Sentencia nº 00662 de Sala 2ª de la Corte Suprema de Justicia, de 12 de Agosto de 2011

PonenteOrlando Aguirre Gómez
Fecha de Resolución12 de Agosto de 2011
EmisorSala Segunda de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia08-000520-0929-LA
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoProceso ordinario laboral

Exp: 08-000520-0929-LA

Res: 2011-000662

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las quince horas veinticinco minutos del doce de agosto de dos mil once.

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, por M.D.C.M.G., soltera, chef, contra JEANNETTE conocida como J.M.A., divorciada y S.P.C.M., soltera, ambas comerciantes. Figuran como apoderados especiales judiciales; de la actora, la licenciada M.R.G.; y de las demandadas, el licenciado R. G.L., vecino de San José. Todos mayores, casados, abogados y vecinos de Limón, con las excepciones indicadas.

RESULTANDO:

  1. -

    La actora, en escrito fechado veintiocho de agosto de dos mil ocho, promovió la presente acción para que en sentencia se condenara a las demandadas a cancelarle preaviso, auxilio de cesantía, aguinaldo y vacaciones proporcionales, horas extra y días feriados de toda la relación laboral, 20 días de descanso semanal, salarios dejados de percibir de conformidad con el artículo 82 del Código de Trabajo, salario en especie valorado en un 50% de la remuneración de conformidad con el artículo 166 del Código de Trabajo, diferencias salariales, intereses y ambas costas del proceso.

  2. -

    Las demandadas contestaron en los términos que indicaron en los memoriales de fechas diez de diciembre de dos mil ocho y opusieron las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual, prescripción, la genérica de sine actione agit y falta de legitimación activa y pasiva, esta última en relación con la accionda M.A..

  3. -

    El juez, licenciado E.H.C., por sentencia de las diez horas seis minutos del diecisiete de enero de dos mil once, dispuso: De conformidad con lo expuesto y las citas legales invocadas, se declara sin lugar en todos sus extremos el presente proceso ordinario laboral establecido por M.D.C.M.G. representada por su apoderada especial judicial a la máster M.R.G. en contra de JENNETTE MADDEN ARIAS conocida como J. y contra S.P.C.M. representada por su apoderado especial judicial licenciado R.G.L.. Son las costas procesales y personales a cargo de la actora aquí vencida, fijándose las segundas en la suma prudencial de cincuenta mil colones. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este juzgado al término de tres días. En ese mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se deberán exponer, en forma verbal o escrita los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su disconformidad; bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso. (Sic).

  4. -

    La parte accionante apeló y el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, sede Pococí, integrado por los licenciados G.S. H., M.A.C. y N.V.S., por sentencia de las diez horas treinta minutos del siete de abril de dos mil once, resolvió: En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley y no se observan defectos u omisiones causantes de nulidades o indefensión a las partes. Se confirma la resolución impugnada. (Sic).

  5. -

    La parte actora formuló recurso para ante esta S. en memorial presentado el dieciséis de mayo de dos mil once, el cual se fundamenta en los motivos que se dirán en la parte considerativa.

  6. -

    En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.

    Redacta la Magistrada C.V.; y,

    CONSIDERANDO:

    I.-

ANTECEDENTES

El 28 de agosto de 2008, la actora formuló demanda ordinaria laboral contra las señoras J.M.A. y S.P.C.M.. Como fundamento de su pretensión afirmó que laboró para las codemandadas como Chef-cocinera, en un local comercial ubicado en Tortuguero de Pococí, desde el 3 de marzo de 2007, hasta el 5 de agosto de ese mismo año, fecha en la que fue cesada de su puesto de trabajo, al indicársele, que por motivos económicos, ya no se le podría continuar pagando el salario. Dijo que su horario de trabajo era de doce horas diarias (de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.), de lunes a domingo, y en ocasiones tenái que laborar una hora adicional, cuando debían atenderse grupos organizados de turistas. Señaló que no se le pagaron las horas extra, ni tampoco los días de descanso, ni días feriados. Indicó que tras el despido se le canceló la suma de trescientos mil colones, sin embargo, considera que aún existe un saldo pendiente correspondiente a extremos laborales insolutos. Con base en esos hechos solicitó que en sentencia se condene a las codemandadas al pago del preaviso de despido; el auxilio de cesantía; el aguinaldo y las vacaciones proporcionales; seiscientas horas extra de toda la relación laboral; los feriados de pago obligatorio laborados durante toda la relación laboral (jueves y viernes santo, 11 de abril, C.C., 01 de mayo, 25 de julio y 2 de agosto); 20 días de descanso semanal; salario en especie valorado en un 50% de la remuneración en metálico; salarios dejados de percibir desde el momento del despido conforme el numeral 82 del Código de Trabajo; diferencias salariales de toda la relación laboral; intereses sobre las sumas adeudadas desde la fecha en que debió cubrirse la liquidación correspondiente y hasta el efectivo pago; así como ambas costas de la acción (folios 2 a 9). Las codemandadas contestaron en forma negativa la demanda. Rechazaron haya existido una relación de naturaleza laboral con la demandante. Adujeron que entre ellas existió una relación de inquilinato, ya que la señora M.A. le arrendó un local comercial denominado “Restaurante la Casona de Tortuguero” a la señora C.M.. Afirmaron que la relación de la actora fue, de tipo “empresarial”, con la arrendataria del restaurante, con el fin de “explotar” en conjunto ese negocio. Indicaron que el vínculo comercial referido inició en abril de 2007 y finalizó en agosto de ese mismo año, dado el incumplimiento de los compromisos asumidos por la actora y las bajas utilidades que generaba la empresa, por lo que el negocio fue transmitido a la señora M.A., quien bajo una nueva administración asumió el manejo de éste. En virtud de lo anterior opusieron las excepciones de falta de derecho, falta de interés actual, prescripción, sine actione agit, y falta de legitimación activa y pasiva (esta última en relación con la señora M.A.) (folios 22 a 25). En la sentencia de primera instancia, número 016-2011, de las 10:06 horas del 17 de enero de 2011, el Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Pococí, Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, denegó la demanda en todos sus extremos, condenando a la actora al pago de ambas costas, fijando las personales en la suma prudencial de cincuenta mil colones (folios 126 a 130). La parte actora formuló recurso de apelación contra el fallo (folios 134 a 142), y el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en su voto n° 62-2011 de las 10:30 horas del 7 de abril de 2011, lo confirmó (folios 147 a 150).

