Sentencia nº 15447 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 15 de Octubre de 2008

PonenteAna Virginia Calzada Miranda
Fecha de Resolución15 de Octubre de 2008
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia08-009127-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoAcción de inconstitucionalidad

Exp: 08-009127-0007-CO

Res. No. 2008-15447

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las catorce horas cincuenta y tres minutos del quince de octubre del dos milocho.

Acción de inconstitucionalidad promovida por M.F.F.V., en su condición de defensor público; contra los artículos 22, 25 y 27 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, número 8589 del treinta de mayo del dos mil siete.

Resultando:

  1. -

    Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las catorce horas cuarenta y dos minutos del veintitrés de junio del dos mil ocho, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 22, 25 y 27 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, número 8589 del treinta de mayo del dos mil siete. Como asunto base señala que existe un proceso pendiente de resolver, que es la causa que se sigue contra su defendido H.M.M., por infracción a dicha Ley y que se tramita con el número de expediente 07-003014-305-PE en el Primer Circuito Judicial de Alajuela, donde invocó la inconstitucionalidad respectiva. Refiere que las normas cuestionadas establecen una serie de tipos penales que violentan los principios de legalidad y tipicidad penal, que constituyen una garantía para todas las personas, de que cualquier conducta que se repute como delictiva debe estar claramente descrita en una figura penal. I. de esa forma, lo dispuesto en los artículos 28, 37, 39, 40 y 41 de la Constitución Política; 5.2, 7.2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 3, 5, 11 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Afirma que la generalidad y amplitud de los tipos permiten adecuar cualquier conducta, lo que deja a las personas en una situación de absoluta desprotección frente al Estado, que podría ejercer su poder punitivo de manera abusiva, dado que para sancionar a una persona por los delitos contenidos en los artículos 22, 25 y 27 de la Ley, pueden invocarse muy diversas conductas. En relación con el artículo 22, ¿qué debe entenderse por “de manera grave o reiterada” agreda físicamente a una mujer? ¿cuáles son los criterios que tiene el juez para definir esos conceptos? ¿implica “grave” sólo lesiones determinadas médicamente? ¿significa “agreda” violencia psicológica o sólo física? ¿basta un grito para decir que hay agresión?. Evidentemente las respuestas no se encuentran en el tipo ni en ninguna otra disposición de la Ley cuestionada. Cada juez puede interpretar las normas de manera distinta, lo que impide saber exactamente qué conductas en una relación de matrimonio o unión de hecho, podrían configurar el delito sancionado, de ahí su inconstitucionalidad. En idéntico sentido, el artículo 25 contiene una serie de palabras que ante su falta de concreción y determinación conceptual dejan un margen de discrecionalidad muy grande en manos del juzgador –y eventualmente del Ministerio Público- en claro perjuicio de las personas quienes podrían verse como parte de un proceso penal por conductas poco o nada específicas. Cabe preguntarse, ¿qué es reiteradamente? ¿dos veces, tres veces, diez veces, cien veces?, ¿cómo deben entenderse los verbos “insultar, desvalorizar, ridiculizar, avergonzar y atemorizar”?, ¿hasta dónde una conducta forma parte de una personalidad específica y hasta dónde con ella se insulta, desvaloriza, etc.? ¿no tienen las personas en este país el derecho de saber exactamente qué expresiones serían un insulto, una desvalorización, una ridiculización, etc. para conducirse de acuerdo a la norma y ser luego eventualmente objeto de algún reproche penal? De ahí la inconstitucionalidad y su violación a los principios de legalidad y tipicidad penal. Finalmente, el artículo 27 define como delictiva la amenaza contra un bien jurídico de una mujer, de su familia o de una tercera persona íntimamente ligada a ella. Ni siquiera puede colegirse del texto cuestionado qué es un bien jurídico ni en qué condiciones habrá de entenderse realizada la amenaza. El concepto bien jurídico puede tener muchas definiciones, dependiendo del autor, la rama del derecho, la concepción ideológica, etc. En una relación de matrimonio o de unión de hecho, es obvio que cualquier discusión encuadraría dentro de este tipo. Por ejemplo, si un marido le dice a su esposa que va a divorciarse estará con ello amenazando un bien jurídico fundamental: el matrimonio y cometiendo un delito. La exageración puede parecer ridícula, pero al atenerse a la literalidad de la norma no puede llegarse a una conclusión diversa. Cualquier conducta podría caber en este artículo 27, no sabiendo las personas cuáles conductas específicas serían merecedoras de sanción penal, generando un estado de inseguridad jurídica, de ahí su inconstitucionalidad y la violación a los principios de legalidad y tipicidad penal. Sostiene que la Constitución Política define como una garantía fundamental, que las conductas que se estimen delictivas estén delimitadas en un tipo penal. Así, el Estado no podrá intervenir ni perseguir a las personas de manera arbitraria, sino sólo en casos expresamente fijados, dando con ello una dosis de racionalidad a su poder punitivo. Frente a figuras tan amplias y generales como las descritas en los artículos 22, 25 y 27 de la Ley 8589, es claro que lo que ocurrirá es precisamente lo que el constituyente originario pretendió evitar, que el Estado intervenga en circunstancias muy variadas, dejando a las personas en completa inseguridad, evento inaceptable en un Estado democrático de derecho, dado que sin parámetros especificados, distintas conductas podrían ser objeto de persecución penal, con las graves implicaciones que representa encontrarse sometido a un proceso criminal. Las personas no podrían adecuar su conducta a la norma, por una razón muy simple, no sabrán cuál es la conducta delictiva precisa y concreta, porque en los artículos cuestionados no se señala, dejando un portillo abierto para que sea la creatividad, cuando no el capricho y la arbitrariedad del Estado, lo que defina finalmente qué es maltrato, qué violencia emocional y qué amenazas contra una mujer, inobservándose los principios de legalidad y tipicidad penal. Como bien lo señala la doctrina más autorizada “…la garantía por la que la definición de delitos y penas se reserva al legislador no es una exigencia meramente sino que se relaciona con el contenido material del principio de legalidad: para que realmente la ley cumpla con la función de establecer cuáles son las conductas punibles debe hacerlo de forma clara y concreta, sin acudir a términos vagos que dejen de hecho en la indefinición el ámbito de lo punible. La vaguedad de las definiciones penales además de privar de contenido material al principio de legalidad, disminuye o elimina la seguridad jurídica…” (M.C., F. y G.A., Mercedes, Derecho Penal: Parte General, Barcelona, T. lo B., 2 edición, 1996, p. 106) Argumenta el accionante que no cuestiona la constitucionalidad de los tipos penales abiertos, sino que en el caso de los artículos impugnados, los criterios para que aquellas formas de describir conductas delictivas sean válidas fueron irrespetados por el legislador, pues la amplitud y generalidad son totales. A propósito del tema, se ha dicho: “…Por ello se conciben los denominados tipos abiertos que no individualizan totalmente la conducta punible, pero dan los elementos descriptivos y normativos para que los tribunales –a través de la hermenéutica- determinen si la conducta bajo su conocimiento tiene identidad con la previsión legal; y los tipos penales en blanco, que al igual que los abiertos no determinan totalmente la acción penal, pero brindan los elementos necesarios para individualizarla, concretamente remitiendo a otras disposiciones del ordenamiento jurídico. Extremar la creación de tipos abiertos al punto de generalizar de tal modo que sea posible encuadrar cualquier conducta en la prohibición penal, sería violatorio del principio de legalidad; pero la enunciación general de la conducta prohibida dando las “pautas o reglas” para que el juez individualice la conducta en cada caso concreto, no atenta contra el principio nullum crimen sine lege (Sobre el particular, v.Z., E.R.: “Manual de Derecho Penal. Parte General” EDIAR, Buenos Aires, 1978, pp. 374-375) (…) Eso es precisamente lo que ocurre en el caso de autos…” (Sentencia 2005-00168, Sala Tercera, de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del once de marzo del dos mil cinco). Por último, agrega el accionante que la protección de las mujeres, víctimas históricamente de la represión y el sometimiento de la sociedad patriarcal, es sin duda alguna, una obligación que el Estado debe acometer sin demora, sin embargo, para lograrlo no pueden permitirse otras violaciones a disposiciones fundamentales que buscan evitar abusos y arbitrariedad.

  2. -

    Por resolución de las once horas quince minutos del treinta de julio del dos mil ocho, se dio curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta, otorgándosele audiencia a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público (folio 136 frente y vuelto).

