Sentencia nº 00496 de Sala 2ª de la Corte Suprema de Justicia, de 6 de Junio de 2012

El actor y la demandada contrajeron matrimonio el 23 de mayo de 2003. En la demanda, el actor solicitó que en sentencia se declare la separación judicial ante la separación de hecho que se ha dado entre ambos desde el año 2006. También solicitó se tengan como bienes gananciales el inmueble del partido de [...] matrícula número [...] así como el vehículo placa [...], por presumir que la demandada intenta darle un mal uso a dichos bienes con el fin de burlar sus intereses (folios 8 al 11). Mediante escrito ulterior –visible a folio 27- amplió la demanda para que como parte de los bienes gananciales se incluyan “los derechos sobre la opción recíproca de compraventa de un lote” parte de la finca número [...], convenio suscrito el 19 de abril de 2005. La demandada no negó la separación de hecho pero sí se opuso a la declaratoria de ganancialidad que solicita el actor por cuanto argumentó que él nunca aportó absolutamente ningún ingreso económico para su adquisición, sino que fue únicamente ella con su trabajo y esfuerzo quien los adquirió. La finca de [...] matrícula número [...] la compró antes de contraer matrimonio con el actor. Respecto del vehículo, para su compra y como pago de la prima entregó otro que era de su propiedad, placa […]. Para el resto del pago del precio suscribió un préstamo cuya cancelación inició el 18 de febrero de 2006, fecha para la cual tenían problemas conyugales. La separación se dio en ese año por lo que el actor no hizo ningún aporte en la compra de ese automotor. Opuso a la demanda, las excepciones de falta de legitimación y la de falta de derecho. Expresamente solicitó la desestimación de la demanda; y que se acogiera la reconvención interpuesta declarándose disuelto el vínculo matrimonial por la causal de sevicia y la de separación de hecho; se le otorgara la guarda, crianza y educación del hijo menor de edad; se excluyera del acervo ganancial los bienes indicados en la demanda; y, de comprobarse que la sociedad del actor fue constituida dentro del matrimonio se le declare partícipe de dichas acciones en un cincuenta por ciento de las mismas, así como de las cuentas bancarias que posea a título personal o cualquier otro de índole dinerario; y que le devuelva la yegua que es la mascota de su hija E. (folios 412 al 421). De la contestación el actor se refirió mediante escrito visible a folio 439. Mediante resolución visible a folio 442, el juzgado declinó tener por interpuesta la reconvención mencionada por cuanto la demandada no cumplió con las formalidades establecidas por el artículo 308 del Código Procesal Civil. Luego de dos sentencias anuladas por el Tribunal de Familia, el Juzgado de Familia y Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, S.C., dictó sentencia en la cual decretó la separación judicial de las partes por la causal de separación de hecho durante un año consecutivo; sin cónyuge culpable. Ordenó que el actor queda obligado a seguir cubriendo alimentos en favor de su hijo M.; en tanto que la madre continuará ostentando la guarda, crianza y educación de ese menor. También dispuso que la demandada queda obligada a continuar pagando pensión alimentaria en favor del actor; según lo dispuesto en proceso aparte. Cada cónyuge adquiere el derecho a participar en la mitad del valor neto de los bienes constantes en el patrimonio del otro, cuya determinación y valoración se hará en ejecución de sentencia. Declaró como tal el vehículo placa [...], de cuyo valor deberán deducirse las cuotas pagadas por la demandada después de la separación de las partes, es decir, mayo de 2006. Dejó pendiente para la ejecución de sentencia, a instancia de la demandada, la demostración del valor por el cual a la demandada le recibieron en la Agencia Suzuki el vehículo marca S.I., por concepto de prima. Expresamente excluyó como bien ganancial el lote inscrito con el folio real número [...] del partido de Alajuela; y dejó para la ejecución de sentencia, a instancia del accionante, la demostración de la existencia de edificaciones en ese inmueble y su eventual ganancialidad. También libró a esa fase el concretar cuáles son los derechos de “opción recíproca de la compra venta de un lote” parte de la finca de Alajuela número [...] y si los mismos revisten vocación de gananciales. Expresamente eximió a la demandada del pago de las costas personales y procesales. Lo así resuelto fue confirmado por el Tribunal de Familia, al conocer del recurso de apelación interpuesto por el actor en escrito visible a folio 728.-

