Sentencia nº 00247 de Sala 2ª de la Corte Suprema de Justicia, de 17 de Octubre de 1997

PonenteLuis G. Rivas Loáiciga
Fecha de Resolución17 de Octubre de 1997
EmisorSala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia97-000004-0005-LA
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoProceso ordinario laboral

Resolución 97-247.LAB3 notas

S.. MCP

N° 247.

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas veinte minutos del diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado Segundo de Trabajo de Alajuela, por R.G.R., bínubo, ingeniero agrónomo, vecino de Alajuela, contra BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, representado por el Licenciado Otto Fallas Monge, casado, abogado, vecino de S.J.. Ambos mayores.

RESULTANDO:

  1. - El demandante, en escrito de fecha 31 de agosto de 1993, promovió la presente demanda, para que en sentencia se declare: "1.- Que el suscrito laboró ininterrumpidamente 19 años, 1 mes para el Banco Nacional de Costa Rica, ocupando en los últimos cuatro años el cargo de Jefe de Administración de Bienes Temporales con un salario promedio de los últimos 12 meses de $36.645,50 (doscientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco colones, cincuenta céntimos) en concepto de salario real directo mensual y con derecho a parqueo de la Institución a título de salario en especie calculado los 5 días hábiles de trabajo a $900,00 diarios, $4.500,00 semanales, y $18.000,00 mensuales que sumados al salario nominal da un total de $254.645,50. 2. Que por haber sido despedido injustificadamente por una maniobra encubierta por Funcionarios representantes del patrono el Banco Nacional de Costa Rica debe ser condenado de acuerdo con la Convención Colectiva a 16 meses 10 días de salario con un valor de $4.074.328,00 de salario nominal, y, $84.882,00 por salario en especie por concepto de derecho a parqueo dentro de la Institución. 3. Que por la misma consecuencia del despido injustificado, el Banco Nacional de Costa Rica, está obligado a pagarme un mes de preaviso con un valor de $254.645,50 colones. 4. Que el Banco Nacional de Costa Rica, está obligado a pagar las costas personales y procesales de este juicio que se calcularán en un 25% del monto total de la condenatoria.".

  2. - El apoderado del demandado, contestó la acción en los términos que indica en memorial fechado 27 de octubre de 1993 y opuso las excepciones de prescripción y falta de derecho.

  3. - La señora Jueza de entonces, licenciada R.C.C., por sentencia de las 16 horas del 12 de abril de 1996, resolvió: "Se tiene por válida y eficaz el/la acto-a de notificación del traslado de la demanda al no haber generado indefensión la omisión de las formalidades previstas en el Ordenamiento Jurídico para su práctica. Por no haberse interpuesto la excepción respectiva no cabe pronunciarse sobre el agotamiento de la vía administrativa siendo válido lo actuado. Se declara SIN LUGAR la excepción de PRESCRIPCI_N. Se ACOGE la excepción de FALTA DE DERECHO interpuesta por la parte demandada y, en consecuencia, se declara SIN LUGAR en todos sus extremos petitorios, la demanda ORDINARIA LABORAL establecida por R.G.R. contra el BANCO NACIONAL DE C0STA RICA. Se DENIEGA la solicitud del ente demandado de imponerle al actor la sanción establecida en el párrafo final del artículo 82 del Código de Trabajo, debiendo recurrir el interesado a la vía correspondiente. Se condena al actor al pago de las costas procesales y personales irrogadas con este proceso y se fijan en un quince por ciento del importe total de la absolutoria los honorarios de abogado (a)...".

  4. - El actor apeló y el Tribunal S.erior de Alajuela, integrado por los licenciados L.A.H., C.A.M. y M.A.O., por sentencia dictada a las 8 horas del 6 de setiembre de 1996, dispuso: "Se rechaza la excepción de prescripción opuesta por el actor y se confirma la sentencia apelada.".