II.-

LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE: Ante la Sala, la apoderada especial judicial de la parte actora, muestra disconformidad con lo resuelto por el órgano de alzada. En resumen considera que existe abundante prueba que acredita la existencia de una relación laboral entre su representada y las codemandadas. Afirma que la presencia de la prestación de servicios acredita este hecho, amén de la coexistencia de la subordinación jurídica, elemento que debe matizarse, en virtud de que por la naturaleza del puesto (chef profesional) no se requería de la supervisión inmediata o delegada, toda vez que las accionadas indicaron las condiciones en que se debía prestar el servicio, en cuanto al lugar, horario, calidad del servicio, etcétera, lo que a todas luces determina la existencia de dicha subordinación. Argumenta que independientemente de la denominación que las partes le hayan dado a la relación, el vínculo fue de naturaleza laboral, lo anterior de conformidad con el principio de primacía de la realidad, por encontrarse presentes todos los elementos que constituyen el contrato de trabajo conforme los numerales 4 y 18 del Código de Trabajo. Asevera que la deponente principal y a cuya declaración se le debe dar mayor peso, es a la señora L.B.L., ello en razón de que esta declarante: “…trabajó de lleno en las actividades propias del negocio y que coincidió por espacio de tres meses desempeñándose al mismo tiempo para las demandadas que la aquí actora y, quien no tiene interés directo ni compromiso presente ni en la fecha de su deposición, con ninguna de las partes involucradas…”. Refiere que doña L. es detallada y clara respecto a las responsabilidades, ejecución de tareas, y subordinación de todos los empleados, incluyendo la actora, con las demandadas, así como la forma de administración, pago de salarios, toma de decisiones, contratación de empleados para el negocio, horario del local, despido de la trabajadora y todas las actividades, laborales y personales, que se desenvolvían en el lugar. En relación con la declarante M.L., señala que su testimonio es complaciente, por cuanto es la “doméstica de la familia”, ha mantenido con las demandadas una relación de muchos años (hasta incluso al momento de atestiguar), lo que se acredita con la contradicción en la que incurre con lo manifestado por la señora B.L., respecto a la forma en que finalizó la relación laboral, donde esta última señala que la actora fue expulsada por doña J. del centro de trabajo sin que se le permitiera el ingreso a éste, mientras que doña M. atestiguó que “no hubo discusiones duras, solo terminaron con la sociedad y sacaron cuentas, se hicieron pagos…”. Sin embargo, indica la recurrente, en realidad hubo dos momentos distintos, uno en que la actora fue expulsada del negocio y otro donde se le entregó lo correspondiente a la liquidación y que la testigo de la parte accionada pretende confundir como uno solo. Dice que del testimonio del señor J.F. H.A. se deduce, que si bien a la actora se le ofreció la posibilidad de ser socia de la codemandada S., ello dependía de que su madre, J., le entregara la administración del negocio de restaurante y le arrendara el local, lo que en la realidad nunca ocurrió. Esto se reafirma –asegura– con la existencia de un contrato de arrendamiento suscrito entre las codemandadas “…preparado para la defensa de la presente acción…”, siendo esta la oferta que se le había realizado a la actora, pero al momento de concretarse la firma del acuerdo, éste incluiría no sólo a S., sino también a M.. Aduce que la testigo I.V. de la O tampoco resulta creíble. Expresa que de la deposición de la testigo L.B. se infiere que la señora V. llegaba en muy pocas ocasiones al local comercial y siempre por las tardes, fuera de los tiempos de mayor operación del negocio (desayuno, almuerzo y cena). En virtud de lo anterior, reitera, a esta testigo no le consta nada y su testimonio resulta complaciente ya que ni siquiera estuvo presente cuando finalizó la relación laboral y únicamente observó el momento en que la actora se hizo presente en el restaurante a retirar los trescientos mil colones que le cancelaron como indemnización por la terminación del vínculo. Del mimo modo la recurrente le resta credibilidad al testimonio del señor W.R.F.. Señala que es “…el más comprometido con las demandadas”, ya que fue él quien generó el conflicto que le puso fin a la relación laboral, mantiene una relación de noviazgo con la demandada S., nunca tuvo acceso a las áreas privadas del negocio, y lo visitó en muy pocas ocasiones, por lo que sus afirmaciones son complacientes y poco confiables. A su juicio, si en realidad hubiese operado una sociedad de hecho, como lo fallaron las instancias precedentes, existiría la documentación que respaldara tales afirmaciones; sin embargo, por el contrario, lo que operó fue una “verdadera relación laboral”, en la que a la actora no se le hacía partícipe de la administración del restaurante y sus labores se limitaron a la cocina y la decoración, sujeta a un horario de trabajo de doce horas, sin que se le retribuyeran las horas extra, percibiendo el pago de salario diario y en especie, siendo sujeto de un despido injustificado sin que se le cancelaran los extremos laborales correspondientes. Considera que del elenco de fotografías aportadas por esa representación como prueba, se extrae la existencia de una actividad constante en el restaurante y la participación en la dirección de las actividades por parte de la codemandada J.M.A.. A modo de conclusión, la parte recurrente expone que el vínculo que mantuvieron las partes tuvo carácter laboral, dado que la actora estuvo sujeta a un régimen de subordinación, debía cumplir un horario, percibía un salario de doscientos mil colones mensuales (que no se le pagaba de forma completa), y efectuaba una prestación personal del servicio. Apunta que la vinculación societaria entre las partes nunca llegó a materializarse; que la actora no participó de la contratación de personal, sino que era doña J. quien se encargaba de esa tarea; y que el hecho de que su representada no portara uniforme, o que departiera en su habitación con las codemandadas, tal y como se muestra en las fotografías referidas, no desvirtúa el carácter laboral del contrato, pues tales circunstancias son comunes en los sitios donde los trabajadores habitan en el centro de trabajo. Con base en esos argumentos, solicita se revoque el fallo recurrido y en su lugar se acoja la demanda en todos sus extremos, condenando a las accionadas al pago de todos los rubros reclamados y ambas costas del proceso (folios 162 a 173).

III.-

DE LOS ELEMENTOS QUE DEFINEN LA EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO: En resumen, se muestra disconforme la recurrente con lo resuelto por el tribunal, por cuanto considera que la relación que vinculó a las partes fue de naturaleza laboral, en virtud de que se encontraban presentes los elementos de prestación personal del servicio, horario, remuneración y subordinación jurídica. Efectivamente, nuestro ordenamiento jurídico define el contrato individual de trabajo como: “… todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma” (artículo 18 del Código de Trabajo). La misma norma, en su párrafo segundo, se encarga de crear una presunción de naturaleza iuris tantum o que admite prueba en contrario, según la cual, existe contrato de trabajo o relación laboral, entre quien presta sus servicios y quien los recibe. Así las cosas, es evidente que ese vínculo se funda, principalmente, en la existencia de tres elementos centrales, a saber: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación jurídica. Apareciendo además otros elementos que modernamente se han tomado en consideración, en virtud de la proliferación de formas atípicas de contratación, para determinar cuando estamos en presencia de una prestación personal de servicios de naturaleza laboral, tales como la dependencia económica o la ajenidad (ver sobre el tema, de esta Sala, el voto n° 354 de las 9:20 horas del 11 de julio de 2003). Conforme a lo anterior, se ha entendido que corresponde a la persona trabajadora la carga de la prueba de acreditar la existencia de la prestación personal del servicio, y a la persona demandada como presunto empleador(a), desvirtuar el carácter laboral de la relación, trayendo al proceso elementos de convicción que denoten que en la especie no existió subordinación jurídica, al ser considerado éste como un elemento esencial del contrato de trabajo (entre muchas otras pueden consultarse las sentencias de esta Sala n°s 2007-00764 de las 8:40 horas del 12 de octubre de 2007; 2004-00802 de las 9:30 horas del 24 de setiembre de 2004; 2001-00093 de las 10:30 horas del 2 de febrero de 2001; 2001 de las 9:30 horas del 31 de enero de 2001).