III.-

RECURSO DE CASACIÓN POR RAZONES PROCESALES:El artículo 8 del Código de Familia, reformado por la Ley número 7689, del 21 de agosto de 1997, establece: “Corresponde a los tribunales con jurisdicción en los asuntos familiares, conocer de toda la materia regulada por este Código, de conformidad con los procedimientos señalados en la legislación procesal civil. Sin embargo, los jueces en materia de familia interpretarán las probanzas sin sujeción a las reglas positivas de la prueba común, atendiendo todas las circunstancias y los elementos de convicción que los autos suministren; pero, en todo caso, deberán hacerse constar las razones de la valoración. El recurso admisible para ante la Sala de Casación se regirá, en todo lo aplicable, por las disposiciones del Capítulo V, Título VII del Código de Trabajo”. La Sala ha interpretado esa norma en el sentido de que la tramitación del recurso admisible en esta materia se rige por lo que a su respecto señala la legislación laboral y que los supuestos procesales para los que está previsto el recurso ante esta Sala siguen siendo los contemplados en el Código Procesal Civil, pues, a su respecto, no se introdujo modificación alguna. De ahí que, a diferencia de la materia laboral, en esta otra sí es posible interponer un recurso por razones procesales, siempre que los motivos alegados estén contenidos en el numeral 594 del Código Procesal mencionado (ver, en igual sentido, el voto número 248, de 9:30 horas, de 25 de agosto de 1999). Esa norma textualmente expresa: “Casación por razones procesales. Procederá el recurso por razones procesales:1) Por falta de emplazamiento o notificación defectuosa de éste, no sólo a las partes sino a los intervinientes principales. 2) Por denegación de pruebas admisibles o falta de citación para alguna diligencia probatoria durante la tramitación, cuyas faltas hayan podido producir indefensión. 3) Si el fallo fuere incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, u omitiere hacer declaraciones sobre alguna de tales pretensiones, hechas a su tiempo en el pleito, o si otorgare más de lo pedido, o contuviere disposiciones contradictorias. No obstante, no será motivo de nulidad la omisión de pronunciamiento en cuanto a costas; o sobre incidentes que no influyan de modo directo en la resolución de fondo del negocio; o cuando no se hubiere pedido adición del fallo para llenar la omisión; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158. 4) Si el proceso no fuere de competencia de los tribunales civiles, ya sea por razón del territorio nacional o por razón de la materia. 5) Si la sentencia se hubiere dictado por menor número de los jueces superiores que el señalado por la ley. 6) Cuando la sentencia haga más gravosa la situación del único apelante. 7) Cuando se omiten o no se den completos los plazos para formular alegatos de conclusiones o de expresión de agravios, salvo renuncia de la parte”. Como esa es la norma que enuncia los motivos por los cuales resulta procedente el recurso de casación por vicios formales, el tribunal nunca pudo incurrir en su violación como se alega en el recurso. En cuanto a la denegatoria de prueba documental que acusa en ese aparte del recurso, el recurrente no indica de manera concreta cuáles fueron los documentos supuestamente preteridos. Esa omisión torna inadmisible el agravio puesto que a la S. le está vedada una actividad oficiosa de examinar la legalidad de todo lo actuado. Los agravios del recurso son los que definen la competencia revisora de este y de cualquier órgano judicial de instancia superior. El otro agravio, relacionado con un reclamo de escasa fundamentación que él cataloga como incongruencia, tampoco es de recibo. Los ordinales 99, 153, 155 y 594.3, todos del Código Procesal Civil, contemplan el principio de congruencia al cual deben ajustarse las sentencias. La incongruencia del fallo, tomada en consideración como motivo para acceder al recurso de casación por la forma, es la relacionada directamente con la obligación de los tribunales de resolver todas las pretensiones y defensas planteadas por las partes al trabarse la litis, ya sea porque el fallo no resuelve lo que se pide, resuelve cosa distinta, o bien, otorga algo más allá de lo solicitado. En esta línea de pensamiento, en el voto de este Despacho n° 19-05 se explicó: “Ese vicio -la incongruencia- sólo se presenta: a) cuando hay desacuerdo entre lo resuelto y las pretensiones oportunamente deducidas; b) cuando el fallo omite declarar o concede más de la pedido y; c) cuando se varía la causa de pedir o se pronuncia fallo omitiendo a alguna parte o incluye como tal a quien no lo es. En ese orden de ideas, el principio de congruencia exige, que las sentencias se ajusten a los términos de la litis, de forma tal que sean acordes y conformes con las cuestiones planteadas por las partes y, por ende, que resuelvan cada una de las cuestiones propuestas por ellas. De ahí que, no pueda omitirse pronunciamiento alguno sobre cada una de ellas o sobre varios de los extremos debatidos durante la sustanciación del proceso (incongruencia infra petita), tampoco puede conceder más de lo solicitado en el petitum (incongruencia ultra petita) y/o otorgar uno o más derechos no reclamados, teniendo en consideración, aspectos fácticos que no estuvieron comprendidos en la causa de pedir (incongruencia extra petita)”. No se enmarca dentro de este supuesto –de la incongruencia- el tema relacionado con supuestas incorrecciones en la fundamentación que sustenta el fallo. El vicio de incongruencia relevante para el derecho procesal es el que se comete en la parte dispositiva de la sentencia, en tanto impide su ejecución. Como no estamos en presencia del supuesto de incongruencia, el recurso por las razones formales acusadas, debe desestimarse (así se resolvió en nuestras resoluciones n° 165-02 y 511-07). En todo caso, es oportuno mencionar que la falta de pronunciamiento –por parte del tribunal- sobre la prueba documental aportada el día 20 de noviembre de 2009 no es de recibo. Mediante resolución dictada por el Tribunal de Familia a las 11:20 horas de 29 de junio de 2010 (ver folio 616), el ad quem dispuso admitir la prueba documental que el recurrente había presentado ante el órgano judicial de primera instancia el día veinte de noviembre de dos mil nueve, la cual consta en folios 519 a 576. Además, el tribunal no tenía obligación de resolver expresamente sobre la falta de pronunciamiento –por parte del juzgado- de la solicitud de reconocimiento de documentos, realizada por el actor al presentar esa prueba. Dichos documentos fueron ordenados por el juzgado como prueba para mejor proveer, de tal manera que ese despacho no tenía ninguna obligación de resolver expresamente sobre un reconocimiento que igualmente tendría esa condición. Reiteradamente se ha dicho que la prueba para mejor proveer es facultativa para quien juzga; y que no existe ninguna obligación legal de resolver expresamente sobre su admisión o rechazo. Además, es claro que esos documentos no se presentaron, como lo acepta el propio recurrente, hasta el día 20 de noviembre de 2009 (ver razones de recibido a folios 517 y 578, ambos vueltos) cuando ya había transcurrido el plazo de tres días que se le había concedido a la parte, para tal fin.