  3. -

    La Procuraduría General de la República en escrito agregado a folios 141 a 154 del expediente, emite el informe solicitado. En cuanto a la admisibilidad de la acción, señala que del estudio del expediente judicial número 07-003014-0305-PE se constata que los artículos 22 y 27 cuestionados, no son normas de aplicación en dicho asunto. El Ministerio Público formuló acusación en contra del imputado, por los delitos de desobediencia a la autoridad, agresión física y agresión psicológica, previstos y sancionados en los artículos 307 del Código Penal, 22 y 25 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. Por su parte, el Juzgado Penal del Procedimiento Intermedio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, mediante resolución de las once horas treinta y cinco minutos del veintiséis de marzo del dos mil ocho, cuando admite la acusación y ordena la apertura a juicio, lo hace por los delitos de desobediencia, agresión con arma y agresión calificada, previstos y sancionados por los artículos 307 del Código Penal, 25 y 26 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. En virtud de ello, considera la Procuraduría que la acción de inconstitucionalidad que se conoce resulta inadmisible en lo que respecta a los artículos 22 y 27 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, quedando subsistente, únicamente, el cuestionamiento sobre el numeral 25 de ese mismo Cuerpo Normativo. En relación con los principios de legalidad y tipicidad, señala que la utilización de conceptos amplios o indeterminados dentro de los tipos penales, hay dos aspectos que deben quedar suficientemente claros. En primer lugar, que la mayoría de los conceptos tiene algún grado de indeterminación, lo que es propio del lenguaje; pero además, que la afectación al principio de tipicidad se produce, únicamente, cuando la indeterminación de los conceptos utilizados es de un grado tal, que impide al destinatario de la norma, llegar a conocer la materia de prohibición. En este sentido, cabe mencionar que la jurisprudencia comparada ha reconocido como válido el uso, por parte del legislador, de cierto grado de generalidad. En ese sentido, el Tribunal Constitucional Federal alemán refiere: “El individuo debe tener la posibilidad de conocer desde un principio lo que está prohibido penalmente para poder adecuar su comportamiento a ello. Sin embargo, no se debe extremar el mandato de la determinación de la ley, pues de lo contrario las leyes se tornarían excesivamente rígidas y casuísticas y no se podrían adecuar a la evolución de la vida, al cambio de las situaciones o a las características especiales del caso concreto. Este peligro surgiría si el legislador tuviera que concretar todo supuesto de hecho típico hasta sus últimos detalles. Por ello, el derecho penal no puede renunciar a la utilización de conceptos generales que no pueden ser descritos formalmente con toda exactitud y que por esta razón necesitan, en gran medida, una interpretación judicial.” (citado por J.V. (Manuel) “Los principios superiores del derecho penal”, En: C.L.J. de Asúa, Editorial DYKINSON, 1999, pp. 23-24.) Y es que si bien es cierto, lo deseable sería una completa definición de la conducta delictiva por parte del legislador, actualmente, la amplitud de la regulación jurídica que existe en el ordenamiento jurídico sobre las más diversas materias, respecto a las que puede y debe pronunciarse el derecho penal, imposibilita mantener el grado de exigencia de legalidad, estrictamente teórico. El principio de tipicidad obliga al legislador a describir en forma clara, precisa y completa, las conductas penalmente prohibidas; pero esa exigencia no desconoce las limitaciones propias del idioma derivadas de la indeterminación que tienen en mayor o menor medida la mayoría de los conceptos, que impiden lograr el mismo grado de precisión en cada caso. En ese entendido, no se consideraría lesivo del principio de tipicidad el uso de conceptos generales, sino el abuso que vacía de contenido a la norma, impidiendo al destinatario identificar la conducta que se prohíbe, y dejando al operador de la administración de justicia, su determinación. El numeral 25 es cuestionado por contener términos indeterminados, que dejan un amplio margen de discrecionalidad al juzgador y al órgano acusador estatal. El accionante parte de una premisa falsa cuando afirma que la utilización en la norma penal de términos que considera indeterminados, lleva necesariamente a una lesión al principio de tipicidad. La utilización de conceptos generales no es por sí misma lesiva de las exigencias del principio de tipicidad, porque muchas veces las limitaciones del idioma obligan al legislador a acudir a esa terminología; y lo que realmente afecta ese principio constitucional es el abuso en el uso de conceptos generales que vacía de contenido a la norma, impidiendo al destinatario identificar la conducta prohibida y dejando al operador de la administración de justicia, su determinación. La utilización de los vocablos “reiteradamente”, “insultar”, “desvalorizar”, “ridiculizar”, “avergonzar” y “atemorizar” contenidos en el artículo 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, calificados por el accionante como faltos de concreción y determinación conceptual, no provoca una indeterminación de la materia de prohibición del tipo penal, que conlleve a la transgresión reclamada. Si bien es cierto, algunos de los términos podrían tener un grado de generalidad mayor que otros, del análisis de la norma como un todo, se observa que existen otros elementos del tipo penal, que no fueron tomados en cuenta por el accionante, que permiten delimitar la conducta típica. En este sentido, cabe hacer especial hincapié en la existencia de una relación de matrimonio o de unión de hecho declarada o no entre el agente y la víctima, como uno de los elementos del tipo penal, el cual cumple un papel fundamental dentro de la descripción de la conducta prohibida, porque define el tipo penal como un delito contra la violencia doméstica, que tutela la dignidad de la mujer, y circunscribe el alcance de las acciones “insultar, desvalorizar, ridiculizar, avergonzar y atemorizar” al contexto de una relación de pareja. Otro de los elementos que demarca la prohibición es la reiteración de la acción, el cual precisamente caracteriza los ciclos de violencia contra la mujer en la pareja, como lo ha establecido la doctrina de la materia: “…Esta teoría describe lo que W. denomina el ciclo de la violencia. Según W. los episodios violentos siguen varias etapas que forman un ciclo común. En particular, W. hace referencia a tres etapas diferentes: la etapa de aumento de la tensión, una etapa de explosión de la violencia y una etapa de descomprensión y perdón. La primer etapa está caracterizada por una escalada gradual de la tensión que se manifiesta en actos que causan una creciente fricción, tal y como insultos a la mujer, otras conductas de degradación e incluso formas menores de abuso físico… La tensión, sin embargo, la mayoría de las veces continúa acumulándose y, eventualmente, la mujer no podrá continuar controlando el enfado de su pareja… La segunda fase, de explosión de la violencia, se hace, por tanto inevitable…” MEDINA (Juan) Violencia contra la mujer en la pareja: investigación comparada y situación en España, T. lo B., Valencia, 2002, p. 135. Y finalmente, con ese mismo efecto, cabe hacer especial referencia a los elementos subjetivos del tipo penal, entendidos estos como las “especiales referencias anímicas que, sin pertenecer a la conducta, le imprimirían a ésta su auténtico contenido de sentido”, que en el tipo penal contenido en el artículo 27 de la Ley de Penalización, sería el ánimo del agente de agredir psíquicamente a su pareja (mujer), intencionalidad que, también es un rasgo típico de la violencia contra la mujer; como se observa: “El elemento básico en el abuso psicológico es la intencionalidad. Esta conducta afecta la autoestima y su desarrollo y son conductas con el propósito de denigrar, controlar y bloquear la autonomía de otro ser humano.” CAMACHO (Eva) El derecho a la no violencia, S. J., R.O., 1999, p. 124. A partir de lo indicado sostiene la Procuraduría General que la descripción de la conducta prohibida del tipo penal contenido en el artículo 27 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, cumple con el grado de certeza requerido por el principio de tipicidad. Tal y como se deriva del epígrafe de la norma, lo que se pretende castigar a través del delito es la violencia emocional contra la mujer, y los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, a criterio de la Procuraduría, permiten conocer cuáles acciones se penalizan como violencia emocional. No encuentra la Procuraduría que el artículo 25 de la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer, lesione el principio de tipicidad constitucional.

  4. -

    El Ministerio Público contestó la audiencia conferida en escrito agregado a folios 155 a 161 del expediente. Señala que los instrumentos internacionales que motivan la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres son: la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará), Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Convención Americana de Derechos Humanos y Declaración Americana sobre Derechos Humanos. Esta normativa internacional ha logrado que los diversos países de la región se vean obligados a proteger a lo interno los derechos humanos establecidos en convenios y tratados mencionados. Es entonces cuando dichos instrumentos adquieren relevancia en cada país, para lo cual debe de crear y adaptar las leyes nacionales que le permitan su promoción, asegurando el cumplimiento de los derechos humanos. El Estado adquiere ese compromiso como el garante de los derechos humanos siendo aquellos que poseen todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos, que constituyen una garantía para alcanzar una vida óptima. En el ordenamiento jurídico nacional, la protección a la mujer emana de la Carta Magna cuando en el artículo 33 se establece que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana” en relación con el numeral 51. Asociado a lo anterior, las fuentes específicas de interpretación se encuentran en el artículo 3 de la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belem do Pará, instrumentos que se encuentran vigentes en el ordenamiento costarricense. No es cuestión de igualar géneros, sino de lograr la armonía de los derechos de la mujer que a través de la historia han sido mancillados, mediante acciones afirmativas de carácter temporal que buscan la equidad entre los géneros. En cuanto a los tipos penales establecidos en los numerales 22, 25 y 27 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, están estructurados básicamente con una clara descripción de la conducta y su consecuencia (pena). Queda claro entonces que se tiene determinado el sujeto activo, así como las acciones constitutivas de la infracción (verbo activo) y el sujeto pasivo (la mujer). Propiamente lo atinente al artículo 22 de la Ley en cuestión al referir el legislador “de manera grave o reiterada agreda o lesione físicamente a una mujer” se comparte la posición planteada en la consulta de constitucionalidad número 05-1800 que en lo que conducente refiere: “La Sala no encuentra en esta norma la impresión que fundamenta la consulta. No se trata de cualquier agresión o lesión, se trata de aquella que no produce lesiones graves o gravísimas. El término agredir se encuentra sobradamente establecido en cuanto a su contenido en el derecho penal y su utilización en el artículo 140 y 141 del Código Penal no ha causado dificultad alguna al interpretar esas normas. Además, el hecho de que esa conducta sea penalizada con pena superior a la establecida en el Código Penal, tampoco constituye infracción constitucional alguna, pues ello resulta posible y es claramente lo que se pretende al reprimir determinadas acciones cometidas en perjuicio de las mujeres, según se dice expresamente en el artículo 1 del proyecto. Respecto de la alegación planteada, la norma cuestionada no es inconstitucional.” La misma interpretación cabe en torno al artículo 27 de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer en cuanto a las amenazas contra ésta, contemplándose como una amenaza especial, en relación con el artículo 195 del Código Penal, por lo que no genera inconstitucionalidad alguna como lo plantea el accionante. En cuanto al numeral 25 referido al tipo de violencia emocional, engloba no solamente la dignidad como persona que mantiene la mujer, tutelada en los instrumentos internacionales referidos, sino que también contempla el derecho a la salud que posee la mujer como ser humano, tema que ha sido ampliamente definido por la Sala Consultante, y por organizaciones internacionales preocupadas por el tema de la salud pública dentro del cual incluyen la violencia intrafamiliar, el cual ocupa un lugar preponderante en el ordenamiento jurídico costarricense y se encuentra establecido en el mismo Código Penal en sus artículos 124 y 125. De esta forma, la salud se violenta con las distintas acciones por parte del sujeto activo como “insultar, desvalorizar, ridiculizar, avergonzar o atemorizar.” Acciones que según la Real Academia Española comprenden: insultar: ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones; desvalorizar: quitar valor, consideración o prestigio a alguien o algo; ridiculizar: poner en ridículo, ridículo, expuesto a la burla o al menosprecio de las gentes, sea o no con razón justificada, estar, poner, quedar en ridículo; avergonzar: causar vergüenza (vergüenza-turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena); atemorizar: causar temor (temor-pasión del ánimo, que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado, peligroso).

  5. -

    Los edictos de ley fueron publicados en los Boletines Judiciales 151, 152 y 153 de los días 6, 7 y 8 de agosto deldos mil ocho (folio 140).

  6. -

    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se prescinde de la celebración de la vista oral y pública.

    R. elM.M.M.;y,

    Considerando:

    I.-

    Sobre la admisibilidad. Conforme señala el artículo 75 párrafo primero de la Ley de Jurisdicción Constitucional, para interponer una acción de inconstitucionalidad es requisito indispensable contar con un asunto base pendiente de resolver en la fase de agotamiento de la vía administrativa o en sede judicial, donde la norma impugnada resulte susceptible de aplicación y donde se hubiere invocado su inconstitucionalidad. En el caso concreto, conforme lo acredita el accionante, existe un asunto base conformado por el proceso penal tramitado con el número de expediente 07-003014- 305-PE en el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, donde invocó la inconstitucionalidad de lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. La Procuraduría General de la República objeta la admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad en relación con los artículos 22 y 27, porque estima que esas normas no son de aplicación en el asunto base, dado que si bien es cierto, el Ministerio Público formuló la acusación en relación con los artículos 22 y 25; el Juzgado Penal del Procedimiento Intermedio del Primer Circuito Judicial de Alajuela, admitió la acusación y ordenó la apertura a juicio sólo en relación con los artículos 25 y 26, por lo que, la acción procedería, a juicio de la Procuraduría, únicamente en cuanto al artículo 25. De una lectura de los hechos contenidos en la acusación formulada por el Ministerio Público (folios 58 a 63 del expediente) es posible establecer que los mismos podrían subsumirse en lo dispuesto en los artículos impugnados en esta acción. El hecho de que en el auto de apertura a juicio se haga referencia únicamente a los artículos 25 y 26 (folios 91 a 94) no descarta que en la etapa de juicio los hechos pudieran calificarse de una forma distinta. En ese sentido, el artículo 346 del Código Procesal Penal señala que “Si en el curso de la audiencia el tribunal observa la posibilidad de una calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, podrá advertir al imputado sobre esa posibilidad, para que prepare su defensa.” Asimismo, el artículo 365 párrafo segundo establece que “En la sentencia, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica diferente de la de la acusación o querella, o aplicar penas más graves o distintas de las solicitadas.” No obstante, la invocatoria de inconstitucionalidad, según consta a folios 130 y 131 del expediente, se restringe a lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la Ley, por lo que la acción resulta admisible en cuanto a esos numerales y se rechaza de plano en cuanto al artículo 27, por no haberse invocado oportunamente la inconstitucionalidad en el asunto base, conforme lo exigen los artículos 75 párrafo primero y 79 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

