Sentencia nº 00176 de Sala 2ª de la Corte Suprema de Justicia, de 3 de Febrero de 2010

PonenteFernando Bolaños Céspedes
Fecha de Resolución 3 de Febrero de 2010
EmisorSala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia07-400003-0389-FA
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoProceso abreviado de reconocimiento de unión de hecho

Exp: 07-400003-0389-FA

Res: 2010-000176

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas quince minutos del tres defebrero de dos mil diez.

Proceso abreviado de reconocimiento de unión de hecho y liquidación anticipada de bienes gananciales establecido ante el Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de Guanacaste, sede Cañas, por É.A.F.M., jubilado, contra Y.V.P., ama de casa. Ambos mayores, divorciados y vecinos de Gunacaste.

RESULTANDO:

  1. -

    El actor, en escrito fechado nueve de enero de dos mil siete, promovió la presente acción para que en sentencia se declarara: 1) Con lugar esta demanda, declarando que tengo derecho a la mitad de los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio y la unión de hecho entre el suscrito y la accionada. 2) Que después de mi divorcio con la accionada, convivimos en unión de hecho por más de siete años. 3) Que durante el matrimonio adquirimos la finca 5-102.118-000, inscrita a nombre de Y.V.P. y el vehículo placas 59.702, inscrito a nombre del suscrito, E.F.M.. 4) Que durante la unión de hecho construimos una casa en la finca número 5-102.118-000 y adquirimos el menaje de casa inventariado. 5) POR TRATARSE DE BIENES INDIVISIBLES, en caso de que no sea posible llegar a un acuerdo conciliatorio u acuerdo para distribuir los bienes gananciales, SOLICITO QUE SE ORDENE SU REMATE PARA CONVERTIRLOS en dinero efectivo y repartirlos equitativamente. 6) Que se condene a la accionada a pagar ambas costas de esta acción.

  2. -

    La demandada contestó la acción en los términos que indicó en el memorial de fecha nueve de marzo de dos mil siete y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de interés actual y prescripción.

  3. -

    El juez, licenciado L.F.S.J., por sentencia de las trece horas del dieciocho de diciembre de dos mil siete, dispuso: lo expuesto, artículos citados, numerales 153, 155, 420, y siguientes del Código Procesal Civil, 242 a 245 del Código de Familia, se acogen las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva y de interés actual opuestas por la demandada. Se rechaza la excepción de prescripción también opuesta por la accionada; fallo: se declara SIN LUGAR el presente proceso abreviado de reconocimiento de unión de hecho de E.F.M. en contra de YORLENY VILLALOBOS PÉREZ.

  4. -

    El actor apeló y el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, integrado por los licenciados N.S.B., R.E. Q. y S.R.C., por sentencia de las diez horas del veintiuno de mayo de dos mil ocho, resolvió: Se rechaza la nulidad y se confirma la sentencia en lo apelado.

  5. -

    La parte actora formuló recurso para ante esta S. en memorial de data veintiuno de setiembre de dos mil ocho, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.

  6. -

    En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

    Redacta el Magistrado B.C.; y,

    CONSIDERANDO:

    I.-

ANTECEDENTES

El actor formuló proceso de reconocimiento de unión de hecho y liquidación anticipada de bienes gananciales. Manifestó que el 17 de enero de 1990 contrajo matrimonio con la señora V.P., y se divorciaron por mutuo consentimiento el 24 de noviembre de 1997, no obstante, continuaron conviviendo en unión de hecho sin que existiera separación hasta junio de 2005. Señaló que durante el matrimonio adquirieron a su nombre el vehículo placas 59702, así como la finca número 5-102118-000 a nombre de doña Y. y que, una vez divorciados y mientras se mantuvo la unión de hecho, construyeron una vivienda valorada en doce millones de colones, así como el menaje de casa, con un costo de un millón quinientos mil colones. Aseguró que a partir del mes de junio de 2005, la accionada está usufructuando el menaje de casa adquirido durante el matrimonio y la unión de hecho, conviviendo con otro hombre al que no le costó ningún esfuerzo. Solicitó que en sentencia se declare que tiene derecho a la mitad de los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio y la unión de hecho; que después del divorcio con la accionada, convivieron en unión de hecho por siete años; que durante el matrimonio adquirieron la finca 5-102118-000 inscrita a nombre de la demandada y el vehículo placas 59702 a su nombre; durante la unión de hecho construyeron una casa en la finca 5-102118-000 y adquirieron el menaje de casa inventariado; por tratarse de bienes indivisibles, en caso de no llegarse a un arreglo conciliatorio en cuanto a los bienes a distribuir, se ordene su remate y posterior repartición de los dineros obtenidos. Se condene a la demandada al pago de las costas del proceso (folios 7-11). La parte demanda contestó la acción de forma negativa e interpuso las excepciones de falta derecho, falta de legitimación ad causam activa y pasiva, falta de interés actual y la de prescripción (folios 47- frente y vuelto). La sentencia de primera instancia, declaró sin lugar la demanda (folios 197-232). La parte actora disconforme con lo resuelto, presentó recurso de apelación, y el Tribunal de Familia de San José, confirmó la sentencia de primera instancia (folios 287-291).

