Sentencia nº 14277 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 19 de Octubre de 2005

PonenteLuis Fernando Solano Carrera
Fecha de Resolución19 de Octubre de 2005
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia05-013461-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoRecurso de hábeas corpus

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las catorce horas y treinta y seis minutos del diecinueve de octubre del dos mil cinco.

Recurso de hábeas corpus interpuesto por MARCO TULIO ROJAS AGUILERA, cédula de identidad número 0-000-000, vecino de San Jocesito de Alajuelita, contra ELTRIBUNAL DE JUICIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE.

Resultando:

  1. -

    Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas cincuenta minutos del dieciocho de octubre del dos mil cinco, el recurrente interpone recurso de hábeas corpus contra el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José, y manifiesta, que el catorce de junio de mil novecientos noventa y seis, fue indagado en el Juzgado Sexto de Instrucción por el delito de falsedad ideológica, de acuerdo con los hechos contenidos en el requerimiento de instrucción formal que formularan el F.S. de Juicio y la Agente Fiscal Auxiliar de la Unidad de Delitos Económicos el cuatro de junio de ese año, por hechos que supuestamente ocurrieron en diciembre de mil novecientos noventa y uno. Luego de dicha indagatoria no se dictó ni auto de procesamiento, ni auto de falta de mérito por el Juzgado de Instrucción a cargo del procedimiento en ese momento, en contravención de los plazos establecidos en el Código de Procedimientos Penales. Que la declaración indagatoria que rindió lo fue respecto del hecho histórico que se le intimó, contenido en el requerimiento de instrucción formal, que además se calificó como el delito de falsedad ideológica. Que en el procedimiento al que se le está sometiendo, la intimación expresamente consistió en: "...Seguidamente y por medio del señor A. delJ. se procede a poner en conocimiento de los hechos que se investigan en su contra y que fuera indicado en el Requerimiento de Instrucción Formal por el delito de falsedad ideológica..."

    , sin que ningún acto posterior del Juez Instructor variara tal intimación y menos aún un auto de elevación a juicio; de manera tal que en atención a las garantías contenidas en el artículo 8, párrafo 2, acápite b de la Convención Americana de Derechos Humanos, 39 de la Constitución Política y 278 del Código de Procedimientos Penales, no se puede desconocer - sin actuar contra la jurisprudencia constitucional y en violación de los derechos que le asisten como imputado en el ejercicio de su derecho de defensa técnica y material- que ese a sido el único acto de intimación de que fue objeto, y respecto del cual la acción penal esta sobradamente prescrita. Que acorde con las reglas de prescripción vigentes al momento de ocurrencia del hecho acusado, así como de su declaración indagatoria como imputado, a la fecha de ocurrencia del hecho, sea, dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y uno, la ley vigente en relación con las reglas de prescripción eran los numerales 82 Y 83 del Código Penal, posteriormente derogados por la entrada en vigencia del Código Procesal Penal que estableció nuevas reglas de prescripción de la acción penal, específicamente en su transitorio n. De conformidad con el artículo 11 del Código Penal, aún vigente a la fecha de su declaración indagatoria "Los hechos punibles se juzgarán de conformidad con las leyes vigentes en la época de su comisión". Que el artículo 82 del Código Penal, vigente al momento de ocurrencia del hecho, establecía imperativamente que la prescripción de la acción penal ocurría “Después de transcurrido un tiempo igual al extremo mayor de la sanción establecida para el hecho punible, pero que no podrá exceder de doce años ni bajar de dos, cuando aquél tenga pena señalada que no exceda de quince años y se trate de prisión, extrañamiento o interdicción de derechos."