    II.-

    Sobre los principios de legalidad y tipicidad penal.- El principio de legalidad penal, derivado del de legalidad general, que rige la actuación del Estado, es consustancial al Estado de Derecho, tiene su origen histórico en la Revolución Francesa y su origen ideológico en el pensamiento de la Ilustración. Vino a suponer el deseo de sustituir el gobierno caprichoso de los hombres por la voluntad general, por la voluntad expresada a través de la norma, de la ley. Nuestra Constitución Política recepta dicho principio en el artículo 11 al señalar que: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes...” Del principio de legalidad, surge la reserva de ley, prevista en el artículo 121.1 constitucional, según el cual, sólo mediante norma emitida por el Poder Legislativo pueden regularse determinadas materias, dentro de las que se encuentra la limitación de derechos fundamentales. Particularmente, en el campo del derecho penal, el principio de legalidad está previsto en el artículo 39 de la Constitución, el cual señala: Artículo·39: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad”. Tal regulación encuentra origen en el conocido aforismo latino de F.: “nullum crimen sine lege praevia, stricta et scripta; nulla poena sine lege; nemo damnetur nisi per legale iudicium”. Diversos instrumentos internacionales también recogen ese principio. La Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 11 párrafo segundo: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional.” La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 9 en el que dispone; “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.” El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 15 párrafo primero establece: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional.” El Código Penal lo contempla en el artículo 1° : “Nadie podrá ser sancionado por un hecho que la ley penal no tipifique como punible ni sometido a penas o medidas de seguridad que aquella no haya establecido” y el Código Procesal Penal al referir en su artículo 1: “Nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a este Código y con observancia estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos para las personas.” El principio de legalidad se erige entonces como una verdadera garantía del ciudadano frente al poder punitivo del Estado, que cumple una doble función: la política, al expresar el predominio del Poder Legislativo sobre los otros poderes del Estado, que se traduce en una garantía de seguridad jurídica para el ciudadano, y la técnica, que es donde se puede enmarcar el principio de tipicidad penal, en el sentido de exigencia para el legislador de utilizar fórmulas taxativas, claras y precisas al momento de creación de las figuras penales. El principio de legalidad penal debe entenderse inmerso en todas las fases de creación y aplicación de los tipos penales: no hay delito sin ley previa, escrita y estricta; no hay pena sin ley; la pena no puede ser impuesta sino en virtud de un juicio justo y de acuerdo con lo previsto por la ley, y la ejecución de la pena ha de ajustarse a lo previsto en la ley, por ello se habla de legalidad criminal, penal, procesal y de ejecución. Se trata por tanto, de que el Estado actúe con total sometimiento al imperio de la ley y dentro de sus límites, pero también de que los ciudadanos conozcan en todo caso, debidamente, cuáles serán las consecuencias de su conducta y el modo en que dichas consecuencias les van a ser aplicadas, con la absoluta seguridad de que si la ley no las establece, nunca podrán afectarles. El principio de tipicidad, por su parte, se conceptúa como un principio de naturaleza constitucional, integrante del debido proceso, derivado a su vez del principio de legalidad penal e íntimamente relacionado con la seguridad jurídica, por cuanto, garantiza a las personas que no podrán ser perseguidas penalmente por una acción que no haya sido previamente definida como delito en forma clara y precisa, por una norma de rango legal. Al respecto, ha considerado este Tribunal:

    “El artículo 39 de la Constitución Política recepta el principio de reserva del ley mediante el cual todos los actos gravosos para los ciudadanos, provenientes de autoridades públicas, deben estar acordados en una ley formal. Dicho principio adquiere marcada importancia en materia penal, pues tratándose de delitos y penas, la ley es la única fuente creadora. En esta materia es de común aceptación el contenido del aforismo latino "nullum crimen, nulla paena, sine praevia lege".

    II.-

    - Al hacer referencia el constituyente en el citado artículo 39 al término "delito", se está refiriendo a una acción típica, antijurídica y culpable, a la que se le ha señalado como consecuencia una pena. De esos predicados de la acción para que sea constitutiva de delito, interesa ahora la tipicidad y su función de garantía ciudadana. Para que una conducta sea constitutiva de delito no es suficiente que sea antijurídica -contraria a derecho-, es necesario que esté tipificada, sea que se encuentre plenamente descrita en una norma, esto obedece a exigencia insuprimibles de seguridad jurídica, pues siendo la materia represiva la de mayor intervención en bienes jurídicos importantes de los ciudadanos, para garantizar a éstos frente al Estado, es necesario que puedan tener cabal conocimiento de cuáles son las acciones que debe abstenerse de cometer, so pena de incurrir en responsabilidad criminal, para ello la exigencia de ley previa, pero esta exigencia no resulta suficiente sin la tipicidad, pues una ley que dijera por ejemplo, "será constitutiva de delito cualquier acción contraria a las buenas costumbres", ninguna garantía representa para la ciudadanía, aunque sea previa, en este caso será el criterio del juez el que venga a dar los verdaderos contornos a la conducta para estimarla o no constitutiva de delito, en cambio si el hecho delictivo se acuña en un tipo y además este es cerrado, el destinatario de la norma podrá fácilmente imponerse de su contenido, así, por ejemplo, el homicidio simple se encuentra cabalmente descrito en el artículo 111 del Código Penal: "Quien haya dado muerte a una persona, será penado con prisión de ocho a quince años". La función de garantía de la ley penal exige que los tipos sean redactados con la mayor claridad posible, para que tanto su contenido como sus límites puedan deducirse del texto lo más exactamente posible. Ya en voto 1876-90 de las dieciséis horas de hoy, de esta S. se indicó que el principio de legalidad exige, para que la ciudadanía pueda tener conocimiento sobre si sus acciones constituyen o no delito, que las normas penales estén estructuradas con precisión y claridad. La precisión obedece a que si los tipos penales se formulan con términos muy amplios, ambiguos o generales, se traslada, según ya se indicó, al Juez, al momento de establecer la subsunción de una conducta a una norma, la tarea de determinar cuáles acciones son punibles, ello por el gran poder de absorción de la descripción legal, y la claridad a la necesaria compresión que los ciudadanos deben tener de la ley, para que así adecuen su comportamiento a las pretensiones de la ley penal.

    III.-

    - Los tipos penales deben estar estructurados básicamente como una proposición condicional, que consta de un presupuesto (descripción de la conducta) y una consecuencia (pena), en la primera debe necesariamente indicarse, al menos, quién es el sujeto activo, pues en los delitos propios reúne determinadas condiciones (carácter de nacional, de empleado público, etc) y cuál es la acción constitutiva de la infracción (verbo activo), sin estos dos elementos básicos (existen otros accesorios que pueden o no estar presentes en el descripción típica del hecho) puede asegurarse que no existe tipo penal.

    IV.-

    - De todo lo anterior puede concluirse en la existencia de una obligación legislativa, a efecto de que la tipicidad se constituya en verdadera garantía ciudadana, propia de un Estado democrático de derecho, de utilizar técnicas legislativas que permitan tipificar correctamente las conductas que pretende reprimir como delito, pues la eficacia absoluta del principio de reserva, que como ya se indicó se encuentra establecido en el artículo 39 de la Constitución, sólo se da en los casos en que se logra vincular la actividad del juez a la ley, y es claro que ello se encuentra a su vez enteramente relacionado con el mayor o menor grado de concreción y claridad que logre el legislador. La necesaria utilización del idioma y sus restricciones obliga a que en algunos casos no pueda lograrse el mismo nivel de precisión, no por ello puede estimarse que la descripción presente problemas constitucionales en relación con la tipicidad, el establecer el límite de generalización o concreción que exige el principio de legalidad, debe hacerse en cada caso particular.

    V.-

    - Problemas de técnica legislativa hacen que en algunas oportunidades el legislador se vea obligado además de utilizar términos no del todo preciso (tranquilidad pública en el artículo 271 del Código Penal), o con gran capacidad de absorción (artificios o engaños en el artículo 216 del Código Penal), a relacionar la norma con otras, tema este que ya fue tratado por la Sala en el voto 1876-90 antes citado. Ambas prácticas pueden conllevar oscuridad a la norma y dificultar su compresión, causando en algunos casos roces con las exigencias que conlleva la tipicidad como garantía, aunque no necesariamente con la Constitución.” (Sentencia 1990- 01877 de las dieciséis horas dos minutos del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa).

    Lo anterior permite establecer como criterio propio de la Sala, que el principio de Plenitud Hermética del Ordenamiento Jurídico, que obliga a los jueces a resolver todos los conflictos que se someten a su conocimiento, aun a falta de fuente formal escrita aplicable al caso (porque en ese supuesto deben atender al sistema de fuentes formales no escritas para integrar el Derecho), no aplica en el Derecho Penal y, por tanto, no conlleva en esta rama del Derecho a que el juez deba condenar aún a falta de ley expresa, pues la analogía, que sí se permite en otras ramas del Derecho, no lo está en la penal, por el mandato constitucional al legislador de que los delitos y las contravenciones sólo pueden estar previstos en una ley ordinaria y sólo de manera legítima si esa ley ordinaria respeta el principio de tipicidad. Si no hay una ley (tipo penal) que describa de forma completa, con todos sus elementos, la conducta y su correspondiente sanción, entonces esa conducta es atípica. No cabe establecer un tercer género, o está descrita con respeto al principio de tipicidad, o no está descrita. Por ello también la ley procesal penal establece en el artículo 282, sobre la desestimación, que cuando el Ministerio Público hace la valoración inicial de una conducta denunciada, si la misma es atípica, por deber legal, debe solicitar el Juez Penal la desestimación de la denuncia. Esa rigidez del Derecho Penal, frente a una mayor apertura del Derecho Privado, se funda desde los principios rectores del Derecho Público (Principio de Legalidad General) y del Derecho Privado (Principio de Autonomía de la Voluntad). El Estado y sus instituciones (donde se ubica la Asamblea Legislativa como órgano a quien corresponde, de manera exclusiva, crear leyes), sólo pueden hacer aquello que expresamente está autorizado por ley y de la manera en que la ley lo dispone, mientras que los particulares, en sus relaciones entre sí, pueden hacer todo aquello que deseen, mientras no esté expresamente prohibido por ley, sea contrario, por tanto, a ella, la moral o las buenas costumbres. Ello es así porque el Estado concentra mayor poder y, por tanto, debe ser contenido para evitar excesos o desvíos del mismo. Y si bien es al juez a quien corresponde la labor de individualización de la norma general y abstracta al caso concreto, ella sólo puede ser legítima si se hace con apego a los principios constitucionales y supra constitucionales que rigen esa labor. Porque también hay un mandato al juez (Principio de Legalidad Procesal), de que la conducta típica y su sanción sólo podrán ser aplicadas con arreglo a un proceso con todas las garantías establecidas al efecto.

    III.-

    Sobre el delito de “Maltrato” previsto en el artículo 22 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. En el artículo 22 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres se dispone:

    “Artículo 22.-

    Maltrato.- A quien de manera grave o reiterada agreda o lesione físicamente a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, se le impondrá una pena de prisión de seis a dos años, siempre que la agresión o lesión infringida no constituya un delito de lesiones leves o levísimas.