II.-

AGRAVIOS DEL ACTOR: El demandante, disconforme con lo resuelto por el Tribunal de Familia, se presenta ante esta S. formulando dos agravios. Por razones procesales. Invoca quebranto de los artículos 135, 155, 194 del Código Procesal Civil. Al respecto, señala que el fallo recurrido no resolvió todos los extremos objetos del debate. En ese sentido alega que el órgano de alzada no dispuso nada en cuanto a la existencia de bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio, error en el que también incurrió el juzgador de primera instancia. Por aspectos de fondo: Argumenta violación de los numerales 34 y 35 del Código de Familia. Sobre el particular aduce que el tribunal no tomó en cuenta que el principio más importante en el matrimonio y base de la familia, lo es el mutuo auxilio, y no la necesidad de procreación como se concluyó en el fallo impugnado. Asevera haber demostrado que tenía asegurada a la actora, que la demandada utilizaba el vehículo de su propiedad, que contribuía con los gastos de la casa, entre estos, el pago de los estudios de ambos hijos. Por último, señala que no es cierto que entre él y la accionada no existieran relacionales maritales, pues ninguno de los testigos confirmó que esto no sucediera. Solicita se acoja el recurso de casación y se dicte una sentencia ajustada a derecho (folios 318-321).

III.-

RECURSO POR RAZONES PROCESALES:En cuanto al vicio de forma, por quebranto de los numerales 135, 155 y 194 del Código Procesal Civil, el artículo 8 del Código de Familia, reformado por la Ley n° 7689 del 21 de agosto de 1997, establece: “Corresponde a los tribunales con jurisdicción en los asuntos familiares, conocer de toda la materia regulada por este Código, de conformidad con los procedimientos señalados en la legislación procesal civil. Sin embargo, los jueces en materia de familia interpretarán las probanzas sin sujeción a las reglas positivas de la prueba común, atendiendo todas las circunstancias y los elementos de convicción que los autos suministren; pero, en todo caso, deberán hacerse constar las razones de la valoración. El recurso admisible para ante la Sala de Casación se regirá, en todo lo aplicable, por las disposiciones del Capítulo V, Título VII del Código de Trabajo”. La Sala ha interpretado esa norma en el sentido de que la tramitación del recurso admisible en esta materia se rige por lo que a su respecto señala la legislación laboral, y que los presupuestos para la admisibilidad de la impugnación en materia de Familia siguen siendo los contemplados en el Código Procesal Civil, pues, a su respecto, no se introdujo modificación alguna. De ahí que, a diferencia de la materia laboral, en esta otra es posible interponer un recurso por razones procesales, siempre que los motivos alegados estén contenidos en el numeral 594 del Código Procesal mencionado (así se resolvió, por ejemplo, en los votos n°s 248 de las 9:30 horas del 25 de agosto de 1999 y 19 de las 10:00 horas del 26 de enero del 2005). Esa norma textualmente expresa: “Casación por razones procesales. Procederá el recurso por razones procesales: 1) Por falta de emplazamiento o notificación defectuosa de éste, no sólo a las partes sino a los intervinientes principales. 2) Por denegación de pruebas admisibles o falta de citación para alguna diligencia probatoria durante la tramitación, cuyas faltas hayan podido producir indefensión. 3) Si el fallo fuere incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, u omitiere hacer declaraciones sobre alguna de tales pretensiones, hechas a su tiempo en el pleito, o si otorgare más de lo pedido, o contuviere disposiciones contradictorias. No obstante, no será motivo de nulidad la omisión de pronunciamiento en cuanto a costas; o sobre incidentes que no influyan de modo directo en la resolución de fondo del negocio; o cuando no se hubiere pedido adición del fallo para llenar la omisión; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158. 