Sentencia nº 15121 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 4 de Noviembre de 2011

Exp: 11-012279-0007-CO

Res. Nº 2011015121

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las once horas y treinta y dos minutos del cuatro de noviembre del dos mil once.

Recurso de amparo interpuesto por G.A.M., cédula de identidad 0-000-000J.A.O.T., cédula de identidad 0-000-000, a favor de BLUE WATER MARKETING S.A., cédula jurídica 3101386704, DATA COLLECTION TRADES S.A., cédula jurídica 3101624044, MARKETING CONSULTANTS INTERNATIONAL, cédula jurídica 3101219142 y NUEVA ERA UNO ORO S.A., cédula jurídica 3101354928, contra el BANCO NACIONAL DE COSTARICA.

RESULTANDO:

1. -

   Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 14:50 horas de 30 de setiembre de 2011, los recurrentes interponen recurso de amparo contra el Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica. Acusan que sus representadas poseen cuentas bancarias en el Banco Nacional de Costa Rica y desde un inicio, han mantenido una comunicación constante con dicha entidad. Pese a esto, acusan que el 28 de setiembre de 2011, por medio de varias comunicaciones escritas, se les informó, de manera intempestiva y sin seguir un debido proceso, el cierre de las cuentas bancarias de sus representadas a partir del 3 de octubre de 2011. Acusan que los actos referidos carecen de una debida fundamentación, pues el argumento usado por la entidad recurrida para proceder de esa forma, fue que la actividad que realizaban no era aceptada por el Banco. Agregan a sus alegatos que sus representadas se mantienen al día en el cumplimiento de sus obligaciones bancarias, por lo que, estiman que con los hechos dichos, fueron lesionados derechos fundamentales. Solicitan que se declare con lugar el recurso.

2. -

   Mediante resolución de las 13:45 horas de 6 de octubre de 2011 se dio curso al proceso y se solicitó informes a las autoridades recurridas.

3. -

   Informa bajo juramento J.C.C.S., en su condición de Gerente General a.i. del Banco Nacional de Costa Rica. La recurrente A.M. tiene como ocupación 2secretaria y asistente de gerencia” y como profesión “sin profesión; es representante legal de las siguientes empresas Blue Water Marketing S.A., CR Property Fingers S.A., Marketing Consultants Internacional, Nueva Era Uno Oro S.A. e Inversiones Teribe CSC S.A. Durante el 2011, esas empresas han recibido una importante cantidad de dinero por medio de transferencias del exterior, las cuales provienen de Panamá, Belice y C., siendo que algunos de los ordenantes de las transferencias del exterior son empresas relacionadas en otros casos con apuestas por Internet. Se localizó en las bases de datos del Banco, la declaración de funcionarios de algunas de estas empresas indicando que la actividad de las mismas es “casas de apuestas”. A la recurrente se le notificó el oficio LS-433-2011 de 26 de setiembre de 2011 que sus cuentas serían cerradas en un plazo de tres días hábiles a partir del recibido del oficio, según lo dispuesto en el artículo 616 del Código de Comercio. Conforme las Políticas Corporativas para la Prevención de Transacciones Financieras Sospechosas, la actividad económica de casas de apuestas por Internet (sportbooks, casinos virtuales entre otros) es una actividad no aceptable por el conglomerado Banco Nacional. La recurrente no brindó información completa o exacta al momento de vincular con la entidad bancaria a las empresas indicadas, por todo esto, mantener la relación comercial con este cliente significada un riesgo importante para la institución dada su aparente vinculación con una actividad económica no aceptable por el Banco. Considera que la actuación del banco se ajusta a lo establecido a la ley No.8204. Solicita que se desestime el recurso.

4. -

   En la substanciación del proceso se ha observado las prescripciones legales.

