripción o de caducidad para los créditos laborales basándose en que, si bien es cierto que "...las normas del derecho del trabajo a través del principio de la irrenunciabilidad garantizan la intangilidad de los derechos, pero de ello, no puede derivarse la protección de su no ejercicio y de la inercia o inacción que afecta al interés social tanto como su pérdida por el transcurso del tiempo. Si constituye una actitud socialmente reprobable no ejercitar un derecho en cuya realización está interesado el orden jurídico integral, la ley no puede propiciar la subsistencia sin término de la situación de duda, prestando una asistencia a quien no ejercitó su derecho..." ( CENTENO, N. "LA PRESCRIPCIÓN EN EL DERECHO DEL TRABAJO". En Revista Legislación del Trabajo, año XXII, Buenos Aires, Argentina, 1974, pág. 389. Citado por RASO DELGUE, J.. en "NUEVO REGIMEN DE PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES LABORALES". I.. cit. pág. 7). Por ello, consideramos que es posible aplicar los institutos jurídicos de la prescripción y la caducidad a los créditos laborales y, con mayor razón, a las relaciones de empleo público, como veremos.

4. LA CADUCIDAD EN EL CASO QUE NOS OCUPA:

   En el sub-júdice, por haber sido el actor un funcionario del Banco accionado, le son de aplicación las normas del Derecho Público, en virtud de la relación estatutaria que lo vinculó. Al respecto, la S. Constitucional, en sus Votos números 1696, de las 15:30 horas, del 21 de agosto, de 1992 y 4788, de las 8:48 horas, del 30 de setiembre, de 1993, estableció lo siguiente:

   "XI. (sic)- En opinión de la S., entonces, los artículos 191 y 192 de la Constitución Política, fundamentan la existencia, de principio, de un régimen de empleo regido por el Derecho Público, dentro del sector público, como ha quedado claro del debate en la Asamblea Nacional Constituyente y recoge incipientemente la Ley General de la Administración Pública. Este régimen de empleo público implica, necesariamente, consecuencias derivadas de la naturaleza de esa relación, con principios generales propios, ya no solamente distintos a los del derecho laboral (privado), sino muchas veces contrapuestos a éstos. Obviamente, la declaración contenida en esta sentencia abarca la relación de empleo que se da entre la administración (o mejor, administraciones) pública y sus servidores, más en aquellos sectores en que hay una regulación (racional) que remita a un régimen privado de empleo, la solución debe ser diferente. En esos casos, se daría un sometimiento a los procedimientos de arbitraje, pero con ciertas limitaciones, tales como que en ellos no pueden dispensarse o excepcionarse leyes, reglamentos o directrices gubernamentales vigentes, por lo que incluso en estos casos no procederían decisiones (laudos) en conciencia, ni tribunales formados por sujetos no abogados..." ( Lo destacado es nuestro).

   De igual forma, esta S. Segunda, en sus resoluciones números 159, de las 14:20 horas, del 23 de junio, de 1994; 166, de las 10:15 horas, del 24 de mayo, de 1995; 155, de las 15:20 horas, del 22 de mayo, de 1996; 17, de las 14:40 horas, del 22 de enero, de 1997, ha dejado claro que, cuando se trata de relaciones de empleo público, rigen principios distintos, a los que se aplican en las relaciones propias del empleo privado; lo que, al fin de cuentas, marca importantes diferencias, en cuanto a los principios y a la normativa que debe ser aplicada en este caso concreto.