IV.-

RECURSO DE CASACIÓN POR RAZONES DE FONDO: Los dos agravios que el recurrente cita bajo el título “Casación por razones de fondo” tampoco son de recibo porque se omite indicar las razones de fondo por las cuales se estima que el tribunal violó el artículo 41 del Código de Familia; y cuáles fueron los errores en la apreciación de la prueba, en que supuestamente incurrió el tribunal. Tal omisión torna inatendible el agravio porque impide a la Sala analizar en qué sentido se dio, según el criterio del recurrente, tales violaciones. Debe considerar el recurrente que se está frente a un pronunciamiento jurisdiccional que, de no ser impugnado adquiere firmeza y eficacia de cosa juzgada. Por eso, la impugnación de una resolución de esa naturaleza exige a la parte disconforme, indicar expresamente los yerros que motivan su oposición. Con respeto al pronunciamiento vertido, el tribunal ad quem tendrá limitada la competencia al análisis de los agravios planteados por quien recurre. Además, en aplicación del numeral 557 del Código de Trabajo, el cual rige en esta materia según lo dicho, aunque el recurso no está sujeto a formalidades técnicas especiales necesariamente debe contener una exposición de las razones claras y precisas que ameritan su procedencia. El incumplimiento de esa obligación, en los agravios mencionados bajo el acápite de “CASACIÓN POR RAZONES DE FONDO” torna inatendibles dichos agravios.

