Sentencia nº 00857 de Sala 1ª de la Corte Suprema de Justicia, de 21 de Julio de 2011

Exp: 10-000092-0004-CA

Res: 000857-A-S1-2011

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las diez horas cuarenta minutos del veintiuno de julio de dos mil once.

Solicitud de extensión y adaptación de la jurisprudencia a terceros formulada por AUTOIMPORTADORA AMERICA S.A. y AMERICAN INDIAN TRADING S.A., contra el BANCO DE COSTA RICA, a fin de que se les aplique la jurisprudencia de esta Sala, referente a la responsabilidad administrativa por sustracciones y transferencias indebidas de fondos de cuenta bancaria mediante el sistema de banca electrónica.

R.M.L.F.

CONSIDERANDO

I.-

El 10 de mayo de 2010, la representante de las empresas gestionantes, solicita extender y adaptar a favor de sus representadas, las resoluciones no. 300-F-S1-2009 de las 11 horas 25 minutos del 26 de marzo de 2009 y no. 394-F-S1-2009 de las 10 horas 20 minutos del 23 de abril de 2009, en las cuales se estableció la responsabilidad patrimonial del Banco de Costa Rica (BCR en lo sucesivo) por fraudes informáticos contra clientes bancarios. Los anteriores fallos, manifiesta, son coincidentes con el supuesto fáctico jurídico que se presenta en su caso, dado que existe identidad de objeto, causa e inclusive igualdad en una de las partes (el BCR). Afirma, las empresas gestionantes eran cuentacorrentistas de dicha institución financiera; sin embargo, los días 18 y 28 del mes de junio de 2007, acusa, mediante fraude informático fueron sustraídos de las cuentas de ahorros de las empresas la suma total de $206.448,27. Por este motivo, expresa, después de realizar varios reclamos sin obtener alguna respuesta satisfactoria, el 27 de marzo del 2010 realizó la solicitud administrativa de extensión de la jurisprudencia a terceros que menciona el canon 185 inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo (en adelante CPCA); puesto que en su criterio, el Banco no se preparó mediante sistemas eficientes de seguridad en Internet, que previnieran y evitaran el acceso de terceros a su base de datos, en detrimento de los clientes bancarios. El BCR no ha respondido.

II.-

El CPCA, en los artículos 185 y siguientes, contempla un proceso novedoso y breve cuyo objeto es que se extiendan y adapten los efectos de la jurisprudencia. Se busca, de esa forma, la aplicación de criterios jurisprudenciales a terceros, ajenos a la relación jurídica procesal del proceso donde han sido emitidos, siempre que concurran dos requisitos, a saber: identidad de objeto y causa. Para tal efecto, deberá el reclamante que aduce tener una situación jurídica similar a aquellas que han sido objeto de valoración por la autoridad judicial correspondiente, cumplir con los requerimientos que a ese fin, han sido establecidos en los numerales 185 y 186 del CPCA. En este sentido, de previo a acudir a la vía judicial, el interesado deberá dirigir una solicitud de extensión y adaptación de jurisprudencia ante la propia Administración, mediante escrito razonado, en el cual sustente con argumentos fácticos y jurídicos, el objeto de su solicitud, la cual debe hacerse acompañar de un mínimo de dos fallos, en los cuales se haya reconocido la situación jurídica cuya réplica se procura. Por esta razón, el interesado, deberá aportar la referencia de las sentencias en las cuales se fundamenta o bien fotocopias de aquellas, emitidas dentro del plazo de un año a partir de la firmeza del segundo fallo. Procederá el rechazo, si aquella no se formaliza dentro del año siguiente a la firmeza del último fallo invocado. Resulta evidente, que si el interesado hace referencia a una cantidad mayor a las dos sentencias que -como mínimo- exige la Ley, el plazo para gestionar, iniciará a partir de la última sentencia en firme aportada. Transcurridos 15 días hábiles sin que se le haya notificado resolución alguna, o bien, si deniega la solicitud de forma expresa, el interesado quedará habilitado para acudir al Tribunal de Casación o ante esta Sala -según corresponda-, con el objeto de que tales órganos judiciales valoren la posibilidad de extender y adaptar a su caso específico, la línea jurisprudencial que han mantenido. En este entendido, es conveniente precisar, la solicitud debe dirigirse al órgano jurisdiccional que emitió los antecedentes que sirven de base al pedimento. Para lo anterior, se exige al accionante que formule su petición mediante escrito razonado –con la debida fundamentación fáctica y jurídica del caso- ante el despacho judicial correspondiente. Para ello resultará imperativo que aporte la prueba que acredite su situación jurídica, es decir, que no basta la simple referencia o aporte de las fotocopias de los fallos que le sirven de base sino también aquella prueba que demuestre haber realizado la solicitud respectiva en sede administrativa. Ahora bien, la gestión puede ser denegada en los siguientes supuestos: 1. Cuando la parte incumpla con alguno de los requisitos formales (incluido el aspecto temporal) que exigen los preceptos 185 y 186 del CPCA. 2. Cuando exista jurisprudencia contradictoria (artículo 187 ibídem). 3. Si no existiese igualdad de objeto y causa con lo ya fallado (canon 187 CPCA). 4. En los casos en que el interesado no logre evidenciar, mediante las vías y medios demostrativos pertinentes, su situación jurídica (artículo 186.1); esto es, que se encuentra en una posición similar (tanto subjetiva como objetiva) a la que fue objeto de valoración en las resoluciones que aporta como sustento de sus pretensiones. Es importante aclarar que en cualquiera de estos supuestos, la sentencia denegatoria no enerva la posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional correspondiente, pues no ingresa al análisis de fondo del asunto planteado.

III.-

En el caso concreto, esta S. estima que los aspectos que se pretenden sobre materia de responsabilidad administrativa no son susceptibles de someterse a un proceso de extensión y adaptación de la jurisprudencia a terceros. En esos términos, ha indicado “…que al ser el objeto del proceso un fraude electrónico bancario por el que se exige reparación, el asunto reviste particularidades propias que deben de ser examinadas concretamente por los juzgadores…” (Resoluciones no. 80-A-S1-2011 de las 11 horas del 27 de enero de 2011 y no. 119-A-S1-2011 de las 16 horas 40 minutos del 3 de febrero de 2011, entre otras). Dichas circunstancias determinan la heterogeneidad de este tipo de casos, cuyo único común denominador es el fraude electrónico. De esta manera resulta imposible imponer una solución masiva, es decir, interpretar que el pronunciamiento emitido en al menos dos procesos similares sea plenamente aplicable a otro, pues tanto la causa petendi, como el cuadro fáctico, son diferentes en cada uno de ellos. En esta línea, el órgano juzgador habrá de analizar el daño, la conducta del ente, el nexo causal, y las posibles eximentes o atenuantes de responsabilidad, lo que en efecto, no puede admitirse como coincidente en todos estos asuntos. En virtud de las razones expuestas, procede rechazar la gestión planteada

POR TANTO

Se rechaza de plano la solicitud de extensión y adaptación de jurisprudencia a terceros.

Anabelle León Feoli

Luis Guillermo Rivas Loáiciga Román Solís Zelaya

Óscar Eduardo González Camacho Carmenmaría Escoto Fernández

AROSALESO

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