IV.-

SOBRE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN MATERIA LABORAL: El artículo 493 del Código de Trabajo establece las reglas a seguir para la valoración de la prueba en materia laboral, al indicar que “salvo disposición expresa en contrario de este Código, en la sentencia se apreciará la prueba en conciencia, sin sujeción a las normas de Derecho Común; pero el J., al analizar la que hubiere recibido, está obligado a expresar los principios de equidad o de cualquier otra naturaleza en que funde su criterio”. De conformidad con lo anterior, quien juzga debe valorar los elementos probatorios llevados a los autos y, además, debe aplicar las reglas de la sana crítica y la razonabilidad, pues esa disposición descarta un régimen de íntima o de libre convicción. Sobre este tema, en la sentencia de la Sala Constitucional número 4448, de las 9:00 horas, del 30 de agosto de 1996, en referencia a esa concreta norma, se indicó: “... la apreciación de la prueba en conciencia no implica resolver en forma arbitraria, por cuanto todo juez -como funcionario público que es- se encuentra sujeto al principio de legalidad, el cual constituye un imperativo de adecuación de la acción pública, no sólo de las normas específicas sobre un objeto determinado, sino a todo el bloque de legalidad; por lo que no puede fallar con desprecio de los principios y derechos constitucionales, ya que está limitado por las reglas de la sana crítica y principios de razonabilidad, que debidamente aplicados conducen a la armonía de la apreciación jurisdiccional con la Constitución Política,... las facultades de los jueces de apreciar la prueba en conciencia no resultan contrarias a la obligación del juez de fundamentar sus fallos, principio constitucional que integra el debido proceso ... Con fundamento en lo anterior, es que procede interpretar la norma en cuestión de tal manera que no resulta inconstitucional la facultad de los jueces laborales de apreciar la prueba en conciencia, siempre y cuando se dicte un fallo fundamentado, en aplicación de las reglas de la sana crítica y razonabilidad”. Con base en esas premisas, procede entonces determinar, si los integrantes del tribunal, incurrieron o no, en los supuestos errores de valoración acusados por la parte recurrente, a efecto de establecer si, efectivamente, en el caso bajo examen, existió una relación de trabajo como alega la recurrente, y en contraposición a lo resuelto en las instancias precedentes.