    Por su parte, el artículo 83 del Código Penal, igualmente vigente al momento de ocurrencia del hecho, establecía que "La prescripción de la acción penal comienza a correr para las infracciones consumadas, desde el día de la consumación [...] El enjuiciamiento en firme interrumpe la prescripción [...] En el caso de juzgamiento conjunto de varios delitos, las respectivas acciones penales que de ellos resulten, prescribirán separadamente en el término señalado a cada uno". Que el único tipo penal y acción descrita en el requerimiento de instrucción formal, por el cual se le intimó, lo fue el de falsedad ideológica sancionado con pena de prisión de uno a seis años. Indica que desde el momento de la consumación del ilícito, según la tesis fiscal y acogida por el Tribunal como hipótesis fáctica, se tiene entonces que al día dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete había transcurrido el extremo mayor de la pena establecida para el hecho punible, razón por la cual a partir de esa fecha la acción penal por el delito de falsedad ideológica, único por el que se le ha intimado, prescribió resultando violatorio del debido proceso pretender mantener esa acción vigente y darle aplicación retroactiva a la ley penal procesal que varió las reglas de prescripción de la acción penal a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y ocho con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, pues la aplicación retroactiva de la ley procesal penal es imposible jurídicamente. Señala que a pesar de que se encuentra prescrita la acción penal, a acorde con la ley vigente a ese momento que era el Código de Procedimientos Penales, la autoridad recurrida ignorando el derecho a la seguridad jurídica que le asiste, como elemento y función fundamental del ordenamiento jurídico, además del derecho a una justicia pronta y cumplida como lo garantiza la Constitución Política, en forma absolutamente arbitraria y contra las normas convencionales, constitucionales y legales que garantizan un juicio justo y un debido proceso al ciudadano que se ve sometido a un procedimiento penal, en fecha veinticuatro de octubre del dos mil dos se formula una nueva acusación en la cual se le imputa en calidad de coautor los delitos de estafa, fraude de simulación y falsedad ideológica en concurso ideal. Agrega que por esta nueva acusación, pese a la existencia de la prescripción de la acción penal que aún podría declararse de oficio según lo ha establecido la propia Sala Constitucional, el Ministerio Público obviando el deber de objetividad al que está obligado, el Juez Penal de Garantías ignorando la existencia de garantías a favor del petente y el propio Tribunal de Juicio, han llevado el procedimiento hasta la fase de juicio oral y público, con base en una acusación fiscal que nunca se le ha intimado y que contiene además los hechos por los cuales la acción penal prescribió acorde con el anterior Código de Procedimientos Penales, según se ha descrito anteriormente, con lo cual se vulnera el derecho a un debido proceso, a pesar de que así lo he indicado ante el accionado, autoridad que le ha denegado tales derechos fundamentales. Sobre esta nueva acusación formulada por la representación fiscal al amparo del Código Procesal Penal, sin concederle previamente el derecho de audiencia, defensa e intervención que le asisten como imputado, que además y simultáneamente inobservó y con ello violento el derecho constitucional de defensa e intimación, lo dispuesto por el artículo 309 del Código Procesal Penal, pues se traslado la nueva acusación - que incluye otros hechos que nunca le fueron intimados- y una calificación absolutamente distinta, ante el Juez Penal sin previamente haberle informado de los nuevos hechos que se le atribuían y de la nueva calificación legal, colocándole ante la inercia del Juzgado Penal en un estado de absoluta indefensión y con ello generando, como alegó su defensa técnica y la Procuraduría General de la República, una actividad procesal defectuosa de carácter absoluto sustantiva que no podía ser ya corregida a la altura procesal en que se encuentra el procedimiento, siguiendo la jurisprudencia dictada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Que todo lo anterior ha sido advertido al Tribunal recurrido, el que reiteradamente ha negado las gestiones de la defensa técnica y de la propia procuraduría General de la República, razón por la que se considera que se le está sometiendo arbitrariamente Y en contravención de las reglas del debido proceso a un debate en donde se le ha despojado de los derechos invocados como vulnerados. Solicita que se declare con lugar el recurso expresando que se ha vulnerado las garantías constitucionales al debido proceso, seguridad jurídica, el derecho de defensa e intimación.

  2. -

    El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

    R. elM.S.C.; y,

    Considerando:

    I.-

    El recurrente acusa que el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José pretende someterlo a un juicio oral donde podría imponérsele una pena privativa de libertad, situación que estima violenta sus derechos fundamentales, en tanto, el hecho por el que en principio se le intimó se encuentra prescrito, amén de que no fue intimado e indagado adecuadamente respecto de los hechos que ahora se le acusa.

    II.-

    Del memorial de interposición del recurso se desprende que el amparado no se encuentra privado de libertad. Tampoco considera esta Sala que los hechos alegados por el actor supongan una amenaza directa o inminente de la libertad del agraviado. Por ello, el recurso es inadmisible. De conformidad con el ámbito de competencia de esta Sala, definido en la propia Constitución Política y en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el recurso de hábeas corpus se ha instituido como un proceso sumario que pretende garantizar la libertad e integridad personal, contra los actos y omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, que impliquen una amenaza, perturbación o restricción indebida a los mismos, así como contra las restricciones ilegítimas al derecho de trasladarse de un lugar a otro de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio. Además, el artículo 16 de la Jurisdicción Constitucional prevé la posibilidad de que la Sala examine -en la vía de hábeas corpus y por conexidad- violaciones a otros derechos fundamentales distintos a la libertad personal, siempre que estos tengan -necesariamente- una estricta incidencia sobre esta, su restricción efectiva o la amenaza de su restricción. Pero además, no es cualquier amenaza a la libertad que es amparable en esta sede. Así, en sentencia número 1142-94 de las quince horas tres minutos del primero de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, aclaró que:

    "(…) En lo que respecta a la amenaza de la libertad capaz de ser protegida por Hábeas Corpus, no es cualquier amenaza la que produce tal efecto, sino que la misma debe ser precisa, grave, cierta, actual, concreta e inminente, pues de no ser así se estaría en presencia de un futuro incierto que podría no ocasionar ninguna violación a ese preciado derecho constitucional y por ende incapaz de ser protegida por el instituto del Hábeas Corpus."

