Sentencia nº 02601 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 12 de Marzo de 2004
| Ponente | Ana Virginia Calzada Miranda |
| Fecha de Resolución | 12 de Marzo de 2004 |
| Emisor | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia |
| Número de Referencia | 04-001674-0007-CO |
| Tipo | Sentencia de fondo |
| Clase de Asunto | Recurso de amparo |
Res: 2004-02601
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas con cuarenta minutos del doce de marzo del dos mil cuatro.-
Recurso de amparo interpuesto por M.M.C., mayor, casado, empresario, vecino de H., cédula de identidad número 0-000-000, a favor de TRANSPRIVA, SOCIEDAD ANONIMA, contra el JEFE DE LA POLICIA DE TRANSITO DE ALAJUELA.
Resultando:
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Por memorial recibido en la Secretaría de este Tribunal al ser las dieciséis horas veintinueve minutos del veinticuatro de febrero de este año, el recurrente interpone recurso de amparo en contra del J. de la Policía de Tránsito de Alajuela y a favor de Transpriva, Sociedad Anónima, en razón de que el recurrido ha ordenado a sus subalternos aplicar una normativa en materia de tránsito que se le aplicaría al servicio informal, pero no a la amparada, la cual representa, desde mil novecientos noventa y seis, una empresa de porteadores debidamente constituida conforme a la legislación y al Decreto Ejecutivo número 31180-MOPT, a pesar que desde enero del dos mil uno han venido discutiendo en estrados judiciales la legalidad de su giro comercial; que esa instancia judicial ha resultado inocua respecto de la persecución de la que son objeto sus porteadores.
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El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.
Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,
Considerando:
I.-
Esta Sala en sentencia número 2002-06905 de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del doce de julio del dos mil dos, consideró respecto al levantamiento de boletas de infracción a la Ley de Tránsito, en contra de las empresas que se dedican a prestar el servicio de transporte privado de personas, que:
“I.-
El recurrente acusa que funcionarios de la Policía de Tránsito han procedido a expedir boletas de citación en el caso de vehículos de la empresa amparada, por supuesta infracción al artículo 129 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres. Acusa que ello resulta ilegítimo, toda vez que, no es cierto que se esté prestando ilegítimamente el servicio de transporte público, por el contrario, la empresa ha actuado legítimamente al amparo de la figura del porteador, regulada por el artículo 323 y siguientes del Código de Comercio.
II.-
Para la correcta resolución del presente caso, debe tenerse presente lo que esta S. indicó en sentencia número 2001-6735 de las 14:56 horas del 17 de julio del 2001. Ocasión en que manifestó:
Único: Lo que se procura en el fondo, con la interposición del presente recurso, es discutir en esta sede la procedencia de las boletas de citación que se le confeccionaron al recurrente, así como el retiro de sus placas de matrícula, lo anterior al amparo de los artículos 129, inc. ch, 144, inc. d, y 145 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, ya que alega el accionante que no es cierto que él se dedique indebidamente a prestar el servicio de transporte público. Es improcedente que esta S. se pronuncie al respecto, pues la pretensión del recurrente excede la naturaleza sumaria del recurso de amparo, proceso en el cual no es material ni razonablemente posible entrar a un complicado sistema probatorio o a un análisis de hechos que vaya más allá de los actos impugnados en si, circunscribiéndose más bien a las hipótesis fácticas en que esos actos se fundan, como ocurre en este caso, en que este Tribunal no esta en posibilidad de determinar la procedencia de la boleta de citación y el retiro de las placas. Máxime que dicho acto no constituye un acto definitivo, por el contrario es el acto a partir del cual el recurrente tiene la posibilidad de ejercer la defensa de sus intereses en la vía jurisdiccional correspondiente. En este sentido, si el recurrente esta inconforme con dicha boleta de citación, podrá comparecer ante la autoridad jurisdiccional que le competa conocer de la materia de tránsito en dicho territorio, ello dentro del plazo previsto por ley, a afectos de manifestar su discrepancia. Supuesto en que el conocimiento de la infracción imputada deberá sustanciarse de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 161 y siguientes de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, en el que el recurrente podrá rechazar los cargos, declarar sobre los mismos y ofrecer la prueba de descargo que considere oportuna, la que se evacuara en una audiencia oral y pública, y en contra de lo que se resuelva en definitiva cabrá el recurso de apelación ante el juez penal competente. Procedimiento en el que podrá discutirse -con la amplitud probatoria necesaria- la existencia de la infracción, la procedencia de la multa y la devolución de las placas de matrícula, lo que permitirá ejercer la defensa efectiva de sus derechos (ver en sentido similar sentencia número 2001-6101 de las dieciséis horas cincuenta y dos minutos del cinco de julio del dos mil uno). Por los motivos indicados, el recurso resulta inadmisible y así debe declararse.
Consideraciones que son aplicables al caso en estudio ante la evidente similitud fáctica existente y por no concurrir motivos que justifiquen variar el criterio vertido en la resolución parcialmente transcrita. En concordancia con lo anterior, determinar si efectivamente se ha configurado la supuesta infracción a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres –por prestación ilegal del servicio público de transporte- o se está en presencia del supuesto del contrato de transporte regulado por la citada normativa comercial, hace referencia a un conflicto cuya resolución excede los fines y naturaleza del amparo. Por el contrario, proceder a dilucidar dicha disputa en esta sede implicaría incidir indebidamente en el ámbito de competencia que le ha sido confiado –en este caso- a la jurisdicción de tránsito, en abierta contradicción con el artículo 153 de la Constitución Política. En razón de lo anterior, el presente recurso es inadmisible y así debe declararse.”
Como no existe motivo para variar el criterio vertido en aquella oportunidad, resultan aplicables las consideraciones contenidas en la sentencia parcialmente transcrita al supuesto que nos ocupa, y máxime que resulta claro que el petente ha activado las vías jurisdiccionales que al efecto deben instarse en este tipo de casos, el amparo debe desestimarse en cuanto a esos extremos.
II.-
Respecto al alegado abuso de autoridad o persecución que plantea el recurrente respecto a la actuación del recurrido, estima esta S. que los hechos expuestos y considerados anómalos por el petente deben ser denunciados ante el jerarca de la Dirección General de la Policía de Tránsito, a fin de que se investiguen y establezcan las responsabilidades que corresponden, toda vez que no es resorte de este Tribunal el determinar la existencia de tales hechos y su sanción. Por lo expuesto, el amparo debe desestimarse y así debe declararse. (En igual sentido ver sentencias números 2003-08653 de las diecisiete horas veintinueve minutos del diecinueve de agosto del dos mil tres y 2004-00621 de las ocho horas con cuarenta minutos del treinta de enero del dos mil cuatro).
Por tanto:
Se rechaza porel fondo el recurso.
Luis Fernando Solano C.
Presidente
Luis Paulino Mora M.CarlosM. Arguedas R.
Ana Virginia Calzada M.AdriánVargas B.
Gilbert Armijo S.ErnestoJinesta L.AVC/ccg
