Sentencia nº 00169 de Sala 2ª de la Corte Suprema de Justicia, de 25 de Febrero de 2009

PonenteNo consta
Fecha de Resolución25 de Febrero de 2009
EmisorSala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia02-300131-0462-LA
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoProceso ordinario laboral

Exp: 02-300131-0462-LA

Res: 2009-000169

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas treinta minutos del veinticinco de febrero de dos mil nueve.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, por G.R.S., oficinista y vecino de Limón, contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, representada por su apoderada general judicial licenciada G.M.M. F., vecina de San José. Ambos mayores y casados.

RESULTANDO:

  1. -

    El actor, en escrito fechado veintiséis de agosto de dos mil dos, promovió la presente acción para que en sentencia: "01-) Se declare la Excepción de Prescripción en el expediente administrativo en donde se investigó las supuestas faltas cometidas por el suscrito. 02-) Declarada la Excepción de Prescripción se proceda a ordenar el archivo defmitivo del expediente administrativo. 03-) Una vez ordenado el archivo definitivo del expediente administrativo se ordene mi reinstalación en el puesto que ostentaba al momento de mi despido con todos los derechos laborales que gozaba. 04-) Que se ordene el pago de todos los salarios, aumentos de salario, reconocimientos salariales, salarios escolares, aguinaldos y cualesquiera otros beneficios dejados de percibir desde el momento de mi despido hasta mi reinstalación efectiva en mi puesto. 05-) Que se ordene el pago el pago de intereses sobre todas las sumas otorgadas en la tramitación de este expediente. 06-) Pago de ambas costas de esta acción.

    PETITORIA SUBSIDIARIA. De considerar el señor Juez que no procede la petitoria principal SOLICITO se proceda acoger la petitoria subsidiaria, la cual consiste en lo siguiente: 01-) Se declare que el suscrito no es el responsable de los cargos que se le imputan producto de los supuestos hechos achacados a mi persona. 02-) Habiendo sido declarado que no soy el responsable de los cargos que se me imputan se proceda a ordenar el archivo definitivo del expediente administrativo. 03-) Una vez ordenado el archivo definitivo del expediente administrativo se ordene mi reinstalación en el puesto que ostentaba al momento de mi despido con todos los derechos laborales que gozaba. 04-) Que se ordene el pago de todos los salarios, aumentos de salario, reconocimientos salariales, pasos, aumentos de categoría de puestos, salarios escolares, aguinaldos y cualesquiera otros beneficios dejados de percibir desde el momento de mi despido hasta mi reinstalación efectiva en mi puesto. 05-) Que se ordene el pago el pago de intereses sobre todas las sumas otorgadas en la tramitación de este expediente. 06-) Pago de ambas costas de esta acción". (sic)

  2. -

    La apoderada general judicial de la demandada contestó la acción en los términos que indicó en el memorial de fecha tres de octubre de dos mil dos y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de agotamiento de la vía administrativa, prescripción y la genérica de sine actione agit.

  3. -

    La jueza, licenciada J.V.B., por sentencia de las nueve horas treinta minutos del diez de marzo de dos mil ocho, dispuso: "De conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución de fondo, citas de ley, jurisprudencia y doctrina invocada, se rechaza la excepción de prescripción contra el ejercicio de la potestad disciplinaria de la entidad patronal interpuesta por el accionante. Se rechazan las excepciones de falta de derecho, falta de agotamiento de la vía administrativa, prescripción y la generica sine actione agit interpuestas por la accionada. Se declara CON LUGAR el presente Proceso Ordinario Laboral establecido por G.R.S. contra la CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL representada por su apoderada general judicial Licenciada G.M.M.F., por lo que se declara la nulidad del despido y por ende debe la accionada reinstalar al actor en su puesto o en un puesto similar con un salario igual, con todos los derechos laborales que gozaba, así como cancelar todos los salarios, aumentos de salario, reconocimientos salariales, salarios escolares, aguinaldos y cualesquiera otros beneficios dejados de percibir desde el momento de su despido hasta la reinstalación efectiva en el puesto, los intereses legales que se generen sobre los rubros determinados y susceptibles de tal resarcimiento, sean los correspondientes a los depósitos a seis meses plazo del Banco Nacional de Costa Rica y a partir de la exigibilidad de cada uno de los derechos aprobados y hasta el efectivo pago de lo que corresponda y que serán liquidados en etapa de ejecución de sentencia. Se rechaza la pretensión del actor en cuanto al pago de cualesquiera otros beneficios dejados de percibir desde el momento de su despido hasta su reinstalación efectiva en su puesto, porque este es un reclamo en forma generica, ya que no individualiza cuales son esos beneficios. Se condena a la demandada al pago de ambas costas del proceso, fijando las personales en un quince por ciento del total de la condenatoria. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su inconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso. (Artículos 500 y 501 incisos c) y d); votos de la Sala Constitucional números 5798, de las 16:21 horas del 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y voto de la Sala Segunda número 386, de las 14:20 horas, del 10 de diciembre de 1999) Publicado en el Boletín Judicial número 148 deI viernes tres de agosto del 2001, circular de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia número 79-2001".(sic)