V.-

SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN QUE VINCULÓ A LAS PARTES: En el hecho primero de su demanda, la actora afirmó que se desempeñó en el cargo de chef-cocinera, en el negocio denominado “La Casona de Tortuguero”, el cual está dedicado a cabinas, restaurante y tours, a partir del doce de marzo de 2007 (hecho primero, a folio 5). Además agregó, que el día 5 de agosto fue cesada y “expulsada” del negocio y de su habitación ubicada en la vivienda de las demandadas, bajo el argumento de que la situación económica no permitía hacerle frente al pago de su salario (hecho segundo, a folio 5). Por su parte, las accionadas argumentaron que la relación de doña M. fue únicamente con la accionada S.C.M., y en condición de socias en el restaurante que ésta alquilaba a doña J.M.A.. La tesis esgrimida por las demandadas, encuentra sustento, no sólo en la prueba testimonial evacuada durante el trámite del proceso, sino también en la documental ofrecida por las partes. Al respecto, véase que a folio 19 del expediente se encuentra visible el contrato de arrendamiento fechado 29 de diciembre de 2002. En ese documento se estableció que la señora M.A. le arrendaría a la señora C.M., por un plazo de tres años (a partir del primero de enero de 2003), un local comercial para ser utilizado únicamente como Restaurante, quedando a partir de ese momento la administración del negocio a su cargo. Posteriormente, según se extrae de la prueba testimonial que obra en autos, S. se vinculó con la actora y constituyeron una sociedad de hecho (al no haber sido debidamente instituida mediante escritura pública e inscrita en el registro respectivo), para la explotación, en conjunto, del negocio de restaurante situado en Tortuguero de Limón. Sobre el particular, la testigo C.M.M.L., refirió: “Yo trabajaba para S. y tenía un año como salonera con un horario, ese negocio era propio de S., tenía el nombre de la Casona, luego ella se hizo socia con M. ya que me la presentó cuando llegó a la Casona, esa sociedad duró muy poco como unos cuatro meses, tiempo que les trabajé a ellas dos, yo recibía las ordenes (sic) tanto de M. como de S.. S. me presentó a M. (sic) como una socia, no hubo ningun (sic) tipo de papel, por ello es que tanto una como de la otra me daban órdenes. Iniciaron el negocio y vi que compartían las ganancias, cualquiera de ellas de dos me pagaban el salario (sic), todos los trabajitos que hacían eran ellas dos. M. la ví (sic) también trabajando en la cocina, cuando había que cocinar ella era la que cocinera (sic), también yo les ayudaba a cocinarCualquiera de las tres cocinaba en el horario del negocio, mientras tanto M. perfectamente podía estar afuera pendiente de tomar los pedidos… No había más empleados, solo nosotras tres” (folios 40 y 41). En ese mismo sentido, la deponente I.V. de la O, declaró: “conozco a M. desde que llegó a trabajar al negocio en la Casona, lo supe porque un día que llegué en la tarde a visitar a S. como de costumbre, no recuerdo la fecha… cuando vi a M. le pregunté a S. y ella me contestó que iban a trabajar juntas (…)" (folio 43). Estas afirmaciones a su vez encuentran respaldo en lo declarado por el señor don J.F.H. A., quien señaló: (…) En una ocasión menos de tres años, M. llegó a la casa emocionada a contarnos que había una oportunidad para desarrollarse en lo que había estudiado –chef– porque andaba buscando una oportunidad para emprender su negocio. Comentó en esa ocasión, estaban necesitando alguien que se hiciera cargo de la cocina, en el Restaurante, la Casona de Tortuguero, y que conocía el lugar y le llamaba la atención, porque en las condiciones que se iba tenía la oportunidad de hacerse socia del lugar, no recuerdo bien la fecha, pero tuvo lugar para antes de la Semana Santa del dos mil siete; en esa ocasión como uno ya pinta algunas canas, le pregunté si había de pormedio (sic) algún contrato, escrito o alguna manera de que ella se defendiera en el futuro, a lo cual me contó que no lo había. Lo que tengo entendido es que M. había ido varias veces a Tortuguero y en uno (sic) de esas visitas conoció a S., y ésta al saber de sus habilidades en la cocina fue que le ofrecieron la oportunidad que narro ahora (…)” (folio 62 frente). De estas deposiciones es diáfano concluir que la intención de S., era aprovechar las aptitudes de M., para en conjunto, asociarse y continuar con el negocio de restaurante, que hasta entonces ella explotaba en virtud del contrato de arrendamiento suscrito con doña J.. Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que la actora aportó, a esa sociedad de hecho, algunos enseres de cocina que eran de su propiedad, así como mobiliario para el restaurante (unos sillones), lo cual denota esa “affectio societatis” o la intención de asociarse de las partes. Al respecto, el propio deponente H. A., afirmó: “(…) Traía también sus objetos personales, algunas cosas de la cocina que era de ella, enojada también estaba porque unas ollas se habían quedado en tortuguero (sic) y que no pudo recuperar. Recuerdo también que en los primeros viajes se llevaba de la casa, cosas propias de ellas objetos personales, y algunas cosas especiales que la caracterizaban como chef, también con el tiempo cuando venía a comprar comestibles y otras cosas, también aprovechaba la oportunidad para adquirír (sic) algunas matas, adornos para decorar el negocio (…)" (folio 64 vuelto). En igual sentido, la señora B.L., en su testimonio confirmó el aporte efectuado por M., al señalar que al momento de terminar la relación que la vinculó con las accionadas, retiró del local algunas pertenencias propias que se encontraba en la cocina (ver folio 66 frente), donde esa testigo señala: “…Cuando llegamos S. ya estaba en la casona, nos estaba esperando pero vi que las cosas personas (sic) de M., las que tenía en el cuarto que ocupaba estaban en el suelo del restaurante de la casona, estaban medio recogidas y en bolsas plásticas, los artículos personales de M. y otras cosas estaban en la cocina también medio recogidos”. Este aspecto también fue atestiguado por la señora M. delC.M.G., quien sobre el particular dijo: (…) Después de esa llamada a los poquitos días, pasó eso, de que ya no iban a trabajar más en sociedad, S. y M.… me dijeron, ellas dos, que ya no iban a trabajar más y se llegó el momento de que ellas dos, sacaron cuentas de todo, M. recogió sus cosas que había llevado, hicieron el inventario, porque cuando llegó M. se había hecho un inventario de todo lo que había traído y volvieron a hacer el inventario para que ella recogiera lo que había traído… Las cosas personales que estaban en su habitación las llevó, otras cosas que había traído como unos sillones, todo se lo llevó” (folio 41 frente y vuelto). Existen además otros indicios, que sumados a estos elementos probatorios, no dejan duda alguna de que la relación no tuvo naturaleza laboral. En primer lugar, la actora, a diferencia de los demás trabajadores tenía acceso al dinero de la “caja”, sea al proveniente de las ventas del restaurante. En cuanto a este teme, la testigo M.M.L., indicó: “M. y S. eran las que me pagaban… Cuando me referí a que compartía ganancias, no es que las haya visto, sino que lo que tenían que pagar ambas… Ellas dos eran las que hacían el control de caja (…)” (folio 41 frente). Por su parte, L.B.L., manifestó: “… pero si vi que en varias oportunidades a M., doña J. o S.P. sacaban de la caja registradora de dos mil a tres mil colones para que se comprara sus cosas personales, o no (sic) podría decir si a M. le pagaban su salario como al resto de nosotros, que el día de trabajo se pagaba el mismo día (…)”. Esta declaración llama especialmente la atención, pues si bien esta testigo afirma haber laborado con M. por espacio aproximado de un mes, desconoce como “le pagaban su salario”, a pesar de que a los demás trabajadores se les “pagaba el mismo día”; y por el contrario, corrobora que a la actora se le entregaba el dinero de la “caja” o el dinero proveniente de las ganancias del negocio, lo que viene a abonar en la tesis de la existencia de la sociedad. Esto sumado a lo que menciona el señor H.A. en cuanto a que: “…le preguntaba sobre la marcha del negocio, en inicio me contaba que iba bien, a pesar de la temporada baja en turismo, pero en terminos (sic) generales marchaba bien. En otra ocasión, cuando le insistí sobre el punto porque se me hacía sospechoso que no se viera que haya prosperado, le pregunté puntualmente sobre los estados de la administración a lo que me respondió que de eso no sabía nada, que solo se limitaba a la cocina. A tortuguero (sic) fui como un par de veces no solo a visitar el lugar sino también a visitarla a ella, observé que ella vivía en un cuartito arriba de la cocina porque el negocio lo conforma la casona-Restaurante, las cabinas, una salita para internet, en esa oportunidad le pregunte (sic) la situación de ella con relación al negocio y me dijo que no estaba ganando ni un cinco, porque le estaban dando el alojamiento y la comida y que ello se debía por la temporada baja, tenía que esperar la entrada de la temporada alta. Como al tercer mes de que estaba en Tortuguero me dijo que ya estaba recibiendo algo de pago…” (folio 62 frente y vuelto). Denota que doña M. era partícipe del riesgo del negocio (en su condición de socia de hecho) viendo reducido su margen de ganancia durante la temporada baja y percibiendo dividendos durante la alta (lo que descarta la presencia de los elementos de ajenidad y salario), a diferencia del resto del personal que percibía, en concepto de salario, diariamente su pago. A lo anterior cabe agregarle otros aspectos, que si bien, de manera aislada pueden resultar circunstanciales, sumados a los anteriores, tienen gran importancia y contribuyen a decantarse por la existencia de la sociedad entre las partes. En primer término, como se desprende de la totalidad de los testimonios, M. ocupaba una habitación dentro del propio negocio, tal y como lo hacían S. y doña J. (esta última de forma esporádica), siendo ella la única de las personas que prestaban servicios en el local que habitaba la misma vivienda que las codemandadas (ver declaración de W.R.F., a folio 61 frente). Aunado a ello, su relación con S. no era la típica que existe entre una empleadora y su subordinada, nótese que departían en fiestas y otras actividades sociales, e incluso, podían reposar sobre la misma cama (ver fotografía agregadas a folios 80 y 82), lo que denota no sólo una gran amistad, sino que deja entrever una relación de iguales dentro del negocio en el que se desempeñaban. También es importante abonar que la actora era quien efectuaba las compras del negocio, incluso adquiría artículos para llevar a cabo la decoración del local (ver declaración de J.F.H.A. antes citada); era además la encargada (junto con S.) de impartir órdenes al personal del restaurante (ver testimonio de M.M.L. a folio 40 frente y de L.B.L. a folio 67 vuelto), por lo que ostentaba –directamente- el poder de dirección (típico de la parte patronal). En suma, no aprecia ninguno de los elementos propios, que conforme la doctrina del Código de Trabajo, evidencien en la especie la existencia de una relación laboral. Por lo que debe concluirse, que en el caso concreto, no se dan los yerros en la valoración de la prueba que acusa el recurrente; por el contrario, tanto la prueba documental como la testimonial fue correctamente apreciada por las instancias precedentes, permitiendo desvirtuar la presunción contenida en la norma de rito.

IV.-

CONSIDERACIONES FINALES: C. de lo expuesto, no siendo de recibo los agravios de la recurrente se debe confirmar el fallo impugnado en lo que ha sido motivo de agravio.

POR TANTO:

Se confirma elfallo impugnado.