   R. elM.J.L.; y,

   CONSIDERANDO:

   I.-

   OBJETO DEL RECURSO. Los recurrentes reclaman que, en forma uniletaral, la entidad recurrida les indicó que se cerrarían las cuentas bancarias que mantenían las empresas amparadas con la institución, sin oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

   II.-

   HECHOS PROBADOS. De especial relevancia para la decisión de este asunto, se tienen por demostrados los siguientes hechos: 1) Mediante oficios Nos. LS-428-2011, LS-429-2011 y LS-430-2011, todos de 26 de setiembre de 2011, suscritos por el Gerente del Banco Nacional de Costa Rica, Oficentro la Sabana, el Gerente y Director Comercial, ambos del Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal Sabana, se le informó a la actora A.M., en su condición de representante legal de las empresas Marketing Consultants International S.A., Blue Water Marketing S.A. y Nueva Era Un Oro S.A. que, a partir del 3 de octubre del año en curso, se cerrarían las cuentas de las sociedades indicadas pues “(…) De acuerdo a revisiones y seguimientos por parte de nuestra institución se ha determinado que su actividad comercial está relacionada a actividades no aceptadas por el Banco” (copias de los oficios e informe en elSistema Costarricense de Gestión de los Despachos Judiciales) 2) Por oficio No. LS-431-2011 de 26 de setiembre de 2011 del Gerente del Banco Nacional de Costa Rica, Oficentro la Sabana, el Gerente y Director Comercial, ambos del Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal Sabana, se le informó al recurrente O.T., en su condición de representante legal de la empresa Data Collection Trades S.A. que, a partir del 3 de octubre de 2011, se cerrarían las cuentas de las sociedad indicada, dado que “De acuerdo a revisiones y seguimientos por parte de nuestra institución se ha determinado que su actividad comercial está relacionada a actividades no aceptadas por el Banco” (ibidem). 3) El 28 de setiembre de 2011, los recurrentes plantearon ante la autoridad accionada, un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de los cierrres dispuestos por oficios Nos. LS-428-2011, LS-429-2011, LS-430-2011 y LS-430-2011 (copia de los documentos en el SCGDJ). 4) De acuerdo con las Políticas Corporativas para la Prevención de Transacciones Financieras Sospechosas (P001-CGGR02), la actividad económica de Casas de Apuesta por Internet (Sportbooks, Casinos Virtuales, entre otros), es una actividad no aceptable por el Conglomerado Banco Nacional (informe en el Sistema Costarricense de Gestión de Despachos Judiciales).

   III.-

   ANTECEDENTE RELACIONADO CON EL CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS. Esta Sala Constitucional en la sentencia No. 2004-009313 de las 09:25 horas del 27 de agosto de 2004, sostuvo en un asunto similar al planteado, lo siguiente:

   “IV.-

   Contrato de cuenta corriente como servicio económico de interés general. El artículo 612 del Código de Comercio define el contrato de cuenta corriente bancario como aquel mediante el cual un banco recibe de una persona, dinero u otros valores acreditables de inmediato, en calidad de depósito, o le otorga un crédito para girar contra él. Establece la ley que los giros contra cuenta corriente deberán ser efectuados mediante cheque u otros tipos de notas autorizadas al efecto. La vida contemporánea ha hecho que el uso de las cuentas corrientes pase de ser una opción más de manejo de fondos a una verdadera necesidad por parte de personas físicas y privadas, que deben depositar sus ingresos en cuentas que les permitan efectuar los giros necesarios para cubrir sus diferentes gastos en forma segura y confiable. En la actualidad, carecer de una cuenta corriente puede implicar la imposibilidad de ejercer determinadas actividades laborales y comerciales. Estas condiciones llevaron en el pasado a definir los servicios bancarios en general –y los contratos de cuenta corriente en particular- como servicios públicos virtuales o impropios. Esta es la definición histórica del contrato de cuenta corriente en Costa Rica. Así lo declaró el artículo 1° del Decreto–Ley de Nacionalización Bancaria, que lo consideró incluso una función pública otorgada al Estado –a través de sus instituciones bancarias- para que la ejerciera en forma exclusiva. Posteriormente, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, número 1644 de veinticinco de setiembre de mil novecientos cincuenta y tres (artículos 59 y 60) elimina el carácter regalístico de los servicios de cuenta corriente, permitiendo incluso que lo ofrezcan bancos comerciales privados, sin que para ello deban recibir una concesión, sino una autorización de funcionamiento una vez cumplidos determinados requisitos que aseguren la solvencia y confiabilidad suficiente para captar dineros del público. Ya el Código de Comercio lo había regulado dentro de los contratos mercantiles, por lo que aún si fuera prestado por la Administración a través de una de sus entidades bancarias, debería ser considerado un servicio empresarial. Es así como en la actualidad servicios de esta naturaleza son definidos como servicios comerciales de interés general, que pueden ser ejercidos tanto por instituciones públicas como por personas privadas, siempre que reciban la autorización correspondiente y se sometan a un intenso régimen de sujeción especial basada en la regulación de sus actividades por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Como corolario de lo dicho en este acápite, puede concluirse que la actividad bancaria de prestación de servicios de cuenta corriente, aun no siendo propiamente un servicio público, sí se trata de una actividad sometida a una amplia regulación, dada la importancia del sector bancario en la vida nacional, así como la relevancia de los servicios de cuenta corriente, cuya necesidad se ha ido incrementando y extendiendo entre diversos grupos de la sociedad para la satisfacción de los más diversos intereses.