  4. -

    La apoderada general judicial de la demandada apeló y el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, integrado por los licenciados J.C. C.V., E.M.S. y V.H.M.M., por sentencia de las nueve horas del veintidós de mayo del año próximo pasado, resolvió: "Conforme con todo lo expuesto, dado que no existen defectos, ni omisiones, ni vicios que sean implicativos de nulidad alguna, procede a tener por confirmada la sentencia venida en alzada, pero se agrega únicamente en cuanto a que el actor debe ser reintegrado en su puesto en el plazo de un mes a partir de la firmeza de la sentencia respectiva, manteniéndose incólume el resto de la sentencia venida en alzada".

  5. -

    La apoderada general judicial de la accionada formuló recurso para ante esta S. en memorial de data diecisiete de junio de dos mil ocho, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.

  6. -

    En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

    R. elM.V.R.; y,

    CONSIDERANDO:

    I.-

ANTECEDENTES

En fecha 28 de agosto de 2002, el actor formuló demanda para que en sentencia: a) se acoja la excepción de prescripción en el expediente administrativo en el que se investigó las supuestas faltas; b) acogida esta defensa, se ordene el archivo del expediente; c) se dispone su reinstalación en el puesto que ostentaba al momento del despido con los derechos laborales que gozaba; d) se condene a la demandada al pago de todos los salarios, aumentos, reconocimientos salariales, salarios escolares, aguinaldos y cualesquiera otros beneficios dejados de percibir desde su despido hasta su reinstalación efectiva en el puesto; e) el pago de intereses; y f) se le imponga el pago de ambas costas. En forma subsidiaria: a) se declare que no es el responsable de los cargos que se le imputan producto de los supuestos hechos achacados; b) se archive el expediente; c) se ordene su reinstalación en el puesto que ostentaba al momento del despido; d) se ordene el pago de los salarios, aumentos, reconocimientos salariales, pasos, aumentos de categoría de puestos, salarios escolares, aguinaldos y cualesquiera otros beneficios dejados de percibir desde el despido hasta su reinstalación; e) pago de intereses; y f) ambas costas del proceso. Como fundamento de su pretensión afirmó que inició labores el 2 de setiembre de 1987, siendo el último puesto desempeñado el de oficinista 2 en el Hospital Dr. T.F. C., con un salario de ¢133.340 durante los últimos seis meses de la relación laboral, en horario de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y los viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Agregó que el 11 de febrero de 1998, mediante memorando número ADM-0092-02-98 fue nombrado como encargado de bienes muebles del ente accionado, siendo sus tareas señaladas en el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración y Control de los Bienes Muebles. Asimismo, que a pesar de no estar de acuerdo con ese nombramiento, se desempeñó por órdenes recibidas por sus superiores, sin que se le diera capacitación para hacerlo, a pesar de haberla solicitado en varias ocasiones. Refirió que en el mes de noviembre de 1999, el Servicio de Nutrición del hospital solicitó la compra de un carrito térmico, destinado a servir a los pacientes las comidas denominadas calientes. Luego de los trámites internos de estudio de las ofertas, se resolvió adjudicar -por parte de la Unidad de Compras del Departamento de Proveeduría- la adquisición del carrito a la empresa “Distribuidora Lava S.A.”, por un monto de ¢640.000, que debía ser entregado en el plazo de veintidós días. Señaló que el 9 de diciembre de 1999 se emitió la orden interna para compra directa, número 01357-99, la cual es firmada por el encargado de compras, señor D.B.G., la Jefatura Superior, sea del administrador, MBA. M.V.V., y la persona encargada de control presupuestario, señora T.M.C.. Además, cuenta con el sello de la Dirección Médica, así como con la firma del Dr. W.G. P., quien ostentaba el cargo de Director Médico. Añadió que la factura contiene una leyenda, junto a las firmas, que textualmente señala: “La mercadería debe ser entregada en Proveeduría”. Manifestó que la orden interna para compra directa señalada en el punto sexto, fue enviada al telefax 224-58- 19 el mismo día en que fue confeccionada, número que pertenece a la empresa “Distribuidora Lava S.A.”, la que emite, al día siguiente, sea el 10 de diciembre de 1999, la factura comercial número 3291, firmada por el señor J. C.B.G., quien ocupaba la plaza de jefe de proveeduría, en la sección de recibido conforme. Ese mismo día, la Caja emitió una factura comercial, la cual respalda las gestiones realizadas hasta ese momento para la adquisición del carrito térmico, la que también tiene la firma del señor B.G. en la sección de recibido conforme, así como el sello de la Dirección Médica y la firma del Dr. G.P.. Agregó que para el 13 de diciembre de ese año se emitió el documento “vale de entrada de bienes muebles” número 20, que tiene como propósito registrar el ingreso de bienes muebles y suministros