OrlandoAguirre Gómez

Zarela María Villanueva Monge Julia Varela Araya

Eva María Camacho Vargas Mario Antonio Gutiérrez Quintero

La magistrada V.A. salva el voto y lo emite de la siguiente manera:

I.-

La infrascrita juzgadora me aparto del voto de mayoría en cuanto confirmó lo resuelto por el tribunal, por las razones que de seguido se dirán: En el caso concreto quedó debidamente acreditada la prestación personal del servicio. Al respecto, la actora, en el hecho primero de su demanda afirmó que se desempeñó en el cargo de chef-cocinera, en el negocio denominado “La Casona de Tortuguero”, a partir del doce de marzo de 2007. Lo anterior se corrobora a través de la prueba testimonial ofrecida por ambas partes. Sobre el particular la testigo C.M.M.L. refirió: “(…) M. la ví (sic) también trabajando en la cocina, cuando había que cocinar ella era la que cocinera (sic), también yo les ayudaba a cocinarCualquiera de las tres cocinaba en el horario del negocio, mientras tanto M. perfectamente podía estar afuera pendiente de tomar los pedidos… No había más empleados, solo nosotras tres” (folios 40 y 41). En ese mismo sentido, la testigo I.V. de la O declaró: “conozco a M. desde que llegó a trabajar al negocio en la Casona, lo supe porque un día que llegué en la tarde a visitar a S. como de costumbre, no recuerdo la fecha… cuando vi a M. le pregunté a S. y ella me contestó que iban a trabajar juntas (…)" (folio 43). Por su parte la declarante L.B.L. sobre el particular expresó: “Los tres tiempos de comida siempre se alistaban hayan (sic) o nó (sic) clientes que atender, era obligatorio alistar, entre esos estaban se repasaba el pollo (hervirlo), se alistaba la lasagna (sic) de palmito y se pasaba al congelador para congelarlo (sic), se escogían los mariscos en bolsita aparte y todo, se arreglaban pescados descamándolos y limpiándolos de viceras (sic), entre otras cosas más… M. y yo eramos (sic) los (sic) que nos encargabamos (sic) de ello, M. por ser la cocinera y yo su ayudante. No había nadie más a parte de nosotras dos en esas labores… A parte de nosotras, había otra muchacha que era contratada cuando había más gente, su nombre es C. sus apéllidos (sic) no los conozco, había otro muchacho nicaragüense su nombre es W., tampoco conozco sus apellidos. Otra nicaragüense de nombre M., no se tampoco sus apellidos, se encargaba de la lavandería y de cuidar a la chiquita de Sara… W. se encargaba de limpiar el salom (sic), arreglarlo, recoger los platos, S. se encargaba de sentar a la gente y entregarles el menú o si no la misma S. porque había turistas que hablaban en inglés y S. era la que los atendía porque habla ese idioma a parte del español. Nosotras, M. y yo, nos dedicábamos a preparar las ordenes (sic) o los pedidos” (folio 67). De este modo, acreditada la existencia de la prestación personal de servicio, a parte de la existencia de horario de trabajo (ver al respecto los testimonios referidos visibles a folios 39 a 42, 43 a 46, y 65 a 68), corresponde a la parte accionada (en este caso a doña J.M.A. y a S.P. C.M., desvirtuar la presencia del elemento de subordinación jurídica, a través de prueba que indubitablemente permita determinar, que en la especie, la relación no fue de carácter laboral. Adicionalmente, tal y como se ha trabado la litis, es obligación de las codemandadas demostrar que la actora era dueña de los frutos de su trabajo, o en otras palabras, descartar la presencia del elemento de la ajenidad, en la relación que vinculó a las partes. Lo anterior por cuanto las accionadas han sostenido a través de todo el proceso, que la relación de doña M. delC., era exclusivamente con doña S.P., y en condición de socias. Para respaldar su tesis, las señoras M.A. y C.M., aportaron como prueba documental un contrato privado de arrendamiento de local comercial, suscrito entre ellas, supuestamente, en fecha 29 de diciembre de 2002 (folios 19 a 21), y ofrecieron la declaración de testigos quienes conocieron de la existencia del vínculo que unió a las partes litigantes en este proceso. Valorado que ha sido en su conjunto todo el acervo probatorio que obra en autos, en aplicación del principio de comunidad de la prueba, esta juzgadora ha llegado a la conclusión de que lleva razón la parte recurrente cuando acusa la indebida valoración de la prueba por parte de las instancias precedentes y que las llevó a determinar que en la especie lo que operó fue un contrato de naturaleza comercial y no laboral. Véase que el juez de primera instancia, para llegar a ese convencimiento, estimó que de las fotografías aportadas como prueba por la actora, visibles a folios 72 a 82, se extrae que entre la señora M.M. G. y las accionadas existía “condiciones interpersonales displicentes y distendidas”, lo que a su criterio refleja la ausencia de una prestación de servicios bajo dependencia y dirección inmediata de éstas, y por el contrario, que la actividad llevada a cabo se encuadra bajo la figura del contrato de cuentas en participación normado en el ordinal 663 del Código de Comercio. Por otra parte, apunta el a quo, que en “todos los testimonios recibidos” está latente la idea que entre la actora y la codemandada S.C. existía una sociedad de hecho, y en consecuencia –aseguró ese juzgador– no se pudo determinar la presencia de ninguno de los elementos que le dan vida a la existencia de una relación laboral. Amén que las compras propias del giro del negocio de restaurante se hacían de común acuerdo entre ellas, lo que denota que la actora asumía parte del riesgo del negocio (ver sentencia de folios 126 a 130). El tribunal, al conocer del recurso de apelación interpuesto por la actora en contra de la sentencia de primera instancia, confirmó lo resuelto por el a quo, al considerar que de los testimonios evacuados en autos, apreciados bajo la luz de las reglas de la sana crítica, y del análisis de esa prueba en conciencia, se desprende que las partes mantuvieron un contrato de cuentas en participación, ya que los testigos se refirieron a que estas se denominaron como socias, M. tenía poder de influir en la contratación del personal del negocio, y la actora efectuaba compra de adornos para decorar el negocio, actitud que solo tiene alguien que se sabe dueño de la empresa, aunado al hecho de que la accionante no utilizaba uniforme en horas laborales y departía con las accionadas de manera cordial fuera de la jornada de trabajo, “situación que viene a ratificar la no existencia de una relación laboral entre ellas” (folio 147 a 150). En primer término debe apuntarse que la existencia de una relación cordial, cercana, de amistad, entre dos o más personas, no es un elemento que deba considerarse para efectos de descartar la presencia de un vínculo laboral entre ellas. Esta valoración de carácter metajurídico carece, en todo caso, de apego a las costumbres y los usos sociales, pues es un hecho de conocimiento común que el ser humano es social por naturaleza y tiende a estrechar relaciones interpersonales con sus semejantes, sobre todo cuando debe departir con ellos durante tiempos prolongados, de lo que no escapan las personas que se interrelacionan en un centro de