    En el Derecho Penal, como bien señala el accionante, la conducta descrita en ese tipo penal es evidentemente indeterminada, en virtud de que no establece parámetros objetivos que el juzgador pueda utilizar para establecer en qué casos se encuentra frente a un hecho prohibido por la norma y en qué casos no lo está. La “gravedad” de la agresión o lesión depende de la libre valoración que en cada caso realice el juzgador, lo cual hace que el tipo no cumpla con su función de límite del poder estatal para sancionar las conductas ni de garantía para el ciudadano, que debe saber previamente cuál es la conducta prohibida y cuáles son las consecuencias de su infracción. No es suficiente que una conducta prohibida se encuentre escrita previamente, sino que además, ésta debe ser expresa, precisa y taxativa. Por ello el principio de legalidad penal debe matizarse y está integrado con el principio de tipicidad, conforme al cual la conducta y su correspondiente sanción, no sólo deben estar previstas en una ley, sino descritas en ella de forma completa, con todos sus elementos. Ello explica que haya leyes, que a pesar de serlo, hayan sido declaradas inconstitucionales, pues no basta la “ley previa”, ésta debe observar determinados requisitos. Es innegable que la limitación que impone la utilización del idioma en la tipificación de determinados hechos delictivos, requiere del empleo de elementos normativos del tipo penal, que precisan de una valoración del aplicador del Derecho. Esta valoración, conforme se ha señalado, no puede ser arbitraria, sino que ha de estar basada en las normas jurídicas, sociales y criterios ético-jurídicos de comportamiento, socialmente reconocidos. Sin embargo, este no es el caso. En la especie se está frente a elementos descriptivos del tipo que pueden ser verificables y constatables por los sentidos, a saber, las acciones de “lesionar” y “agredir” a una mujer. De ahí que la técnica legislativa democrática impone la necesidad de delimitar en forma clara y precisa, cuáles lesiones y agresiones están contempladas en el tipo y por tanto, por exclusión, cuáles no. En la norma que se analiza, se utilizan tres parámetros de valoración en relación con la acción delictiva de la agresión o lesión; a saber: 1) de manera grave, 2) de manera reiterada y 3) que no constituya un delito de lesiones graves o gravísimas. Ninguno de esos aspectos resulta suficientemente preciso, claro y determinado. Si se analizan los tipos penales del Código Penal, se observa cómo la agresión está tipificada en dos figuras delictivas; a saber, la agresión con arma (artículo 140) y la agresión calificada (artículo 41) y las lesiones dolosas se encuentran tipificadas en los numerales 123 (lesiones gravísimas), 124 (lesiones graves) y 125 (lesiones leves). Tanto en el caso de la agresión como en el de las lesiones, las descripciones de la conducta que contiene el Código Penal establecen elementos, modos, circunstancias, resultados, etc. que delimitan las conductas punibles, de forma tal que se puede establecer objetivamente cuándo se está frente a hechos constitutivos de cada una de éstas. Esto no ocurre en la norma que se impugna, donde los criterios son realmente insuficientes para que el tipo cumpla con su función de límite y garantía. El legislador está llamado a realizar un esfuerzo para que las conductas que pretende prohibir estén adecuadamente descritas, a fin de impedir la arbitrariedad, lo que no ocurre en el tipo en estudio, en que diversas acciones, pueden resultar subsumibles en su descripción, con lo que se cae en lo que en doctrina se conoce como un tipo abierto, que por su gran capacidad de absorción de conductas no resulta ser suficiente forma de garantizar el principio de tipicidad. En un sistema democrático de Derecho, cuando se acude a la utilización del Derecho Penal para la protección de bienes jurídicos, se ha de ser sumamente exigente en el resguardo de las garantías esenciales de las personas, pues, una diferencia básica entre un sistema democrático y uno autoritario, es que en este último, sólo importan los fines, mientras que en la democracia, los fines son importantes, pero sólo pueden ser alcanzados mediante medios lícitos y respetuosos de los derechos fundamentales de las personas. Si bien resultan lamentables los hechos de violencia contra las mujeres y contra los demás seres humanos y grupos vulnerables; lo cierto es que la violencia no puede erradicarse, convirtiendo al Estado a su vez en un violador de los derechos fundamentales. Lo dicho no supone, de ninguna manera, que la Sala acepte la violencia y mucho menos, la violencia contra la mujer, pues más bien reconoce la plena vigencia y aplicación de los principios que la protegen, como colectivo afectado especialmente, si bien no exclusivamente, por la violencia, en sus distintas manifestaciones. No hay duda que la violencia contra las mujeres las empobrece a ellas y sus familias, comunidades y naciones; disminuye la productividad económica, agota los recursos de los servicios públicos y los empleadores y reduce la formación de capital humano. Tratar la violencia de género requiere, entonces, una respuesta sistemática y determinada, pero ello debe hacerse de forma que se respeten los principios fundamentales que rigen un Estado democrático. No puede admitirse como legítimo que para proteger los derechos de unos, se menoscaben de forma arbitraria e ilegal los de otros. El tipo penal en estudio prevé, en primer término, como conducta a sancionar, la lesión o agresión que deben ser “graves”, pero no constituir la lesión grave ni la gravísima que están contempladas en el Código Penal. Por tanto, debe tratarse de cualquier otro tipo de afectación a la salud física que no sea la que prevén esas otras normas. “Grave” significa, de mucha importancia, de mucha entidad. Sin embargo, la indeterminación en la redacción de la norma permite interpretar para unos que, incluso, una lesión levísima del Código Penal, que en su forma nuclear o simple no determina incapacidad alguna para el desempeño de las labores habituales y que constituye una contravención, si se comete “contra una mujer con la cual se mantiene una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no”, como reza el artículo 22, sería una lesión grave, mientras que para otros, al no caber en el calificativo de “grave”, esa conducta no sería delito de maltrato. Y si el espíritu de la norma, en concordancia con el de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer que la contiene, al disponer en el tipo penal el término “grave”, es el de prevenir con la amenaza de la sanción o, en su caso, sancionar aquellas conductas gravosas cometidas contra la mujer, la redacción de la norma permite incluir en ella no sólo conductas graves, sino cualquiera que aun sin ser grave, se cometa contra una mujer, en los supuestos del artículo 22 de repetida cita, cuando el tipo penal exige, en uno de los supuestos que contempla (el otro es que la agresión o lesión sean reiteradas), que la agresión o lesión sean graves. Por lo que no cualquier tipo de agresión o lesión entran en el calificativo de “grave” y por tanto, en los supuestos del artículo 22. En la norma cuestionada hay una gradación de conductas, desde las más simples, hasta otras mucho más graves que cabrían en el concepto de “grave” y de esa manera se estaría tratando en la misma norma y bajo la misma categoría, conductas totalmente disímiles, por lo que con esa forma de legislar, se desconocen los principios de determinación precisa de la conducta y de fijación proporcional, adecuada y razonable de la sanción. Hay que excluir del tipo penal la lesión a la salud mental, porque la norma habla de agresión o lesión físicas. Esa amplitud de conductas y la indeterminación, se agrandan, cuando la norma incluye, junto al término “lesión”, el de “agresión”, ambos delimitados en tipos penales distintos en el Código Penal. No se describe en la norma qué es agresión, por lo que caben dos interpretaciones: una que se contemplan y, por tanto, se remite, a los tipos de agresión ya existentes en el Código Penal, que son los de agresión con armas en su modalidad de simple, la cometida bajo los supuestos del homicidio agravado, bajo los supuestos del homicidio especialmente atenuado y la agresión calificada y si todas esas formas de agresión son delito de maltrato cuando se cometen contra una mujer, en los supuestos del artículo 22, el vicio de constitucionalidad es evidente, por cuanto, de nuevo, una multiplicidad de conductas diferentes se tratan en la misma norma, de la misma manera y con la misma sanción. Y si no se trata de la agresión del Código Penal, sino de la agresión según el sentido lato de la palabra, conforme aparece en el diccionario, es agresión acometer o arremeter contra alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño, con lo que acciones como “matar” y “lesionar”, previstas en tipos penales diferentes (femicidio y maltrato), se tratan como delitos de la misma naturaleza y con la misma pena. Con lo que la norma, lejos de darle una mayor protección a la mujer, deja abierta la posibilidad de que las autoridades judiciales califiquen y sancionen como agresión, según la Ley de Penalización, conductas que conforme al Código Penal y la misma Ley de Penalización, tienen una trato más severo. El tipo penal del artículo 22 lo que sanciona es el maltrato físico; el homicidio, o en el caso de la mujer, el femicidio, está previsto en otra norma y con penas mucho más altas. No se puede determinar de forma clara, entonces, si el tipo penal usa los términos agresión y lesión como sinónimos, o como conductas diferenciadas. Y la no correcta construcción de la norma permite diferentes interpretaciones de la misma y, por tanto, diferentes ámbitos de aplicación, como en el caso citado y ello sólo produce inseguridad jurídica, cuando el principio de legalidad se ha establecido como derecho fundamental, precisamente para resguardar ese principio. Está claro, entonces, que no basta utilizar palabras cuyo sentido luego se obtenga del diccionario. Como está claro, también, que en el tipo penal en estudio no se determina, de forma precisa, exacta y estricta, como lo exige el principio de legalidad penal, qué es agresión o lesión. Pero aun hay más, bastaría una sola de esas conductas para tener como realizado el tipo penal, pues el que haya reiteración no va de la mano con que la agresión o lesión sean graves, ya que se dispone en la norma que debe tratarse de una agresión o lesión, grave “o” reiterada. Si se trata de una “o” disyuntiva”, hay delito de maltrato cuando hay agresión o lesión graves, pero también cuando hay agresión o lesión reiteradas. Es decir, que basta un solo acto de agresión o lesión, para que haya delito, pero también cuando hay más de uno, en el caso de la reiteración. Y cuál es el sentido que el tipo penal le da al término “reiterada”. Porque según el sentido de la palabra en el diccionario, “reiterar” es repetir, redoblar, insistir, que sea frecuente, duplicar, que se haga con repetición, varias veces. Entonces “reiteradamente” es que se realice la conducta al menos dos veces (duplicar) o más de dos (varias veces, insistentemente), con lo que se puede producir una confusión para el intérprete al establecer si se está ante un solo hecho punible o ante un concurso material de delitos, de donde recurrir sin más al significado de las palabras en el diccionario no es suficiente para saber cómo y en qué casos resulta aplicable el tipo penal. Eso hace que un juez pueda interpretar, para tener la conducta como “reiterada”, que es suficiente con que ésta se realice en dos ocasiones, y otro juez, que deben ser más de dos, para que se tenga como “reiterada”, y por ello, si la conducta se dio en dos ocasiones, para el primero habría delito, pero para el segundo no, en unos casos se da un solo hecho delictivo, en otros se produce un concurso. Recapitulando: el tipo penal del artículo 22 objeto de esta Acción de Inconstitucionalidad no respeta el principio de tipicidad, de manera que constituya un tipo penal “cerrado” que es el que tiene la cualidad de ser constitucional. Y, por tanto, opuesto al “abierto”, que puede presentar problemas de constitucionalidad, como lo es en el caso de estudio. Desde el punto de vista de la Constitución no puede dejarse en manos del intérprete “llenar” la norma, con el razonamiento que en cada caso se haga de ésta, pues ello conduciría a permitir la arbitrariedad y el quebranto al principio de seguridad jurídica por violación del principio de legalidad penal, manifestación directa del de seguridad jurídica, como uno de los fines fundamentales del Derecho. Lo dicho no significa que los tipos penales son de individualización mecánica por el juez, sino que la norma debe proveer al intérprete los elementos para establecer de forma precisa el sentido y ámbito de aplicación del tipo penal. Por todas las razones dichas, la norma cuestionada deviene en inconstitucional. La declaratoria que hace la Sala tampoco significa que la violencia física contra la mujer, en la modalidad de lesión o agresión, queda ayuna de protección en tanto las normas cuestionadas sean objeto de modificación por el legislador para ajustarlas al principio de legalidad, pues la legislación penal contempla tipos penales aplicables para esas conductas. Tampoco esta declaratoria supone que la Sala entiende que las conductas previstas en la Ley de Penalización no deben ser delito, como una forma especial de protección para la mujer. Lo que la mayoría de la Sala señala, al reconocer esa inconstitucionalidad, es que para darle ese trato diferenciado, debe hacerse con respeto de las normas constitucionales que protegen el principio de legalidad y su consiguiente de tipicidad penal.

    IV.-

    Sobre el delito de violencia emocional previsto en el artículo 25 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. Dicha norma dispone:

    “ARTÍCULO 25. Violencia emocional.-

    Será sancionada con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona que, reiteradamente y de manera pública o privada, insulte, desvalorice, ridiculice, avergüence o atemorice a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.”

    Este Tribunal, ya se pronunció en relación con esta figura penal, al resolver la consulta legislativa que en su oportunidad se interpuso, indicando que la misma resulta inconstitucional. Se consideró en esa oportunidad:

    “II.-

    Violación al principio de legalidad penal. Artículo 26:

    Artículo 26 “Será sancionada con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona que, reiteradamente y de manera pública o privada, insulte, desvalorice, ridiculice, avergüence o atemorice a una mujer con quien mantenga una relación de poder o confianza.”