   V.-

   Interpretación del artículo 616 del Código de Comercio. Como parte de la regulación propia de los contratos de cuenta corriente, el Código de comercio, en su artículo 616, dispone lo siguiente:

   “Artículo 616.-

   La cuenta corriente bancaria podrá ser cerrada a voluntad de cualquiera de las partes mediante aviso con tres días de anticipación. El cierre de una cuenta corriente termina con el contrato. Es obligación del Banco cancelar la cuenta corriente a aquellas personas que a su juicio, hicieren mal uso de la misma.”

   Así, tratándose de un servicio comercial de interés general, de gran impacto en la vida económica del país y relevancia para sus usuarios, dicho servicio solamente podrá ser negado a una persona en caso que no cumpla con las obligaciones propias del contrato (haga mal uso de su cuenta, no mantenga un determinado volumen de operaciones, etc.) o bien que la cuenta esté sirviendo para realizar o coadyuvar en una actividad ilícita. Al decir el artículo 616 que el banco puede ordenar unilateralmente el cierre de una cuenta, no le permite con ello privar arbitrariamente a un usuario de dicho servicio. Por estar ante la imposición de una restricción, el aviso de la institución bancaria deberá ser suficientemente motivada, y además basada en razones que válidamente puedan justificar su cierre, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y los términos del contrato. De lo contrario, se podría permitir a las instituciones bancarias públicas o privadas, negarse a ofrecer los servicios de cuenta corriente a un usuario sin que medien motivos objetivos y legítimos para ello, privándolo de un servicio cada vez más esencial para el desarrollo de las personas físicas y jurídicas en los ámbitos laboral y mercantil. Asimismo, para ser acorde con el Derecho de la Constitución, el acto motivado y legítimo de cierre debe ser impugnable por parte del afectado, de manera que pueda combatir la ilegitimidad de las razones de la decisión, así como eventualmente demostrar que su situación no está entre las que habilitan a una institución financiera para cerrar unilateralmente una cuenta corriente.

   VI.-

   Validez de las actuaciones impugnadas. En el presente caso, es claro que los avisos de cierre objeto de este recurso no son arbitrarios, sino que se fundamentan precisamente en lo que al efecto disponen los artículos 16, 26 y 27 de la Ley número 8204 de veintiséis de diciembre de dos mil uno, así como en las circulares externas de la Superintendencia General de Entidades Financieras números 15-2001, 23-2001 y 27-2001, que determinan el deber de las entidades financieras de llevar registros minuciosos de sus clientes, con la finalidad de evitar que los servicios bancarios sean empleados para la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas. Aún cuando no consta de la documentación aportada ningún indicio de que las cuentas del amparado puedan estar siendo empleadas en actividades ilegales, lo cierto es que el Banco de San José avisó de su cierre por la omisión del petente de suministrar información esencial para dar cumplimiento a la Ley 8204 y a las disposiciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras. No deja esta Sala de notar que los avisos de cierre no cumplieron con el deber de fundamentación requerido para adoptar decisiones que, como la impugnada, resultan lesivos a los intereses de los cuentahabientes. Las notas son escuetas, pues de su lectura no se permite determinar por qué razones el banco estaba tomando tal decisión. Lo anterior sería suficiente para declarar con lugar el presente recurso de amparo. Sin embargo, el banco recurrido adoptó varias medidas tendientes a explicar al amparado acerca de los motivos de su decisión, y permitirle ponerse a derecho, antes de la notificación del auto que da curso a la presente acción de amparo, de modo que el conflicto objeto de este proceso ya ha sido solucionado: se ha reconocido al amparado su derecho de defensa en relación con el eventual cierre de sus cuentas, pues a pesar del lenguaje empleado en los avisos de cierre, sus cuentas no habían sido canceladas unilateralmente a la fecha de contestación del presente recurso. Como las notas en cuestión fueron verdaderas prevenciones para que el amparado ejerciera su derecho de defensa y no decisiones definitivas, estima la Sala que en contra del señor M.V. no han sido lesionados los derechos fundamentales por él invocados. En razón de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, lo que procede es declarar sin lugar el presente recurso de amparo en todos sus extremos, como en efecto se hace.-“