4) Si el proceso no fuere de competencia de los tribunales civiles, ya sea por razón del territorio nacional o por razón de la materia. 5) Si la sentencia se hubiere dictado por menor número de los jueces superiores que el señalado por la ley. 6) Cuando la sentencia haga más gravosa la situación del único apelante. 7) Cuando se omiten o no se den completos los plazos para formular alegatos de conclusiones o de expresión de agravios, salvo renuncia de la parte”. En el caso concreto, el recurrente interpuso el recurso de casación por la forma, alegando que la sentencia del tribunal no resolvió todos los puntos objeto del debate. Al respecto, indicó que no analizó si era o no procedente la liquidación de bienes gananciales. Atendiendo el reparo del actor, debe analizarse lo previsto en el inciso 3), de la norma indicada. La incongruencia del fallo que se toma en consideración como motivo para acceder al recurso de casación, es aquella relacionada directamente con la omisión de resolver todos los puntos litigiosos objeto del debate. Así lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia al tratar el tema del recurso de casación. A manera de ilustración, conviene citar la obra de H.M.B., en la cual se analiza, precisamente, la incongruencia, como fundamento de este recurso: “...el principio de la congruencia o armonía del fallo se contrae a la necesidad de que éste se encuentre en consonancia con las pretensiones deducidas por el demandante en la demanda, o en las demás oportunidades que la ley le ofrece para proponerlas; y con las excepciones que aparezcan probadas, y hubieran sido invocadas por el demandado, si no se autoriza su declaración oficiosa”. Y, agrega: “O sea que el juez, en su sentencia, tiene que pronunciarse sobre todo lo que se le ha pedido por los litigantes y solamente sobre lo demandado; pero, además, su decisión no puede fundarla sobre hechos que no están en el debate...” (MURCIA BALLEN (Humberto) Recurso de Casación Civil, Bogotá, Ediciones Librería El Foro de la Justicia, 1983, p. 430). Asimismo, esta S. en la resolución n° 112 de las 9:05 horas, del 14 de febrero de 2001, con cita en la doctrina que allí se indica, sostuvo: “El vicio de incongruencia sólo se produce: a) cuando hay desacuerdo entre lo resuelto y las pretensiones oportunamente deducidas; b) cuando el fallo omite declarar o concede más de lo pedido; y, c) cuando se varía la causa de pedir o se pronuncia fallo omitiendo a alguna parte o incluye como tal a quien no lo es (...). Según P.A.A., ²por congruencia ha de entenderse aquel principio normativo dirigido a delimitar las facultades resolutorias del órgano jurisdiccional por el cual debe existir identidad entre lo resuelto y lo controvertido, oportunamente, por los litigantes, y en relación con los poderes atribuidos en cada caso, al órgano jurisdiccional por el ordenamiento jurídico.² La incongruencia por el vicio de ²ultra petita² se da cuando al pronunciar su fallo el órgano jurisdiccional, concede más de lo pretendido, rebasando los poderes a él atribuidos por el ordenamiento jurídico. No hay incongruencia cuando el órgano jurisdiccional declara algo que pese a no haber sido pedido, se da como consecuencia natural de las pretensiones acogidas, como ocurre cuando se ordena la restitución de la cosa materia del contrato que se anula o cuando se ordena inscribir una sentencia de paternidad, en el Registro Civil, sin que esa petición se haya hecho en la demanda. La incongruencia por el vicio de “citra petita” es la que se da cuando el fallo del órgano jurisdiccional, omite pronunciarse sobre alguna de las pretensiones formuladas, o sea, no se resuelven todos los puntos litigiosos que son objeto del debate. La incongruencia por el vicio “extra petita”, se da cuando en el fallo, el órgano jurisdiccional, resuelve algo que no ha sido parte del objeto del debate; se