Sentencia nº 06803 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 23 de Abril de 2008

PonenteAna Virginia Calzada Miranda
Fecha de Resolución23 de Abril de 2008
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia08-003541-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoAcción de inconstitucionalidad

Exp: 08-003541-0007-CO

Res. Nº 2008006803

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diecisiete horas y cuarenta y seis minutos del veintitrés de abril del dos mil ocho.

Acción de inconstitucionalidad promovida por L.E.P.M., mayor, casado dos veces, abogado, vecino de Desamparados, portador de la cédula de identidad número 0-000-000; contra el Capítulo II (denominado “Comité Olímpico Nacional”) de la “Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación”, número 7800 del 30 de

abril de 1998.

Resultando:

  1. -

    Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 11:40 horas del 20 de febrero del 2008, el accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad del Capítulo II (denominado “Comité Olímpico Nacional”) de la “Ley de Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación”, número 7800 del 30 de abril de 1998; capítulo que comprende los artículos 23 a 31. Explica que el derecho de asociarse en Costa Rica en el ámbito deportivo está regido por dos leyes, la “Ley de Creación del Instituto del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación”, número 7800 de 30 de abril de 1998; y la Ley de Asociaciones, número 218 de agosto de 1939. El artículo 23 de la primera crea el Comité Olímpico Nacional, como una organización sin fines de lucro y de interés público, a la cual el Estado costarricense le otorga personalidad jurídica propia. Dicho Comité, “por su naturaleza especial”, está excluido de la aplicación de la Ley de Asociaciones y de las disposiciones de la misma ley relativas a las asociaciones deportivas. En criterio del actor, es claro que este artículo y los siguientes que cuestiona violan los principios constitucionales, toda vez que “no hay ley que regule este organismo (…) y resulta que esto nos da como resultado la inmunidad de las actuaciones de esa organización, pues no hay quien fiscalice su funcionamiento jurídico, pues las leyes que esta hechas para regular la actividad de las entidades deportivos (Ley 7800) no le alcanza o no es competente para juzgarla”. La normativa no dice cuál es esa “naturaleza especial” a que se refiere el artículo 23 “y casualmente es ahí donde se le confiere una personalidad jurídica no sujeta a ninguna ley de la República”. Lo anterior, sigue diciendo el accionante, viola los principios constitucionales del debido proceso y el derecho a la defensa, “toda vez que entonces no se sabe a ciencia cierta que autoridad o cual ente regula sus actuaciones a nivel nacional”. El Comité publicó un Estatuto que no fue aprobado por sus asambleístas; además, sus procesos de elección deben ser transparentes, más si hablamos de una entidad que representa el deporte costarricense, que por supuesto es de orden público, pues agrupa a todas las federaciones nacionales de Costa Rica, a los que el Estado entrega presupuesto del erario público. Señala que “Con ésta impunidad que le brinda el Capítulo II, el Comité Olímpico Nacional ha violentado constantemente nuestra Constitución Política, de ahí que pretendamos se declare la inconstitucionalidad de los artículos 23 al 31 de Ley 7800, pues es claro que toda organización jurídica que tenga una personalidad otorgada por el Estado costarricense debe de ser resguardada por sus leyes nacionales”.

  2. -

    Mediante resolución de las 11:30 horas del 27 de febrero del 2008 (folio 14), se previno al actor -en lo que interesa- especificar cuál es el asunto previo pendiente de resolver sobre el cual basa la acción, aportando copia certificada del libelo en que invocó la inconstitucionalidad de la normativa cuestionada en dicho proceso base, o bien señalar cuáles motivos le confieren legitimación para accionar directamente.

  3. -

    A folio 16, el promovente responde a la prevención, indicando que “Es claro que cualquier ciudadano tiene un interés legítimo en salvaguardar el deporte costarricense, llámese este de alto rendimiento u olímpico, toda vez que el mismo incide en la colectividad, pues se trata de ni más ni menos de las representaciones nacionales en competencias de carácter internacional. (…) [Estamos] ante un interés de la colectividad, que incide directamente en cada individuo que la compone, estamos ante la imposibilidad que tiene la sociedad costarricense de velar por el cumplimiento de nuestros principios democráticos, de un estado de derecho, totalmente pisoteados por los miembros de un Comité que no le ha dudado la mano para mantenerse en una posición dictatorial, contraria a nuestra historia como país democrático.”