trabajo, quienes pueden llegar a entablar relaciones de amistad con sus compañeros, superiores jerárquicos e incluso con los empleadores, máxime en actividades como el turismo, donde es común que como parte del trabajo deba departirse con los turistas en actividades sociales, viajes, almuerzos, etc., y las relaciones verticales de jerarquía, propias de la relación laboral, se matizan. En el caso de análisis, esto resulta aún más comprensible, por cuanto, tal y como se extrae de la prueba testimonial recibida, el negocio contaba con poco personal (entre tres y seis personas aproximadamente), y doña M. y las demandadas convivían en el mismo lugar (doña J. por temporadas vivía en otro sitio cercano al local), por lo que es normal que mantuvieran relaciones interpersonales estrechas fuera de la jornada de trabajo. Ahora bien, en torno a la calificación de la naturaleza jurídica de la relación que unió a las partes realizada por los/las juzgadores(as) de instancia, debe señalarse que no basta con que los testigos hayan hecho mención de que la actora les fue introducida como socia; o que ellos tienen la impresión de que las ganancias se debían repartir entre ellas por esa condición de socias señalada; o que la actora realizara algunas compras (incluyendo artículos para la decoración del local); para que se pueda concluir que entre las partes existió un contrato de cuentas en participación o una figura análoga regida por el derecho comercial o civil. Valga aclarar que de conformidad con lo dispuesto en el canon 663 del Código de Comercio: “Por el contrato de cuentas en participación dos o más personas toman interés en una o más negociaciones determinadas que deben realizar una sola de ellas en su propio nombre, con la obligación de rendir cuenta a los participantes y dividir con ellos las ganancias o pérdidas en la proporción convenida”. En el caso concreto no se acreditó que la accionante actuara a nombre propio (no obra en autos una sola prueba a ese respecto); por el contrario, de la totalidad de los testimonios evacuados, se infiere que S. C. era quien tenía la participación más activa en el giro del negocio; tampoco se acreditó la existencia de negociaciones determinadas en las que debía tomar parte, sino que su labor consistía en ejecutar tareas en la cocina o el área de restaurante del negocio según se dijo supra, tareas cuya naturaleza eran permanentes; por último, no se aportó al proceso elementos probatorios que evidencien la forma en como se liquidarían las ganancias o se asumirían las eventuales pérdidas del contrato, ni mucho menos la existencia de una liquidación final. Así las cosas, resulta a todas luces imposible establecer que en la especie lo que existió fue un contrato de esa naturaleza. También se echa de menos prueba que demuestre que entre las partes operó una sociedad de hecho. En las declaraciones citadas por el ad quem para sustentar su fallo, si bien se menciona que la actora fue introducida a alguna de las testigos como una “socia”, lo cierto del caso es que por la forma en como describen que se ejecutó la relación, no se aprecia la existencia de una verdadera sociedad. Debe recordarse que el contrato societario se sustenta en los aportes de los socios para el emprendimiento de determinada actividad económica y la repartición de ganancias (o pérdidas según la naturaleza de la sociedad), conforme a los aportes efectuados. En el presente asunto, tampoco se probó que las partes se hubieran asociado con la finalidad de explotar un local comercial bajo la modalidad de restaurante. No sólo se extraña la presencia de un contrato societario (como es usual cuando se emprende un negocio de esa envergadura), sino además, no se acredita con certeza, por parte de las demandadas, en que consistieron los aportes a la sociedad efectuados por doña M., o como se repartían las ganancias o las pérdidas (si las hubieron). Por el contrario, lo que se extrae de esos testimonios es que la actora ocupaba un cargo de jefatura, como encargada de la cocina, y en consecuencia, laboraba con independencia funcional y técnica, dado lo especializado de sus tareas, y ejercía funciones de jerarquía ante el resto del personal, pero esas características no desnaturalizan el carácter laboral del contrato. Llama especialmente la atención el testimonio de doña M.M.L., quien declara que la razón por la que le consta que M. era socia es porque “me la presentaron en esa condición”, y tanto ella como S. podían girarle órdenes, sin embargo, refiere que el negocio propiedad de doña J., previo a la llegada de M., era operado por S., y la accionante se incorporó para trabajar en la cocina, realizar compras y darle órdenes al personal, aspectos que reiteramos, no constituyen indicios sobre la existencia de una sociedad y que además no encuentra respaldo en documento probatorio alguno. En relación con estos aspectos esa testigo afirmó: “Yo trabajaba para S. y tenía como un año como salonera con un horario, ese negocio era propio de S., tenía el nombre de la Casona, luego ella se hizo socia con M. ya que me la presentó cuando llegó a la Casona…, iniciaron a trabajar en el mismo negocio de la Casona, esa sociedad duró muy poco como unos cuatro meses, tiempo que les trabajé a ellas dos, yo recibía las ordenes (sic) tanto de M. como de S.. S. me presentó a M. (sic) como una socia, no hubo ningun (sic) tipo de papel, por ello es que tanto una como la otra me daban órdenes. Iniciaron el negocio y vi que compartían las ganancias, cualquiera de ellas dos me pagaban el salario, todos los trabajitos que hacían eran ellas dos. M. la ví (sic) también trabajando en la cocina, cuando había que cocinar ella era la que cocinera (sic), también yo les ayudaba a cocinar” (folio 470). Si bien la testigo afirma que existía repartición de ganancias, más adelante en su declaración aclara: “Cuando me referí a que compartian (sic) ganancias, no es que las haya visto, sino que lo que tenían que pagar ambas” (folio 41). Es decir, su percepción de que existe una sociedad se basa en que doña M. realiza pagos y gira órdenes, aspectos que son comunes a un sin número de personas trabajadoras que ostentan algún nivel de jerarquía, como lo puede ser por ejemplo un jefe(a) de cocina o chef (tareas a las que se avocaba la actora), por lo que de esta deposición no puede concluirse que haya existido efectivamente un contrato societario entre las partes. Otra testigo que se refiere a que la actora era socia del negocio es doña I.V. de la O; sin embargo, en su testimonio afirma que cuando conoció a la señora M.G. se le indicó por parte de S. que “iban a trabajar juntas” (folio 43), y la propia declarante asumió que la actora era socia porque “…cuando conversabamos (sic) – se refiere a M.