40% de instituciones pone trabas a la transparencia

 
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La Contraloría General de la República cuestiona la transparencia del 40% de las instituciones públicas, por omitir la publicación de las actas de sus sesiones y de los informes de auditoría.De acuerdo con la Memoria Anual 2018 del ente contralor, hay 21 entidades que no divulgan las minutas de las reuniones de Junta Directiva, los acuerdos de sus jerarcas, ni el resultado de investigaciones internas.Para la contralora general, Marta Acosta, dicho comportamiento "es grave" y representa la falta de compromiso del sector público con la rendición de cuentas a la ciudadanía."Son instituciones que no están abiertas a prevenir la corrupción y que no están abiertas a generar incentivos para ser más eficientes", agregó Acosta.Entre ellas figuran el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) y el Banco de Costa Rica (BCR).También aparecen la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).También deben informaciónAdemás de las 21 entidades antes señaladas, hay otras 65 instituciones que no divulgan las auditorías internas o las actas de los jerarcas, según señala el informe de la Contraloría.Por ejemplo, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) no publica las actas de las sesiones de su Junta Directiva o los acuerdos de su jerarca.Lo mismo ocurre en los ministerios de Hacienda; Presidencia; Agricultura y Ganadería; Cultura y Juventud; Educación y Salud, así como en el Poder Judicial.Al contrario, otras dependencias del Estado no publican los resultados de sus auditorías internas.Entre ellas figuran la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Instituto Nacional de Seguros (INS) e Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).A pesar de la relevancia de esas informaciones, de acuerdo con la Secretaría Técnica de la Contraloría General de la República, no existe una legislación que obligue a las entidades a publicar los informes y las actas.Las auditorías son estudios que permiten detectar, entre otros, debilidades en la planificación institucional, errores en procesos, riesgos de inversión con fondos públicos y hasta posibles actos de corrupción.El órgano contralor apela a las buenas prácticas de las entidades para combatir la corrupción y mejorar la transparencia en el sector público."Como buena práctica se considera...

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