V.-

GANANCIALIDAD DE LA FINCA NÚMERO [...]: El actor impugna la decisión del tribunal de excluir este inmueble del acervo ganancial porque estima que no se valoró la prueba documental aportada por él, con la cual se demuestra que ellos convivieron en unión de hecho desde febrero de 1999 hasta mayo de 2003; y que la demandada no adquirió la finca número […] de su anterior matrimonio sino durante la unión de hecho sostenida con él, el 13 de abril de 2005. Además, considera que la suma de tres millones de colones, entregada como parte del precio, se debe considerar ganancial porque salió del peculio común. Tales agravios no son de recibo. Como claramente quedó consignado en los hechos tenidos por demostrados, la demandada adquirió el inmueble del partido de Alajuela, matrícula número [...], por compra que realizó a la sociedad G. y D.S.A., el día 12 de marzo de 2003, es decir, dos meses antes de unirse en matrimonio con el actor, por consiguiente no fue un bien adquirido durante su vigencia. El argumento de la convivencia de hecho que pudieron haber mantenido las partes previo al matrimonio no es de recibo para revocar esa decisión porque en la demanda no existe pretensión en ese sentido, es decir, no se formuló ninguna pretensión de reconocimiento o declaratoria de esa supuesta convivencia para ligarle los efectos económicos de la ganancialidad. En efecto, en la relación de hechos contenida en la demanda el actor señaló “… Encontrándonos casados, el suscrito en conjunto con la señora A.G., y con el esfuerzo mutuo, adquirimos varios bienes muebles e inmuebles, mismos que por su naturaleza y adquisición son considerados como bienes gananciales…”. En modo alguno gestionó el reconocimiento de derecho a gananciales derivados de una supuesta unión de hecho previa al matrimonio, de tal manera que no es posible hacer alguna declaratoria con amparo en esa otra condición. Esa sola circunstancia resulta suficiente para concluir que el Tribunal de Familia no incurrió en violación del artículo 41 del Código de Familia al excluir dicho inmueble del acervo ganancial. Bajo ese panorama la carga de la prueba de demostrar que los tres millones de colones fueron cancelados durante la vigencia del matrimonio; o, que el inmueble dado en dación de pago del precio era ganancial, correspondía al actor; mas lo cierto es que de la prueba testimonial se acredita que ese dinero fue cancelado el día del traspaso, es decir, antes del matrimonio; y no existe certeza de que la propiedad entregada al vendedor, como parte del precio, fuera bien ganancial. Como se dijo anteriormente, en la especie no hubo solicitud ni debate alguno en relación con el reconocimiento de la convivencia que pudo existir entre las partes, previo a su matrimonio. De esta manera, el actor estaba en la obligación de acreditar que el inmueble matrícula número […] del partido de P., había sido adquirido durante el matrimonio; lo que no hizo.