a la Caja, y en este caso en concreto, el ingreso del carrito térmico al hospital, en que se registran las firmas de los señores B. G., en la sección de firma responsable de quien recibe el bien, y del administrador del hospital, MBA. M.V.V.. Indicó que como encargado de la Oficina de Bienes Muebles, le correspondió confeccionar el documento denominado “vale de entrada de bienes muebles”, el que fue llenado de acuerdo con la información que suministra el Departamento de Proveeduría, ya que aquella oficina depende de esta. Una de las secciones señala la asignación de un número de placa al bien recibido de la Proveeduría; luego esa placa debía ser puesta en aquel como parte de la identificación del mismo. Invocó que como puede deducirse, su responsabilidad es confeccionar el documento “vale de entrada de bienes muebles”, por órdenes del jefe de Proveeduría, señor J. C.B.G., quien firmó como si hubiera recibido el bien en perfectas condiciones, siendo avalado ello, en la mayoría de los documentos por el administrador, MBA. M.V.V., y por la Dirección Médica del Hospital, en la persona del Dr. W.G.P.. Explicó que a pesar de que debía confeccionar, como parte de sus funciones, el “vale de entrada”, nunca podía constatar que los bienes habían ingresado a las instalaciones del hospital, ya que eso era parte de las funciones del Departamento de Proveeduría, no de la sección encargada a su nombre. Agregó que el mismo día que es confeccionado el “vale de entrada de bienes muebles”, se hace la nómina de pago a proveedores número 135, que contiene la fecha de emisión de la factura de la Caja, el nombre del proveedor, monto de la factura y el número de la cédula jurídica del proveedor. En la línea 09, se encuentra descrita la que se asigna al pago respectivo de la factura a nombre de “Distribuidora Lava S.A.”. Esa misma nómina tiene una leyenda que dice textualmente: “Favor retener los cheques de esta nomina hasta tanto el servicio de Proveeduría autorice el pago”. Ese documento se encuentra nuevamente firmado por los señores J.C.B., en la sección de recibido conforme, y del MBA. M.V., administrador. Asimismo, contiene las firmas de los señores R.B.V., encargado del fondo rotatorio de la sucursal de Limón, y del Dr. W.G.P., en ese momento director del hospital. Los cheques se encontraban en custodia del cajero de la sucursal de la Caja hasta su entrega al proveedor. Aclaró que un procedimiento que a la fecha se realiza a lo interno del hospital, para la compra de bienes y servicios cada vez que se acerca el fin de cada año, permitido por las autoridades superiores de aquel, sea la Dirección Médica, Administración Superior, otras oficinas de trámite, como el Servicio solicitante del bien requerido, encargado del fondo rotatorio, cajeros de la sucursal y de la Proveeduría del mismo, así como de las autoridades superiores de la Caja. Detalló que a inicios del mes de diciembre de cada año, cuando se iniciaban los cierres de presupuestos anuales, se detectaban que existían partidas sin gastar, por lo cual se avisaba a los diferentes servicios que integran el hospital, a efecto de que gestionaran a la mayor brevedad, las solicitudes de aquellos bienes y suministros que requirieran, con el propósito de que se adjudicaran los mismos, siguiendo el procedimiento adecuado para ello y de paso se confeccionaran las facturas comerciales respectivas, tanto de la empresa que había sido adjudicataria como de la Caja. Sin embargo, aunque el bien no había sido recibido para el 31 de ese mes, se procedía a confeccionar, por orden de la Jefatura de Proveeduría, el “vale de entrada de bienes muebles”, asignándose la respectiva placa y esperando la orden de aquella jefatura para lo correspondiente en cuanto a la identificación o plaqueo. Con el vale citado, se procedió a elaborar el cheque de pago a la empresa adjudicataria del servicio. Ese cheque, que se encontraba en custodia del cajero de la sucursal de la Caja, no se entregaba hasta tanto no se tuviera el visto bueno de la Jefatura de la Proveeduría, el cual señalaba que se había recibido el bien, servicio o suministro y con base en ello se podía entregar el cheque respectivo. Manifestó que a pesar de que se requería el visto bueno de la Jefatura de Proveeduría para la entrega del cheque a la empresa “Distribuidora Lava S.A.”, sea que se hubiera recibido el carrito término, lo que no ocurrió en el plazo otorgado, en fecha 21 de diciembre de 1999 retiró el cheque número 0015799, por la suma de ¢627.200, porque aunque la compra era por ¢640.000, debía aplicarse una deducción del 2% de impuesto de la renta. Por ello, el 22 de agosto de 2000, el MBA. M.V., administrador, en oficio enviado a la representante de la sociedad, le concede el plazo de veinticuatro horas para el reintegro de la suma retirada mediante cheque, bajo pena de establecer las acciones legales, petición realizada los días 22- 09-2000 y 27-10-2000, devolviendo el dinero mediante depósito. El 23 de agosto de ese año, el director regional Dr. J.M.M. solicitó a los doctores P.E.M.C. y J.W.B., de la Dirección Regional del