Sentencia nº 00873 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 12 de Mayo de 2001
| Ponente | Adrián Vargas Benavides |
| Fecha de Resolución | 12 de Mayo de 2001 |
| Emisor | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia |
| Número de Referencia | 01-078678-0007-CO |
| Tipo | Sentencia de fondo |
| Clase de Asunto | Recurso de amparo |
Recurso de amparo interpuesto por J.K.M., mayor de edad, casado, Empresario, cédula de identidad número 0-000-000, vecino de San Rafael de Escazú, en su condición de apoderado generalísimo de KEKLA, SOCIEDAD ANONIMA; contra el MINISTRO DE HACIENDA Y EL DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTACION DIRECTA.
Resultando:
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Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las trece horas y diecisiete minutos del seis de noviembre pasado, el recurrente –en su condición de apoderado generalísimo de KEKLA, Sociedad Anónima- interpone recurso de amparo contra el Ministro de Hacienda y el Director General de Tributación Directa, y manifiesta, que éste último Organo Administrativo emitió la resolución número 09-99 de las ocho horas del veintitrés de marzo del año pasado, publicada en La Gaceta del seis de abril del año pasado, mediante la cual ordenó recaudar el impuesto general sobre las ventas únicamente a los importadores que en forma habitual, efectúen ventas de vehículos usados, para lo cual deben inscribirse como responsables del tributo, en la Administración Tributaria del lugar donde ejerzan su actividad comercial; que dicha resolución constituye un acto de la Administración Tributaria que coloca en una situación de evidente desventaja a su representada en el competido mercado de la comercialización de autos usados, pues obliga a todos los importadores habituales, personas físicas o jurídicas, a inscribirse y a recaudar el impuesto, pero discrimina en favor de los también vendedores de autos usados, quienes son muchos y los adquieren en el mercado interno y ejercen la misma actividad comercial sin tener que cumplir con los presupuestos señalados en la referida resolución; que por los descrito, los vendedores de autos usados que no los importan directamente, tienen una ventaja evidente, pues al no tener que cobrar el impuesto sobre las ventas compiten en el mercado con precios significativamente menores, lo que ha representado una sensible disminución de las ventas y el riesgo latente de salida forzosa de la actividad de su representada, por la distorsión que introduce al mercado y a la libre competencia.
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El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta el Magistrado V.B.; y
Considerando:
UNICO.-
Los hechos impugnados por el recurrente ya han sido de conocimiento y oportuna resolución por parte de este Tribunal Constitucional, al resolver casos similares planteados, como por ejemplo la sentencia número 03905-99 de la dieciséis horas del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que en lo que interesa declara:
“(…)II.-
Objeto del recurso.El recurso tiene como objeto que la Sala invalide la circular número 09-99 emitida por la Dirección General de Tributación Directa. Por una parte, se dice, porque viola el principio de reserva de ley al disponer que se pague impuesto sobre las ventas en la venta de vehículos usados, lo que no contempla la ley correspondiente y el principio de igualdad porque compele únicamente a las personas que en forma habitual efectúen ventas de vehículos usados. Y, por otra parte porque dicha resolución se emitió sin conferir audiencia a la Cámara representada por el recurrente.
III. Violación al principio de reserva de ley. En cuanto al extremo alegado por el recurrente en relación ala violación del principio de reserva de ley en materia tributaria, desde el punto de vista de la doctrina del Derecho Tributario, sus principios más importantes son: a.) el de legalidad de la tributación, conocido también como reserva de ley; o lo que es lo mismo, la exclusiva regulación de la actividad tributaria por la ley formal; b.) el principio de igualdad ante el impuesto y las cargas públicas, que alude a la necesidad de asegurar el mismo tratamiento a quienes se encuentran en análogas situaciones (concepto relacionado más con la materialidad, que con la formalidad); este principio permite la formación de distintas categorías, en la medida que éstas sean razonables, lo que a su vez exige que sea con total exclusión de discriminaciones; c.) el de generalidad, que implica que no deben resultar afectadas con el tributo, personas o bienes determinados singularmente, pues en tal supuesto los tributos adquieren carácter persecutorio o de discriminación odiosa o ilegítima. Dicho de otra forma, el tributo debe estar concebido de tal forma, que cualquier persona cuya situación coincida con la señalada como hecho generador, será sujeto del impuesto.
Para el caso concreto, el recurrente alega que no existe delegación legislativa expresa para que la Dirección de Tributación Directa cree o modifique tributos, es decir, que la autoridad recurrida viola el principio de reserva de ley y legalidad al disponer que se pague el impuesto de ventas en la transferencia de vehículos usados, por lo que se impone, a continuación analizar si la Dirección accionada se encuentra realmente creando un tributo mediante la resolución cuestionada. Es criterio de la Sala, que dicha argumentación no constituye un asunto de constitucionalidad que deba ser resuelto en sede de amparo; cabe indicar que el informe rendido por la autoridad recurrida, bajo la fe de juramento y sujeto a las consecuencias que establece el artículo cuarenta y cuatro de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sostiene todo lo contrario. En efecto, la ley de Impuesto General de Ventas, número 6826 del 8 de noviembre de 1982 y sus reformas, así como su reglamento establece que el hecho generador de dicho tributo es la transferencia de dominio de mercadería ya sean nuevas o usadas, a título oneroso o gratuito y se encuentran en la obligación de ser contribuyentes del impuesto sobre las ventas las personas físicas o jurídicas que en forma habitual realicen ventas de mercancías gravadas. Este artículo reza:
"Hecho generador:El hecho generador del impuesto ocurre: a) en la venta de mercancías, en el momento de la facturación o entrega de ellas, en el acto que se realice primero; b) en las importaciones o internaciones de mercancías, en el momento de la aceptación de la póliza o del formulario aduanero, según corresponda; c) en la prestación de servicios, en la fecha que se suministren; ch) en el uso o consumo de mercancías por parte de los contribuyentes, en la fecha en que aquéllas se retiren de la empresa."