    Estiman los consultantes que este artículo roza el principio de tipicidad penal y seguridad jurídica, por cuanto términos como “desvalorizar”, “avergonzar”, “ridiculizar” son conductas abiertas, descripciones sujetas a valoraciones de naturaleza cultural y afectivas, que no contienen en su determinación conceptual parámetros de claridad y objetividad, son constitutivos de tipos penales abiertos e indeterminados que crean una gran incerteza jurídica en su aplicación. Igualmente se consulta a la Sala si este artículo violenta el principio de seguridad jurídica, por cuanto se observa que la conducta reprimida con cárcel puede ser ejercida “de manera pública o privada”. En relación con la conducta de manera privada, se pregunta ¿de que forma se podría demostrar una violencia emocional, cuál será el tipo de prueba por aportarse, siendo que la privacidad remite a un ámbito de intimidad de la persona?. Los alegatos planteados son de recibo, efectivamente los términos “insulte, desvalorice, ridiculice, avergüence o atemorice”, son de contenido muy variado, que merece precisarse para cumplir con la función de garantía de la tipicidad. La mayor o menor sensibilidad de una persona puede conllevar que alguna frase meramente mortificante sienta que le desvaloriza, ridiculiza o avergüenza, y si esa conducta resulta constitutiva de delito aún sea dicha en privado, es posible llegar a interpretar que lo que se pretende reprimir es cualquier hecho, aún sin importancia, que simplemente perturbe a la mujer en cuando a su tranquilidad o conciencia con actos como los señalados. Todo lo dicho en relación con la necesidad de especificar debidamente las conductas constitutivas de delito, según lo apuntado al analizar el artículo 3 del proyecto, es válido para fundar la conclusión de que este artículo es inconstitucional.” (Sentencia 2005-01800 de las dieciséis horas veinte minutos del veintitrés de febrero del dos mil cinco).

    Es cierto que todas las palabras tienen su significado en el diccionario, ya se ha dicho en esta sentencia. Pero ello no significa que su utilización sea “per se” legítima en un tipo penal, para hacer de éste un tipo cerrado. Y ello confirma que la labor legislativa de crear tipos penales a través de una ley ordinaria, no es tarea fácil y que no es suficiente con incluir palabras cuyo sentido luego el intérprete se limite a buscar en el diccionario, para aplicarlos, para que esa labor sea conforme al principio de legalidad penal. Todas las normas jurídicas, tanto las de naturaleza penal, como las de cualquier otra, utilizan términos generales, porque es una característica de la ley ordinaria el ser general y abstracta. Y por ello la Ley de Penalización, en los tipos penales cuestionados, usa términos de la misma generalidad y abstracción que los que se contemplan en otros tipos penales. Porque no es sino cuando la norma se aplica que los términos se individualizan. Pero en cada tipo penal debe asegurarse que la conducta esté descrita en todos sus elementos, de manera que quien la lea pueda saber con certeza, qué conducta se prevé y así sepa a qué atenerse, elemento subjetivo del principio de Seguridad Jurídica, que es la certeza jurídica). Así, por ejemplo, los tipos penales del homicidio y de la estafa. Sin embargo, en el caso deldelito de homicidio, en cualquiera de sus modalidades, el verbo descriptor de la conducta delictiva es “matar”, pero matar es un concepto de significado inequívoco y es posible establecer, con claridad meridiana, qué es matar. Lo que pueda ofrecer variedad, pero no duda, son los medios que se utilizan, pero el resultado es el mismo: “matar”. Y en el caso del delito de estafa, que tipifica la conducta de “engañar”, la norma delimita, también con claridad, qué es estafar, ya que la acción de engañar, para ser estafa, debe ir dirigida a inducir a error a la víctima, por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos y deben ser utilizados para obtener un beneficio patrimonial para quien despliega esa conducta o para un tercero, beneficio que, además, debe ser antijurídico. Pero todavía se requiere un elemento adicional, se debe dar una lesión al patrimonio ajeno. Y todos esos elementos descritos están indicados de forma expresa en el tipo penal de la estafa. O sea, que no cualquier engaño, es estafa, según el Código Penal, aun cuando pueda obtenerse del diccionario el sentido de la palabra “engañar” (inducir a alguien a tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas). En el artículo 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, se sanciona como violencia emocional al que reiteradamente y de manera pública o privada, insulte, desvalorice, ridiculice, avergüence o atemorice a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no. En este tipo penal sí se requiere que la conducta, siempre, sea reiterada. La Sala repite para este artículo lo dicho respecto al uso del término “reiteradamente”, en el artículo 22. Es decir, si se entiende “reiteradamente” como que bastan dos conductas (duplicar), o si se requieren más de dos (varias veces, insistentemente), para que se de este delito, para que sea uno o un concurso material. Y ello es importante, porque supone una variación en la imposición de la pena, porque si se trata de un solo delito, se aplica la pena prevista en la norma, de 6 meses a dos años; pero si se trata de un concurso material, según las reglas legales que lo rigen, se deben sumar las penas de cada delito, sin que se exceda del triple de la mayor, y, por ello, la pena sería superior. Otra cuestión es que tal y como está redactada la norma, sería delito de violencia emocional realizar alguna o todas las conductas del tipo penal al menos dos veces, pero también si se ha hecho muchas más veces, dándole el mismo tratamiento a las dos situaciones, cuando es innegable que en caso de que se realicen contra la mujer todas las conductas que se citan o en multiplicidad de ocasiones, la afectación que debe producirse en ella es mucho mayor. Puede decirse que para ello están los extremos, menor y mayor de la pena que contempla el tipo, pero quedan subsistentes los problemas apuntados más arriba, porque para conductas diferentes, se contemplan los mismos extremos de pena. Además de ser reiterada, la conducta debe ser realizada de forma pública o privada. En el caso de la violencia emocional, si hay testigos, pues entonces ya no sería de forma privada, sino pública, si es que se entiende que de forma privada es que el acto violento se dé exclusivamente entre el hombre y la mujer. Y no se desconoce que la mayor incidencia de violencia se produce dentro del ámbito privado, del hombre con la mujer. Pero se requieren elementos externos y objetivos que permitan probar la ocurrencia de las conductas. Y ello, se repite, por razones de justicia y legalidad que son aplicables a todos los ciudadanos. Una sanción penal sólo puede imponerse, como reza el artículo 39 constitucional, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. En el caso de la doctrina sentada por la Sala Tercera y avalada por la Sala Constitucional, de los delitos sexuales, puede haber una sentencia condenatoria del agresor, basándose como prueba de cargo en la declaración de la víctima; es decir, que se le puede dar el calificativo de prueba de cargo a su deposición como víctima. No se desconoce que las conductas descritas en el tipo penal constituyen actos reprobables, pues la degradación, la humillación, ridiculizar las necesidades y logros de una mujer, afectar su estabilidad emocional o espiritual, disminuir su propia estima y el causarle perturbación, son consecuencias de los actos dañosos que deben ser tratados y no se dice que no deban serlo desde la órbita penal, pero encuadrar las conductas en un tipo penal, debe hacerse, ya se ha dicho, de forma que se respete el principio de tipicidad, integrado en el de legalidad penal. La resolución 49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud, proclama que la violencia contra la mujer es un tema de Salud Pública y de Derechos Humanos y que atraviesa la esfera de lo privado a lo público y, por tanto, debe estarse atento a su detección, para tratarla. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala, en el artículo 12, que toda persona tiene derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física y mental; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos declara la importancia de la igualdad de derechos de hombres y mujeres; La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, proclama, en el artículo 26, la no discriminación de la mujer en todas las áreas. La Convención de Belem do Pará proclama que la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y en su artículo 4 señala el derecho que éstas tienen a que se respete su integridad psicológica, así como la Declaración de Beijing insta a los Estados a tomar medidas eficaces contra las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Y como se ha declarado, la violencia doméstica es la expresión más radical de la violencia contra la mujer, producto, para algunos, de una posición de subordinación culturalmente asignada. De manera que la Sala tampoco desconoce que la violencia emocional debe ser atajada, que afecta la construcción de la identidad de la mujer y que puede llegar a producir consecuencias, incluso, gravísimas sobre ella, como los trastornos del ánimo, las depresiones severas, los trastornos obsesivos compulsivos, los trastornos de pánico, en la conducta alimentaría, en el sueño, la existencia de episodios sicóticos, el miedo, la ansiedad, los sentimientos de vergüenza, las conductas extremadamente dependientes, incluso, el suicidio, como lo indican los expertos en el área de este tipo de violencia. Y precisamente por ello es que una de las cuestiones más difíciles con la que se enfrenta el sistema judicial en los casos de violencia de género, en la modalidad de violencia emocional, es la prueba de los hechos que constituyen la misma. La mayor dificultad estriba en evaluar, interpretar y explicar la violencia emocional, por lo que los profesionales que realizan los peritajes psicológicos deben contar con unas características mínimas en cuanto a formación y experiencia se refiere, a efectos de completar el protocolo de evaluación psicológica. Porque las acciones descritas en el tipo penal, para constituir el delito de violencia emocional, deben causar un perjuicio a la mujer, el descrédito o menosprecio a su dignidad como persona. El tipo penal se titula “violencia emocional”, no “insultos” u “ofensas”; por tanto, el bien jurídico que se pretende proteger es la estabilidad y normal desarrollo emocional de la mujer. Así, por ejemplo, no cualquier expresión puede calificarse de insulto y constituir el delito de violencia emocional. Porque la sanción penal, y dentro de ella, la prisión, es la forma más grave de intervención del Estado en los derechos de las personas, por lo que solamente aquellas conductas de relevancia constitucional, deben ser consideradas como delictivas. Es el Derecho Penal como “última ratio”, el cual, conforme al principio de subsidiariedad, se aplica únicamente cuando otros sectores del ordenamiento jurídico no resultan eficientes para la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos. Sólo porque la víctima así lo considera, o el juez lo aprecia, no puede aceptarse que una conducta ridiculiza, atemoriza, desvaloriza o insulta, y, por tanto, es delito de violencia emocional, porque para que lo sea, debe causar una afectación emocional, perjudicar o perturbar el sano desarrollo de la víctima. Así se previene que en cada caso quede al arbitrio de la víctima, del ofensor y de las autoridades judiciales (fiscal, juez), establecer cuándo hay violencia emocional, porque lo que para una mujer puede serlo, el juez puede valorar que no es así, que se trata de una visión exagerada de la mujer, mientras que al exigirse la causación del daño o afectación emocional, se cuenta con un elemento objetivo, indubitable, de que la conducta desplegada por el ofensor, es efectivamente delito de violencia emocional. De manera que no basta citar los términos que reflejen conductas que puedan constituir violencia emocional, para que sean delito, pues, en todo caso, estos son los modos a través de los cuales se ejerce la conducta; debe incluirse y así indicarse de forma expresa en la misma norma, que esas conductas deben causar una afectación emocional a la víctima. Por ello es que en el tipo penal del artículo 25, se exige que la conducta, para que sea violencia emocional, debe ser reiterada (con las observaciones que se han hecho al uso de este término). Y esa exigencia de causación de un daño emocional se contempla en las normas más elevadas de protección a la mujer, como se lee en el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que se declara que la violencia emocional debe dar tener como resultado un daño psicológico en la mujer.

    V.-

    Conclusión.- De conformidad con lo expuesto, considera este Tribunal que las normas cuestionadas lesionan los principios de tipicidad y legalidad criminal y en ese sentido, procede declarar con lugar la acción.

    VI.-

    La Magistrada Calzada y los Magistrados Vargas y Cruz salvan el voto y declaran sin lugar la acción.-

    Por tanto:

    Se rechaza de plano la acción en cuanto al artículo 27 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, número 8589 del treinta de mayo del dos mil siete. En cuanto a los artículos 22 y 25 de esa misma Ley, se declara con lugar la acción. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe. La Magistrada Calzada y los Magistrados Vargas y Cruz salvan el voto y declaran sin lugar la acción. R. este pronunciamiento en el Boletín Judicial. N..

    Ana Virginia Calzada M.

    Presidenta a.i.

    Luis Paulino Mora M Adrián Vargas B.

    Gilbert Armijo S. Ernesto Jinesta L.

    Fernando Cruz C. Rosa María Abdelnour G.

    VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA CALZADA MIRANDA Y

    LOS MAGISTRADOS V.B. Y CRUZ CASTRO, CON REDACCIÓN DEL SEGUNDO.

