Sentencia nº 00116 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 8 de Enero de 1999

PonenteAdrián Vargas Benavides
Fecha de Resolución 8 de Enero de 1999
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia98-008878-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoRecurso de hábeas corpus

Exp: 98-008878-007-CO-V

Res: 00116-99

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas con treinta minutos del ocho de enero de mil novecientos noventa y nueve.-

Recurso de hábeas corpus interpuesto por O.T.G., portador de la cédula de identidad número 0-000-000, a favor de SI MISMO; contra ORLANDO MORENO HERRERA y J.T.M., funcionarios del DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO LA REFORMA, portadores respectivamente, de las cédulas de identidad número 1-584-110 y 1-460-588.

Resultando:

  1. - Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 8 horas con 24 minutos del 31 de diciembre de 1998 (folios 1 y 2), el recurrente interpone recurso de hábeas corpus contra ORLANDO MORENO y J.T., SUPERVISORES DE SEGURIDAD DEL CENTRO PENITENCIARIO LA REFORMA y manifiesta que el 27 de diciembre de 1998, al ser las 6 :30 a.m., fue sacado del pabellón B-2 del Ambito D, oportunidad en que fue golpeado con la barra policial. Después fue trasladado a la Oficialía de M.S. donde fue amenazado. Posteriormente, por no tener celdas disponibles, lo dejaron en las celdas de prevención, lugar donde lo golpearon en el estómago con la barra policial y lo dejaron esposado. Añade que el señor O.M. y varios agentes de seguridad que pertenecen al ámbito D le rociaron gas pimienta en los ojos y le causaron un terrible dolor, terminados los hechos relatados procedieron a quitarle las esposas de las manos y a dejarlo en una celda que ni con baño ni con servicio sanitario. Enfatiza que el señor O.M. lo sacó del pabellón sin dejarlo recoger sus pertenencias, por lo cual lo hace responsable de ellas. Concluye señalando que se autoagredió en el brazo porque le negaron la debida atención médica para su padecimiento de asma y no quisieron llevarlo al médico ni suministrarle la bomba para inhalar.

  2. - I.O.M.H. y J.T.M., en su calidad de funcionarios del Departamento de Seguridad del Centro Penitenciario La Reforma (folios 6 a 9), que rechazan en todos sus extremos los alegatos del promovente por ser falsos, alejados de la realidad y carecer de sustento probatorio. Señalan que cumplieron con sus deberes sin ejecutar ningún acto arbitrario u omisivo. Informan que el día 27 de diciembre, a raíz de situaciones que alteraban la seguridad y estabilidad institucionales se vieron en la imperiosa necesidad de tomar acciones para normalizar el clima convivencial, específicamente la reubicación de algunas personas, actuación que se circunscribió a los parámetros legales. Aluden a que en el expediente administrativo consta informe fechado el 27 de diciembre de 1998, suscrito por M.H., en el cual se indica que el promovente del presente recurso tenía el objetivo de crear disturbios en la visita dominical incitando a huelga al resto de la población, hechos que requieren la toma de medidas precautorias inmediatas en un centro penitenciario, máxime en un ámbito cuyas características de contención requieren acciones especiales, aunado lo anterior a los improperios esgrimidos en contra del personal de seguridad. A efectos de evitar consecuencias más gravosas se tomó la decisión de reubicarlo de ámbito, para lo cual se utilizó la fuerza racional. Señalan que el cuerpo al cual pertenecen está en la obligación impuesta reglamentariamente de mantener el orden y la seguridad en todos los centros penitenciarios mediante el control de todos aquellos actos de insubordinación individual o colectiva, protestas masivas, riñas, etc. que pongan en peligro la seguridad personal e institucional, y que en el caso concreto la fuerza utilizada fue la racional, siendo falso que se utilizaron gases pimienta contra el amparado, pese a su agresividad. Concluyen indicando que el traslado del recurrente le fue notificado con la oportunidad de interponer una impugnación contra el mismo y que en virtud de ser falso que al promovente se le haya golpeado, se viera perjudicado por la utilización de gases o se autoagrediera, no resultó necesario brindarle atención médica de manera oficiosa, ni fue solicitado así por el recurrente. Piden que se desestime el recurso planteado en todos sus extremos.

  3. - En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales.

Redacta el Magistrado V.B.; y,

Considerando:

  1. Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos (sea porque así han sido acreditados o bien porque el recurrido haya omitido referirse a ellos según lo prevenido en el auto inicial):

    1. Que el recurrente se encuentra privado de libertad en el Centro Penitenciario La Reforma, en el cual descuenta una pena de prisión (expediente administrativo).

    2. Que el día 27 de diciembre de 1998 el señor T.G. fue sacado del módulo B.2, Ambito D, del Centro Penitenciario La Reforma, y trasladado provisionalmente a la Sección de Prevención, por cuanto incitaba a sus compañeros a mantenerse en huelga de hambre y amenaza con causar disturbios durante la visita dominical como medida de protesta (informe rendido bajo juramento y folio 412 del expediente administrativo).

  2. Hecho no probado. No se estima demostrado, siendo de importancia para la resolución del presente asunto: que durante la acción de traslado y su permanencia en la Sección de Prevención, el señor T.G. haya sido objeto de agresiones a su integridad corporal, más allá de un uso racional de la fuerza, incluida la omisión de procurarle atención médica necesaria.

  3. Sobre el fondo. En relación con el caso sub examine la Sala Constitucional ha establecido dos lineamientos relevantes. Por un lado, que son parte del elenco de competencias atribuidas de las autoridades penitenciarias: determinar la ubicación de los privados de libertad dentro de las diferentes etapas del sistema a su cargo; resolver los traslados de esas personas con vista en su deber de mantener el orden de dichos segmentos y la seguridad de los seres humanos, con especial atención a la de los privados de libertad; así como controlar las amenazas que se planteen contra el referido orden de la entidad y la seguridad de los individuos, siendo admisible, en extremo, que para ello se recurra a un uso racional y proporcionado de la fuerza física. En el presente asunto los elementos probatorios analizados indican que la actuación cuestionada fue acorde con las citadas competencias y el cuadro fáctico que se presentaba. Por otro lado, también ha sido establecido que no es procedente admitir el recurso de hábeas corpus cuando se aduzcan, pero no se demuestren, agresiones a la integridad corporal, tal y como los golpes, utilización de gases y privación de atención médica necesaria que alega haber sufrido el recurrente, máxime cuando el informe rendido bajo juramento niega reiteradamente los hechos referidos, por lo cual debe acudirse a lo que la S. ha dispuesto para otros casos semejantes, en los términos siguientes:

    "Siendo que los informes que rinden las autoridades, tal y como lo dispone el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se hacen bajo juramento la Sala al no existir más elementos de juicio que el dicho del recurrente en contradicción absoluta del recurrido, opta por aceptar éste, sin perjuicio de la responsabilidad penal que se deriven por datos o afirmaciones falsas o inexactas." (N 961-90 de las 16:10 hrs del 17 de agosto de 1990; mismo sentido, entre otros: 2097-94, 4823-95, 4970-95).

    En consecuencia, no queda otra alternativa más que desestimar el recurso planteado, como en efecto se hace, no sin antes señalar que la consideración de los alegatos relativos a que las acciones que supuestamente pudieron poner en peligro enseres propiedad del recurrente se encuentran totalmente desligadas del objeto del recurso de hábeas corpus, y no es pertinente tenerlas en consideración para la resolución de este caso.

    Por tanto:

    Se declara SIN LUGAR el recurso.

    R. E. Piza E.

    Presidente, a.i.

    Luis Fernando Solano C.Eduardo Sancho G.

    Carlos M. Arguedas R.Adrián Vargas B.

    Susana Castro A.Manrique Jiménez M.

    RBC/kcm/8878-V-98/2 céd.

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