Sentencia nº 03695 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 18 de Mayo de 1999

PonenteEduardo Sancho González
Fecha de Resolución18 de Mayo de 1999
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia99-001331-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoRecurso de amparo

Exp: 99-001331-007-CO-E

Res: 03695-99

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diecisiete horas cincuenta y un minutos del dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.-

Recurso de amparo interpuesto por S.R.A., cédula de identidad número 0-000-000, a favor de R.C.A., cédula 3-201-227; contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION.

Resultando:

  1. - En memorial presentado a las catorce horas dieciocho minutos del veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho (folio 1) el accionante manifiesta que R.C.A. fue nombrado en propiedad como Administrador del Parque Recreativo La Dominica, a partir del diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y seis. A pesar de que el amparado es funcionario del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación ordenó el cese de funciones del servidor público, mediante acuerdo tomado en la sesión extraordinaria número 3-99 del veintinueve de enero de este año. Agrega el accionante que el transitorio V de la Ley 7800 -Ley de creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Cultura- establece que durante los primeros seis meses de vigencia de la ley (plazo vencido el primero de febrero de este año) el Consejo Nacional podrá efectuar una reorganización interna y ordenar los traslados y despidos que correspondan. Sin embargo, el acto de despido del recurrente fue emitido una vez vencido el plazo otorgado en el transitorio citado. Por último indica que el acto de despido impugnado, fue comunicado al amparado mediante oficio número RH-036-99 del dos de febrero pasado . Estima que los actos descritos constituyen una lesión a la garantía del debido proceso y al derecho de estabilidad laboral.

  2. - En informe rendido a las catorce horas treinta y tres minutos del cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve (folio 6), D.V.A., en calidad de Directora del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, indica que el amparado era funcionario de la Dirección General de Educación Física y Deportes, órgano adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, pero con desconcentración máxima. La Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, número 7800 del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, establece en su transitorio I: "A partir de la vigencia de esta ley, los funcionarios de la Dirección General de Educación Física y Deportes pasarán a formar parte del Instituto sin perjuicio de sus derechos laborales, sin que por este cambio medie el pago de prestaciones legales por el auxilio de cesantía". En consecuencia, el amparado dejó de ser funcionario de la Dirección General de Educación Física y Deportes para convertirse en servidor del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, a partir del primero de agosto del año pasado, fecha en que entró en vigencia la Ley 7800. Agrega la autoridad recurrida que el transitorio V del texto normativo citado estipula: "Durante los primeros seis meses a partir de la vigencia de esta ley, el Consejo Nacional podrá realizar una reorganización interna, procurando conservar los empleados actuales hasta donde sea posible y convenga al interés público. Aquellos empleados de los cuales sea necesario prescindir o quienes soliciten el cese de la relación laboral, previa aprobación del Consejo Nacional, obtendrán el pago de los derechos laborales, conforme lo indicado en el Código de Trabajo". Con fundamento en el transitorio transcrito, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación acordó acoger el estudio presentado por la División Administrativa sobre la necesaria reorganización del Parque La Dominica. En consecuencia, se ordenó el despido del amparado, y el pago de los extremos laborales respectivos.

  3. - En los procedimientos se han cumplido las prescripciones de ley.

R. elM.S.G.; y,

Considerando:

  1. Objeto del amparo. El accionante impugna el oficio número RH-036-99 del dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que ordena el despido del amparado, en virtud de que el acto atenta contra el derecho al trabajo y la garantía del debido proceso.

  2. Sobre los hechos. Del informe rendido por la autoridad recurrida y la prueba aportada para la resolución del recurso se concluye que, mediante oficio número RH-036-99 del dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve, el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación le comunica al amparado, en lo conducente: "le informo que, en la sesión extraordinaria 003-99 del 29 de enero de 1999, artículo IV, el Consejo Nacional de Deporte y la Recreación, considerando la necesidad de reacomodar administrativamente el Parque La Dominica, acordó lo siguiente: Aplicar el transitorio quinto de la Ley 7800... En virtud de lo anterior, le indico que, a partir del 01 de febrero de 1999 dejará de laborar para el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación... el Departamento de Recursos Humanos tramitará, en el menor tiempo posible, lo concerniente al pago de prestaciones legales a que tiene derecho".

  3. Sobre la situación jurídica. El artículo 192 de la Constitución Política faculta a la Administración Pública para disponer la reestructuración de las diversas instituciones que la componen, con el fin de alcanzar su mejor desempeño y organización, para lo cual podrá ordenar no sólo la eliminación y rectificación de plazas, sino el traslado de los funcionarios a cargos diversos, todo dentro de los límites establecidos a tal efecto por la legislación vigente y el derecho de la constitución. Como lo ha indicado la Sala en reiterados pronunciamientos, las facultades otorgadas por la Constitución Política a la Administración Pública, en materia de traslado y despido de funcionarios, constituye un mecanismo para garantizar el buen funcionamiento del servicio público, y de ninguna manera pueden ser utilizadas arbitrariamente en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, el trabajador. Por esta razón, los actos de despido y traslado de funcionarios, que se originen en un proceso de reestructuración, deben estar fundados en necesidades reales y debidamente probadas. Consecuentemente, los procesos de reestructuración deberá contar con la participación de todas aquellas dependencias que se requieran para la toma de la decisión final. Además, en respeto a la garantía del debido proceso y el principio de legalidad, el acto administrativo de traslado o despido deberá consignar los motivos en que se fundamenta, a fin de que el servidor público afectado tenga la posibilidad de ejercer las acciones que estime pertinentes en contra de lo dispuesto. En el caso que nos ocupa, se observa que mediante oficio número RH-036-99 del dos de febrero de este año el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación comunica el acto de despido del amparado, con fundamento en el transitorio V de la Ley 7800. Si bien la normativa citada autoriza al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación para que, en el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 7800, efectúe el proceso de reestructuración necesario y conveniente para el funcionamiento del servicio público, ésta norma no exime a la Administración de su obligación de cumplir con el procedimiento debido en materia de reestructuración y de motivar el acto administrativo ordenado (artículo 136 inciso 1) de la Ley General de la Administración Pública). No obstante, la autoridad recurrida omite someter el plan de reestructuración a conocimiento de la Dirección General de Servicio Civil y demás órganos competentes en la materia; y omite consignar en el oficio impugnado los motivos por los cuales ordena el despido del amparado. Por lo expuesto, concluye la Sala que lo actuado por la Administración lesiona la garantía del debido proceso y el derecho de estabilidad laboral en perjuicio del amparado.

Por tanto:

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se anula el oficio número RH-036-99 del dos de febrero de mil novecientos noventa y nueve. Se condena al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.-

R. E. Piza E.

Presidente, a.i.

Luis Fernando Solano C.Eduardo Sancho G.

Carlos M. Arguedas R.Ana Virginia Calzada M.

Susana Castro A.Gilbert Armijo S.

GTmm/99

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