Sentencia nº 01136 de Sala 3ª de la Corte Suprema de Justicia, de 10 de Noviembre de 2006

PonenteNo consta
Fecha de Resolución10 de Noviembre de 2006
EmisorSala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia99-911477-0042-PE
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoProcedimiento de revisión

SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.San J., a lasonce horas treinta minutos deldiez de noviembrede dos mil seis.

Recurso de casación interpuesto en la presente causa seguida contra L.F.G.E., mayor de edad, cédula de identidad 0-000-000, vecino de Escazú, por el delito de Uso de Documento Falso con Ocasión de Estafa, cometido en perjuicio de La Municipalidad de Alajuela. Intervienen en la decisión del recurso los Magistrados J.C.M., R. F.V., A.E.S.F., R.S.M. y U. Z.M.. También interviene en esta instancia el licenciado L. S.C. quien figura como defensora pública del encartado. Se apersonó el representante del Ministerio Público.

Resultando:

  1. -

    Que mediante sentencia N° 148-2006, dictada a las dieciséis horas del dieciocho de mayo de dos mil dos, el Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, Sede de Desamparados y H., resolvió: “POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, artículos 28, 36, 39 y 41 de la Constitución Política; 1, 4, 11, 17, 18, 20, 30, 45, 50, 51, 71, 216 inciso 2) y 365 del Código Penal; artículos 1, 2, 6 al 9, 16, 30 inciso e), 45, 141 al 144, 180 al 184, 265, 324, 326, 340, 341, 343, 360, 363, 365 y 367 del Código Procesal Penal, se declara a L.F.G.E. autor responsable de un delito de Tentativa de Estafa de Mayor Cuantía cometido en perjuicio de La Municipalidad de Alajuela, y en virtud se le impone una pena de Cinco Años de Prisión, que deberá descontar en el centro carcelario que los reglamentos penitenciarios indiquen, previo abono de la preventiva sufrida.- Por no reunir los requisitos necesarios, al contar con antecedentes penales y habérsele impuesto una pena superior a los tres años de prisión, no se le otorga al imputado el Beneficio de la Ejecución Condicional de la Pena, por lo que firme la sentencia deberá descontar la pena que aquí se le impone.- Siendo evidente que en el presente proceso el ahora condenado ha mostrado una actitud de desobediencia ante los requerimientos procesales, sustentando con ello la peligrosidad de fuga y de contumacia hacia sus obligaciones procesales, y a fin de asegurar el cumplimiento de la ley penal, con fundamento en el artículo 258 del Código Procesal Penal se dispone prorrogar la prisión preventiva del mismo, desde el quince de junio del presente año y hasta el quince de diciembre también de este año dos mil seis.- Se declara prescrita la acción penal en relación a los dos delitos que en concurso ideal se le venían atribuyendo de Uso de Documento Falso en perjuicio de La Fé Pública, por lo que se S. al encartado de ambos delitos.- Por las mismas consideraciones de fondo, y con fundamento en el principio Indubio Pro Reo, Se absuelve de toda pena y responsabilidad al encartado L.F.G.E. del delito de Estafa en perjuicio de Repuestos Mantica Sociedad Anónima representada por L. M.D..- Se resuelve este asunto con condenatoria en costas del proceso penal a cargo del ahora condenado.- Firme la Sentencia inscríbase en el Registro Judicial y remítase los testimonios de estilo para ante el Instituto Nacional de Criminología y Juzgado de Ejecución de la Pena.- Oportunamente archívese el expediente y sáquese del libro de entradas.- H.S..”(sic). Fs. A.O.V.. R.O.S.. J.C.M.. JUECES DE JUICIO.

  2. -

    Que contra el anterior pronunciamiento la Licenciada L.S.C. en su condición de defensora pública del encartado, interpuso recurso de casación por el fondo, solicita se case la sentencia y se reenvíe a su tribunal de origen para nueva sustanciación.

  3. -

    Que verificada la deliberación respectiva,la Sala se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.