5. Los artículos 126, inciso b) y 344.-3 de la Ley General de la Administración Pública y 31 y 37 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, disponen que el plazo de impugnación de todo acto administrativo es de dos meses. El Ad-quem consideró que, en este caso, el actor no impugnó dentro de dicho plazo, el acuerdo de la Junta Directiva del Banco accionado n10.681, del 29 de agosto de 1995, donde se eliminaba el carácter de salario en especie, que tenía anteriormente el vehículo de uso discrecional; sino que, él y otros afectados -por una nota de fecha 19 de setiembre de 1995-, se limitaron a indicar que, en virtud, del deber de obediencia cumplirían esa decisión, reservándose el derecho de reclamar ese extremo en la vía que corresponda; con lo que, el derecho para impugnar ese acuerdo, les había "prescrito" -en realidad se trataría, eventualmente, de una caducidad-, de conformidad con los artículos 345 de la Ley General de la Administración Pública y 31 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Este criterio no es compartido por la S., puesto que, en un caso como el que nos ocupa, el plazo para impugnar tal decisión comienza a contar a partir de que el acto dictado por la Administración cause un menoscabo REAL al interesado. En este sentido, el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que regula el Recurso de A., como una acción para proteger violaciones, amenazas, perturbaciones o restricciones a los Derechos Fundamentales, garantizados por la Constitución Política, indica que: " El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, amenaza, perturbación o restricción y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos respecto del perjudicado.

   Sin embargo, CUANDO SE TRATE DE DERECHOS PURAMENTE PATRIMONIALES u otros cuya violación pueda ser válidamente consentida, EL RECURSO DEBERÁ INTERPONERSE DENTRO DE LOS DOS MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL PERJUDICADO TUVO NOTICIA FEHACIENTE DE LA VIOLACION Y ESTUVO EN POSIBILIDAD LEGAL DE INTERPONER EL RECURSO". (Lo destacado es nuestro).

   Bajo esta perspectiva, si un recurso de tanta trascendencia para la tutela de los derechos constitucionales, como lo es el amparo, toma como elemento transcendental para su interposición el momento en el cual se causa un perjuicio REAL al patrimonio del recurrente, es posible concluir que, en ciertas situaciones muy especiales -y la presente lo es- será, entonces, a partir de ese otro momento que se iniciará el cómputo del plazo de la caducidad, para impugnar los actos emanados de la Administración. En el caso que ahora nos ocupa, es cierto que, desde el 29 de agosto de 1995, la Junta Directiva del Banco demandado decidió inmotivadamente (artículos 129, 136 y 166 de la Ley General de la Administración Pública) eliminar la condición de salario en especie del que, anteriormente, gozaban los funcionarios que utilizaban los vehículos de la institución; sin embargo, tanto ellos como el actor, continuaron disfrutando de ese beneficio -que ya disfrutaban por más de diez años-, y no fue sino hasta que la relación laboral de este último, con la entidad accionada, finalizó -el 30 de diciembre de 1995-, y que se le liquidaron los extremos que le correspondían que, realmente, se le causó un perjuicio a sus derechos patrimoniales adquiridos; dado que, dentro del cálculo de los mismos, no se incluyó el salario en especie, por ese siempre continuado uso discrecional del vehículo. Así las cosas, fue en esa fecha que, jurídicamente, comenzó a correr el plazo para poder impugnar, en las vías legales pertinentes, aquella decisión de la Junta Directiva, pues no fue sino hasta ese momento que, sus efectos, incidieron negativa y directamente en el patrimonio del actor. Por ello, los derechos del actor no están afectados por una caducidad, dado que esta demanda fue incoada en estrados judiciales, el día 26 de febrero de 1996. T. presente, además, que en su nota fechada 15 de noviembre de 1995, el actor, lo que manifestó fue su anuencia con la fecha de finalización de la relación estatutaria, en el entendido de que habría una "liquidación total" de sus derechos.