    Por mayoría de votos la Sala declaró inconstitucionales los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer, criterio que no compartimos por las razones que de seguido expondremos.

    El texto de las normas declaradas inconstitucionales es el siguiente:

    “Artículo 22.-

    Maltrato.- A quien de manera grave o reiterada agreda o lesione físicamente a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no, se le impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años, siempre que la agresión o lesión infringida no constituya un delito de lesiones graves o gravísimas.”

    “Artículo 25. “ARTÍCULO 25. Violencia emocional.-

    Será sancionada con pena de prisión de seis meses a dos años, la persona que, reiteradamente y de manera pública o privada, insulte, desvalorice, ridiculice, avergüence o atemorice a una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no.”

  7. -

    SOBRE EL DELITO DE MALTRATO

    Como bien se indica en el voto de mayoría, la constitucionalidad de esa norma fue analizada por la Sala en la sentencia 2005-01800 de las dieciséis horas veinte minutos del veintitrés de febrero de dos mil cinco, en los siguientes términos:

    “La Sala no encuentra en esta norma la impresión que fundamenta la consulta. No se trata de cualquier agresión o lesión, se trata de aquella que no produce lesiones graves o gravísimas. El término agredir se encuentra sobradamente establecido en cuanto a su contenido en el derecho penal y su utilización en el artículo 140 y 141 del Código Penal no ha causado dificultad alguna al interpretar esas normas. Además el hecho de que esa conducta sea penalizada con pena superior a la establecida en el Código Penal, tampoco constituye infracción constitucional alguna, pues ello resulta posible y es claramente lo que se pretende al reprimir determinadas acciones cometidas en perjuicio de las mujeres, según se dice expresamente en el artículo 1° del proyecto. Respecto de la alegación planteada, la norma cuestionada no es inconstitucional.”

    Creemos innecesario replantearse el punto jurídico y, por el contrario, mantenemos que esa norma no presenta roces de constitucionalidad, pues reúne los requisitos para erigirse como un tipo penal que pretende la protección de un bien jurídico considerado valioso para la colectividad, a saber, la integridad física de un grupo social reconocidamente discriminado y maltratado por razones de género, como lo son las mujeres.

    El artículo 22 de la Ley que nos ocupa presenta los elementos básicos de estructura del tipo penal, en concordancia con lo que al respecto ha establecido la Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia, a saber, que los tipos penales deben estar estructurados como una proposición condicional que consta de un presupuesto (descripción de la conducta) y una consecuencia (pena); siendo que en la primera debe necesariamente indicarse al menos el sujeto activo y la acción constitutiva (verbo activo):“...sin estos dos elementos básicos (existen otros accesorios que pueden o no estar presentes en el descripción típica del hecho) puede asegurarse que no existe tipo penal...” (Sentencia1877-90).

    Es técnicamente viable (pero no indispensable) que el legislador, atendiendo a las exigencias del principio de legalidad criminal, recurra a elementos accesorios en el tipo penal para constituir la figura, para agravar la pena o para atenuarla, a través de una serie de elementos gramaticales que señalan el modo, ocasión, medio o tiempo en que se debe realizar la acción para que se adecue al tipo penal de que se trate, con miras a delimitar y reducir la zona de prohibición. En el tipo penal que nos ocupa, debido a la claridad del verbo típico o acción (agredir, lesionar) se utilizan solamente tres elementos de modo que vienen a delimitar la acción delictiva, a saber, la agresión o la lesión debe ser física; además, debe ser grave o reiterada, en este último caso es claro que la “o” es disyuntiva: debe tratarse de una agresión o de una lesión física grave o, en su lugar, reiterada. En el voto de mayoría se argumenta que ninguno de esos parámetros es suficientemente preciso, claro y determinado y, textualmente se dice al respecto:

    “(…) en la norma que se impugna, donde los criterios son realmente insuficientes para que el tipo cumpla con su función de límite y garantía. El legislador está llamado a realizar un esfuerzo para que las conductas que pretende prohibir estén adecuadamente descritas, a fin de impedir la arbitrariedad, lo que no ocurre en el tipo en estudio, en que diversas acciones, pueden resultar subsumibles en su descripción, con lo que se cae en lo que en doctrina se conoce como un tipo abierto (…)” (N. no son deloriginal)

    Más adelante dice el voto de mayoría que:

    “(…) No se describe en la norma qué es agresión, por lo que caben dos interpretaciones: una que se contemplan y, por tanto, se remite, a los tipos de agresión ya existentes en el Código Penal, que son los de agresión con armas en su modalidad de simple, la cometida bajo los supuestos del homicidio agravado, bajo los supuestos del homicidio especialmente atenuado y la agresión calificada y si todas esas formas de agresión son delito de maltrato cuando se cometen contra una mujer, en los supuestos del artículo 22, el vicio de constitucionalidad es evidente, por cuanto, de nuevo, una multiplicidad de conductas diferentes se tratan en la misma norma, de la misma manera y con la misma sanción. Y si no se trata de la agresión del Código Penal, sino de la agresión según el sentido lato de la palabra, conforme aparece en el diccionario, es agresión acometer o arremeter contra alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño, con lo que acciones como “matar” y “lesionar”, previstas en tipos penales diferentes (femicidio y maltrato), se tratan como delitos de la misma naturaleza y con la misma pena. Con lo que la norma, lejos de darle una mayor protección a la mujer, deja abierta la posibilidad de que las autoridades judiciales califiquen y sancionen como agresión, según la Ley de Penalización, conductas que conforme al Código Penal y la misma Ley de Penalización, tienen una trato más severo (…)” (N. no son del original)

    También se cuestiona la falta de definición en el tipo de lo que es “grave” y “reiterada”. A juicio de quienes suscribimos este voto de minoría resulta absurdo pretender que el legislador defina en el tipo penal esos conceptos, pues el legislador ni puede ni debe pretender plasmar en un tipo toda la gama de eventos que se pueden presentar en la realidad, como tampoco puede ni debe incluir definiciones que no harían más que limitar la labor interpretativa del juzgador.

    Por otra parte, la Sala obvia la existencia de la teoría de los concursos de delitos, ampliamente tratada en la doctrina y en la jurisprudencia nacional e internacional y, dentro de ella, particularmente lo que es el concurso aparente de delitos, solución para situaciones como las que se describen en el voto de mayoría y que nuestro legislador dejó plasmada en el ordinal 23 del Código Penal, que textualmente dice:

    “Artículo 23.-

    Concurso aparente de normas.

    Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma especial prevalece sobre la general, la que contiene íntegramente a otra se prefiere a ésta y aquella que la ley no haya subordinado expresa o tácitamente a otra, se aplica en vez de la accesoria.”

    La doctrina refiere al respecto que es común que una misma acción entre o encuadre en varios tipos penales que protegen un mismo bien jurídico o que varias acciones penales entren o encuadren en varios tipos penales que protegen distintos bienes jurídicos, pero relacionados entre sí de menor a mayor, casos en los cuales hay una sola lesión jurídica, es decir, una sola lesión al bien jurídico tutelado y, por consiguiente, un solo delito. Esto es lo que se conoce como “concurso aparente de delitos”, pero que nuestro legislador denominó en el artículo 23 del Código Penal como “concurso aparente de normas”. Es aparente la concurrencia de lesiones jurídicas y, por consiguiente, el reparo al riesgo de que el tipo penal que nos ocupa no brinde mayor protección a la mujer y deje abierta la posibilidad de que las autoridades judiciales califiquen y sancionen como agresión, según la Ley de Penalización, conductas que conforme al Código Penal y la misma Ley de Penalización tienen un trato más severo, es absolutamente infundada, habida cuenta que es tarea que el legislador encomendó al J. la de determinar cuándo existe un concurso APARENTE de delitos, en cuyo caso debe aplicar el tipo penal que por el principio de especialidad o el de subsidiariedad material o tácita corresponde, independientemente de que se encuentren en la misma ley especial o bien en el Código Penal.

    En síntesis, quienes suscribimos este voto de minoría sostenemos la tesis, también esgrimida por la Sala en otras oportunidades, de que el tipo penal se expresa con formas lingüísticas que describen con abstracción y generalidad la conducta prohibida. Está conformado, eventualmente, tanto por elementos descriptivos, que pueden ser entendidos sin mayor esfuerzo por cualquier persona, porque son percibidos por los sentidos y por elementos normativos, que implican siempre una valoración del aplicador del derecho, que no puede ser arbitraria, sino basada en las normas jurídicas, normas sociales y criterios ético- jurídicos de comportamiento socialmente reconocidos. De conformidad con la plenitud de la descripción de la conducta, los tipos penales se pueden caracterizar como tipos cerrados, que son aquellos en los que la conducta típica está plenamente individualizada, y tipos abiertos, que son los supuestos en que la conducta prohibida no está totalmente individualizada, debiendo ser integrada por el juez acudiendo a pautas o reglas generales, que están fuera del tipo penal.

    Si bien es cierto, de acuerdo con el principio de tipicidad la determinación de los tipos debe ser clara y precisa, a fin de que cumpla con su función de garantía, la necesaria utilización del idioma y sus restricciones obliga a que en algunos supuestos no pueda lograrse el mismo nivel de precisión. No es posible crear un sistema legislativo de carácter pleno o hermenéutico, donde todos los términos y significaciones posibles estén previstos en la ley. El subsumir una conducta o una situación de hecho a una norma penal no es una operación que pueda reducirse a un simple silogismo o aplicación mecánica de la ley.

    En el caso del delito de Maltrato, la Sala lo encontró inconstitucional porque, en criterio de la mayoría de sus integrantes no se delimita en forma clara y precisa cuáles lesiones y agresiones están contempladas en el tipo y cuáles no. Textualmente dice:

    “En la norma que se analiza, se utilizan dos únicos parámetros de valoración en relación con la acción delictiva de la agresión o lesión; a saber: 1) de manera grave o reiterada, y 2) que no constituya un delito de lesiones graves o gravísimas. Ninguno de esos aspectos resulta suficientemente preciso, claro y determinado. Si se analizan los tipos penales del Código Penal, se observa cómo la agresión está tipificada en dos figuras delictivas; a saber, la agresión con arma (artículo 140) y la agresión calificada (artículo 41) y las lesiones dolosas se encuentran tipificadas en los numerales 123 (lesiones gravísimas), 124 (lesiones graves) y 125 (lesiones leves). Tanto en el caso de la agresión como en el de las lesiones, las descripciones de la conducta que contiene el Código Penal establecen elementos, modos, circunstancias, resultados, etc. que delimitan las conductas punibles, de forma tal que se puede establecer objetivamente cuándo se está frente a hechos constitutivos de cada una de éstas. Esto no ocurre en la norma que se impugna, donde los criterios son realmente insuficientes para que el tipo cumpla con su función de límite y garantía.”

    Reiteramos que para nosotros lo dicho por la Sala en el voto 2005-01800 debe mantenerse, habida cuenta que, efectivamente, son clarísimas las acciones prohibidas: agredir o lesionar físicamente, siendo el sujeto pasivo una mujer con quien mantenga una relación de matrimonio o en unión de hecho declarada o no. El término agredir ciertamente se encuentra claramente definido en el Derecho penal, según la experiencia ha demostrado al aplicarse los tipos penales de los artículos 140 y 141 del Código Penal. Asimismo, el verbo lesionar no encuentra polisemia alguna, según la definición realizada en el Diccionario de la Lengua Española, que dice “Lesionar. Causar lesión.” Y la lesión, refiriéndose a la lesión física, es definida como “Daño o detrimento corporal causado por una herida, golpe o enfermedad”. Ahora bien, como se dijo en esa oportunidad, no se trata de cualquier lesión, sino las que no encuadran dentro de los tipos penales de lesiones graves o gravísimas, de manera que no se aprecia imprecisión u omisión alguna que impida al tipo cumplir con su función de límite y garantía.