  4. -

    Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes; y,

    Considerando:

    I.-

    Mediante escrito oportunamente presentado, aunque lo fue ante la Sala y no ante el tribunal a quo (ver folio 407), el justiciable G.E. formuló recurso de casación contra la sentencia de mérito que lo declaró autor responsable del delito de tentativa de estafa y le impuso pena de cinco años de prisión. Alega que se aplicó erróneamente la ley sustantiva y se irrespetó la sana crítica y el principio in dubio pro reo. En apoyo de su reclamo, manifiesta que las regulaciones bancarias exigen, como requisito para hacer efectivo un cheque, que el cliente firme el título valor y presente su cédula de identidad al día. Si no concurren esas circunstancias, ningún cajero cambiaría un cheque, mucho menos por un monto de más de tres millones de colones. Según expone el recurrente, él nunca firmó la libranza, sino que la presentó al cajero, quien se hizo cargo de realizar la consulta. Presentar el cheque para que sea consultado no es delito y, además, no existen probanzas suficientes que den soporte a las conclusiones del a quo, ya que ni siquiera se recibió el testimonio del cajero del banco. Tampoco explica el tribunal por qué se dice que el acusado ejecutó todas las acciones necesarias para provocar un error o cómo se determinó la concurrencia del elemento subjetivo del tipo penal.

    1. Los reparos, como se verá, son atendibles, pero conviene de previo aclarar que en este asunto, la Sala (con distintos integrantes), conoció del recurso de casación planteado por la defensa del justiciable y que contenía argumentos similares en parte a los que ahora se discuten (ver sentencia No. 657-06, de 8:40 horas de 19 de julio de 2006, a partir del folio 399). Sin embargo, no rige ninguna de las limitaciones establecidas en los artículos 411 y 421 del Código Procesal Penal (que proscriben reiterar temas conocidos en su oportunidad), ya que el documento que presentó G.E. corresponde a un recurso de casación ejercido en tiempo y no a un procedimiento de revisión. Se sigue de lo dicho que este tribunal posee competencia originaria para conocer con amplitud los alegatos deducidos, independientemente de lo que se haya dicho en el fallo anterior que, por error (en virtud de que no se agregó a la sumaria el escrito del justiciable), omitió pronunciarse en cuanto al segundo recurso. Tampoco es preciso anular la citada resolución anterior, pues aunque allí se declaró sin lugar el reclamo de la defensa, lo cierto es que el justiciable introduce un nuevo elemento que no fue sometido a examen en aquella oportunidad y que es la base esencial de lo que aquí se resolverá. En estas condiciones, a pesar de que lo propio era que los dos recursos fueran resueltos de forma conjunta, ha de tenerse presente que lo que se dijo en el primer fallo no prejuzgó sobre todos los temas que ahora se discuten, ya que no los contempló y, por ende, no existe incongruencia alguna en el rechazo de las quejas de la defensa y la declaratoria con lugar de las que deduce el acusado.