- hacía referencia a su negocio, y de la forma en que lo administraba, se podía concluir de lo que decía que no era empleada, porque con nosotras se sentaba horas de horas a conversar mientras tomabamos (sic) café, ella con sus cervezas”. Resulta claro que el hecho de que la testigo no haya visto a la demandante constantemente laborar en la cocina, no desacredita que estuviera vinculada a las accionadas por un contrato de trabajo. En primer lugar, porque hay abundante prueba testimonial adicional que corrobora que M. era la encargada de la cocina del restaurante, y en segundo lugar, porque esa testigo refiere que llegaba únicamente en las tardes, a la “hora del café”, es decir fuera de las horas específicas en las que ella misma afirma que operaba el negocio. Sobre el particular esa declarante señaló: “El negocio lo visitaba todos los días en las tardes… Creo se entraba a las seis de la mañana M. se encargaba de arreglar el salón, limpiarlo y acomodar las mesas, lo se de oídas cuando en las tardes lo llegaba a escuchar, tampoco se que otras funciones tenía que realizar M. (sic)… luego la hora del cierre del negocio no lo se, porque yo me retiraba temprano… El negocio tenía un horario desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, había horas específicas para vender y servir el desayuno, el almuerzo y la cena…Nunca supe si llegaron a atender turistas" (folios 43, 44 y 45). Ahora bien, con base a la declaración de la señora L.B. L., se refuerza la tesis de la accionante, sin que esta Sala encuentre motivos para restarle credibilidad a ese testimonio, por el hecho de que la testigo haya laborado para las demandadas, pues esta circunstancia por si sola y sin la existencia de otros elementos que la acompañen, no permite presumir un ánimo de perjudicar o favorecer con su declaración a alguna de las litigantes en este asunto. Sobre lo que resulta de interés esta declarante manifestó: “Conozco a M. desde que llegue (sic) a Tortuguero unos dos años, más o menos, no recuerdo la fecha; yo llegué a la Casona a ofrecer mis servicios de trabajo; para ese entonces vivía en los alrededores… M. también me había dicho que también ocupaba una asistente porque ella era la cocinera-chef y que podía ir a conversar con J. o P. para que la pudieran emplear… M. recibía ordenes (sic) e instrucciones de algo nuevo que se iba a sacar en la cocina, se las daba doña J. era la que más le daba órdenes a M., todos los días había algo nuevo en el menu (sic) que se suministraba, algún tipo de ensalada, algún platillo diferente, frescos naturales también diferentes… Nunca vi que doña J. haciendo los platillos (sic), si la vi dando las instrucciones de cómo hacerlos, no se si doña J. tiene experiencia en ello, pero daba las ordenes (sic) de cómo hacerlo… M. tenía que estar en un horario de ocho de la mañana a ocho de la noche, un día libre a la semana… era variado, podía ser lunes o martes. Cuando M. tenía su día libre y se iba para Cariari a visitar a su familia se le encargaba la compra de los víveres y de otras cosas que necesitaban, había ocasiones en que ellas dos le decían que le comparan otras cosas, le daban la plata y le trajera las facturas… Los pedidos de mercadería y las cancelaciones de facturas las hacían S. o doña J., pero en ocasiones en que estaban ocupadas atendiendo los clientes que a M. o a mi nos mandaban a hacer las compras y contra las compras teníamos que entregar las facturas… No M. no se involucraba con las órdenes que se le daba al resto de los trabajadores, conmigo si porque ella era la chef y me daba las órdenes de cómo picar los chiles, como hacer tal cosa, lavar las ollas o los platos…” (folios 65 a 68). De lo expuesto se deduce que la actora era la encargada de preparar los alimentos en el restaurante “La Casona” y como parte de sus funciones estaba girar órdenes a quienes laboraban en el área de cocina y efectuar las compras atinentes al servicio que ofrecía esa empresa; así como que en sus tareas estaba sujeta a las instrucciones que se le impartieran, sin que haya ningún elemento, como se indicó, que desvirtúe la presencia del elemento de subordinación jurídica o que denote la existencia de una figura distinta a la del contrato de trabajo. Por último, cabe agregar que la declaración del señor J.F.H.A. (visible a folios 62 a 64), no permite tampoco establecer que existiera el vínculo societario aducido por las accionadas, por cuanto este testigo señala que esto se le mencionó a la actora como una posibilidad que nunca se concretó, lo que se refuerza con la prueba testimonial transcrita en el presente considerando. Del mismo modo, no es posible considerar que el hecho de que la trabajadora haya llevado algunos enseres de cocina (no detallados por los testigos) y unos sillones, pueda ser considerado como un aporte societario, por cuanto ello no cuenta con el respaldo probatorio que así lo indique; y aunado a ello, las personas trabajadoras, según se infiere del numeral 69 inciso d) del Código de Trabajo, pueden utilizar sus propias herramientas de trabajo; siendo además razonable que quien se desplaza de su domicilio habitual a otro sitio, de forma permanente, lleve consigo objetos personales relacionados con su oficio, o para el avituallamiento de su nuevo lugar de residencia (como podrían ser los sillones que la actora llevó consigo al negocio). Incluso, aún en los supuestos en que existiera la intención de la actora de realizar el aporte de esos bienes a una supuesta sociedad de hecho, tal circunstancia no vendría a demeritar la existencia de un contrato de trabajo con esa misma sociedad. La doctrina laboral claramente hace una distinción entre la sociedad, y la persona socia-trabajadora que le presta servicios, al respecto M.M. señala: “Parece, sin embargo, necesario establecer una clara distinción entre la persona jurídica (la sociedad) y el socio de ella que al tiempo le dedica su actividad laboral. Esta separación determina que el socio-trabajador es, como regla general, un trabajador por cuenta ajena; lejos de organizar su propio trabajo y de hacer suya la utilidad patrimonial del mismo, el socio trabajador actúa, en tanto trabajador, bajo la dependencia y en utilidad de la sociedad titular de la empresa (…). No obstante, la jurisprudencia viene considerando que el socio trabajador que tiene el control efectivo de al menos la mitad del capital social se configura como trabajador autónomo (…). Tal calificación se traduce en la inclusión de dichos socios en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos”. (M.M., A.. MONTOYA MELGAR, A.. “Derecho del Trabajo”. 28° ed. Editorial Tecnos. Madrid. 2007 pág. 537). De modo tal, que al consistir, en todo caso, esos supuestos aportes, en un porcentaje, que la experiencia señala como mínimo en relación con el total de activos del negocio (el local comercial, el equipamiento de electrodomésticos e inmobiliario, etc.), la capacidad de decisión de la trabajadora en torno a la vida de la empresa es tan reducida, que elimina cualquier posibilidad de que pueda llegar a considerarse como socia-trabajadora independiente. La interpretación anterior se considera en armonía con la Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo, “Sobre la Relación de Trabajo”, la cual en esta especial materia debe servir para integrar e interpretar el ordenamiento jurídico interno. Como consecuencia de lo expuesto, deberá variarse lo resuelto en instancias previas y analizar si proceden de las pretensiones de la demanda, y cual de las codemandadas (si es que fuere solo una) deberá responder frente a la accionante.