    Somos de la opinión que por más cuidadoso y preciso que fuere el legislador, resulta imposible consignar en la elaboración de los tipos penales toda la gran cantidad de supuestos que podrían servir para afectar el bien jurídico tutelado, de ahí que el juez, en cada caso concreto debe valorar si la conducta es o no lesiva del mismo y si concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, así como la antijuridicidad y culpabilidad en el caso concreto. No es que se deje en total libertad al juzgador para que decida, porque el legislador establece los elementos básicos que debe considerar al realizar la adecuación típica de la conducta. Sobre este tema, se ha pronunciado este Tribunal en diversas ocasiones. Así, en relación con el delito de lesiones culposas, señaló:

    “[…]el hecho de que no defina, ni la norma, ni el Código el concepto "culpa", tampoco resulta contrario al artículo 39, pues el legislador no está obligado -y sería imposible que lo hiciera-, a definir cada vez que menciona un concepto, cuáles son todos sus alcances. El concepto de culpa está ampliamente desarrollado en la doctrina nacional e internacional y en la jurisprudencia, definición que resulta precisa pues tanto la doctrina como los jueces -llamados a definir los alcances de este tipo de conceptos-, y la ciencia del derecho se han encargado, de estudiarlos y delimitarlos. Pretender que en aras del principio de defensa se defina en el Código Penal, el concepto de "culpa", equivaldría -con el mismo argumento-, a obligar al legislador a definir todos los conceptos de todos los Códigos, L., reglamentos y demás normas relacionadas con la legislación penal, lo cual además de ser una proposición absurda, sería, como se indicó, imposible de cumplir. En consecuencia, con base en los fundamentos expuestos, procede rechazar por el fondo esta acción.”

    (Sentencia 3184-93 de las quince horas treinta minutos del seis de julio de mil novecientos noventa y tres)

    Y más recientemente, sobre el tipo penal de motín, adujo:

    “[…] no es que la apertura del tipo sea por sí misma una vulneración al principio de legalidad penal. Lo es cuando la imprecisión conceptual y el sinnúmero de variables que pueden ser introducidas genéricamente, le resten claridad y precisión a la descripción de la conducta que se pretende sancionar. En los casos de los tipos abiertos, cuando estos permiten sin mayores dificultades, individualizar la conducta prohibida acudiendo a pautas o reglas que están fuera del tipo penal, -como el concepto de culpa en los tipos culposos - no se incurre en violación al principio de legalidad. En el caso del tipo que tipifica el “motín”, consiste en que diez personas o más se alcen públicamente, es decir, una especie de resistencia, para impedir la ejecución de leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos o para obligarles a tomar alguna medida u otorgar alguna concesión. Si bien el alzamiento aparece expresamente definiendo la acción, como núcleo rector (aspecto que destaca la Procuraduría General de la República), el acto de alzamiento debe ir acompañado del propósito, que configura un elemento subjetivo que el tipo prevé, y que puede ser el impedir la ejecución de las leyes o de las resoluciones de los funcionarios públicos; de igual forma, existe el ilícito si el sujeto activo pretende que el sujeto pasivo tome alguna medida o que otorgue alguna concesión. Bajo estos supuestos, el juzgador debe realizar un análisis integrado de todos los componentes del tipo penal, tanto el elemento objetivo, que requiere el alzamiento de diez o más personas, así como la existencia de una de las dos hipótesis que definen el elemento subjetivo, según se expuso supra, para comprobar si la conducta denunciada se ajusta al tipo penal. No bastaría que diez personas se alcen públicamente, que sería el concepto en que se concentra la objeción que expone la jueza consultante, se requiere, además, que tal alzamiento pretenda impedir la ejecución de leyes o resoluciones, de igual manera si pretendiera que el funcionario tome alguna medida o que otorgue alguna concesión. La autoridad que consulta no toma en cuenta que las dos hipótesis que definen los elementos subjetivos del tipo delictivo, complementan y determinan el contenido y alcance del alzamiento. Por otra parte, la existencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo examinado, permite determinar el contenido y alcance del núcleo del tipo delictivo, en este caso, el alzamiento. La imprecisión de una figura delictiva, es constitucionalmente inadmisible, pero tal determinación requiere una valoración integrada de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal; a partir de esa interpretación integradora, se puede inferir el alcance, precisión y contenido del núcleo verbal de un ilícito penal.”

    (Sentencia número 13159-07 de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del doce de septiembre del dos mil siete).

  8. -

    EN CUANTO AL DELITO DE VIOLENCIA EMOCIONAL

    En el voto de mayoría, citando el voto 2005-01800, se califica de inconstitucional el delito de violencia emocional bajo el argumento de que roza con el principio de tipicidad penal y seguridad jurídica, por cuanto los términos “insulte, desvalorice, ridiculice, avergüence o atemorice”, son de contenido muy variado, que merece precisarse para cumplir con la función de garantía de la tipicidad. Se estima que la mayor o menor sensibilidad de una persona puede conllevar que alguna frase meramente mortificante sienta que le desvaloriza, ridiculiza o avergüenza, y si esa conducta resulta constitutiva de delito aún sea dicha en privado, es posible llegar a interpretar que lo que se pretende reprimir es cualquier hecho, aún sin importancia, que simplemente perturbe a la mujer en cuando a su tranquilidad o conciencia con actos como los señalados. (Sentencia 2005-01800 de las dieciséis horas veinte minutos del veintitrés de febrero del dos mil cinco).

    Quienes suscribimos este voto consideramos que es justamente labor del Juez determinar, en cada caso concreto si hay afectación al bien jurídico tutelado y en qué medida, de manera que si se estuviera frente a un hecho sin importancia, que simplemente haya perturbado a la mujer en cuando a su tranquilidad o conciencia con actos como los señalados, resultarían atípicos y por consiguiente no habría delito que castigar. Pero eso solo lo puede hacer el juzgador luego de un análisis de la prueba recabada, que indudablemente tendrá que incluir peritaciones psicológicas o psiquiátricas, según se estime necesario, no se puede hacer a priori y, menos aún, para calificar de inconstitucional eltipo penal.

    Los verbos tampoco presentan ambigüedad alguna para determinar su contenido. Veamos: insultar, dice el Diccionario de la Lengua Española, es “Ofender a uno provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. Ser acometido de una indisposición repentina que priva de sentido o de movimiento”. Desvalorizar es “Hacer perder de su valor a una cosa”; ridiculizar es “B. de una persona o cosa por las extravagancias o defectos que tiene o se le atribuyen”; avergonzar es “Causar vergüenza; atemorizares “Causar temor”.

    Por otro lado, insistimos en la necesidad de tener presente que para formular los tipos el legislador se sirve de un proceso de abstracción y utiliza el lenguaje. El precepto penal tiene necesariamente que generalizar para comprender todos los casos iguales, cualquiera sea la persona que los haya cometido, labor que puede lograr el legislador utilizando técnicas diversas, con menor o mayor abstracción. Es un asunto de técnica legislativa.

    Hay casos en que el grado preciso de abstracción, distante por igual del casuismo exagerado y de la vaguedad sin contornos se ha logrado, por ejemplo en el delito de homicidio, por el alto valor semántico de la forma verbal que le da dirección unívoca a la acción que se quiere prohibir: “Quien haya dado muerte a una persona...”. Eso depende de la acción en concreto que se desee penalizar y la o las posibles formas en que se pueda ejecutar en la realidad.

    Pero también hay otros delitos en los que no puede decirse lo mismo, por ejemplo en la estafa, debido justamente a las múltiples formas en que la realidad demuestra que se puede cometer un fraude, sin que con ello se lesione el principio de tipicidad. De ahí que en el tipo penal el legislador haya tenido que utilizar fórmulas con un alto grado de abstracción, como “Quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él, por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el patrimonio ajeno,...”

    Iguales consideraciones pueden hacerse respecto del delito de injuria (artículo 145 del código penal) y el de difamación (artículo 146 del código penal); en el primero, no hay duda que los conceptos de dignidad y decoro son conceptos cuyo contenido es variable, especialmente por los valores sociales imperantes. En cuanto al segundo, el concepto de reputación, también es un elemento del tipo cuyo contenido tiene una alta variabilidad en función del contexto cultural y el marco concreto en el que se puede lesionar un bien jurídico tan importante, pero de contenido tan amplio. No existe en estos casos, no obstante la amplitud de los elementos que integran el tipo penal, una lesión al principio de precisión y seguridad jurídica que requiere la intervención del poder punitivo.

    Además, el lenguaje del cual necesariamente se tiene que servir el legislador, no es más que un símbolo que, por añadidura, está sujeto a mudanzas con el tiempo, de manera que generalización y lenguaje son dos factores ineludibles de imprecisión que impiden, pese a todos los esfuerzos de la ciencia del Derecho penal, que en la realidad de los tipos penales en particular tenga plena vigencia –con sus pretensiones de exactitud rigurosa- el requisito que mayoritariamente se admite como indispensable para satisfacer los requerimientos del principio de legalidad, en su corolario natural, el principio de tipicidad.

    Como resultado, coincidimos con la doctrina penal según la cual el principio de legalidad NO se infringe en los supuestos en los que la definición del tipo incorpore conceptos, cuya delimitación permita un margen de apreciación por parte del juzgador en su labor de detectar la adecuación típica.

    La ley tiene que servirse por fuerza de conceptos que revisten un grado mayor o menor de abstracción, pero que siempre son generales y, como la vida solo ofrece casos concretos la interpretación es siempre necesaria para determinar si una conducta específica está o no comprendida en la ley. Mediante la interpretación la ley desciende a la realidad, de ahí que la labor del intérprete (juez) sea una labor creadora, puesto que tiene que extraer de la ley los elementos decisorios para un caso concreto, sino sería un simple manipulador de sanciones.

    Por mucho que una legislación quiera respetar la legalidad, el propio lenguaje tiene limitaciones, de modo que la construcción legal de los tipos nunca agota la legalidad estricta, que requiere la labor interpretativa de reducción racional de lo prohibido, propia del Derecho penal. Aun en un sistema de tipos legales como el costarricense, no se prescinde de fórmulas generales en los llamados tipos abiertos, del que son paradigmáticos los tipos culposos.

    Esta es una realidad que se observa en toda la legislación represiva que la Sala Constitucional ha aceptado en su copiosa jurisprudencia sobre el tema, como se puede apreciar en los siguientes extractos de sentencias, ordenados cronológicamente:

    “La necesaria utilización del idioma y sus restricciones obliga a que en algunos casos no pueda lograrse el mismo nivel de precisión, no por ello puede estimarse que la descripción presente problemas constitucionales en relación con la tipicidad, el establecer el límite de generalización o concreción que exige el principio de legalidad, debe hacerse en cada caso particular.

    V.-

    - Problemas de técnica legislativa hacen que en algunas oportunidades el legislador se vea obligado además de utilizar términos no del todo preciso (tranquilidad pública en el artículo 271 del Código Penal), o con gran capacidad de absorción (artificios o engaños en el artículo 216 del Código Penal), a relacionar la norma con otras, tema este que ya fue tratado por la Sala en el voto 1876-90 antes citado.” (Sentencia #1990-1877) -El resaltado en negritas no esdel original-

    “Hay casos en que no todos los elementos del tipo se encuentran en la misma norma, que es lo que en doctrina se conoce como "leyes penales en blanco"; sea cuando se necesita recurrir a otra norma de igual, superior o inferior rango, para lograr el tipo totalmente integrado. (...) En cuanto a la denominación que hace el legislador de la conducta delictiva que se pretende sancionar, al decir que: "Es retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena establecida en el artículo ...", se trata simplemente de un "nomen iuris" y si es o no la misma figura del artículo 223 del Código Penal, es un aspecto intrascendente en relación con la constitucionalidad de la figura analizada, porque se trata de un tipo autónomo, que, como ya se vio en el considerando anterior, contiene en si mismo los elementos necesarios constitutivos del tipo, complementado con la remisión a otras normas legales.” ( Sentencia 1993-03465) –El resaltado en negritas no esdel original-

    “En el caso que nos ocupa lo primero que debemos establecer es si el artículo del Código Penal que nos ocupa es un "tipo penal abierto" como lo entiende el Tribunal consultante. Para el mejor anlisis (sic) de esa norma de seguido la transcribimos:

    ‘Será reprimido con prisión de uno a seis años el que, por actos materiales de hostilidad no aprobados por el gobierno nacional, provoque inminente peligro de una declaración de guerra contra contra (sic) la nación, exponga a sus habitantes a experimentar vejaciones por represalias en sus personas o en sus bienes o alterare las relaciones amistosas del gobierno costarricense con un gobierno extranjero.’

