Sentencia nº 10862 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 14 de Noviembre de 2002

Exp: 02-009199-0007-CO

Res: 2002-10862

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las dieciséis horas con siete minutos del catorce de noviembre del dos mil dos.-

Recurso de amparo interpuesto por G.L.D., mayor, casado, M., vecino de Alajuela, portador de la cédula de identidad número 0-000-000, a favor del LABORATORIO LAURENT, contra la DIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS MEDICOS, REGION CENTRAL NORTE Y LA DIRECCION MEDICA DEL AREA DE SALUD DE ALAJUELA OESTE.

Resultando:

1. - Por escrito recibido por el Oficial de Seguridad de la Corte a las dieciocho horas y veinticinco minutos del primero de noviembre del dos mil dos (folio 1), el recurrente interpone recurso de amparo en su condición de Gerente Propietario de Laboratorio Laurent, contra la Dirección Regional de Servicios Médicos, Región Central Norte y la Dirección Médica del Área de Salud de Alajuela Oeste y manifiesta que mediante oficio DRSMCN-1690 del veintiséis de agosto del dos mil dos, la Dirección Regional de Servicios Médicos de la Región Central Norte, ratificó la adjudicación por Contratación Directa a favor del Laboratorio de Microbiólogos Asociados S.A., para la compra de servicios de Microbiología y Química Clínica en el Área de Salud de Alajuela Oeste. Ello se dio sin examinar y valorar documentación emitida por el Colegio de Microbiólogos y Químicos de Costa Rica, en la que consta que la Fiscalía de ese Colegio no autorizó al Laboratorio beneficiario, para prestar tales servicios en Alajuela. Afirma que él cumplió con todos los requisitos exigidos en el cartel y el Laboratorio Laurent, del cual es G.P., fue adjudicado originalmente, al ser el más idóneo. Por gestión de la otra oferente, se le adjudicó la contratación, a pesar de no contar con el permiso sanitario que confiere el Ministerio de Salud, de no tener la Licencia Municipal de Funcionamiento y de no gozar de autorizaciones de apertura y operación para los Laboratorios Clínicos ofertados en la contratación, por parte de la Fiscalía del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica. El laboratorio que resultó adjudicatorio de la contratación, carece de las condiciones técnicas, científicas y de calidad profesional que permitan brindar un servicio con excelencia al usuario, lo cual no garantiza el procesamiento del total de las muestras, conforme a los requerimientos que deben cumplirse. Esas omisiones violentan el deber de verificación del control jurídico, por parte de la administración recurrida, y constituyen un peligro para los intereses de la comunidad de Alajuela. Afirma que la situación descrita lo afecta doblemente, como oferente idóneo y como usuario, al darse un acto de adjudicación que transgrede la ley, por no cumplir con los permisos suficientes para garantizar el derecho a la salud. Solicita que se declare con lugar el recurso, que se anule el acto de adjudicación de los servicios de Microbiología y Química Clínica, y que se suspenda hasta que se dicte la resolución de fondo.

2. - El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

Redacta el magistrado M.Q.; y,

Considerando:

1. Acude el recurrente a ésta jurisdicción para que se anule la adjudicación por contratación directa a favor de Laboratorio de Microbiólogos Asociados S.A., para la compra de servicios de Microbiología y Química Clínica en el Área de Salud Alajuela Oeste. Alega ha sido doblemente afectado como usuario potencial y como oferente, porque el Laboratorio Laurent –del cual es G.P.- es el más idóneo que el Laboratorio adjudicado. Manifiesta que el Laboratorio que resultó adjudicatario, no está autorizado por el Colegio de Microbiólogos Químicos y Clínicos de Costa Rica, no posee el permiso sanitario del Ministerio de Salud ni la patente municipal correspondiente, por lo que el acto de adjudicación deviene en nulo y debe ser declarado así.

2. En primer término, es necesario indicar al recurrente que en general, la procedencia del recurso de amparo está condicionada no sólo a que se acredite la existencia de una turbación –o amenaza de turbación– a uno o más de los derechos o garantías contemplados en la Carta Política o en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el país; sino, además, a que se trate de una amenaza o quebranto directo y grosero, que por su carácter apremiante no permita esperar a que surtan efecto los remedios jurisdiccionales ordinarios. Esta última circunstancia pone de relieve el carácter eminentemente sumario del proceso de amparo, cuya tramitación no se aviene bien con la práctica de diligencias probatorias lentas y complejas, o con la necesidad de entrar previamente a examinar –con carácter declarativo– si existen en realidad o no derechos de rango infra constitucional que las partes citen como parte del elenco fáctico del recurso de amparo o del informe de ley, según sea el caso. Es evidente que esa es una competencia de la que esta Sala carece. En efecto, no corresponde a este Tribunal determinar si el laboratorio que resultó adjudicatario de los servicios de Microbiología y Química Clínica en el Área de Salud de Alajuela Oeste, cumple o no con los requisitos exigidos para brindar un servicio idóneo a la comunidad de Alajuela, pues ello supone un análisis de aspectos de legalidad cuya revisión debe hacerse en sede administrativa o en la jurisdicción contencioso-administrativo. Además, de la prueba aportada al expediente, se desprende que el recurrente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el acto de adjudicación a favor del Laboratorio de Microbiólogos Asociados S.A., recursos que fueron rechazados por el Área de Salud Alajuela Oeste y la Dirección Regional de Servicios Médicos Región Central Norte, lo cual fue comunicado al accionante mediante oficios DMASAO 096-02 y DRSMCN 1447-02. Ahora bien, no es procedente que la Sala vierta pronunciamiento alguno (positivo o negativo) sobre el caso, porque para dilucidar si ha habido infracción o no de derechos fundamentales, primero se debe resolver la situación jurídica de la parte demandante en el plano de la legalidad. Es claro que la Sala carece de competencia para ello y más bien hacerlo podría interferir indebidamente en lo que es competencia de los tribunales ordinarios.

3. Ya en otras sentencias la Sala ha indicado que no es una instancia más dentro del procedimiento administrativo y que, en relación con la contratación administrativa de bienes y servicios, su función es tutelar el respeto al debido proceso y los principios que se derivan de éste mediante el recurso de amparo, o conocer sobre la impugnación de normas, decretos, acciones u omisiones que riñan con la Constitución Política, a través de la acción de inconstitucionalidad, pero no para velar por la legalidad administrativa, que está prevista para otra jurisdicción (artículo 49 de la Constitución Política). Si el recurrente está inconforme con la adjudicación referida, deberá impugnarla ante las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes, pero no en ésta sede. En virtud de lo expuesto, lo procedente es rechazar el recurso.

Por tanto:

Se rechaza de plano el recurso.

Luis Fernando Solano C.

Presidente

Carlos M. Arguedas R.Adrián Vargas B.

Gilbert Armijo S.José Luis Molina Q.

Teresita Rodríguez A.Aldo Milano S.