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Además el Decreto Ejecutivo número 14082-H del 29 de noviembre de 1982 y sus reformas, que es desarrollo de la ley, dispone:
"artículo 3.-
Hecho Generador. El impuesto tiene como hecho generador: a) la transferencia de dominio de mercancías nuevas o usadas, a título oneroso o gratuito, así como el arrendamiento con opción de compra, la permutay en general, cualquier otra forma jurídica que se adopte con la finalidad última de transferir el dominio de mercancías; todo ello con independencia de las condiciones pactadas por las partes contratantes. La obligación queda perfeccionada en la fecha de la facturación o entrega de las mercancías, el acto que se realice primero".
Sin embargo, al estar contemplado taxativamente dentro el ordenamiento jurídico el hecho generador,la Sala no considera que la actuación de la Dirección de Tributación Directa contraviene el espíritu de la norma y parte del principio de reserva de ley en materia tributaria, en cuanto-"nullum tributum sine lege"-, según el cual, el Fisco nopuede imponer tributo alguno a los particulares sin laexistencia de una ley material que fije, al menos, los sujetosobligados, la obligación y su medida, así como el hecho jurídico que le da nacimiento. Este último, conocido endoctrina entre otras denominaciones como hecho imponible o hecho generador, que constituye "... el presupuesto establecidopor la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación."
(artículo 31 delCódigo de Normas y Procedimientos Tributarios).-
De tal manera, no se encuentra que haya una violación al principio de reserva de ley (artículo 121 inciso 11) o al principio de legalidad (artículo 11), ambos dela Constitución Política, pues resulta claro que la circular N° 09-99 objeto de este recurso tiene apoyo en la misma ley formal.
I.-
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO. OMISIÓN DE AUDIENCIA A LA CÁMARA AUTOMOTRIZ.La Sala estima que la omisión de la Administración Pública de dar la audiencia que establece el artículo 361.2 de la Ley General de Administración Pública no constituye violación del derecho constitucional de defensa consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política. La Constitución Política no establece como derecho el que el Poder Ejecutivo confiera audiencia a los interesados antes de promulgar disposiciones de carácter general, sino que es la Ley de Administración Pública la que, en su artículo 361, la ha dispuesto como una obligación por parte del Poder Ejecutivo. Por ello, en primer lugar, tanto el hecho de establecer cuáles "disposiciones generales" quedan sometidas al trámite señalado en dicho artículo como el hecho dela omisiónde cumplir con dicho requisito antes de promulgar "la disposición general" , es materia cuya competencia no podría disputar la Sala Constitucional a una jurisdicción especializada que, con raigambre constitucional (artículo 49) fue creada a ese efecto. En segundo lugar, y en razón de lo anterior, sancionar la omisión de audiencia a las entidades representativas de carácter corporativo, resulta materia de legalidad ordinaria, también de la jurisdicción común, según la copiosa jurisprudencia de esta Sala. Ver por todos, la sentencia número 687-96 de las quince horas dieciocho minutos del siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco y la número 5028-97 de las dieciséis horas con veintisiete minutos del veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve que señaló:
Sobre este extremo la Sala en sentencias números 459-91, 3550-92 y 4702-93 ha expresado que la falta de la consulta pública para dictar disposiciones de carácter general, es un asunto que incide sobre la legalidad del reglamento, salvo que lanormativa afecte derechos fundamentales, en cuyo caso el asunto se transforma en unode constitucionalidad, loque coincide con el criterio que la Procuraduría General de la República ha manifestado ante esta S. en múltiples informes de las audiencias concedidas en el trámite de acciones de inconstitucionalidad. En consecuencia, lo que procede es el análisis del reglamento impugnado, para determinar si se producen o no lesiones a los derechos fundamentales de los contribuyentes.
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Con base en esos precedentes, el reclamo mencionado debe rechazarse, con el voto salvado del Magistrado M.A..
V.-
VIOLACIÓN AL DERECHO DE IGUALDAD. En relación a la distinción a que se refiere el recurrente en cuanto a que los contribuyentes del impuesto obligados en la resolución de marras sonlas personas físicas o jurídicasque realicen ventas en forma habitual y no aquellas que lo realicen en forma esporádica, la Sala no encuentra violación alguna al principio de igualdad, en razón que el legislador cuenta con libertad para fijar los supuestos del tributo y el hecho generador queda establecido en la propia ley, no en la importación como hecho eventual, sino habitual y es aquí donde nace el impuesto, que recae en la persona física o jurídica que se dedica de modo permanente a la venta, en este caso de vehículos usados.
VI.-
Finalmente, en virtud de lo expuesto, no encuentra esta S. que la imposición de esa carga tributaria constituya un límite irrazonable de la libertad de comercio, o que sea proporcionalmente irrazonable o de carácter confiscatorio o que en sí misma conlleve la inobservancia del precepto que obliga al Estado a estimular la producción, porque no se ofrecen razones concretas para fundamentar el reclamo. En consecuencia, lo que procede es declarar sin lugar el recurso.”
En consecuencia y por mantenerse el criterio vertido en la oportunidadcitada, lo procedente es el rechazo del recurso, como en efecto se declara.
Portanto:
S. por el fondo el recurso.
Luis Paulino Mora M.
Presidente, a.i.
Carlos M. Arguedas R.Ana Virginia Calzada M.
Adrián Vargas B.José Luis Molina Q.
SusanaCastro A.Alejandro Batalla B.