Hospital, un informe sobre lo sucedido con la adjudicación del carrito térmico, quienes solicitan la información y reciben informes de los representantes del servicio solicitante y de la Jefatura de Proveeduría. Para su asombro, el 27 de setiembre de 2000 recibió una resolución firmada por el director del hospital, donde se inicia en su contra un proceso administrativo tendiente a esclarecer la situación acaecida, en el que se le imputan los siguientes cargos: a) simulación de ingreso de bienes, vista en los trámites comerciales, contractuales y pago por un bien que no ingresó al patrimonio institucional; b) incumplimiento de deberes, reflejado en la negligencia, impericia e imprudencia en el manejo del objeto de la compra del carrito térmico; c) falsedad ideológica, vista en la figura de pago al supuesto proveedor, “Distribuidora Lava S.A.” y la identificación mediante plaqueo, como patrimonio institucional a un bien que supuestamente no ingresó a la institución; d) negligencia, impericia e imprudencia en el manejo de fondos públicos; y e) defraudación a fondos públicos por la suma de ¢627.200, vista en el pago de esta suma mediante cheque 0015799, de fecha 17 de diciembre de 1999 a favor de “Distribuidora Lava S.A.”. La resolución ordenaba al mismo tiempo la suspensión de sus labores con goce de salario por un período de cuatro meses. Igual medida se dictó, entre otros funcionarios, contra los señores B.G. y V.V., no así contra las demás personas que tuvieron injerencia en el proceso de adjudicación y pago (folios 3 a 19). La apoderada general judicial de la Caja contestó en forma negativa la demanda, y opuso las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa, prescripción, falta de derecho y la genérica de sine actione agit. Alegó que el actor confeccionó el vale de entrada de Bienes Muebles con fecha 13-12-99, como encargado de dicha función, sin ajustarse a lo señalado en el artículo 62 del Manual de Normas y Procedimientos para la Administración y Control de Bienes Muebles, el cual señala: “Una vez recibido el bien, se procederá al respectivo plaqueo o identificación, acción que estará a cargo del encargado de activos de la unidad ejecutora. En el mismo acto se confeccionará el “vale de entrada de bienes muebles…”. De modo que su actuación no se ajusta a sus obligaciones contractuales como funcionario encargado de la Oficina de Bienes Muebles, actuación que no le exime de responsabilidad, toda vez que se determinó su responsabilidad en las irregularidades detectadas en la compra, al haber incumplido con lo señalado en el numeral citado. Agregó que según consta a folios 40 y 41 del expediente administrativo, en fecha 15 de marzo y 22 de junio de 2000, la “Distribuidora Lava S.A.” remite oficios a la Proveeduría del hospital, justificando la no entrega de un artículo que se había adjudicado en diciembre del 99, y el que no había sido entregado, cuando debía hacerse veintidós días después de la comunicación de la adjudicación, sea en el mes de enero 2000, para cuando, según la normativa vigente, ya se debían haber tomado acciones contra la empresa y anulado todo lo actuado. Asimismo, que la empresa a la que se adjudicara la compra n° 079-99, retiró cheque n° 0015799 el 17-12-99, el cual a pesar de no haber entregado la compra retiró el cheque, y por la situación dada, realiza su devolución mediante comprobante de ingreso nº 0641775 el 16-11-2000, luego de transcurridos 10 meses y 29 días. Añadió que el propio actor aceptó haber confeccionado el vale de entrada del bien mueble, así como la asignación de placa, lo cual implica una aceptación expresa de su grave actuación como trabajador del hospital en los hechos investigados (folios 21 a 30). El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Limón, en sentencia nº 50 de las 09:30 horas del 10 de marzo de 2008, declaró con lugar la demanda. Dispuso la nulidad del despido y obligó a la accionada a reinstalar al actor en su puesto o en uno similar con un salario igual, con todos los derechos laborales que gozaba, así como cancelar todos los salarios, aumentos, reconocimientos salariales, salarios escolares, aguinaldos y cualesquiera otros beneficios dejados de percibir, desde el momento de su despido hasta su reinstalación, intereses legales a partir de la exigibilidad de cada uno de los derechos y hasta su efectivo pago, los que serán liquidados en la etapa de ejecución de sentencia; y ambas costas del proceso, fijando las personales en el quince por ciento del total de la condenatoria. Rechazó la excepción de prescripción contra el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como las de falta de derecho, falta de agotamiento de la vía administrativa, prescripción y la genérica de sine actione agit (folios 189 a 216). La Caja formuló recurso de apelación (folios 223 a 226). El Tribunal del mismo circuito judicial, en voto nº 043 de las 09:00 horas del 22 de mayo de 2008, confirmó la sentencia, agregando que el actor debe ser reintegrado en su puesto en el plazo de un mes a partir de la firmeza de la sentencia (folios 231 a 238).