6. SOBRE EL SALARIO EN ESPECIE:

   Una vez determinado que los derechos del actor, para poder reclamar el reajuste de sus prestaciones, por el eventual reconocimiento del salario en especie, no se encuentran caducos; cabe, ahora, analizar la procedencia o no de sus pretensiones. Según la doctrina, salario en especie es "...negativamente, el objeto de la prestación retributiva del empresario que se paga mediante un bien distinto del dinero..La especie distinta del dinero puede ser diversa, lógicamente, sin afectar por ello a la calificación de la figura, cuya diferencia específica radica, como se ha señalado, en su diferenciación del dinero como medio de pago...EL DOS - Decreto de Ordenación de S.rios-, contempla el salario en especie, por otra parte, desde la óptica de la estructura de la propia retribución del trabajador por cuenta ajena, integrada como se sabe por los elementos "salario base" (la parte de la retribución del trabajador fijada por unidad de tiempo, sin atender a otras circunstancias específicas) y los "complementos" del mismo (las cantidades que se adicionan al salario base por algún concepto específico). Las percepciones en especie pueden formar parte, naturalmente, del salario base del trabajador, si retribuyen el trabajo a tiempo. Pero, en otro caso, dan lugar de modo específico a un singular tipo de complemento salarial (de complemento de salario base en realidad), cual es el denominado precisamente en especie (junto a los complementos personales, de puesto de trabajo, por calidad o cantidad de trabajo, de vencimiento periódico superior al mes y de residencia), integrado por percepciones "tales como manutención, alojamiento, casa-habitación o cualesquiera otros suministros, cuando dichos beneficios no forman parte del salario base..."( P.L., Manuel-Carlos. "EL CONCEPTO DEL SALARIO EN ESPECIE". En "ESTUDIOS SOBRE EL SALARIO". Editorial Acarl, 1993, Madrid, España, 1987, pág. 403). En el mismo sentido, se ha indicado que "....la forma en que se efectúa el pago del salario en especie puede cubrir una variedad grande de posibilidades tales como la transferencia de propiedad de bienes, el disfrute de éstos como también mediante el suministro al trabajador de determinados servicios. Las modalidades en que se materializan estas formas son muy diversas y el artículo 166 del Código de Trabajo de Costa Rica entiende como salario en especie los alimentos, habitación, vestidos y demás artículos destinados al consumo personal inmediato del trabajador y su familia..." (V.D.L.E., B.. "EL SALARIO EN ESPECIE: Especial referencia a la legislación y jurisprudencia de Costa Rica". En "El S.rio" Estudios en homenaje al P.A.P.R.. Ediciones J.A.M.F., Montevideo, Uruguay, pág. 575).

7. LA CIRCUNSTANCIA ESPECIAL QUE RODEA EL CASO QUE NOS OCUPA:

   En los últimos períodos de su relación laboral, el actor, desempeñó el cargo de S. General del Banco accionado, gracias a lo cual se le otorgó el uso discrecional de un vehículo; beneficio que -conforme se indicó, conforme al artículo 41, de la Sesión de Junta Directiva n 9599, del 30 de octubre de 1984-, tenía definido carácter jurídico de salario en especie. En dicho acuerdo, textualmente, se dispuso: "...POR VOTACION NOMINAL Y UNANIME, ESTABLECER

   -como NORMA GENERAL- el reconocimiento de salario en especie por el uso de vehículos del Banco, en cumplimiento de sus funciones, para efectos del cálculo del pago del derecho de cesantía a funcionarios en que proceda reconocer ese derecho y que dejen de prestar sus servicios a la institución, por diversas circunstancias, debiéndose efectuar -en cada caso- los cálculos correspondientes, por parte de personal técnico propio. Es entendido que el reconocimiento aludido, se hará -únicamente- en el caso de los funcionarios a quienes -según la normativa vigente- se les asigna vehículo para su uso discrecional, en el desempeño de su cargo...".