    En tal contexto, este Tribunal ha indicado reiteradamente que la mera existencia de un proceso penal o la inminente realización de un juicio oral y público no puede interpretarse, per se, como una amenaza ilegítima a la libertad personal del imputado, toda vez que, el propio ordenamiento procesal penal establece las vías suficientes e idóneas para asegurar que este se tramite con estricta observancia de las garantías, las facultades y los derechos previstos para las personas en la Constitución Política, en el Derecho Internacional o Comunitario vigente en Costa Rica y en el Código Procesal Penal. En cuanto a este tema, este Tribunal indicó en la sentencia número 1509-98 de las nueve horas treinta y nueve minutos de seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho que:

    "Cuando el artículo 16 de la Ley de Jurisdicción Constitucional señala que la Sala valorará y analizará otras violaciones a derechos fundamentales ligadas con la libertad, permite la incursión dentro de la materia propia del proceso cuando se constaten amenazas o lesiones a otros derechos fundamentales distintos a la libertad personal, pero en estricta relación e incidencia sobre ésta, su restricción efectiva, o la amenaza a su restricción. Esto es, no pueden analizarse en forma independiente de una concreta amenaza a la libertad o de una restricción actual de la misma, pues esas otras lesiones deben necesariamente haber tenido incidencia en la amenaza o restricción de la libertad, porque si este requisito no se da, se estaría permitiendo la injerencia en el ámbito propio de competencia de la jurisdicción penal, que constitucionalmente está reservada a los jueces correspondientes. Tampoco puede interpretarse que la existencia de un proceso penal contra una persona, o la inminencia del juicio oral y público constituyan una amenaza a la libertad, pues en principio, es potestad del Estado el ejercicio de la jurisdicción penal -ejercicio que debe darse dentro del necesario respeto de los derechos fundamentales-, pero que por sí mismo no es amenaza alguna, y además, el debate, lejos de una amenaza, representa una garantía para el acusado, por la existencia del contradictorio, la oralidad, la inmediación en la recepción de la prueba, que constituyen terreno fértil para el pleno ejercicio del derecho de defensa."

    Conteste con lo anterior, en la sentencia número 2000-2141 de las nueve horas cincuenta y un minutos del diez de marzo del dos mil, consideró también esta Sala:

    "(…) la mera existencia de una causa penal en contra de la amparada no puede interpretarse como una amenaza a su libertad, no sólo porque el Estado tiene la potestad de ejercer la jurisdicción penal, con el propósito de descubrir la verdad real de los hechos, lograr la aplicación de la ley, y procurar la solución del conflicto surgido, sino que además, porque el propio ordenamiento procesal penal establece las vías suficientes para asegurar que el mismo se tramite con estricta observancia de las garantías y derechos de las partes, estableciéndose al efecto los medios necesarios para canalizar las objeciones que existan relacionadas con la regularidad del proceso, la legitimidad de la prueba, y la participación de las partes en el mismo..."

    Estas consideraciones son aplicables al caso en estudio, por no existir motivos que justifiquen variar el criterio vertido en las resoluciones parcialmente transcritas. En consecuencia, y sin entrar en consideraciones sobre lo resuelto por el recurrido, es improcedente que la Sala se pronuncie sobre los extremos que acusa el actor, por escapar del ámbito de competencia de este Tribunal. Los reparos que plantean el recurrente deben ser alegados y ventilados dentro del propio proceso penal, pues se refieren directamente al fondo de la causa seguida contra el amparado (ver en este mismo sentido resolución número 1696-98 de las quince horas cincuenta y un minutos de diez de marzo de mil novecientos noventa y ocho y número 1999-8577 de las diez horas cuarenta y cuatro minutos de cinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve). Por lo expuesto, el recurso es inadmisible y así debe declararse.

    Por tanto: Se rechaza de plano el recurso.

    Luis Fernando Solano C.

    Presidente Luis Paulino Mora M. Ana Virginia Calzada M.

    Gilbert Armijo S. Fernando Cruz C.

    José Luis Molina Q. Rosa María Abdelnour G.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR