Sentencia nº 00010 de Sala 1ª de la Corte Suprema de Justicia, de 29 de Enero de 1997

PonenteHugo Picado Odio
Fecha de Resolución29 de Enero de 1997
EmisorSala Primera de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia97-200010-0004-CI
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoProceso abreviado

Resolución 010-F-97.CIV SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las dieciséis horas del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y siete.

Proceso abreviado establecido en el Juzgado Primero Civil de San José por "Inversiones Pomecoga, S.A." contra Poliuretanos S.A.", representadas, en su orden, por sus apoderados generales judiciales, L.. O.B.C. y F.F.A.. Figura el Lic. S.V.G. como apoderado especial judicial de la actora. Todos son mayores, casados, abogados y vecinos de esta ciudad.

RESULTANDO:

  1. - Con base en los hechos que expuso y disposiciones legales que citó, la actora estableció demanda ordinaria, cuya cuantía se fijó en la suma de cuarenta cinco millones ciento cuarenta y nueve mil setecientos sesenta colones, a fin de que en sentencia se declare: "1o.- Que por no haber pagado el total del canon mensual de arrendamiento pactado, la demandada ha incurrido en causal de desahucio contemplada en el artículo 448, párrafo segundo, inciso 2), del Código Procesal Civil. 2o.- Que por la razón indicada supra, debe desalojar las bodegas arrendadas dentro del término de ley. 3o.- Que la demandada está obligada a pagar a la actora en dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de América, los ocho mil dólares de la renta mensual que debió cancelar por el arrendamiento de las dos bodegas en los términos convenidos con mi representada, en forma retroactiva a los tres años anteriores a la fecha de la presente demanda. 4o.- Que si a la demandada le resultara imposible cancelar el canon de arrendamiento en la moneda dicha puede hacerlo en la nacional, calculada al tipo de cambio computado según el valor comercial y efectivo vigente en la época de los respectivos pagos. 5o.- Que del monto a pagar se deducirá lo depositado por la demandada durante los tres años reclamados. 6o.- Que la demandada está obligada a pagar a la actora los daños y perjuicios causados con su abusiva e irregular actuación, consistentes en los intereses legales sobre las sumas que resulten a su cargo de conformidad con las peticiones anteriores, calculados desde la fecha de cada uno de los respectivos pagos hasta su efectiva y total cancelación, liquidables también en ejecución de fallo, a la tasa de interés que pague el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito en dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de América, a seis meses plazo. 7o.- Que la demandada está obligada a pagar ambas costas de la presente acción ...".

  2. - La actora demandó subsidiariamente para que se declare: "1o.- Que la demandada está obligada a pagar a la actora en dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de América, los ocho mil dólares de la renta mensual que debió cancelar por el arrendamiento de las dos bodegas en los términos convenidos con mi representada, en forma retroactiva a los tres años anteriores a la fecha de interposición de la presente demanda. 2o.- Que si a la demandada le resultara imposible cancelar el canon de arrendamiento en la moneda dicha puede hacerlo en la nacional, calculada al tipo de cambio computado según el valor comercial y efectivo vigente en la época de los respectivos pagos. 3o.- Que del monto a pagar se deducirá lo depositado por la demandada durante los tres años reclamados. 4o.- Que la demandada está obligada a pagar a la actora los daños y perjuicios causados con su abusiva e irregular actuación, consistentes en los intereses legales sobre las sumas que resulten a su cargo de conformidad con las peticiones anteriores, calculados desde la fecha de cada uno de los respectivos pagos hasta su efectiva y total cancelación, liquidables también en ejecución de fallo, a la tasa de interés que pague el Banco Nacional de Costa Rica por los certificados de depósito en dólares, moneda corriente de los Estados Unidos de América, a seis meses plazo. 5o.- Que la demandada está obligada a pagar ambas costas de la presente acción, cuyo afianzamiento desde ya dejo solicitado.".

  3. - La demandada contestó negativamente la acción y opuso las excepciones de pago, falta de derecho, prescripción y la genérica de sine actione agit.

  4. - La J.A.E.R.A., en sentencia dictada a las 9:00 horas del 5 de diciembre de 1995, resolvió: "Se acoge el incidente de documento extemporáneo opuesto por la parte actora. Se acogen las excepciones de Falta de Derecho, Falta de Interés Actual y Falta de Legitimación Ad Causam Activa y Pasiva contempladas en la Sine Actione Agit, se acogen también la de Pago y la Prescripción. Se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la presente demanda abreviada establecida por INVERSIONES POMECOGA S. A. contra POLIURETANOS S. A. Se condena al pago de las costas personales y procesales a la parte actora.".

  5. - El Lic. B.C., en su expresado carácter, apeló, y el Tribunal Superior Segundo Civil, Sección Primera, integrada por los Jueces L.R.B., H.M.C. y S.B.Q., a las 9:00 horas del 23 de mayo de 1996, resolvió: "Se revoca el fallo apelado en cuanto acoge la excepción de prescripción respecto de todos los reclamos por concepto de diferencia de renta, para declarar con lugar esta excepción solamente en lo que se refiere a los reclamos anteriores al veintisiete de julio de mil novecientos noventa y uno.- En todo lo demás se confirma la sentencia recurrida.".

  6. - El Lic. B.C., en su citada calidad, formuló recurso de casación por el fondo por estimar violados los artículos 330, 379 y 381 del Código Procesal Civil; 10, 21, 632, 693, 764, 1008, 1022 del Código Civil, y 13 de la Ley de Inquilinato N 6 de 21 de setiembre de 1939.

  7. - La vista en este asunto se celebró a las 14 horas del 28 de agosto de 1996, oportunidad en que hicieron uso de la palabra los Lics. B.C. y F.A., apoderados de la actora y demandada, respectivamente.

  8. - En los procedimientos se han observado las prescripciones legales. Interviene en la decisión de este asunto el Magistrado Suplente H.G.Q., en sustitución del Magistrado Zamora, por vacaciones.

Redacta el Magistrado Picado Odio; y,

CONSIDERANDO:

  1. Pretende la parte actora, en proceso abreviado, se decrete el desahucio contra la entidad demandada. Esta última, Poliuretanos, S.A., figura como arrendataria de dos bodegas, propiedad de la primera, Inversiones Pomecoga, S.A. En sustento de su acción, achaca la actora a la contraparte no haber pagado en forma cabal el precio del alquiler pactado. Pide asimismo, se declare en sentencia la obligación de Poliuretanos, S.A., consistente en el pago de ocho mil dólares mensuales por el arrendamiento referido, a cancelar retroactivamente, partiendo de los tres años anteriores a la presentación de la demanda; de no ser posible hacerlo en dicha moneda, solicita se acuerde el pago en moneda nacional, en las condiciones que detalla. Del monto resultante, añade, se deducirá lo depositado por la accionada durante el tiempo reclamado. Al resolver en primera instancia, el Juzgado respectivo desestimó en todos sus extremos la demanda. El Tribunal Superior, por su parte, revoca en cuanto se admite la defensa de prescripción respecto a todos los reclamos por diferencia de renta, para acogerla sólo en lo referente a los meses anteriores al 27 de julio de 1991. En lo demás, confirmó lo resuelto.

  2. El representante de la parte actora interpone recurso de casación por el fondo. Al respecto, reclama quebranto de los artículos 330, 379 y 381 del Código Procesal Civil; 10, 21, 632, 693, 764, 1008, 1022 del Código Civil, y 13 de la Ley de Inquilinato N 6 de 21-9-39. Alega, en primer término, violación indirecta por error de hecho y de derecho cometidos en la apreciación de la prueba. Sobre el particular, expresa textualmente lo siguiente: "... al dictar su fallo el Tribunal incurrió en error de hecho y de derecho en la apreciación de la comunicación del Licenciado C.S., por cuanto no aplicó las reglas de la sana crítica, con olvido total de lo dispuesto por el artículo 330 del Código Procesal Civil, cuya violación acuso".

  3. El error de hecho, en su debida concepción procesal, no corresponde con el marco conceptual dentro del cual lo ubica el recurrente. Tal error, de acuerdo con la técnica de casación, acaece cuando el juzgador, al interpretar la prueba, incurre en infidelidad de índole material. Según ha señalado reiteradamente esta Sala, el adjetivo "evidente" empleado por el legislador en el artículo 595 párrafo 3 del Código de rito, reviste importancia a efectos de determinar el significado procesal del error de hecho. Dicho adjetivo entraña la idea de directo o inmediato. Sea, hace referencia al yerro derivado de la sola observación de la prueba, consistente en la equivocada apreciación de carácter material que de ella hace el juzgador. Por ejemplo, cuando se endosa a testigos afirmaciones no emitidas por ellos o se atribuye a un documento contenidos inexistentes. La infidelidad se verifica con solo cotejar la prueba. No sucede lo mismo en el caso del error de derecho, el cual implica desatino en la interpretación por vía indirecta; sea, porque se traduce la prueba a contrapelo del valor asignado a ella por ley o contra las disposiciones que preceptúan cómo debe ser apreciada. En este último supuesto, para precisar la equivocación, es menester efectuar primero un análisis de valoración jurídica. En el error de hecho, en cambio, la existencia del yerro se constata -como se dijo- directa e inmediatamente a través del cotejo de la prueba, sin consideraciones previas de orden legal. Ello en razón de que el equívoco estriba en una disconformidad interpretativa en su aspecto material; no ideológico, conceptual o legal. Siendo así, el error de comentario no puede tener relación con los principios de la sana crítica contenidos en el artículo 330 del Código Procesal Civil, como lo describe la parte recurrente. Si así fuera, no se estaría ante una tergiversación del contenido material de la prueba percibida en forma directa e inmediata de su simple cotejo, sino del yerro en la interpretación por vía indirecta, al darse contra los principios legales que indican cómo debe apreciarse. De consiguiente, lo conceptuado por la parte actora como violación indirecta, podría significar un error de derecho mas no de hecho.

  4. Por otro lado, la modificación acordada por el Ad-quem al sílabo de hechos probados, concretamente al 11), referido al documento suscrito por el licenciado C.S., arroja el siguiente texto:

    "Mediante nota de fecha diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, dirigida por el Licenciado J.C.S., Presidente de Inversiones Pomecoga S.A., a los señores de Poliuretanos, S.A., les autoriza a que los pagos de renta por un monto de ciento sesenta mil colones mensuales, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo se hagan, por motivos especiales, a nombre del señor Dr. P.L.G. Además les indica que los ciento sesenta mil colones resultaron de la suma estipulada en el contrato de ocho mil dólares a veinte colones (tipo de cambio oficial), pagos que se efectúan desde enero de mil novecientos ochenta y cuatro. (Ver documento certificado a folio 55)".

    Al confrontar lo transcrito con el contenido del citado documento el cual constituye la prueba en referencia, no se determina divergencia alguna de índole material. Lo consignado por el Tribunal Superior refleja con fidelidad absoluta lo que predica el documento. No afirma nada que éste no contenga. No se da, por ende, el error de hecho endilgado.

  5. Asimismo, considera la entidad actora, incurrió el Ad-quem en error de derecho, al apreciar la relacionada prueba documental. El yerro a su juicio consiste en tomarla "como un acto de voluntad" de su mandante con la virtud de "...variar la cláusula del contrato relativa al precio fijado en $8.000.00 para que fuera de +160.000.00". Sea, -agrega más adelante- le atribuye al documento de autorización "... los efectos gramaticales de una aceptación pura y simple de que los $8.000.00 del alquiler pactado en el contrato de arrendamiento se seguirían pagando y debían pagarse a +20.00 por dólar, tipo oficial de cambio en 1985". La cuestión cardinal que salta a la vista, es si actuó o no la demandada conforme a lo pactado, en lo referente al pago del alquiler. Ha de recordarse, de conformidad con lo dicho en el considerando primero, que en autos se persigue fundamentalmente, la resolución contractual -concretamente el desalojo- por defecto en el pago de la arrendataria. Tal defecto -o incumplimiento- ha de determinarse con arreglo al contrato, el cual es ley entre las partes. Según quedó demostrado en la sustanciación, originalmente fue estipulado en el documento contractual, un canon mensual como precio del alquiler, equivalente a cuatro mil ciento sesenta dólares. Posteriormente las partes acuerdan una modificación tocante a ese extremo, en los siguientes términos: "de setiembre a diciembre de 1982, se pagaría la suma de siete mil dólares mensuales, y a partir de enero de mil novecientos ochenta y tres, ocho mil dólares por mes". (Ver hecho probado 3) de la sentencia del Juzgado, avalado por el Tribunal). En octubre de 1984, aparece la demandada depositando judicialmente la cantidad de ciento sesenta mil colones por mes. En esa ocasión pagó, mediante esta nueva modalidad, las rentas correspondientes al mes de diciembre de 1983 y la de los meses comprendidos entre enero y octubre inclusive de 1984. Meses después, se presenta la nota suscrita por el licenciado J.C.S., antes aludida.

  6. Como puede observarse, con posterioridad al acuerdo que fijó el precio del alquiler en $8.000.00 mensuales, expresamente no se dio otro inter partes. Sin embargo, los actos de ejecución acusan una nueva modalidad, según se vio, la cual se prolonga por muchos meses hasta que, a raíz de un incidente de aumento de alquiler incoado por la parte actora, se fija un nuevo precio. ¿Es posible -en medio de tales circunstancias- establecer si hubo o no incumplimiento?. Para ello, precisa escudriñar el acuerdo contractual sobre el particular. Este, según lo expuesto, no puede derivarse del contrato original, pues hubo modificaciones sobrevinientes a la cláusula respectiva, en virtud de un acuerdo posterior. Pero, hay más. Después de ello, se articuló otro cambio, no antecedido de consentimiento expreso, pero sí representado por una conducta la cual desembocó en una práctica o nueva modalidad de ejecución, en la cual son partícipes ambas partes. Sea que, en la secuencia del contrato se ponen de manifiesto elementos de juicio los cuales reflejan una intención distinta a la plasmada por los contratantes en el texto original. Tal fenómeno es relevante, pues el comportamiento de las partes constituye óptimo factor para inferir la voluntad real. Y ésta -no debe olvidarse- representa principio rector de la interpretación contractual. Esa nueva modalidad, acreditada por los principios de ejecución, puede perfectamente revelar una intención divergente de la original. Es decir, las partes, tras el perfeccionamiento del contrato, tácitamente pueden generar un cambio en la programación de intereses inicialmente acordada. Esa mutación es jurídicamente factible de acuerdo con el principio de la autonomía de la voluntad. De esa manera, el texto contractual vigente en un inicio, cede ante una modificación observada en la voluntad común, la cual se evidencia, mediante los actos de ejecución. Así, esa nueva intención se ve objetivada, lo cual la acredita como voluntad real. El referido fenómeno, sin lugar a dudas, se ha dado en la especie.

  7. Al efectuar la arrendataria, en el mes de octubre de 1984, el depósito judicial antedicho, acaece un acto de importancia en la vida del contrato. En ese entonces, regía como precio del alquiler, el referido acuerdo sobreviniente que lo fijaba en ocho mil dólares mensuales. Sin embargo, poco antes se había promulgado la Ley N 6965 de 22 de agosto de 1984, la cual modificaba el artículo 100 de la Ley Orgánica del Banco Central. Esa reforma prohibía la compra o venta de divisas sin autorización legal del Banco Central. Según consta en autos, al requerir la accionada esa autorización para seguir cancelando a la actora el pago de comentario en dólares, le fue denegada. Procedió, en consecuencia, a practicar la conversión al tipo de cambio oficial a la sazón, equivalente a veinte colones por dólar y, con base en ello, efectuó el depósito. Ese pago comprendió varios meses hasta diciembre de 1984. En los meses sucesivos continuó cancelando dentro de esa modalidad, cuando recibe la consabida nota suscrita por el licenciado C.S., apoderado de la arrendante. En ese memorial, la actora hace referencia al monto aludido y al tipo de cambio empleado, sin hacer objeción alguna. Por el contrario, más bien autoriza a hacer ese pago durante los siguientes tres meses, a nombre de determinada persona. La importancia de la nota, en realidad, estriba en que viene a ratificar por escrito, lo que en virtud de los principios de ejecución se podía tener ya por establecido tácitamente. A saber, la intención común de las partes, debidamente objetivada, en torno a esa nueva modalidad. Si bien es cierto, la modificación contractual de mérito estuvo antecedida y determinada por una reforma legal, el modo concreto como fue arbitrada en la ejecución convencional gozó del acuerdo -aunque no mediante concurrencia simultánea de voluntades sino diferida- entre las partes. Y eso es lo que aquí interesa. En forma patente se introduce dicha modalidad, con el primer depósito, el cual comprendía varios meses. El hecho de que la arrendante no hiciera en esa ocasión, ni en los meses siguientes, objeción alguna al recibir los pagos, implicaba su conformidad. Conformidad trasuntada a través de actos de ejecución complementarios a los de la contraparte cuando realizó ésta los depósitos. De tal manera se evidencia la intención común, objetivada, de los contratantes, lo cual permite establecer la voluntad real y, por medio de ella, el acuerdo contractual que, como ley, se impone a las partes. De consiguiente no es -como lo afirma el recurrente- que se esté atribuyendo a la prueba documental en cuestión, al interpretarla, efectos jurídicos exorbitantes. Esta no es más que un eslabón -prescindible- dentro de la cadena de actos de ejecución analizada, la cual pone de manifiesto la voluntad real de las partes, a la cual hay que atenerse. Al tenor de los expuesto, no ha incurrido el Ad-quem en error de derecho al interpretarla. Por el contrario, lo ha hecho con estricto apego a las reglas de la sana crítica. Y de conformidad con esa voluntad real, de tal forma establecida, configurativa del acuerdo contractual en vigencia, tampoco ha incidido la arrendataria en incumplimiento. En consecuencia, no se da el quebranto de los demás artículos citados por el casacionista. Ni siquiera del 13 de la anterior Ley de Inquilinato, cuya presunta transgresión habría que analizarla como violación directa, según la naturaleza del agravio formulado por la recurrente. Así se hará en el siguiente acápite.

  8. En lo conducente, reza el referido artículo: "Si las partes no llegaren a ningún acuerdo para determinar el nuevo precio de la renta y se tratare de contrato de término vencido o de plazo indeterminado, o del ejercicio del derecho de prioridad que la ley concede, el interesado podrá solicitar la fijación judicial del alquiler. No podrán promoverse diligencias judiciales para la determinación de la renta, respecto de una misma casa o local, sin que haya transcurrido un término de cinco años desde la fecha en que empezó a regir el precio que se pretende modificar, ya se hubiere establecido éste por convenio o resolución judicial...". Según alega el casacionista, consiste la conculcación cometida por el Ad-quem, en su interpretación, en torno a que el monto fijado con base en ese artículo, per se, inhibe a la arrendante a reclamar la diferencia con arreglo a la cláusula contractual que establecía el precio del alquiler en $8.000.00. Asimismo argumenta que, al estarse ante una fijación incidental, no goza ésta de la autoridad de cosa juzgada material. Por tanto, está sujeta a lo que se resuelva en juicio ordinario como el presente. Al respecto, es menester advertir lo siguiente. El pago en dólares, en la cantidad aludida, como obligación de la arrendataria, quedó modificado por acuerdo contractual -según lo analizado- que es ley entre las partes. Ahí impera la autonomía de la voluntad, por lo cual, a esa determinación hay que atenerse. Por otro lado, si bien es cierto, la cuestión definida en pronunciamiento judicial con carácter de cosa juzgada formal, puede ser ventilado en juicio ordinario, ello no halla asidero en el sub-litem. Los supuestos fácticos en este proceso difieren de la situación planteada en el incidental. Consecuentemente, en el presente, no se está pidiendo la modificación de lo resuelto en el otro juicio. La causa en ambos procesos es distinta. No se da, por ende, la transgresión del artículo 13 en referencia.

  9. Con base en las razones que anteceden, es de rigor desestimar el recurso de mérito y acordar el pago de sus costas a cargo de quien lo interpuso.

    POR TANTO:

    Se declara sin lugar el recurso. Son sus costas a cargo de la parte actora.

    Edgar Cervantes Villalta

    Hugo Picado Odio Rodrigo Montenegro t.

    Ricardo Zeledón Z. Horacio González Q.

    msa

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