    Sin duda, la figura de este delito es un tanto compleja lo que no importa por sí mismo un roce de constitucionalidad. Veamos:

    a) La norma indica el sujeto activo de la infracción que puede ser cualquiera, tanto nacional o extranjero.

    b) La acción propiamente dicha consiste en ejecutar actos materiales hostiles no aprobados por el Gobierno Nacional. Estos actos no se sancionan por sí mismos sino cuando tenga alguna de las consecuencias que el tipo selecciona a saber:

    1) que den motivo al peligro de una declaración de guerra.

    2) que expongan a los habitantes a experimentar vejaciones por replesalias(sic).

    3) que se alteren las relaciones internacionales amistosas del gobierno costarricense con un gobierno extranjero.

    Para determinar si un acto es o no "hostil" debe recurrirse al Derecho Internacional y ello en nada afecta el principio de legalidad de los delitos. En efecto, el principio de unidad del ordenamiento jurídico impide una rígida separación entre las diferentes ramas del derecho entre las que existe una clara relación técnica. En reiteradas ocasiones el derecho punitivo acude a conceptos del derecho civil, mercantil, de familia, internacional, etc. los que deben ser aplicados por el juzgador acudiendo a esas ramas. Existen en nuestro sistema tipos penales con una gran capacidad de absorción como "artificios" o "engaños" (art. 216 del Código Penal) y la constitucionalidad de los mismos es pacíficamente admitida precisamente por los límites propios del idioma. No debe perderse de vista que el delito de "Actos Hostiles" se ubica en el título X del Código Penal "delitos contra la tranquilidad pública" y que el bien jurídico tutelado es, precisamente, la seguridad y tranquilidad de la nación. La norma parte de que entre el Estado Costarricense y cualquier otro existe una situación de paz que puede definirse negativamente como la ausencia de conflicto entre dos naciones. “ (...) (Sentencia 1994-02950) – El resaltado en negritas no es del original-

    “Los actos materiales hostiles no son incriminatorios en sí mismos, sino solamente cuando han dado motivo al peligro de una declaración de guerra. Debe producirse la posibilidad de que una situación de esta naturaleza se presente. En efecto, producido el acto hostil su punibilidad depende de qué, además se haya producido una situación de peligro de guerra pero; el peligro de guerra no es un la única situación objetiva que la ley computa. También debe haberse expuesto a los habitantes a sufrir "vejaciones" por "represalias" o haber alterado las relaciones amistosas entre los países. Los términos vejaciones y represalias tienen con gran capacidad de absorción pero, sin duda alguna, ellos están referidos a las consecuencias que pueden padecer los nacionales producto del acto hostil. En el terreno internacional se computa como amistad el estado de ausencia de conflicto tal y como se ha venido indicando. En conclusión, se sanciona la hostilidad contra el país amigo o lo que es lo mismo, contra un país con el que hay ausencia de conflicto. En ambos casos es tarea del Tribunal juzgador establecer si las situaciones que prevé la norma se presentan o no se presentan.” (Sentencia 1994-02950) –Resaltado en negritas no es del original-

    “También se ha dicho que en algunas ocasiones es imposible para el legislador lograr una absoluta precisión en la descripción de las conductas. En realidad algunos sistemas, como el nuestro, persiguen el ideal de modo que el legislador debe extremar recaudos de los tipos legales; sin embargo, su aplicación pura requeriría de un casuismo que siempre es insuficiente. Dentro de este orden de ideas es preciso afirmar que por extremadamente cuidadoso que fuere el legislador, es imposible consignar en la elaboración del tipo, toda la gran cantidad de comunicaciones privadas que pueden ser utilizadas ilegítimamente. En estos casos es común la técnica legislativa - que para la Sala resulta ajustada al orden constitucional- de la ejemplarización, la que pretende evitar una extensión arbitraria del tipo penal. De esta manera no es posible incluir en la norma cualquier comunicación que se nos ocurra, sino aquella que sea en su entidad, asimilable a los ya descritos, es decir, de la misma naturaleza. Por ello, lleva razón la Procuraduría General de la República al afirmar que en el presente caso nos encontramos ante un concepto amplio, que es normativamente limitable y el juzgador deberá tener en cuenta, en cada caso, la ejemplificación que brinda la ley y lo dispuesto por el artículo 24 de la Carta Fundamental en relación con el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. Ambos se erigen como límites infranqueables que hacen que la disposición normativa cuestionada se ajuste a las exigencias del principio de legalidad. (Sentencia #1994-5964) -El resaltado en negritas no es del original-

    “Con fundamento en los precedentes citados, es procedente estimar que la redacción del artículo 119 de la Ley Forestal, presenta similares vicios de inconstitucionalidad, pues carece de cualquier delimitación que permita concluir que contiene un tipo penal que reuna (sic) las condiciones exigidas por el artículo 39 de la Carta Fundamental, siendo la "acción típica" ahí penada "otras actividades prohibidas por ley". De este modo, el numeral cuestionado puede clasificarse como un tipo penal cuya apertura resulta contraria al principio de legalidad criminal, en el sentido de que, si bien es cierto, la actividad interpretativa del administrador de justicia no se limita a una aplicación silogística, tampoco puede entenderse de una amplitud tal que signifique la asunción de las funciones que de modo exclusivo competen al legislador, en armonía con el principio citado, extraído del artículo 39 constitucional.” (Sentencia 1994-06377)

    “Por otra parte, las conductas consideradas contrarias a los derechos de los demás, como individuos, y otros valores caros a la sociedad, pueden ser sancionadas dentro de los límites impuestos por el artículo 28 de la Constitución. Desarrollando las reglas de este precepto la Corte Suprema de Justicia resolvió:

    ‘Dentro del Título de los Derechos y Garantías Individuales, la Constitución establece algunas normas que se refieren a la materia penal (sustantiva y procesal), y que lógicamente son de obligado acatamiento para el legislador en la esfera de su actividad, como las de los artículos 36, 37, 38, 40, 42 y 44; además, el artículo 35 prevé una garantía de carácter general, al decir que "nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso". Sin embargo, en esas normas penales de la Constitución ( o en otras de ésta) no hay ningún principio del cual pueda deducirse alguna teoría sobre el delito, que sirva como orientación y límite en la actividad legislativa cuando se trata de atribuir a una determinada conducta el carácter de ilícito penal, es decir, de crear delitos, de suerte que la única limitación que sobre ello establece la Carta Magna, es la regla del artículo 28, no como norma particular para la antijuridicidad penal sino de carácter genérico, con vigencia para todas las acciones que pretenden calificarse como ilícitas. En resumen, el artículo 28 párrafo 2 , es la única regla constitucional que le señala al legislador hasta dónde puede moverse al dictar normas de comportamiento privado que -violadas por acción u omisión-, acarrean la consiguiente responsabilidad de carácter penal o de otra índole’ (sesión extraordinaria del 30-4-82)

    III.-

    La Corte también se pronunció sobre el principio de mínima regulación penal, consecuencia de la aplicación del artículo 28 prf. 2y del de razonabilidad de las leyes, en el sentido de que:

    ‘Ni el artículo 28, ni otras normas de la Constitución establecen principios básicos que definan hasta dónde puede llegar el legislador en su actividad de emitir reglas que impriman carácter delictuoso a una determinada conducta ilícita. Por ello la cuestión queda reservada a otros ámbitos, en donde rige el prudente arbitrio del legislador y su cuidadoso estudio, pues lo que se plantea es un problema de doctrina penal y de valoración filosófica-jurídica acerca de las conductas que deben o pueden erigirse en delito, y a la vez de la política legislativa que debe seguir el Estado al dictar normas penales. Sobre este problema no hay posibilidad del control constitucional en este caso, pues se llegaría más allá de lo que podría examinarse con referencia al artículo 28 párrafo 2 de la Constitución. Tampoco otros principios, como el de "razonabilidad de las leyes" que el recurrente invoca, ni el estudio jurídico que se agregó en los autos en un memorial posterior, pueden llevar a la conclusión favorable a su tesis, así fuera admisible la de que el control constitucional es de tan amplios alcances, porque lo cierto es que no resulta contrario a la razón que el legislador prohibiera la actividad del intermediario en el caso de la lotería, bajo amenaza de una pena.’ (ses. extr. de 30-9-82)

    Dentro de esta vertiente, la Sala ha acogido los criterios adoptados en las sentencias de inconstitucionalidad citadas, especialmente al analizar los límites que el artículo 28 prf. 2de la Constitución erige frente a las competencias del legislador.” (Sentencia 1995-00778)

    "... con respecto a la técnica legislativa de la tipificación de las conductas, no resulta inconstitucional toda apertura, tal es el caso de la tipificación de la estafa en que se utilizan conceptos amplios -ya que no se especifica en concreto cuáles hechos son los que constituyen "simulación de hechos falsos" o "la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos"-, que contrario a lo que sucede con el homicidio -que es un tipo cerrado-, y esto se justifica en razón de la naturaleza de la conducta que se sanciona, en que es imposible determinar con precisión y detalle cada variedad de la acción que se sanciona."(Sentencia número 1075-95) - El resaltado en negritas no es del original-

    “...en el tipo en estudio, no es posible enumerar todas las formas posibles de entorpecer o dificultar el desarrollo de la actividad pública, por cuanto las posibilidades son ilimitadas, por lo que delimitar la conducta a sancionar con la expresión "estorbar o dificultar en alguna forma el cumplimiento de un acto propio de sus funciones ..." no constituye en modo alguna imprecisión u obscuridad (sic) en la redacción, y en consecuencia no hay violación de los artículos 9 y 39 de la Constitución Política.” (Sentencia #1995-1075)

    Coincidimos con el voto de mayoría en que el hecho de tener su significado en el diccionario no legitima, per se, la utilización de las palabras en los tipos penales; sin embargo, si las que utiliza el legislador ahí tienen un significado unívoco en nuestro idioma, si aún en el lenguaje común son utilizadas y comprendidas sin mayor dificultad por el común de las personas, es lógico pensar que tampoco su uso en los tipos penales ofrecerá mayor dificultad en la aplicación por parte del juzgador, pues se restringe el margen de interpretación de su parte. Esta es la situación que, en nuestra opinión, acaece en el tipo penal denominado violencia emocional, en el cual, como se indicó antes los verbos típicos (insultar, desvalorizar, ridiculizar, avergonzar o atemorizar) tienen un significado que no ofrece dificultad ni aún para el común de las personas.

    Se repite lo dicho acerca del reparo que hace el voto de mayoría, en el delito de maltrato, en lo que atañe a la falta de definición en el tipo penal de lo que es “reiteradamente”, en el sentido de que no solo resulta innecesario sino que también improcedente, desde el punto de vista de técnica legislativa, incluir definiciones dentro de los tipos penales.

    A mayor abundamiento, aún aceptando la tesis de mayoría en el sentido de que el término es ambiguo y que mientras para un juez puede ser reiterada la conducta que se presente más de una vez y para otro no, sino que podría exigir varias veces, lo cierto es que es un tema que necesariamente puede y debe ser zanjado por la jurisprudencia que emita la Sala Tercera en su labor sistematizadora y unificadora, al emitir el último criterio en cada caso concreto. Esto no es una situación novedosa y no por ello ha convertido en inconstitucionales los tipos penales que han requerido de ese tipo de pronunciamiento.

  9. -

    Como corolario de lo expuesto declaramos que los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra la M. no son inconstitucionales.

    Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B.

    Fernando Cruz C.

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR