Sentencia nº 09181 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 8 de Julio de 2011

PonenteFernando Cruz Castro
Fecha de Resolución 8 de Julio de 2011
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia11-006137-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoRecurso de amparo

Exp: 11-006137-0007-CO

Res. Nº 2011009181

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las doce horas y siete minutos del ocho de julio del dos mil once.

Recurso de amparo que se tramita en expediente número11-006137-0007-CO, interpuesto por H.C.P., cédula de identidad 0-000-000, contra el ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES.

Resultando:

  1. -

    Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:20 horas del 24 de mayo de 2011, el recurrente interpone recurso de amparo contra el ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES y manifiesta que por nota del 10 de abril del 2008 comunicó a la corporación municipal recurrida el problema que enfrenta su familia, ya que a la par de su vivienda discurren aguas sin tratamiento alguno, lo cual pone en peligro la propia vida de su grupo familiar, entre ellos a su hija de tan solo tres años de edad. Señala que esta misma situación provoca especialmente en época de lluvia derrumbes en el terreno, dejando la vivienda prácticamente en el aire, ya que casi todo el terreno que se puede aprovechar es lavado por el agua. A consecuencia de dicha denuncia y debido a su insistencia en que se atendiera el asunto, se remitió por parte del municipio al lugar un ingeniero, quien luego de haber corroborado el asunto, recomendó colocar en el sitio un sistema de alcantarillado. No obstante, a la fecha de interposición de este recurso, a pesar de las promesas de atender el asunto, el mismo no se ha corregido, lo cual, pone en riesgo a los miembros de su familia. Por lo expuesto, solicita a la Sala se declare con lugar el recurso, con las consecuencias legales.

  2. -

    Informa bajo juramento C.L.M.V., en su calidad de Alcalde Municipal de Buenos Aires (informe de 01 de junio de 2011, expediente electrónico) que si bien es cierto el amparado ha presentado algunas notas ante la autoridad recurrida -y en algún momento se han realizado inspecciones y levantado inventario con necesidades-, el sitio que indica el amparado es una ruta nacional, competencia de CONAVI, donde hay alcantarillas que permiten discurrir las aguas y además el lugar donde se ocasiona el problema, es de dominio privado y no público. Solicita que se desestime el recurso planteado.

  3. -

    Por resolución de las 10:27 horas del 20 de junio de 2011 (expediente electrónico) se amplía el amparo contra el Director del Consejo Nacional de Vialidad CONAVI.

  4. -

    Informa bajo juramento C.A.M., en su condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad CONAVI (informe de 04 de julio de 2011, expediente electrónico), que según oficio GCSV-01-11-2802 del 04 de julio de 2011, del Subgerente a.i. de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI e informe de la Municipalidad de Buenos Aires y de P., es cierto que a la par de la vivienda del amparado discurren aguas sin tratamiento alguno, lo que pone en peligro la propia vida de su grupo familiar. Añade que por estudio realizado por Conservación de Vías y Puentes del CONAVI GCSV-01-11-2802 del 04 de julio de 2011, que la propiedad del recurrente C.P. se encuentra en la ruta nacional n°2, sin embargo, ese simple hecho per sé, o significa que sea competencia directa del CONAVI atender y resolver la situación descrita en el escrito de interposición. Comenta que este asunto no es de su competencia de conformidad con la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, que es un órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, específicamente el artículo 1 del que se desprende que la competencia del CONAVI es sólo para construir y conservar carreteras y puentes de la red vial nacional. En referencia a drenajes en carreteras solamente señala que tendrá injerencia en los propios y necesarios, para lograr el discurrir pluvial que generan las aguas que recorren la carretera, únicamente. No tiene potestad para construir drenajes pluviales que no sean para el uso y mejor servicio de las obras viales y consecuentemente tiene prohibido el CONAVI construir drenajes que solventen problemas propios de las Municipalidades y propietarios de los inmuebles. Estima que el asunto debe ser atendido por la Municipalidad en cuestión. Pide se declare sin lugar el recurso en cuanto se dirige contra CONAVI.

  5. -

    En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

    R. elM.C.C.; y,

    Considerando:

    I.-

    Objeto del recurso Acusa el recurrente violación del principio de justicia pronta y cumplida y a la salud y a su integridad pues - a la fecha de interposición de este recurso - no se ha respondido ninguno de los múltiples reclamos en relación con el problema de aguas sin tratamiento que afecta el lugar donde vive, lo cual pone en peligro la propia vida de su grupo familiar, entre ellos a su hija de tan solo tres años de edad.

    II.-

    Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos, sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial:

    a.Que la propiedad del recurrente C.P. se encuentra en la ruta nacional n°2 según estudio realizado por Conservación de Vías y Puentes del CONAVI GCSV-01-11-2802 del 04 de julio de 2011 (informe de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad CONAVI, de 04 de julio de 2011, expediente electrónico).

    b.El amparado ha presentado notas- ante la Municipalidad recurrida-, en las que advierte del problema de falta de alcantarillado en la calle que colinda con su vivienda (hecho no controvertido).

    c.La Municipalidad de Buenos Aires recurrida ha realizado inspecciones en el lugar señalado por el recurrente (hecho no controvertido).

    III.-

    Hechos no probados. No se estiman demostrados los siguientes hechos de relevancia para estaresolución:

    a.Que la autoridad municipal recurrida haya respondido y dado una solución a las quejas planteadas por el recurrente en relación con el problema de agua que afecta su propiedad.

    b.

    IV.-

    Sobre el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida. Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política, el cual establece que ocurriendo a las leyes todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales y debe hacérseles justicia pronta y cumplida en estricta conformidad con las leyes. La Sala ha establecido que la administración de justicia, tanto en su vertiente administrativa como judicial, está obligada a garantizar el respeto a los plazos estipulados en el ordenamiento jurídico para la tramitación y resolución de los diversos asuntos puestos a su conocimiento, pues, de lo contrario, no sólo se vulnera un derecho fundamental de los ciudadanos, sino, que se atenta contra uno de los pilares de la democracia, en tanto el sistema pretende que los conflictos que se suscitan en sociedad sean resueltos a través de un procedimiento que garantice los principios de justicia, orden, seguridad y paz social (ver en ese sentido la resolución número 2000-07322 de las catorce horas con cincuenta minutos del veintidós de agosto del dos mil). Bajo ese orden de ideas, esta S. ha explicado que cuando se trata de reclamos donde el administrado lo que pide es la declaración o restitución de un derecho subjetivo, el artículo aplicable es el 41 constitucional, por cuanto los asuntos administrativos de este tipo requieren de un procedimiento para verificar los hechos que han de servir de motivo al acto final, así como adoptar las medidas probatorias pertinentes (véase la sentencia número 2002-03851 de las catorce horas con cincuenta y seis minutos del treinta de abril de dos mil dos). Se ha sostenido que cuando un órgano o ente público se excede en estos plazos, en tesis de principio, se produce una vulneración al derecho a una justicia pronta y cumplida, razón por la cual, se ha llegado a concluir que el quebrantamiento del derecho constitucional, en estos casos, se constata al verificar que luego de sobrepasado el plazo de ley, la resolución del reclamo todavía se encuentra pendiente o, por otro lado, que la resolución se produjo pero con dilaciones indebidas o injustificadas. Lo anterior se afirma en el entendido de que, en virtud del principio del debido proceso, la autoridad recurrida está obligada no sólo a resolver dentro del período conferido por la ley para tal efecto, sino también a notificar la resolución respectiva dentro de ese mismo lapso (véase la sentencia número 2002-09041 de las quince horas y dos minutos del diecisiete de septiembre de dos mil dos). En el presente asunto, luego del estudio de los elementos probatorios aportados a este recurso de amparo, y las manifestaciones rendidas bajo fe de juramento por la autoridad recurrida, la Sala tiene por acreditada la violación al principio de justicia pronta y cumplida, ya que en el informe rendido por el Alcalde de la Municipalidad de Buenos Aires el recurrido acepta que las gestiones aludidas en relación con el problema de aguas que afecta la propiedad del amparado han sido realizadas por el recurrente, que en “algún momento” la Municipalidad recurrida ha realizado inspecciones en el lugar, mas no dice ni demuestra de modo alguno haberlas contestado o indicado al amparado los resultados de las inspecciones realizadas, pese a que el plazo legalmente establecido para tal efecto, se encuentra sobradamente vencido y por ende el amparo por denegación de justicia es procedente.

    V.-

    SOBRE LA TUTELA AL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD FÍSICA. De lo dispuesto en los artículos 21 y 40 de la Constitución Política se desprende la obligación objetiva que tiene el Estado costarricense de garantizar la vida de sus habitantes. Al respecto, este Tribunal Constitucional ha dispuesto lo siguiente:

    (…) Ha sido usual que el derecho a la vida, frecuentemente analizado conjuntamente con el derecho a la integridad física, haya sido entendido como un derecho de contenido negativo, es decir, su objeto se limitaba a la pretensión contra el Estado de que se abstuviera de realizar acciones dirigidas a eliminar la existencia física de las personas, por ejemplo la tortura o la pena de muerte, o bien que castigara a las personas, públicas y privadas, que atentaran contra la vida e integridad de los otros, a través del sistema penal; sin embargo, la tendencia actual es imponer al Estado diversas conductas positivas, en el sentido de que más allá de que no debe perturbar la existencia física de las personas debe actuar en tutela de su protección, ante los múltiples peligros que la acechan, bien sea que ellos provengan de acciones del Estado mismo o de otras personas, e inclusive, de la misma naturaleza. De ahí que, por ejemplo, los temas ambientales han pasado a ser, al menos en nuestro país, un asunto de índole constitucional, puesto que el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado fue elevado a rango de derecho fundamental. Ahora bien, es menester aclarar que la existencia objetiva de una obligación del Estado en lo referente a la protección del derecho a la vida no apareja, ineludiblemente, un derecho subjetivo de las personas a exigir, a través de los organismos judiciales, que se tome una medida determinada, pero sí a que se tomen las medidas idóneas en tutela de ese derecho, ante actitudes abiertamente negligentes de las autoridades públicas. Se trata así de que el Estado adquiere la obligación de regular las áreas de la vida social de las cuales puedan surgir peligros para la existencia física de los habitantes de su territorio, ya sea través de la ley, de reglamentos, de acuerdos o de otras medidas relacionadas con la organización y los procedimientos administrativos, y del derecho subjetivo de las personas a que así se proceda, en forma diligente” (sentencia 2003-011519 de las 10:30 hrs. del 10 de octubre de 2003)

    Como corolario de lo anterior, el Estado no sólo tiene la prohibición de injerir indebidamente en la vida e integridad física de las personas, sino que, además, tiene un deber ineludible de velar y garantizar en forma pronta y cumplida por la tutela de tales derechos fundamentales. El Estado debe cumplir su obligación objetiva de proteger la vida humana, al construir soluciones viales tomando en consideración -entre otros aspectos- el adecuado tratamiento de las aguas, lo que garantiza la seguridad de los peatones y de los habitantes del lugar, de manera que por la omisión de las autoridades competentes no se incurra en una inercia ilegítima que atente contra la vida de los transeúntes o que ponga en riesgo a los vecinos que viven en la zona. Específicamente, respecto a las obligaciones que tiene el Estado en relación con la seguridad vial, este Tribunal ha dispuesto en lo conducente:

    (…) Este Tribunal en casos como el de estudio ha reconocido que el Estado se encuentra obligado a adoptar de manera oportuna todas aquellas medidas preventivas necesarias para enfrentar peligros inherentes a la vida en sociedad, reduciéndolos al mínimo posible (Véase la sentencia número 2003-011519 de las 10:30 hrs. del 10 de octubre de 2003). Al ser el tránsito una actividad necesaria de alto riesgo, el Estado tiene el deber de regular la circulación de peatones, animales y vehículos por las vías públicas y por las privadas que estén abiertas al uso y aprovechamiento común, de manera tal que se pueda garantizar un tránsito terrestre, vehicular y peatonal con el mínimo de peligro para la vida.” (sentencia 2004-7987 de las 15:57 hrs. del 21 de julio de2004)

    VI.-

    SOBRE EL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA. Este Tribunal ha reconocido que uno de los principios rectores de la organización administrativa lo constituye la coordinación que debe mediar entre todos los entes y órganos públicos al ejercer sus competencias y prestar los servicios que el ordenamiento jurídico les ha asignado. La coordinación, en cuanto asegura la eficiencia y eficacia administrativas, es un principio constitucional virtual o implícito que permea el entero ordenamiento jurídico administrativo y obliga a todos los entes públicos. La coordinación puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a una relación de jerarquía- o intersubjetiva -esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, presupuesto propio, autonomía y competencias específicas-. La coordinación administrativa tiene por propósito evitar las duplicidades y omisiones en el ejercicio de las funciones administrativas de cada ente público, esto es, que sean desempeñadas de forma racional y ordenada (ver, al efecto, la sentencia número 2007-015218 de las 12 hrs. del 19 de octubre del 2007).

    VII.-

    CASO CONCRETO. En la especie está debidamente acreditado, pues así lo informa la propia M. recurrida y lo reconoce el Director Ejecutivo a.i. del Consejo Nacional de Vialidad, que por la ruta nacional N°2 discurren aguas sin tratamiento alguno, lo que afecta la propiedad del amparado C. P.. La Municipalidad recurrida pretende justificar tal situación con el argumento que se esté en presencia de una ruta nacional, cuya administración corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y en lo específico al CONAVI. Ahora bien, la Municipalidad no indica ni demuestra que ya haya acudido ante ese órgano del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en procura de lograr una actuación conjunta en el presente caso y poder remover tales trabas, a fin de poder solucionar el mencionado problema de falta de falta de tratamiento de aguas que ponen en peligro la integridad familiar de habitantes de ese cantón. Por su parte CONAVI se limita a informar a esta Sala que la omisión de brindar una solución al problema que aqueja al amparado es un asunto que incumbe exclusivamente a la Municipalidad recurrida. Respuesta que no puede ser aceptada, pues, como ya se indicó, corresponde a todas las autoridades públicas velar por la vida e integridad física de las personas. De hecho, lo que se evidencia en el presente caso es que la Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas y el Consejo Nacional de Vialidad no han sabido coordinarse, en el ejercicio de sus respectivas competencias, en procura de solucionar el mencionado problema de aguas sin tratamiento en una ruta nacional, lo que pone en peligro el terreno en que se edificó la vivienda del amparado. Coordinación administrativa que adquiere particular relevancia en un caso como el presente, en que se requiere que tales autoridades puedan ordenar y conjugar debidamente sus específicas funciones y potestades, para que a través de su actuación conjunta se pueda proteger de forma oportuna y efectiva la vida e integridad personal de los amparados. Así, al conocer un caso similar, esta S. resolvió:

    (…) Las partes de este proceso coinciden en que en un trecho de cerca de veinticinco metros de la ruta nacional #221 no existe acera, lo que dificulta el tránsito peatonal

    II.-

    El acuerdo que mantienen las partes sobre la inexistencia de un trecho de acera desaparece, sin embargo, al sentar las responsabilidades de la omisión de ejecutar tal obra, pues el Ministerio de Obras Públicas y Transportes mantiene que la construcción de aceras es responsabilidad de los munícipes, compelidos, de ser necesario, por el gobierno local (artículo 75 del Código Municipal), mientras que la Municipalidad de Curridabat achaca el problema a una ampliación de la ruta nacional dicha, que absorbió el retiro correspondiente a la acera. No cuenta la Sala con los datos temporales, cartográficos, ni con las medidas que permitan determinar cuál de los recurridos lleva la razón. No obstante, disponen los accionados de los archivos y medios técnicos indispensables para fijar los parámetros necesarios para resolver el diferendo. Por ello, la Sala opta por responsabilizarlos conjuntamente de la omisión que sufren los vecinos del lugar, obligándoles a efectuar las mediciones pertinentes a fin de establecer el derecho de vía en el lugar y el alineamiento de las aceras, si con base en ellos corresponde expropiar a los colindantes o si puede construirse la acera sin necesidad de ello.

    (Sentencia número 2007-001653 de las 10:05 horas del 9 de febrero del 2007)

    Tales consideraciones, en cuanto lo que persiguen es dar protección a la seguridad de las personas, son aplicables al caso en estudio en donde se acredita la inexistencia de tratamiento de aguas que garantice evitar en la medida de lo posible, deslizamientos y derrumbes en el terreno en que se encuentra la casa de habitación del amparado, así como un tránsito seguro en la ruta nacional n°2. Lo anterior lleva a declarar con lugar el presente recurso, con las consecuencias que se detallan en la parte dispositiva de esta sentencia.

    PorTanto:

    Se declara CON LUGAR el recurso. Se ordena a C.L.M.V., en su calidad de Alcalde Municipal de Buenos Aires y a C.A.M., en su condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad CONAVI o a quienes ocupen esos cargos, que de forma coordinada e inmediata adopten las medidas necesarias para que en el plazo de TRES MESES, contado a partir de la notificación de la presente resolución, se resuelva el problema de falta de tratamiento de agua en el tramo de la ruta No. 2 que colinda con la vivienda del amparado H. C.P.. Asimismo se ordena a C.L.M.V., en su calidad de Alcalde Municipal de Buenos Aires o a quien ocupe ese cargo resolver y comunicar las gestiones planteadas por el amparado H.C.P. en el plazo de DIEZ DÍAS a partir de la comunicación de esta sentencia. Se advierte a las autoridades recurridas que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condene al Estado y a la Municipalidad Buenos Aires de P. al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que serán liquidados en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. N. la presente resolución a C.L.M.V., en su calidad de Alcalde Municipal de Buenos Aires y a C.A.M., en su condición de Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad CONAVI o a quienes ocupen esos cargos, de forma personal. C..

    Gilbert Armijo S.

    Presidente a.i.

    Ernesto Jinesta L.

    Fernando Cruz C.

    Fernando CastilloV.

    Roxana Salazar C.

    Paul Rueda L.

    Enrique Ulate C.

    EXPEDIENTE N° 11-006137-0007-CO

    Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

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