  5. - La parte actora formula recurso para ante esta S. en escrito de fecha 27 de diciembre de 1996, que en lo que interesa dice: "...PRIMERO: Omite el estimable Tribunal S.erior pronunciarse sobre la prescripción solicitada en el hecho tercero del recurso de apelación incoado. Obsérvese que no se refiere a una excepción se refiere al hecho mismo de la prescripción de la falta, acaecida de conformidad con el numeral 603 del Código de Trabajo. Por lo que el Tribunal debió resolver el punto en concreto y definir si las actuaciones realizadas por el Banco Nacional de Costa Rica, se encontraban prescritas o no, a la luz del numeral precitado, actuación que nunca llegó a los efectos procesales correspondientes. SEGUNDO: Para los efectos pertinentes reiteró las manifestaciones hechas, en escrito de apelación de fecha 25 de abril de 1995, el cual se agrega a efectos de completar este Recurso. TERCERO: En el considerando V de la sentencia impugnada el tribunal realiza un argumento altamente peligroso y que debe llevarnos a meditación, cuando señala: "...que la fecha que ostenta el documento mencionado no es la verdadera sino que fue consignada así por el perito H. a petición del propio actor" (sic). En ninguna de las declaraciones señaladas como prueba para acreditar este hecho se manifiesta que mi persona R.G. estuviera presente, lo que rompe el principio del contradictorio, y de inmediatez de la prueba, lo que vuelve la prueba en inadmisible a los efectos pertinentes dado que se me dejó en evidente estado de indefensión. Aunado a lo anterior del perito A.H., murió y no puedo estar presente para realizar las esclaraciones respectivas. Ninguno de los testigos pudo conocer que yo diera la orden de realizar ese avalúo. CUARTO: En el emplazamiento haré valer mis derechos ante ese digna S.. PETITORIA. Que se acoja la prescripción interpuesta, que se case la sentencia, se valore adecuadamente la prueba, y se condene al Banco Nacional de Costa Rica, al pago de los extremos laborales dejados de pagar.".

  6. - En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.

R.e.M.R.L.; y,

CONSIDERANDO:

  1. El actor recurre, ante esta tercera instancia rogada, contra la sentencia N° 239, dictada por el Tribunal S.erior de Trabajo de Alajuela, Sección Primera, a las 8 horas del 6 de setiembre de 1996, que declaró sin lugar en todos sus extremos la demanda ordinaria laboral por él planteada. Se manifiesta disconforme, porque el Tribunal no se pronunció sobre la prescripción reclamada y porque la prueba recabada para tener por demostrado que él le solicitó al perito consignar una fecha diferente en el avalúo es inadmisible, toda vez que quebranta los principios del contradictorio e inmediatez de la prueba.

  2. En relación con la prescripción aducida por el señor G.R., respecto de la potestad disciplinaria del patrono, no lleva razón el recurrente, pues si bien es cierto que el artículo 603 del Código de Trabajo determina un plazo de un mes para despedir, tal período no se contabiliza en aquellos casos en que por establecerlo así algún convenio que rija la relación laboral o la ley, sea necesario realizar una investigación previa a determinar la sanción aplicable. El demandado era un trabajador del Banco Nacional de Costa Rica, institución que por su naturaleza exige el cumplimiento del debido proceso y, además, según la Convención Colectiva que en dicho Banco rige, es necesaria la realización de una investigación en dichos términos. A ese tenor, al señor G.R. se le inició una investigación a nivel institucional por haber vendido de manera irregular, el 31 de octubre de 1991, unas cajas metálicas al señor P.E.N.. A esos efectos, la Junta de Relaciones de Trabajo lo suspendió provisionalmente, sin goce de salario, a partir del 25 de noviembre de 1991, suspensión que se prorrogó por tres meses más, pero esta vez con goce de salario por haberlo ordenado así la S. Constitucional. Al finalizar ese proceso investigativo, dicha Junta recomendó el despido sin responsabilidad patronal, lo cual no fue aceptado por la representación sindical y de ahí que la solución correspondió al Gerente General. El 14 de abril de 1992 se le informó que era él quién debía determinar la sanción correspondiente (folios 107-110, expediente administrativo, #2). Este se pronunció al día siguiente, despidiendo al señor G. sin responsabilidad patronal (folio 104, expediente administrativo, #2). De lo expuesto se desprende claramente que a la entidad demandada no le transcurrió el término del artículo 603 dicho, puesto que, el Jerarca encargado de ejecutar la sanción, estuvo posibilitado para hacerlo una vez que terminó la investigación administrativa. En el presente caso, si el Gerente del Banco Nacional de Costa Rica, se encontró facultado para imponer la sanción hasta el 14 de abril de 1992, es a partir de tal fecha en que el período de prescripción de un mes empezó a correr en su contra. Consta en autos, que el despido se decretó el 15 de abril de ese mismo año, es decir, un día después a partir del cual el Jerarca podía ejercer su poder sancionatorio y se le comunicó al señor G.R. el 20 de abril siguiente, momento en que el despido fue eficaz, por lo que no se produjo la prescripción alegada. En un caso semejante, la S. resolvió:

    "... De los hechos relacionados, queda claro, la oportunidad con que se efectuó la investigación administrativa, necesaria para levantar el respectivo expediente disciplinario ..., que sirvió de base a la gestión de despido y comunicación a la Junta de Relaciones Laborales, según lo establece el artículo 111 del L. Arbitral. No pudo operar, entonces, durante ese período, el plazo extintivo alegado por el actor, porque cuando se requiere de una investigación previa, para aplicar a un trabajador la máxima sanción u otra de gravedad, que afecte sus derechos laborales, el plazo prescriptivo del numeral 603 del Código de Trabajo, empezaría a correr a partir del instante en que ésta finalice o, desde el momento en que el funcionario u órgano facultado para tomar la decisión respectiva, sea puesto en conocimiento del resultado obtenido en la investigación... jurisprudencialmente se ha establecido que, en las dependencias del Estado e instituciones donde se requiere un procedimiento previo al despido, el plazo de la prescripción no corre sino a partir del momento en que el mismo finaliza; pues no es sino hasta entonces que, el patrono, puede ejercer efectivamente su potestad. Donde funcionan las mencionadas Juntas, no puede decirse que tal procedimiento concluye una vez que el órgano administrativo propio de la institución, termina sus investigaciones, porque el pronunciamiento de la Junta también es parte del procedimiento. En principio, mientras el asunto esté pendiente en esa instancia, por la razón apuntada, el patrono se encuentra impedido para tomar una decisión y, el plazo de la prescripción, establecido en el artículo 603 del Código de Trabajo, no empieza a transcurrir hasta que el patrono esté ante la posibilidad real de sancionar... según lo ha establecido en forma reiterada la S., el tiempo que tarde la Junta en dar su pronunciamiento, no es útil para la prescripción, aunque sobrepase el mes, salvo que se demuestre una conducta indebida y negligente, atribuible al patrono, que haya servido para producir una tardanza inexcusable de ese órgano. Ahora bien, si en el Banco accionado existe un L. Arbitral que lo obliga a someterse a un procedimiento, de previo a imponer sanciones de despido, no puede pretender el actor que, una vez realizada la obligada investigación y comprobados los hechos que se le atribuyen, mientras la parte patronal se somete a ese procedimiento, esté transcurriendo el plazo de la prescripción, porque, en ese período, está imposibilitado para sancionar, por disposición Arbitral expresa, dado que debe someter la investigación previa al conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales, porque si actúa de otra forma, violentaría las disposiciones del L. y la terminación del contrato laboral resultaría ilegal..." (Ver resolución N° 202 de las 16:05 horas del 3 de julio de 1996).

  3. Arguye también el recurrente que no puede tenerse como cierto que la fecha del avalúo de las cajas metálicas no corresponda a la del día en que se realizó y que fue consignada otra data diferente por el perito a solicitud de él, pues en el testimonio rendido por éste durante el procedimiento administrativo no se respetaron los principios del contradictorio e inmediatez; por lo que solicita se revoque la sentencia, se valore adecuadamente la prueba y se ordene al Banco demandado el pago de los extremos laborales dejados de pagar. El principio del contradictorio es indispensable para la validez de la prueba y con éste se garantiza a la parte contraria la oportunidad procesal de conocer, discutir y combatir la misma. También, en aplicación de este mismo principio, la prueba evacuada fuera del proceso, sin la participación de la parte contra quien luego se opondrá, debe ser ratificada durante el juicio. El principio de inmediación permite que el juez perciba la prueba personalmente y con ello garantice el cumplimiento y respeto de los principios generales que rigen la prueba judicial. Si bien es cierto, la declaración rendida por el perito A.H. señaló que el señor G. le había solicitado que consignara en el avalúo la fecha 29 de octubre de 1991, la misma no pudo ser ratificada en el proceso por la muerte del declarante y durante la investigación administrativa no se le garantizó al actor el contradictorio en la evacuación de la declaración ahí rendida; sin embargo, existen otros elementos probatorios que conducen a concluir en la existencia de ese hecho. En la declaración realizada por el actor durante la investigación administrativa, éste reconoció haber realizado la venta sin que existiera el avalúo y haber solicitado al perito que consignara la fecha 29 de octubre de 1991, porque la venta se había llevado a cabo el 31 de ese mismo mes. No obstante, en su confesión negó esos hechos e indicó que al momento de la venta el avalúo ya existía. Pero, de las deposiciones que constan en autos, se desprende que al avalúo se le había consignado una fecha diferente a la del día en que se realizó. Así se desprende de los testimonios de J.A.V.C., C.E.B.C., H.B.J. y J.A.V.C., quiénes señalaron que el perito, antes del inicio de la investigación, admitió que el actor le había solicitado consignar la fecha y el monto necesario para realizar la venta (ver folios 349-351; 356-360; 376-378; 378 vuelto-379, respectivamene). El señor B.C. manifestó que la primera vez que vio el expediente de las cajas metálicas no constaba el avalúo, por lo cual le comunicó la anomalía a su superior. Además, según el informe rendido por el auditor, el memorandum en donde se solicita al perito realizar el avalúo tiene fecha 29 de octubre de 1991 y fue recibido por el señor H. dos días después y el peritaje apareció con fecha 29 de octubre (Ver Informe del Auditor, folio 84). También, cabe indicar que la suma de seis mil colones en que las treinta y un mil trescientas cajas fueron vendidas era irrisorio, pues se determinó un valor aproximado de diecinueve céntimos cada una (Ver Informe del Auditor, folio 84) y una valoración posterior les fijó un precio global de cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos colones (Ver avalúo, folios 156-158). Aunado a lo anterior, el actor incurrió en falta grave, toda vez que vendió bienes que no pertenecían al Banco demandado, sino que éste únicamente los poseía en calidad de depositario y no de dueño, lo cual pudo haber provocado graves perjuicios a esa institución (Ver Informe del Auditor, folio 85). A raíz de la investigación realizada surgieron otras faltas cometidas por el señor G. en el ejercicio de su cargo. Así, puede decirse que en varias ventas de tractores, las cuales se pactaban bajo la cláusula de que el comprador adquiría el bien en el estado en que se encontraba y eximía al Banco de cualquier responsabilidad, el actor autorizó el pago de diferentes facturas en contra de la institución empleadora en calidad de repuestos para los bienes vendidos. Así sucedió con las ventas realizadas a S.J.M., O.A.M.L., A.V.A. y L.B.M.. (Ver contestación de la demanda folios 279-281; documental folios 175-186; confesional folio 368, informe del Auditor 257-259, testimonio de H.B.J. folios 376-378). Además, vendió bienes con un precio inferior al establecido por los avalúos. De esa manera, sucedió con los dos tractores vendidos a L.C.G., respecto de los cuales existían dos avalúos, uno con numeración posterior que establecía un precio de trescientos mil colones cada uno y sin embargo, el señor G. los vendió por cien mil colones cada uno, en calidad de repuestos, y aunado a lo dicho consta que en día inhábil ingresó a las bodegas del Banco para instalar en los tractores que se iban a vender las piezas que a éstos les faltaba. El señor L.C. retiró dichos vehículos el 28 de octubre de 1991 pero completó el pago de tales vehículos hasta cuarenta y cuatro días después sin haber mediado ninguna garantía para el Banco, (contestación de la demanda folios 276-277, documental folios 167-168, 170, informe del Auditor folios 259-260, testimonio de H.B.J. folios 376-378). También quedó comprobado que el actor vendió bienes del Banco por una suma superior a la que estaba autorizado sin realizar el procedimiento correspondiente. Tal es el caso de la venta realizada al señor E.P.R., negocio en el que se consignó la venta de dos tractores y un motor, mas el comprador retiró tres tractores y no los bienes sobre los cuales se había negociado (Contestación de la demanda 277-278, informe 260-262, documental 169; 172-174, confesional folio 369 vuelto). El actor dio en préstamo, un retroexcavador al señor G.R.C., el cual fue devuelto aproximadamente cuatro meses después, sin que estuviera autorizado para llevar a cabo ese acto. (Ver contestación de la demanda folio 281, documental folio 187; informe del auditor folio 262). Asimismo, le vendió a A.C.C. una secadora columnar, pagando el comprador únicamente el treinta por ciento del precio, sin garantizar el pago del saldo en descubierto (V. contestación de la demanda folio 275, informe del Auditor folios 255-257, confesional 370). El señor G. autorizó el pago por concepto de chapias en fincas propiedad del Banco, por un precio muy superior al que regía en el mercado y no dejó constancia de que los trabajos se hubieran realizado. (Ver contestación de la demanda en folios 284-286, informe del Auditor folios 264-267, documental folios 195-199, testimonial de C.E.B.C. folios 356-360, expediente administrativo #1, folios 7-30). Todas esas faltas en que incurrió el actor produjeron la pérdida de confianza de su empleador y constituyen una falta grave en el ejercicio de su cargo, razón por la cual el despido fue con justa causa, toda vez que administró inadecuadamente los bienes públicos que se le habían encomendado y no actuó con la diligencia y prudencia que su puesto le imponía. Al respecto, cabe citar la sentencia de la S. N° 79 de las 9:10 horas del 17 de agosto de 1988, que señaló:

    "En efecto, reiteradamente ha resuelto este Tribunal que tratándose de servidores bancarios, los cuales tienen bajo su cuidado fondos públicos, su conducta debe ser intachable y se debe actuar con cuidado extremo y es lo cierto que, por el contrario, el demandante procedió de manera realmente incomprensible, haciendo que su patrono le llegara a perder por completo la confianza... En verdad que no parece haber existido dolo o malicia de su parte, pero no toda falta que faculta al patrono para destituir a un empleado debe necesariamente ser dolosa y en el caso que nos ocupa, se demostró... que él fue negligente e imprudente en el desempeño de su cargo...".

  4. Como corolario de lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso y confirmar la sentencia impugnada.

    POR TANTO:

    Se confirma la sentencia recurrida.

    Orlando Aguirre Gómez

    Zarela María Villanueva Monge Jorge Hernán Rojas Sánchez

    Luis Guillermo Rivas Loáiciga Rogelio Ramos Valverde

    car.-

    Exp. N° 4-97.

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