   Posteriormente, por el artículo 9, de la Sesión 10.681, del 29 de agosto de 1995, se acordó: "...Dejar sin efecto lo acordado en el artículo 41, sesión 9.599, del 30 de octubre, 1984, en el cual fue establecido como norma general el reconocimiento de salario en especie por el uso de vehículos del Banco, en cumplimiento de sus funciones, para efectos del cálculo del pago del derecho de cesantía a funcionarios en que proceda reconocer ese derecho...". La parte recurrente aduce que, el actor, goza de un derecho adquirido, el cual fue, ilegítimamente, eliminado por la Junta Directiva de la entidad accionada. Con respecto al concepto de derecho adquirido, esta S. ha indicado que:

   ".....debido a la complejidad en el desarrollo de las relaciones laborales, se ha extendido el concepto de derecho salarial, multiplicándose en una variedad de formas complementarias, que hoy dificultan su definición como derecho unitario. Por ello, es importante determinar cuándo el salario adquiere aquel carácter de derecho adquirido -como aquí se pretende-, lo cual surge cuando "...por razón de la misma ley o de la convención entre las partes se encuentra irrevocable y definitivamente incorporado al patrimonio de una persona..." (CABANELLAS DE TORRES. G.. "DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL". Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1979, pág. 94). Bajo esta óptica, la S. Constitucional -refiriéndose a la eficacia de derechos que devienen de una norma que, posteriormente, carece de vigencia dentro del ordenamiento jurídico, por su derogatoria producida o por su nulidad declarada-, ha conceptualizado como derecho adquirido aquél que, de alguna manera, se haya incorporado a la relación laboral, en la medida de que no exista la necesidad de tener que acudir, nuevamente, al texto, al clausulado o a los mecanismos establecidos, para que se produzca el derecho o el beneficio a favor del trabajador (Voto de esa S., número 3285, de las 15:30 horas, del 30 de octubre, de 1992).

   Bajo esa perspectiva jurídica, desde que el accionante ocupó el cargo de S. General, se le otorgó, dentro de los beneficios por el ejercicio de su cargo, el uso discrecional de un automóvil; el cual, desde el año 1984, fue reconocido como salario en especie por Acuerdo de la Junta Directiva, en ejercicio de las potestades y facultades que le confiere el numeral 34, inciso a), de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. A partir de su nombramiento, en ese puesto, el accionante obtuvo un directo beneficio salarial, dado que disfrutó de un vehículo de uso discrecional y de su mantenimiento. Es cierto que, once años después de que la Junta Directiva le otorgó, a ese concreto beneficio, la condición de salario en especie, decidió revocarlo coincidiendo con la jurisprudencia de esta S.

   -la cual indica que, ese emolumento, debe ser reconocido expresamente por la Administración, para que obtenga tal carácter ( Votos números 265, del 14 de setiembre, de 1994; 147, del 5 de mayo; 166, del 24 de mayo, de 1995). No obstante, esa decisión ya no podía afectar el derecho adquirido por el actor; máxime cuando existió un Acuerdo anterior, que expresamente otorgaba esa condición de salario. El tema de los derechos adquiridos, incluso fue discutido en el seno de la Junta Directiva, que decidió suprimir el beneficio salarial de que se trata (folios que van del 50 al 53). En conclusión, el actor tiene derecho a que, dentro del cálculo del preaviso y del auxilio de cesantía, se incluya, como salario en especie, el uso discrecional del vehículo que disfrutó, desde su nombramiento como S. General y hasta la finalización de su relación laboral, con la entidad accionada. El porcentaje de éste deberá fijarse pericialmente y en ejecución de esta sentencia; tomándose en consideración, entre otros aspectos: las características generales del vehículo que tuvo asignado el actor (año, estilo, cilindraje, modelo, valor), su depreciación, capacidad de pasajeros, el pago de combustibles y lubricantes; así como seguros, derechos de circulación, etcétera; ello, claro está, considerando que, por ser un funcionario de confianza - conforme al numeral 143 del Código de Trabajo-, la utilización del vehículo, como salario en especie, sólo se daba después del trabajo diario de doce horas, los feriados y los días de descanso semanal obligatorio; todo lo cual también lo deberá estimar el respectivo perito.