    2. En breve resumen, el tribunal estableció que G.E. se presentó a una sucursal bancaria con un cheque supuestamente emitido por la Municipalidad de Alajuela a favor de J.M.C.R. (persona que no existe, según se demostró) y por el monto de ¢3.485.000.00. El título presentaba un primer endoso del presunto beneficiario y dos firmas ilegibles de las personas autorizadas a girar. El justiciable entregó el cheque al cajero, quien lo consultó telefónicamente y se enteró de que el documento era falso, pues la Municipalidad nunca lo emitió, razón que hizo que se detuviera al acusado de inmediato. Encuentra la Sala que las acciones emprendidas por el justiciable se limitaron, cual él lo afirma, a presentar el cheque con el propósito de que fuera consultado, pues, de hecho, no había escrito ningún endoso suyo ni tampoco se determinó que él haya tomado parte en la falsificación del documento (ni siquiera se intentó hacer algún tipo de estudio grafoscópico para comparar la escritura de G.E. con los signos visibles en el título valor). Los razonamientos del a quo, así como los expuestos en la sentencia de la Sala citada en el Considerando anterior, se dirigieron al examen de la objetividad de la conducta y su aptitud para acarrear un eventual perjuicio económico, pero no se analizó el elemento subjetivo que menciona el impugnante y es que, aunque fuere dable sostener que el acusado se proponía hacer efectiva la libranza, se echa de menos cualquier dato probatorio apto para demostrar que él sabía de su falsedad. Sobre este punto, aduce el Ministerio Público, al contestar la audienciaconferida con motivo del recurso (ver folio 426), que el a quo tuvo por cierto que el justiciable es un “frenteador o cambiador de cheques previamente sustraídos”, sin embargo, no se cita a lo largo del fallo ninguna probanza que dé soporte a tal afirmación, ya que incluso se decretó absolutoria respecto del otro delito acusado y, como resulta obvio, las condenas anteriores no constituyen un elemento idóneo para enjuiciar hechos distintos de los que ya fueron sometidos a castigo. Pero, además, los informes que pudiesen tenerse acerca de actividades delictivas de una persona (los cuales, como se dijo, ni siquiera se citan en el fallo) de ninguna manera dispensan al tribunal del deber de examinar el caso concreto y decidir acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado a partir de las pruebas reales y positivas con las que se cuente y no con base en apreciaciones generales (que pueden ser fundadas o infundadas) en torno de lo que usualmente realiza el individuo. Así como el derecho penal de autor ha de rechazarse en la definición de aspectos sustantivos (v. gr.: la pena a imponer), tampoco tiene cabida en lo procesal (la forma de examinar las pruebas), sino que, lo que constitucionalmente se demanda, es que sean valorados los elementos de convicción relacionados con el hecho que se investiga y que posean aptitud para demostrarlos de manera razonable y razonada. De otro modo se deja sin sustento lógico valedero un extremo esencial: la definición de la culpabilidad o inocencia del acusado. La ausencia de pruebas respecto del tema que se comenta es tan evidente que el propio tribunal se limita a referirse al: “... conocimiento que debía tener el imputado de que el documento que usaba era falso...” (ver folio 382 vuelto). El conocimiento que el agente debe poseer respecto de todos los datos con relevancia típica (para que sean abarcados por el dolo) no es un tema que pueda simplemente suponerse o presumirse, sino que ha de demostrarse a plenitud con elementos de juicio dotados de aptitud lógica de demostración. En el caso bajo examen, encuentra la Sala que ese conocimiento (como se evidencia de las palabras de los propios juzgadores) no pudo probarse y subsisten explicaciones alternativas que dejan sin apoyo la condena (v. gr.: que el justiciable recibiera el cheque de otra persona como pago o por algún otro motivo lícito y, desconociendo su falsedad, decidiera presentarlo en consulta al banco para saber si podía hacerlo efectivo). Esas explicaciones alternativas de la conducta no fueron desvirtuadas con prueba idónea, pues, como ya se indicó, los juzgamientos anteriores del acusado o los informes de la policía de que el encausado se dedica usualmente a cambiar cheques sustraídos, no son elementos de convicción que posean la aptitud demostrativa para el caso concreto que el Ministerio Público (pues el tribunal no los mencionó específicamente) les pretende atribuir. Así las cosas, debe declararse con lugar el recurso, por constatarse que el fallo de mérito irrespetó el principio in dubio pro reo y, resolviendo por el fondo, en vista de que no existe ninguna probanza que permitiera disipar esa duda en un juicio de reenvío, se absuelve a L.F.G. E. del delito objeto de la condena y se ordena su inmediata libertad, si otra causa no lo impide. C. lo resuelto al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la pena, para lo de su cargo, así como al Registro Judicial para que se cancele la anotación del asiento de la condena, si ya se hubiere ordenado. Lo anterior se resuelve con el voto salvado de los Magistrados S.M. y Z.M..

    Por Tanto:

    Por mayoría se declara con lugar el recurso de casación interpuesto y, resolviendo por el fondo, se absuelve a L.F.G.E. del delito de tentativa de estafa, en daño de la Municipalidad de Alajuela que se le ha venido atribuyendo. Se ordena la inmediata libertad del acusado, si otra causa no lo impide. C. lo resuelto al Instituto Nacional de Criminología y al Juzgado de Ejecución de la pena, para lo de su cargo, así como al Registro Judicial para que se cancele la anotación del asiento de la condena, si ya se hubiere ordenado. Los Magistrados Z.M. y S.M. salvan el voto.- NOTIFÍQUESE.-

    Rosario Fernández V.