II.-

AGRAVIOS. La apoderada general judicial de la institución accionada se muestra inconforme con lo resuelto en la instancia precedente. En concreto reclama: a) error en la apreciación de la prueba, imputación y responsabilidad del actor y la falta que se imputa que generó despido sin responsabilidad patronal. Invoca que en el recurso de apelación, argumentó: “…Los motivos de inconformidad con la sentencia de primera instancia obedecen a la errónea apreciación de la prueba en relación con la falta y el puesto desempeñado por el actor lo que generó la falta grave que ameritó sobradamente el despido sin responsabilidad del actor, que no generan jamás duda alguna que pueda llevar como erróneamente se dio en este proceso, al considerar el juez que el despido no era procedente y declara la nulidad del despido con la reinstalación al puesto del actor y los otros extremos…”. Agrega que dentro de los hechos probados se tiene como no controvertido: “B) Que el actor en fecha once de febrero de mil novecientos noventa y ocho, mediante memorando número ADM-0092-02-98, fue nombrado como encargado de Bienes Muebles del Hospital T.F.. Se pregunta ¿no analizó la señora jueza las obligaciones contractuales en un régimen de empleo público del puesto desempeñado por el actor?, así como la amplia prueba que consta en el expediente administrativo levantado al efecto y la testimonial y confesional que corre en autos. Pareciera que este enlace entre las funciones propias del actor, la prueba y su actuación concreta que sobradamente califica como falta grave, generó confusión en la a quo que la llevó erróneamente a concluir que el despido era nulo. Afirma que el presupuesto en el sector público tiene una serie de características y principios que obedecen a un equilibrio entre ingresos y egresos, además la ley y reglamento que rigen la contratación administrativa, claramente regula los presupuestos requeridos previo a una compra, sin perjuicio de su categoría, con fundamento en su monto y dentro de los presupuestos legales tenemos el contenido presupuestario para el trámite de una licitación o compra de bienes, como requisito previo y necesario, la subejecución de partidas no debe desviar la gravedad de la falta del actor en el desempeño de sus funciones. Agrega que no puede prestarse a confusión, como lo hizo la señora juez, que la necesidad de utilizar una partida en subejecución en última instancia con el ánimo de llenar una necesidad del hospital, pueda justificar actuaciones irregulares como la desplegada por el actor. Una subejecución de partida y una eventual compra, jamás pueden ser fundamento y mucho menos legal para esconder actuaciones contrarias a derecho como la que cometió el actor en el ejercicio de sus funciones, como trabajador de su representada en la que se desempeñó como encargado de bienes muebles. Asimismo, si se analiza la prueba y personas involucradas en esta falta, vemos que obedece a actuaciones en cadena de los diferentes trabajadores o encargados de la adquisición de bienes, por lo que resulta inaceptable la tesis de la señora juez. Invoca que la proporcionalidad entre la falta y la sanción deben también ajustarse a un análisis concienzudo sobre lo que implica el cometido constitucional que se ha dado a su representada y cuyos fondos son públicos, los que debe administrar y quienes trabajan con transparencia, y ajustados al bloque de juridicidad, de modo que no se puede decir que no hay falta grave si un encargado de bienes muebles pone placa a un bien inexistente y se cobija en que hay una práctica de compras con partidas subejecutadas. Añade, señores miembros del tribunal, aún cuando la tesis esbozada es compartida por el a quo, su representada como ente administrador de fondos públicos, su conducta se debe adecuar al bloque de juridicidad y su actuar debe guardar en todo ajuste a derecho. Asimismo, y sin perjuicio de la ampliación que haré de la apelación, la sentencia que apelo, solicito se revoque y se declare sin lugar la demanda. Señala que la sentencia del tribunal contra la que acude ante esta sala, confirma la sentencia de primera instancia, considerando que la médula del presente asunto se resume en el cuestionamiento que se le hace al actor por haber confeccionado un documento denominado “vale de entrada de bienes muebles”, como parte de una contratación pública y hace un repaso del expediente administrativo y declaraciones judiciales. Sin embargo, es lamentable la afirmación del tribunal en tanto avala conductas erróneas de otros trabajadores del hospital para justificar la actuación grave del actor; y si hay omisiones o faltas de control en el hospital T.F., que fueron detectadas por los señores auditores de su representada, es lo cierto que esto no justifica la grave falta cometida por el señor R.S.. Refiere que es inexacto que no haya imputación grave del actor, cuando los auditores dicen aparente, es claro que se hace partiendo de que se trata de una investigación preliminar que sirve de base y da aportes y recomendaciones para iniciar el procedimiento administrativo que se encuentra documentado en el expediente, el que llega a una conclusión clara en relación con la grave actuación del actor, que no se puede encubrir en las de otros funcionarios y por ello justificar las actuaciones irregulares del accionante en el ejercicio de sus funciones. Reitera que los informes de auditoría son preliminares y como tales son la base para la conformación del órgano del debido proceso para la determinación real de los hechos y de la responsabilidad de los funcionarios involucrados. En consecuencia, solicita se revoque la sentencia y se dicte otra que declare sin lugar la demanda, toda vez que se documentó una falta grave en el ejercicio de sus labores y por ende la sanción de despido se encuentra ajustada a derecho (folios 255 a 259).

III.-

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO RESPECTO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El recurso, en cuanto está planteado también contra la sentencia de primera instancia, resulta inadmisible, pues ante esta S., según el artículo 556 del Código de Trabajo, solo puede recurrirse contra las sentencias dictadas por los tribunales, en conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico, en los casos expresamente establecidos. Por esa razón, los reclamos planteados solo serán analizados en cuanto están dirigidos contra el fallo de segunda instancia. (En sentido similar pueden consultarse, entre otras, las sentencias números 404 de las 15:24 horas del 31 de mayo; 518 de las 9:34 horas del 23 de junio; 671 de las 10:35 horas del 28 de julio y 748 de las 10:44 horas del 11 de agosto, todas de 2006, así como la número 74 de las 9:15 horas del 9 de febrero y 644 de las 9:30 horas del 7 de setiembre, de 2007).