VI.-

GANANCIALIDAD DE LOS DERECHOS SOBRE LA OPCIÓN DE COMPRAVENTA DE UN LOTE PARTE DE LA FINCA NÚMERO [...] DE ALAJUELA: En escrito de ampliación de la demanda, el actor indicó “Procedo a ampliar el HECHO SEGUNDO de mi demanda, para que aparte de los bienes indicados se incluya el siguiente: Los derechos sobre la opción recíproca de compraventa de un lote, suscrita en fecha 19 de abril de 2005, parte de la finca del partido de [...], folio real, matrícula número […], que es finca… En dicho inmueble la demandada tiene su operación comercial, y en la misma construyó su casa de habitación de lo cual aportaré fotografías a los autos” (folio 27). En relación con este extremo, la sentencia de primera instancia, confirmada por la del tribunal, resolvió dejar para la etapa de ejecución de sentencia concretar cuáles son los derechos de “opción recíproca de la compra venta de un lote” parte de la finca de [...] número [...] y si los mismos revisten vocación de gananciales. Tal y como advierte el recurrente, la técnica empleada para resolver esa concreta pretensión no resulta adecuada pues es en el proceso principal donde, quienes juzgan, deben fijar cuál es el derecho que asiste a las partes y sobre cuáles bienes, con el fin de que en aquella otra etapa solamente se entre a su liquidación. Sin embargo, no encuentra la Sala que la forma como se resolvió ese extremo sea un motivo que vicie de nulidad la decisión pues esta devino de que el juzgado estimó que la parte actora no concretó cuáles eran los derechos reclamados en relación con la opción de compra venta. Esa falta de concreción forma parte de las razones por las que es imposible acoger un allanamiento en cuanto a ese extremo. Con ese pronunciamiento el juzgado le posibilitó al actor que la determinación de los derechos respecto de los cuales reclama gananciales, en relación con la opción de compra-venta, la realice en la etapa de ejecución de sentencia en donde no solo deberá concretar cuáles son esos derechos sino, deberá determinarse si los mismos revisten vocación ganancial. La parte accionada se conformó con esa decisión. El tribunal no le negó derecho a gananciales sobre la opción de compraventa. Lo que resolvió fue confirmar lo decidido por el a quo pues entrar a definir esos derechos en segunda instancia, habría podido perjudicar al único recurrente. Por otra parte, la solicitud que formula en el recurso, para que se declare su derecho al cincuenta por ciento de las sumas abonadas al precio definitivo del citado inmueble no es de recibo pues en la demanda no existe ninguna concreta pretensión en relación con esos pagos. También debe señalarse que a nada conduce la supuesta preterición de prueba documental donde consta que la demandada adquirió el inmueble objeto de esa opción, o que ella construyó una casa en esa finca, en donde vive por temporadas, pues en la especie no se discutió ningún derecho concreto en relación con la compra de esa propiedad; máxime si como el mismo recurrente señala, la existencia de esa casa se da a febrero de 2011 y la convivencia concluyó desde el año 2006. En todo caso, la definición de “los derechos sobre la opción recíproca de compraventa de un lote, suscrita en fecha 19 de abril de 2005” que le puedan corresponder como gananciales, será en la etapa de ejecución donde se realizará, conforme ha sido ordenado.

VII.-

SOBRE EL REGIMEN DE GUARDA, CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LA PERSONA MENOR DE EDAD: El recurrente sostiene que el tema relacionado con la guarda, crianza y educación de su hijo M. nunca fue discutido en esta instancia por lo que solicita se declare la nulidad de la sentencia en cuanto a esa decisión. Lo resuelto en esta materia puede ser modificado mediante resolución judicial ulterior. Es decir, lo decidido en cuanto a ese concreto tema no produce “cosa juzgada”, condición indispensable de las resoluciones contra las cuales está previsto este recurso (artículo 56 del Código de Familia y 591 del Código Procesal Civil). Por ende, los agravios en torno a esa particular y concreta declaratoria del tribunal, no pueden ser atendidos.

VIII.-

CONCLUSIÓN: Por lo considerado, al no ser de recibo los agravios planteados contra el fallo del tribunal, el recurso interpuesto debe ser declarado sin lugar, con sus costas a cargo de quien lo interpuso (artículo 611 del Código Procesal Civil).

POR TANTO:

Se declara sin lugar elrecurso, con sus costas a cargo de quien lo interpuso.

Orlando Aguirre Gómez

Zarela María Villanueva Monge Julia Varela Araya

Eva María Camacho Vargas Flora Marcela Allón Zúñiga

Yaz.-

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