    Jeannette Castillo M.Ana Eugenia Sáenz F.

    Ulises Zúñiga M.Ronald Salazar M.

    Voto salvado delMagistrado Z.M.

    El suscrito se aparta del criterio de mayoría y opta por salvar su voto, en el sentido de declarar sin lugar el recurso de casación interpuesto en esta causa.En primer lugar, debe tenerse en cuenta que el Tribunal de mérito tuvo por cierto que el día de los hechos el encartado G.E. se presentó a una sucursal bancaria con un cheque supuestamente emitido por la Municipalidad de Alajuela, girado por el monto de tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil colones y a la orden de J. M.C.R., persona que no existe.Se indica expresamente que el encartado actuó a sabiendas de que el cheque era falso y con el fin de obtener un beneficio patrimonial indebido.Además se añade que se presentó a la ventanilla del banco para cambiar, o sea, para hacer efectivo, ese título. El documento presentaba un primer endoso del presunto beneficiario y dos firmas ilegibles de las personas autorizadas para realizar los giros.De lo anterior se desprende con claridad que no estamos antes ningún hecho preparatorio, sino ante el comienzo de la ejecución de un delito, por actos directamente encaminados a su consumación, la cual no se produjo por circunstancias ajenas a la voluntad del agente (las autoridades bancarias descubrieron la falsedad del documento). Por lo demás, tampoco existe duda alguna sobre la conducta desplegada por el imputado, pues está claro que si el supuesto beneficiario y único endosante es inexistente, entonces G.E. sabía que el documento era falso, pues no pudo haberlo recibido legítimamente de ninguna persona, sino todo lo contrario. En cuanto a ello ha de acudirse a los principios más elementales de la lógica, pues de lo contrario el juicio (como valoración probatoria) queda privado de sentido.El imputado fue detenido en flagrancia, razón de más para no dudar del alcance de su conducta.Desde un punto de vista lógico-jurídico, no es dable confundir –ni siquiera en forma tácita– los actos preparatorios y los actos de ejecución, pues existen diferentes tesis para distinguir unos de otros. Tampoco es dable confundir –de moto tácito– la supuesta existencia de una duda con el tema de la diferencia entre actos preparatorios y actos de ejecución, pues se trata de dos aspectos totalmente distintos, el uno de carácter procesal (referido a la prueba) y el otro de carácter sustancial (referido al momento en que comienzan los actos punibles a título de tentativa). Tomando en cuenta esas diferencias, está claro que el imputado sabía que el cheque era falso y que, con ese conocimiento, intentó cambiarlo, es decir, inducir a error a la entidad bancaria para obtener un beneficio antijurídico. Creer otra cosa es engañarse a sí mismo y, como consecuencia de ello, premiar al delincuente para que –muy probablemente– siga atentando contra los bienes jurídicos que el Derecho penal pretende tutelar. En resumen, estimo que no hay motivo alguno para revocar el fallo de instancia, por lo que, en minoría, voto por declarar sin lugar la casación, como consecuencia de lo cual el imputado debería descontar la pena que se le impuso en una sentencia que me parece justa y adecuada a Derecho.

    Ulises Zúñiga M.

    Voto salvado delMagistrado S.M.

    Con el respeto y la consideración de siempre, discrepo de la forma en que la mayoría de la Sala ha resuelto el caso y externo mi opinión de seguido.En el manuscrito de casación que presenta el imputado alega errónea aplicación de la ley sustantiva, pues no se consideró que no se cumplieron todos los actos necesarios para que el delito se configurara.Explica que para cambiar el cheque es requisito necesario endosarlo y presentar la cédula de identidad, de manera que sin tales condiciones ningún banco cambia un cheque mucho menos por esa cantidad de dinero, por ello, al no haber sido endosado el cheque nunca pudo haber sido cambiado en dinero efectivo.Agrega que presentar un cheque para su consulta no constituye delito, por ello no existe tipicidad en su conducta y propone que se le absuelva de toda pena y responsabilidad.No le asiste razón al impugnante por lo que se declara sin lugar el motivo: El hecho constituye tentativa de estafa y el fallo lo sustenta objetiva y subjetivamente en forma suficiente. El dato probatorio de que el imputado sabía de la falsedad del documento nunca va a ser hallado.No es posible penetrar materialmente la mente del acusado para encontrar su pensamiento al momento de la realización del hecho, pues ello debe deducirse de los elementos externos de su comportamiento.Se acreditó que el encartado portaba una fórmula de cheque, que en su concepción jurídica es una orden de pago,un sustituto del dinero que sirve en iguales condiciones que la moneda de circulación y que, sin ser girado a su nombre, sin razón alguna que legitimare su tenencia ni mucho menos su pago, se presentó al banco a procurar obtener el dinero equivalente por un monto sumamente elevado.Al respecto el fallo analiza con detalle, que el encartado se presentó al banco con un cheque falsificado, endosado varias veces y con el evidente fin de hacerlo efectivo, al punto que lo entregó al cajero, quien hizo la respectiva consulta a la entidad giradora, que era la Municipalidad de Alajuela, percatándose entonces que ellos no habían emitido ese título, por lo que era falso.Al respecto la sentencia indica “Interesa en este punto acotar con relación a la participación del acusado, que, el testigo J.A.P.E., quien había trabajado como funcionario del Banco Nacional por varios años, y que incluso había ocupado el cargo de cajero, indica que cuando se le hace la llamada para confirmar el giro, ello quería decir lógicamente que la persona que había llegado al banco con la fórmula de cheque falsa, evidentemente había entregado ya el título para hacerlo efectivo, dado que si no fuera así la consulta para realizar el giro no se hubiera hecho, siendo que de todas maneras el funcionario siempre le indicio que esta era la intención efectiva de la persona que traía el cheque.” (f. 381)Esto echa por tierra el argumento del recurrente de sólo haber consultado el giro, pues los juzgadores tomaron en cuenta que al presentarse al banco solicitó el cambio del mismo, pues se hizo el trámite ordinario para esos fines, al punto que fue consultado al girador, por lo que no es cierto que sólo llegara a consultar los fondos, sino a hacerlo efectivo.Esto mismo descarta cualquier esfuerzo en orden a considerarque estemos ante actos preparatorios, cuando se ha puesto en marcha plenamente, toda la actividad necesaria para hacer efectivo el documento espúreo y para causar el perjuicio. Muy claro resulta esto:el acusado lleva el cheque al banco en donde la Municipalidad tiene la cuenta y se presenta al cajero que es la persona encargada de disponer la entrega material del dinero que ese municipio tiene en la cuenta,con un cheque por un monto alto, que no le ha sido girado a su nombre y con firmas de endoso desconocidas, por lo que hay una claridad absoluta en las accioneslas cuales son ejecutorias de un hecho, cuál es, pretender hacerse de una cantidad de dinero utilizando el documento falso, procurando engañar al cajero del banco.Con ese cuadro fáctico no hay lugar a ingenuidades, pues se evidencia certeramente el elemento subjetivo que privó en el encartado al momento del hecho.El cheque no se hace efectivo porque se descubre la falsedad, pero no es por las razones que indica el encartad de no haber sido endosado ni portar la cédula.Por otro lado el fallo considera que si el encartado porta el cheque, girado contra personas inexistentes y con endosos desconocidos y pretende hacerlo efectivo, tiene conocimiento de la falsedad tanto del documento como de que carece de toda legitimación para obtener el dinero, de manera que se configura plenamente, tanto en lo objetivo como subjetivo el delito de Estafa que establece el numeral 216 del Código Penal, tal como se estableció en el fallo impugnado.Por estas razones estimo que el recurrente no tiene razón y el fallo se encuentra adecuadamente fundado en derecho por lo que declaro sin lugar el recurso presentado.

    Ronald Salazar Murillo

    dig.imp.lao

    Expte. Interno N° 1049-1/6-06

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