IV.-

DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN MATERIA LABORAL. En materia laboral, los jueces deben apreciar la prueba en conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho común, salvo disposición expresa en contrario, debiendo expresar -eso sí- los principios de equidad o de cualquier otro género en que funden sus decisiones (artículo 493 del Código de Trabajo y sentencia de la Sala Constitucional, nº 4448-96, de 9.00 horas de 30 de agosto de 1996). Esta forma de apreciar la prueba no implica arbitrariedad sino respeto y sujeción a las reglas de la sana crítica, al principio de legalidad y del debido proceso. Ahora bien, por la natural desigualdad material que media entre patronos y trabajadores, las distintas legislaciones han concebido normas y principios que tienden a nivelar, equilibrar o sanear la posición preeminente del empleador; una suerte de discriminación inversa. En caso de ausencia o insuficiencia de prueba, la regla del in dubio pro operario, como corolario del principio protector, autoriza a solucionar la cuestión por el tamiz del “onus probandi”. La regla consiste en aplicar el criterio favorable, “en casos de auténtica duda para valorar el alcance o el significado de una prueba. No para suplir omisiones; pero si para apreciar adecuadamente el conjunto de los elementos probatorios, teniendo en cuenta las diversas circunstancias del caso” (P.R., citado por M.P.C., “FUNDAMENTOS DE DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO”, 2° Edición, AELE, setiembre de 1997, página 62). En Derecho Procesal del Trabajo, el principio de derecho común según el cual quien afirma algo está obligado a demostrarlo, o bien, si el demandante no prueba, el demandado será absuelto, es deliberadamente quebrantado o subvertido, pues el trabajador, que es normalmente el actor o demandante, es exonerado en lo sustancial de la obligación de probar su dicho; el onus probandi recae en lo básico sobre el empleador; la demanda goza de una presunción de veracidad; se le reputa cierta a priori, presunción juris tantum que debe ser destruida por el empleador. El principio de redistribución de la carga de la prueba significa, “atribuir de modo diverso,… cuando hace recaer el peso de la prueba de modo desigual, pero no necesariamente intercambiado entre las partes que en eso consiste”. (Obra precitada, página 68). El peso de la carga probatoria se distribuye de manera diferente en el proceso laboral que en el civil; en este recae sobre el actor, en el laboral sobre el demandado.

V.-

La casacionista acusa que el ad quem avala conductas erróneas de otros trabajadores del hospital para justificar la actuación grave del actor; pues si hay omisiones o faltas de control en el Hospital Tony Facio, que fueron detectadas por los auditores, ello no justifica la grave falta cometida por él; y que los informes de auditoría son preliminares. En el informe de la Auditoría Interna de la Caja, se recomendó instruir a la Dirección Médica, para que se aplicaran las eventuales responsabilidades que corresponden a los posibles funcionarios involucrados, MBA. M.V., administrador, por participar en el procedimiento de contratación administrativa, autorizando el vale de entrada de bienes muebles correspondiente al carro térmico, sin haber ingresado el activo a la Proveeduría del hospital y utilizar el sistema de emisión de cheques por adelantado hasta que la Proveeduría autorizara el pago; al Sr. J. C.B.G., proveedor del hospital, por firmar el vale de entrada de bienes muebles haciendo constar que el carro térmico había ingresado a la Proveeduría; y al Sr. G.R.S., encargado de la Oficina de Bienes Muebles, quien aparentemente confeccionó el vale de entrada en mención (folios 311 a 332 del expediente administrativo). De este informe se colige que la única falta que se le podría atribuir al demandante, es haber llenado el vale de entrada, puesto que el señor V.V., administrador, fue quien autorizó el mismo, sin que hubiera ingresado el activo de la Proveeduría, y el señor B.G., proveedor, quien firmó el vale haciendo constar que el bien había ingresado a la Proveeduría, sin que fuera así. En este documento consta declaración del señor MBA. M.V. Villalobos, administrador, en el siguiente sentido: “Mi respuesta es que Yo firmé el Vale de Entrada de Bienes Muebles, porque tengo que firmar todos los Vales de Entrada, la norma así está establecida, Yo nunca corroboro los activos que ingresan, debido a que antes de mi firma están las firmas de los encargados, que para este caso específico es Proveeduría y Bienes Muebles. Es importante destacar que humanamente es imposible para el Administrador verificar todo lo que se compra” (fotocopia de vale de entrada de bienes muebles de folio 87 y declaración de 326 ibídem). Además, quien aparece firmando el “vale de entrada de bienes muebles”, como responsable de haber recibido el bien, es el señor J.C.B.G., jefe de Proveeduría (fotocopia de vale de entrada de bienes muebles de folios 87 y declaración de 318 ibídem). La confección del “vale de entrada de bienes muebles”, que de acuerdo a las conclusiones del informe de Auditoría, es el único hecho que se le podría atribuir al actor, no es posible enmarcarlo en las faltas que le fueron endilgadas por la Dirección General del Hospital Tony Facio, en resolución DM 0554 de las 9:30 horas del 26 de setiembre de 2000, a saber: 1. simulación de ingreso de bienes, vista en los trámites comerciales, contractuales y de pago por un bien que no ingresó al patrimonio institucional; 2. incumplimiento de deberes, reflejado en la negligencia, impericia e imprudencia en el manejo del objeto de la compra del carro térmico; 3. falsedad ideológica, vista en la figura de pago al supuesto proveedor, “Distribuidora Lava S.A.” y la identificación mediante plaqueo, como patrimonio institucional a un bien que supuestamente no ingresó a la institución; 4. negligencia, impericia e imprudencia en el manejo de fondos públicos; 5. defraudación a fondos públicos por la suma de ¢627.200, vista en el pago de esta suma mediante cheque 0015799 de fecha 17 de diciembre de 1999 a favor de “Distribuidora Lava S.A.” (folios 88 a 91 del expediente administrativo). Lo anterior porque el “vale de entrada de bienes muebles” lo hizo como encargado de Bienes Muebles del Hospital Dr. T.F.C., función que de acuerdo con la contestación al hecho cuarto que hace la Caja, está dentro del perfil de oficinista dos. De modo que no ocupaba un puesto de mando, sino que le correspondía obedecer y cumplir órdenes, por lo que resulta improbable que incurriera en las faltas atribuidas. Por ello, no hay causa para despedir justificadamente al actor.

VI.-

Conforme a lo expuesto, se debe confirmar la sentencia recurrida.

POR TANTO:

Se confirma la sentencia recurrida.

OrlandoAguirre Gómez

Zarela María Villanueva Monge Rolando Vega Robert

María Alexandra Bogantes Rodríguez Juan Carlos Segura Solís

Los suscritos, magistrada y magistrado, nos apartamos del voto de mayoría que confirmó lo resuelto por el fallo de segunda instancia; por las razones que pasamos a definir:

I.-

Lleva razón la apoderada de la institución accionada al mostrarse disconforme con la valoración de los elementos probatorios, efectuada por el tribunal. Esa indebida valoración estriba en que el análisis probatorio omite considerar algunos temas de fundamental importancia en una situación como la que se conoce. La primera de ellas es que se trata de un funcionario nombrado en el puesto de “Encargado de bienes muebles”. Esa sola denominación nos otorga la idea del nivel de responsabilidad que en el control de los bienes muebles institucionales competía al actor. Es decir, sus funciones nunca podrían estimarse delimitadas a una labor de simple ingreso de datos a un sistema de archivo; o bien, que estuviera sujeto a una jefatura: él era el encargado del control del patrimonio mueble de la institución accionada. El otro aspecto a considerar es la singular importancia que el sistema de control del patrimonio tiene para una institución como la demandada. El control del ingreso y la imposición de placas a cada uno de los bienes muebles, son mecanismos de seguridad sobre el patrimonio institucional. Como se trata de bienes públicos, que pertenecen a la generalidad pero a ninguna persona física en particular, los bienes públicos requieren de una especial tutela. El interés en las finanzas públicas exige que las instituciones acuerden medidas y mecanismos de control de su patrimonio. Recientemente han sido promulgadas una serie de leyes que de manera especial disponen las responsabilidades de quienes, por sus funciones, resultan depositarios o custodios de bienes públicos; entre las que destaca, la Ley General de Control Interno, Ley n° 8292 de 31 de julio de 2002. Sin embargo, no puede decirse que previa la vigencia de esa normativa, los responsables de los mecanismos de control patrimonial estuvieran exentos de cumplir las obligaciones que justifican la existencia de sus puestos.

II.-

Como se apuntó, está demostrado que el actor ocupaba el puesto de “Encargado de bienes muebles”. Era únicamente él, la persona nombrada en ese cargo. En relación con sus funciones, varios testimonios las aclaran:

“En proveeduría se firma el recibo conforme, en la factura si es un bien mueble se le indica al encargado de activo que el bien ingresó, se le llama y se le dice él pide se le mande el expediente en donde va la factura con el recibido conforme, la factura de orden de compra.

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