8. SOBRE LA PENSION COMPLEMENTARIA:

   A lo largo del proceso, el actor ha alegado que, conforme a los artículos 77 de la Convención Colectiva vigente en la entidad accionada y 491 del Reglamento para la Administración, Inversión y Utilización del Fondo de Garantías y Jubilaciones de los empleados de la misma, tiene derecho a una pensión complementaria, por la mitad del último sueldo mensual devengado. El debate ha girado en torno a que, el accionante, no fue separado de su cargo por causa alguna que implicara incumplimiento de sus obligaciones laborales, si no que, por el contrario, su renuncia fue voluntaria; eso sí, motivada en un Acuerdo tomado con la Administración del Banco, en virtud de la supresión de la Subgerencia Corporativa. Independientemente de esta situación, lo cierto es que, al momento de la finalización de su relación, voluntariamente, el actor recibió la totalidad de lo que había cotizado a favor de ese régimen de pensión complementario - folio 44-, y, por ello, carece de derecho alguno al respecto.

9. En conclusión, por las razones expuestas, procede revocar el fallo recurrido y, en su lugar, se debe rechazar la excepción de prescripción interpuesta por la parte accionada y proceder a acoger la excepción de falta de derecho, con respecto a la pensión proporcional pretendida por el actor. Asimismo, ha de declararse, parcialmente, con lugar la demanda formulada por el actor contra el Banco accionado, por lo que, se debe ordenar que, dentro del cálculo del preaviso y del auxilio de cesantía, debe ser incluido el salario en especie que disfrutaba, por el uso discrecional de un vehículo. El porcentaje de ese emolumento, en relación con el salario total en efectivo, deberá fijarse, pericialmente, en ejecución de la sentencia, de acuerdo a las características generales del vehículo que tenía asignado al actor (año, estilo, cilindraje, modelo, valor), su depreciación, capacidad de pasajeros, pago de combustible y lubricantes; así como seguros, derechos de circulación, etcétera. Lo anterior, tomando en consideración que, al ser un funcionario de confianza, la utilización del vehículo, como dicho salario en especie, sólo se daba después de un trabajo diario de doce horas, los feriados y los días de descanso semanal; todo lo cual también habrá de estimarlo el respectivo perito. Asimismo, se debe conceder el pago de intereses, sobre ese rubro concreto, desde el momento de la finalización de la relación laboral y hasta su efectivo pago. Se ha de condenar a la parte accionada, al pago de las costas procesales y personales, fijando estas últimas, en un veinte por ciento del monto total de la condenatoria; entendiéndose denegada en todo lo demás.

   P O R T A N T O:

   Se revoca parcialmente el fallo recurrido y se deniega la excepción de falta de derecho en cuanto denegó el reclamo de salario en especie e intereses, extremos que se acogen así. Se ordena que dentro del cálculo del preaviso y del auxilio de cesantía, debe incluirse el salario en especie que disfrutaba por el uso discrecional de un vehículo. El porcentaje de ese emolumento deberá fijarse, pericialmente en ejecución de sentencia, de acuerdo a las características generales del vehículo que tenía asignado el actor (año, estilo, cilindraje, modelo, valor), su depreciación, capacidad de pasajeros, el pago de combustible y lubricantes; así como seguros, derechos de circulación, etcétera. Lo anterior, tomando en consideración que, al ser un funcionario de confianza, la utilización del vehículo como salario en especie, sólo se daba después de un trabajo diario de doce horas, los feriados y los días de descanso semanal y anual también deberá estimar el perito. Asimismo, se concede el pago de intereses sobre ese rubro, desde el momento de la finalización de la relación laboral y hasta su efectivo pago. Igualmente se revoca dicho fallo en el extremo de costas. Se condena a la parte accionada al pago de las procesales y personales causadas, fijándose estas últimas, en un veinte por ciento del monto total de la condenatoria. En todo lo demás, se confirma dicho pronunciamiento.

   Orlando Aguirre Gómez

   Alvaro Fernández Silva B. Van der L.E.

   Rogelio Ramos Valverde Luis G. Rivas Loáiciga

   Rec N 281-98

   Ord. L..

   Alfredo Múñoz Delgado

   C/B.N.C.R.

   dhv.

   ??

   32