   IV.-

   CASO CONCRETO. De previo, resulta necesario aclarar que este Tribunal Constitucional ha respaldado el cierre de cuentas bancarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 del Código de Comercio y lo establecido en los contratos suscritos entre las partes, siendo que el mérito de la decisión es un tema de legalidad no discutible en esta Sede. Ahora bien, esta S. ha sostenido que el cierre de cuentas debe contar con el aviso de la institución bancaria, debidamente motivado. La necesidad de la fundamentación de este tipo de actos, no solo implica el derecho del usuario de conocer las razones por las cuales se decreta el cierre de su cuenta bancaria sino que conlleva la posibilidad que esos actos sean impugnables por parte del afectado, de manera que al conocer los motivos pueda combatir la ilegitimidad de las razones de la decisión, así como eventualmente demostrar que su situación no está entre las que habilitan a una institución financiera para cerrar unilateralmente una cuenta corriente (véase, entre otras, sentencia No. 2010-07617 de las 15:04 horas del 27 de abril del 2010). En el sub lite, se tiene por acreditado que por oficios Nos. LS-428-2011, LS-429-2011 y LS-430-2011, todos de 26 de setiembre de 2011, suscritos por el Gerente del Banco Nacional de Costa Rica, Oficentro la Sabana, el Gerente y Director Comercial, ambos del Banco Nacional de Costa Rica, Sucursal Sabana, se le informó a la recurrente A.M., en su condición de representante legal de las empresas amparadas Marketing Consultants International S.A., Blue Water Marketing S.A. y Nueva Era Un Oro S.A. que, a partir del 3 de octubre del año en curso, se cerrarían las cuentas de las sociedades indicadas, comunicándole las razones que sustentaban esa decisión, sea, que las empresas de la que es representante, presuntamente, se dedican a actividades relacionadas con apuestas por Internet, actividad no aceptable por el Conglomerado Banco Nacional. Asimismo, se acredita que el 28 de setiembre anterior, la recurrente presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio en contra de ese cierre. Bajo este orden de ideas, considera este Tribunal que la autoridad recurrida motivó, en forma suficiente, la restricción de las cuentas de las sociedades tuteladas, de modo que su representante pudo oponerse al cierre, por lo que se descarta una lesión del derecho de defensa y; consecuentemente, su derecho al debido proceso constitucional. Así las cosas, se declara sin lugar el recurso.

   V.-

   EN RELACIÓN CON LA EMPRESA DATA COLLECTION TRADES S.A. En cuanto al cierre de las cuentas bancarias que mantenía la amparada Data Collection Trades S.A. con la entidad bancaria recurrida, este Tribunal Constitucional, en el Voto No. 2011-014704 de las 9:49 horas de 28 de octubre de 2011, desestimó el recurso de amparo interpuesto con base en ese mismo extremo al considerar que no se produjo una afectación del derecho de defensa y debido proceso. De ahí que, deberá estarse el recurrente O.T. a lo resuelto en aquella oportunidad.

   PORTANTO:

   Estése el recurrente J.O.T. a lo resuelto en el Voto No. 2011-014704 de las 9:49 horas de 28 de octubre de 2011 en relación con el cierre de las cuentas bancarias de la empresa Data Collection Trades S.A. En lo demás, se declara sin lugar el recurso.

   AnaVirginia Calzada M.

   Presidenta

   ErnestoJinesta L.

   FernandoCruz C.

   FernandoCastillo V.

   PaulRueda L.

   RoxanaSalazar C.

   J.H.G.

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