  4. -

    El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada.

    Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,

    Considerando:

    I.-

    En el sub examine , el accionante -tal y como él mismo lo admite- no viene en defensa o reclamo de un derecho subjetivo o interés legítimo propio, sino que pretende representar a toda la sociedad costarricense ante determinadas situaciones anómalas que considera que afectan al Comité Olímpico Nacional. En criterio de la Sala, tal indeterminación evidentemente torna a la presente, para todos los propósitos prácticos, en una verdadera acción popular, en la que el concepto de interés colectivo (que para efectos de legitimación activa recoge el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional) pretende ensancharse al extremo de querer englobar en él a toda la colectividad nacional, cuando lo cierto es que su correcta inteligencia –examinada en múltiples sentencias previas— está limitada a la impugnación de actos o normas que lesionen los intereses de determinados grupos o corporaciones en cuanto tales.

    II.-

    La jurisprudencia de este tribunal es pacífica y de larga data en el sentido de que las acciones populares no están permitidas en nuestro medio, en la medida en que, de admitirse, conducirían a negar diametralmente el carácter incidental que posee la acción en el diseño de nuestro sistema de justicia constitucional vigente. En efecto, el artículo 75 de la Ley que rige esta jurisdicción establece que, como regla, la admisibilidad de una acción de inconstitucionalidad está condicionada a la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, en el que se haya invocado la inaplicabilidad de la norma o normas impugnadas, de modo que la demanda sirva como un medio razonable para la tutela del derecho o interés que se estima lesionado. En atención a esa naturaleza incidental, es importante subrayar que las hipótesis del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley de esta jurisdicción no constituyen alternativas, sino excepciones a la mencionada regla general que exige la existencia de un asunto previo pendiente de resolver como fundamento de la acción. Como tales, solo resultan aplicables cuando las circunstancias del caso –que deben ser examinadas individualmente- determinan la imposibilidad (o, al menos, una manifiesta improbabilidad) de que pueda llegar a plantearse un proceso base, judicial o administrativo, entablado con motivo o con ocasión de una lesión individual y directa causada por la aplicación de las disposiciones impugnadas.

    III.-

    En el caso que nos ocupa, considera la Sala que la normativa impugnada es básicamente susceptible de aplicación individual y puede incidir directamente en la esfera jurídica de personas singulares -en especial, de las federaciones y asociaciones representadas ante el Comité Olímpico Nacional y que contribuyen al ejercicio de sus atribuciones, conforme al artículo 25 de la ley 7800- de modo que puede dar origen a reclamaciones en sede administrativa o jurisdiccional, a partir de las cuales cabría deducir acciones de inconstitucionalidad en su contra. En efecto, bastaría, por ejemplo, con que a una asociación deportiva se le excluyera ilegítimamente de participar en la elaboración del plan a que se refiere el inciso b) ibidem, para que ella pueda ejercitar los medios legales respectivos y dar paso a un proceso (inclusive en la vía de amparo) que sirva de fundamento a la acción. Por ende, al no concurrir en el sub lite, por las razones expresadas, las hipótesis que permitirían exceptuar la existencia de un proceso base, lo que cabe es desestimar la demanda por falta de legitimación del accionante.

    Por tanto:

    Se rechaza de plano la acción.

    Ana Virginia Calzada M.

    Presidenta a.i.

    Luis Paulino Mora M. Gilbert Armijo S.

    Ernesto Jinesta L. Fernando Cruz C.

    Federico Sosto L. Horacio González Q.

    71/acq

    EXPEDIENTE N° 08-003541-0007-CO

    Teléfonos: 295-3696, 295-3697, 295-3698, 295-3700. Fax: 295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional

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