da un exceso de poder, apartándose el órgano jurisdiccional de las pretensiones formuladas por las partes, o sea, concede cosa distinta a la pedida. Ejemplo de ello, podemos señalar, cuando habiéndose solicitado en la demanda que se condene al demandado a hacer “obras de reparación”, y en sentencia se condene al “pago de una determinada suma de dinero”. La incongruencia “infra petita”, se da cuando el fallo emitido contiene menos de lo pedido por las partes, o sea, el órgano jurisdiccional tiene el deber de pronunciarse sobre todos los puntos litigiosos. Podemos agregar que, entre los poderes atribuidos por el ordenamiento jurídico al órgano jurisdiccional está, la potestad de buscar, determinar, declarar y conceder todo lo que se encuentre implícito en la demanda o reconvención, porque lo implícito en ellas tiene existencia jurídica propia, al venir, estar y quedar contenido en un acto expreso o ser una consecuencia natural, necesaria e ineludible, de lo solicitado. Ello ocurre al existir normas que condicionan la resolución del órgano jurisdiccional más allá de la disponibilidad de las partes, al estar impuesto por un precepto cuyo cumplimiento es de orden público, que no depende de las razones que aduzcan los litigantes para justificar su procedencia, sino a la realidad de ésta, conforme a lo prevenido por la Ley. (Sobre el tema ver P. A.A.. ²Sentencias Congruentes². Editorial A.. Madrid 1957, páginas 81 y siguientes; así como, C.M.. “La Incongruencia Civil”. Editorial Tecnos, S.A., páginas 168 y siguientes)” (en igual sentido, las resoluciones n°s 304 de 9:00 horas, del 6 de mayo y 619 de 9:50 horas, del 20 de julio de 2005). En el caso concreto, en el escrito de demanda (folios 7 al 11), titulado como abreviado de reconocimiento de unión de hecho y liquidación de bienes gananciales, el demandante entre otras pretensiones, solicitó que se declarara el derecho a la mitad de los bienes gananciales adquiridos durante el matrimonio y la unión de hecho. El juzgado tramitó el asunto solamente como un proceso abreviado de reconocimiento de unión de hecho (folios 27-28), sin embargo, la accionada al contestar la demanda, lo hizo refiriéndose al reconocimiento de la unión de hecho y a los bienes que reclamaba el actor como gananciales dentro de esa unión. Queda claro que el objeto en el debate, no fue solo en cuanto el reconocimiento de la unión de hecho, como por error lo entiende el tribunal, sino que el litigio también se desarrolló en torno al reclamo que hacía don E. relacionado con bienes gananciales, situación que se demuestra con la prueba documental aportada por ambas partes (estudios del registro público, certificaciones notariales de ventas de inmuebles, de folios 3-6, 38-41). Así las cosas, no comparte esta S. la apreciación que hace el órgano de alzada al indicar que no podía el actor reprochar ante esa cámara lo relacionado con la procedencia o no de los bienes gananciales, pues al contestarse en la acción todos los puntos aludidos en la demanda, la litis se trabó, y se fijó, la competencia funcional de quien juzgaba, motivos por los cuales cada una de las pretensiones del demandante, entre estas, la liquidación de los bienes gananciales en la unión de hecho, debieron resolverse por parte del tribunal, lo cual no sucedió. Pareciera ser que lo acontecido en la resolución que dio traslado a la demanda, fue un mero error material, no obstante y como se dijo, la omisión del juzgador, fue subsanada por doña Y. al contestar la demanda. Ahora bien, y pese a este error procesal, a nada conduce declarar la nulidad del fallo venido en alzada, pues con el material probatorio se demostró que no se configuraron los elementos necesarios para tener por acreditado que entre las partes existió una unión de hecho, de manera tal que, al no haberse acreditado la existencia de esa unión, no es legalmente posible liquidar ningún bien como ganancial.

IV.-

EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LA UNIÓN DE HECHO: El actor sostiene que en el fallo precedente se da una violación a los numerales 34 y 35 del Código de Familia. Sostiene que entre las partes se dio un auxilio mutuo, que tenía asegurada a doña Y., que esta utilizaba el vehículo de su propiedad y que entre ambos asumían los gastos de estudio de los hijos. El artículo 242 del Código de Familia establece los siguientes requisitos para que una unión de hecho pueda ser declarada o bien reconocida legalmente: 1) Debe ser pública, notoria, única y estable; 2) Debe extenderse por más de tres años; 3) Debe darse entre un hombre y una mujer que tengan aptitud legal para contraer matrimonio. En el caso concreto, se tiene que don E. y doña Y., se unieron en matrimonio el diecisiete de enero de mil novecientos noventa, divorciándose el veinticuatro de setiembre de mil novecientos noventa y siete (certificación de estado civil de folio 1). Una vez divorciados, se tiene la particularidad que el señor F. y su ex esposa, se quedaron viviendo bajo el mismo techo; situación que se mantuvo hasta el mes de junio o julio de dos mil cinco, momento en que el actor decidió salir de la casa (hecho segundo de la demanda y su contestación). La tesis del demandante es que una vez declarado el divorcio, se inició una relación de unión de hecho, situación que la demandada rechaza de forma rotunda. Analizado el material probatorio, concluye esta Sala que entre las partes no existió una relación de unión de hecho. Veamos. No se desprende de la prueba confesional de doña Y., afirmación alguna que demuestra la unión de hecho reclamada por el señor F., por lo contrario lo niega en todo momento. En cuanto a la prueba testimonial, el actor aportó solamente dos testigos; don M.V.B. y J.F.M.. El primero de estos declaró que los conocía como casados y que no le constaba el divorcio. Manifestó que estaban separados, pero que no le constaba desde hace cuanto. Expresó que nunca los había visitado en la casa y que no la conocía por dentro, que los veía solo en la calle y que no los vio en alguna actitud amorosa (folios 75 y 76). Por su lado, don J., hermano del actor, al principio de su declaración declaró “quiero favorecer a mi hermano”, y luego expuso que tenía conocimiento del matrimonio y divorcio de don E. y doña Y., que su hermano seguía viviendo en la casa de la demandada. Señaló que los visitó muy poco, y que no sabía si vivían o no en cuartos separados, ni conocía la casa, que tuvo conocimiento de que viajaron juntos a Golfito para hacer compras y que el actor lavaba la ropa en la casa, pues no supo si pagaba para que se la lavaran (folios 76 y 77). No se demuestra con estas declaraciones que las partes mantuvieran una relación pública, notoria, única y estable, pues a ninguno los testigos les consta que don E. y doña Y., tuvieran una relación amorosa luego del divorcio, o que convivieran bajo el mismo techo con el propósito de formar una familia, respetarse, guardarse fidelidad o socorrerse mutuamente; por el contrario, la misma accionada, ha sostenido que decidieron quedarse viviendo bajo el mismo techo por el bienestar de los hijos. Esa tesis fue confirmada por C.P.S., hermana de la demandada, quien declaró que las partes se habían divorciado, continuaban juntos, pero en cuarto aparte, situación que le constaba porque los visitaba a diario. Señaló que vivían enojados y que el actor se iba desde la mañana y regresaba tarde, incluso que en algún momento le comentó que vivía en la casa por uno de los hijos (folio 77). La versión de esta testigo es creíble porque fue confirmada por N.F.V., hija de las partes, quien también vivía en la casa de don E. y doña Y.. Al respeto declaró: “…Mis papas fueron casados, ellos se divorciaron el año noventa y siete, pero mi papá continúo viviendo en la casa, él dormía en un cuarto aparte, yo vivo actualmente en la casa, y en esa época, pero entre semana no porque estudiaba y llegaba los fines de semana, también en vacaciones pasaba en la casa. En esa época que ellos vivían en cuarto separado, no se dirijian (sic) la palabra por épocas, don E. en su cuarto viendo tele, no salían juntos, no recuerdo que hayan salido juntos a hacer mandados juntos en carro. No recuerdo que en esta época hayan realizado un viaje juntos a Golfito. En todo el tiempo que ellos vivieron en cuarto separados mi papá siempre me dijo que ellos estaban bajo el mismo techo por mi hermano, el ahora tiene doce años…” (folio 78). Lo narrado por estas dos testigos demuestra que entre el señor F. y la señora V. no se dio una relación de unión de hecho luego del divorcio, sino que, estos se mantuvieron viviendo en la misma casa por conveniencia para los hijos. N. incluso, que la accionada inició en el año dos mil, una nueva relación de pareja que permanecía a la presentación de esta demanda. El hecho que en algún momento salieran juntos en el vehículo propiedad del actor, y que este le pagara el seguro a doña Y., no son elementos que por sí solos puedan considerarse como suficientes para tener por probada la unión de hecho, sino más bien, parece ser parte de la dinámica que las partes desarrollaron como ex esposos, y que en un principio no representó ningún problema para don E., sino hasta que su ex esposa, inició una nueva relación sentimental. En cuanto a la ayuda que dice el actor prestaban a sus hijos, tampoco es suficiente para tener por acreditada la unión de hecho, pues en todo caso, el artículo 34 del Código de Familia obliga al padre y a la madre proveer la educación de los hijos y preparar su provenir. De esta forma, no existió una relación pública, notoria y única entre las partes con posterioridad al divorcio, sino que se mantuvieron viviendo bajo el mismo techo por mera conveniencia. Así las cosas, la Sala considera que los juzgadores del tribunal no incurrieron en una indebida valoración de los elementos probatorios ni en una incorrecta aplicación de las normas relacionadas con la prueba, alegadas por el recurrente en cuanto a este punto. Por ello el agravio que por el fondo aduce el accionado carece de fundamento y no es atendible.

V.-

CONSIDERACIONES FINALES: En consecuencia, el agravio de fondo no resulta atendible para revocar lo sentenciado por el tribunal, el recurso interpuesto debe ser denegado, debiendo cargar el recurrente con el pago de las costas de esta impugnación.

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de casación, con sus costas a cargo del recurrente.

OrlandoAguirre Gómez

Julia Varela Araya Rolando Vega Robert

Eva María Camacho Vargas Fernando Bolaños Céspedes

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2

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