Sentencia nº 11065 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 19 de Agosto de 2005

PonenteErnesto Jinesta Lobo
Fecha de Resolución19 de Agosto de 2005
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia05-006911-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoRecurso de amparo

Res:2005-11065

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de agosto del dos mil cinco.-

Recurso de amparo interpuesto por V.M.S.M., contra el Juzgado Civil y de Trabajo de Puriscal y el JuzgadoCivil y de Trabajo de Desamparados.

Resultando:

  1. -

    Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:15 hrs. del 8 de junio del 2005, el recurrente interpuso recurso de amparo contra la autoridad recurrida y manifestó que el 21 de febrero del 2001 presentó demanda laboral contra "B.C. S.A." que se tramita en expediente No. 01-300077-0217-LA. No obstante, no ha dictado fallo que lo resuelva. Solicitó ordenar a la autoridad recurrida a agilizar el proceso.

  2. -

    Por resolución de las 1354 hrs. del 8 de junio del 2005 (visible folio 3se le dio curso al amparo y se pidió el informe a la autoridadrecurrida.

  3. -

    Informó A.I.F.A., en su calidad de JuezaCoordinadora del Juzgado Civil y de Trabajo de Puriscal (visible a folio 9), que revisado el Sistema de Control de Expedientes, en ese juzgado no se tramita ningún expediente No. 01-300077-0217-LA en que aparezca V.M.S.M. como actor, de donde no le fuera posible rendir el informe. Solicitó declarar sin lugar el recurso.

  4. -

    Mediante resolución de las 15:57 hrs. del 22 de julio del 2005 (visible a folio 18), se amplió el recurso contra el Juzgado Civil y de Trabajo de Desamparados.

  5. -

    Informó C.A.D.J., Juez Civil y de Trabajo de Desamparados a.i. (visible a folio 20), que el referido expediente ya cuenta con sentencia de primera instancia. Para tal efecto fue remitido a la Oficina contra el Retraso Judicial del Primer Circuito Judicial de San José. Actualmente, está siendo conocido por el a-quem, Tribunal de Trabajo del SegundoCircuito Judicial de San José.

  6. -

    En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones de ley.

    R. elM.J.L.; y,

    Considerando:

    I.-

    OBJETO DEL RECURSO. El recurrente alega que el 21 de febrero del 2001 presentó una demanda ordinaria laboral contra B.C., S.A., sin que, a la fecha, se haya resuelto por el fondo.

    II.-

    HECHOS PROBADOS. De relevancia para resolver el presente recurso se tiene por acreditados los siguientes hechos: 1) El 21 de febrero del 2001 el amparado presentó una demanda laboral contra "B.C.S.A." que se tramita en expediente No. 01-300077-0217-LA (hecho incontrovertido). 2) El proceso ordinario laboral No. 01-300077-0217-LA de V.S.M. contra B.C., S.A., fue asignado para fallo el 11 de febrero del 2005, según consta en el libro de registro correspondiente (informe visible a folios 20 y a folios 21-23). 3) Posteriormente, el referido expediente pasó a formar parte del grupo de expedientes escogidos por el Programa contra el Retraso Judicial, y se dictó sentencia el 16 de mayo del 2005 (informe visible a folios 20 y a folios 21-23). 4) Actualmente, se encuentra en el Tribunal de Trabajo, en el Segundo Circuito Judicial de San José, en conocimiento de un recurso de apelación (informe visible a folios 20 y afolios 21-23).

    III.-

    DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA. El artículo 41, de la Constitución Política, estipula lo siguiente: "Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes". En igual sentido, el artículo 8, de la Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José el 22 de noviembre de 1969, indica lo que sigue: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter". De lo anterior, se colige que la Administración de Justicia está obligada a garantizar el respeto del derecho fundamental a un proceso en un plazo razonable. El artículo 41, de la Constitución Política –antes transcrito-, no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa sea resuelta dentro de un plazo razonable, lo que ha de ser establecido en cada caso concreto, atendiendo a la complejidad del asunto, la conducta de los litigantes y de las autoridades, así como las pautas y márgenes ordinarios de los tipos de procesos.

    IV.-

    CASO CONCRETOEn el presente asunto, se encuentra, plenamente, acreditado que, a la fecha de presentación del presente amparo, habían transcurrido, aproximadamente más de cuatro años desde que el amparado interpuso su demanda ordinaria laboral y aún no había dictado la sentencia correspondiente.Sobre el particular, considera esta Sala que, si bien es cierto, de la relación de hechos probados se constata que en el respectivo asunto ya recayó fallo de primera instancia el 16 de mayo del 2005, mediante el Programa contra el Retraso Judicial y se encuentra, actualmente, en el Tribunal de Trabajo, en el Segundo Circuito Judicial de San José, en conocimiento de un recurso de apelación,la actuación de las autoridades judiciales recurridas no ha sido célere, provocando con ello un retraso irrazonable, que lesiona, en perjuicio del amparado, lo dispuesto en elartículo 41 de la Constitución Política.

    V.-

    CONCLUSIÓN. Como corolario de lo expuesto, se impone declarar con lugar este recurso de amparo y condenar al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, los que se liquidarán en ejecución de sentencia ante la jurisdicción contencioso administrativa.

    Por tanto:

    Se declara CON LUGAR el recurso.Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.

    Luis Fernando Solano C.

    Presidente

    Ana Virginia Calzada M.AdriánVargas B.

    Gilbert Armijo S.ErnestoJinesta L.

    Fernando Cruz C.TeresitaRodríguez A.

    EJL/erj

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