II.-

Una vez definida la existencia de un contrato laboral en el sub litem, procede analizar si la relación fue con ambas codemandadas como lo afirma la accionante, o si por el contrario, el vínculo se dio únicamente con la señora S.C., como ha sido la tesis de la defensa, y en consecuencia, resultare procedente acoger la defensa de falta de legitimación formulada por doña J.M.A.. El artículo 2 del Código de Trabajo define al patrono como: “…toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, que emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o implícito, verbal o escrito, individual o colectivo”. Si bien la norma hace alusión al patrono como sujeto único, las modernas formas de organizar el trabajo han llevado los ordenamientos jurídicos y a la doctrina del derecho laboral, ha reconocer la figura del empleador en grupos complejos de empresas (nacionales o transnacionales), y otras formas poco ortodoxas en que los individuos se conglomeran para emplear los servicios de otra u otras personas. Así por ejemplo, M.M. señala como una de las principales novedades reguladas por el Estatuto de los Trabajadores en España, la incorporación dentro de la definición de empleador de las “comunidades de bienes”, lo que significa que: “…pueden legalmente celebrar contratos de trabajo los titulares colectivos o proindivisos de un bien o masa de bienes, aun careciendo de personalidad unitaria. Pueden ofrecerse numerosos ejemplos de titularidad común sin personalidad: a) el caso de los copropietarios o partícipes de un edificio… b) el caso de la comunidad de pastos… c) el caso de los montes vecinales en mano común, cuya titularidad corresponde a los vecinos integrantes en cada momento del grupo comunitario de que se trate… d) el caso de las sociedades sin personalidad jurídica… e) el caso de las agrupaciones de empresas, desprovistas asimismo de personalidad jurídica; f) el caso de la herencia indiviza…” (MONTOYA MELGAR, A.. “Derecho del Trabajo”. 28° ed. Editorial Tecnos. Madrid. 2007 pp 285 y 286). Tal y como ha sido formulada la demanda, se alega que tanto, doña J.M. A. como S.P.C.M., eran titulares del negocio denominado “La Casona de Tortuguero” y en virtud de la existencia de esa “comunidad de bienes” afectada al desarrollo de una actividad comercial para la que prestó sus servicios doña M., debe condenarse a ambas a responder por las prestaciones laborales que le puedan corresponder a la demandante. A la luz de las probanzas que obran en autos y en aplicación del principio in dubio pro operario, que opera también cuando surja duda en la valoración de la prueba, debiendo estarse a lo más favorable para la persona trabajadora, considera la infrascrita que en el caso concreto ambas codemandadas fungían como parte patronal. Si bien, las accionadas pretende desacreditar esta circunstancia, aportando a los autos un contrato de arrendamiento del local comercial donde se desarrolló la actividad de restaurante, durante el período en que laboró en ese sitio la señora M.G. (folios 19 y 21), esa probanza no se hizo acompañar de otros elementos que permitieran dilucidar, que la gestión del restaurante, se encontraba realmente desligada de otras actividades productivas asociadas con el giro del negocio efectuadas dentro del mismo establecimiento comercial (verbigracia alquiler de habitaciones, ventas de tures, etc.); por ejemplo, no se presentaron los recibos por pago de alquiler; las declaraciones de renta, patentes, pagos de impuestos municipales, etc., independientes; no se demostró que las contabilidades se efectuaran de forma separada; que los/las trabajadores(as) laboraran solo para una u otra actividad; que tuvieran rótulos, teléfonos, entradas, logotipos y demás aspectos relacionados con la comercialización distintos; en fin, lo único que quedó debidamente acreditado, es que ambos negocios compartían la administración (ya que en el restaurante se ubicaba la caja y la recepción comunes), que doña J. era la propietaria de todo el negocio; que ella estuvo al frente de ambas actividades previo a que S. asumiera una participación más activa en la administración del restaurante y con posterioridad a la separación de M.; y que los clientes que se hospedaban en las habitaciones eran quienes comúnmente hacían uso del restaurante ubicado en la misma propiedad (ver declaraciones de C.M. M.L. a folios 39 a 42; I.V. de la O a folios 43 a 46; W.R.F. a folios 59 a 61; J.F.H.A. a folios 62 a 64; y L.B.L. a folios 65 a 68). Con base en estos elementos, es posible concluir que ambas codemandadas se beneficiaron con el producto del trabajo de doña M., siendo que la administración del restaurante estaba mayormente recargada en doña S.; sin embargo, doña J., se mantuvo como propietaria del negocio (restaurante y cabinas), por lo que es claro que entre las codemandadas existió una sociedad de hecho de tipo familiar y en ese tanto deben responder solidariamente frente a la trabajadora por los extremos de la petitoria que resulten procedentes, según se colige de la relación entre los artículos 2, 3, 4, 18 y 25 del Código de Trabajo. Por ende, deberá denegarse la excepción de falta de legitimación ad causam pasiva y activa formulada por J.M.A..

III.-

: Como se indicó el resumen de antecedentes del caso en el voto de mayoría, la parte actora pretende que se condene a las codemandados al pago del preaviso de despido; el auxilio de cesantía; el aguinaldo y las vacaciones proporcionales; seiscientas horas extra de toda la relación laboral; los feriados de pago obligatorio laborados durante toda la relación laboral (jueves y viernes santo, 11 de abril, C.C., 01 de mayo, 25 de julio y 2 de agosto); 20 días de descanso semanal; salario en especie valorado en un 50% de la remuneración en metálico; salarios dejados de percibir desde el momento del despido conforme el numeral 82 del Código de Trabajo; diferencias salariales de toda la relación laboral; intereses sobre las sumas adeudadas desde la fecha en que debió cubrirse la liquidación correspondiente y hasta el efectivo pago; así como ambas costas de la acción. Para determinar la procedencia de cada uno de estos rubros debe analizarse las condiciones en que se ejecutó el contrato de trabajo por un lado, y por otro, las causas que originaron su finalización. Concretamente la demandante refiere haber laborado desde el 3 de marzo de 2007 y hasta el 5 de agosto de 2007 (5 meses y 2 días), de forma permanente, durante doce horas diarias (de las 8:00 horas a las 20:00 horas), de lunes a domingo, sin contar con su día de descanso (por cuanto en su día de “salida” debía realizar las compras del negocio), laborando todos los días feriados durante la vigencia de la relación, sin percibir el pago de horas extra, recibiendo además del salario en metálico, remuneración en especie, y que fue despedida sin justa causa, cancelándosele únicamente el pago de trescientos mil colones al cese de la relación; por lo que solicita el pago del preaviso de despido, el auxilio de cesantía, además de los daños y perjuicios originados en el artículo 82 del Código de Trabajo. En materia laboral -como ha reiterado esta S.- ocurre una especial distribución de las cargas probatorias: le corresponde a la persona trabajadora acreditar la existencia de la prestación personal del servicio y al empleador demostrar los hechos impeditivos que invoque y todos aquellos que tiene la obligación de mantener debidamente documentados. A modo de ejemplo, le corresponde al patrono probar: la fecha de ingreso del trabajador; la naturaleza continua o discontinua, permanente u ocasional, indeterminada o determinada del contrato de trabajo; la antigüedad; el puesto y naturaleza de las labores ejecutadas; causas de extinción del contrato; entrega de la carta de despido; el pago de las obligaciones salariales; clase y duración de la jornada; pago o disfrute de feriados, descansos, licencias, aguinaldo y vacaciones; cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social; justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas señaladas como discriminatorias; así como cualquier otra situación fáctica cuya fuente probatoria le sea de más fácil acceso que al trabajador(a) (ver en ese sentido los votos n°s 2007-000832 de las 9:30 horas del 7 de noviembre de 2007, y 2010-001003 de las 10:50 horas del 7 de julio de 2010). De conformidad con lo anterior, era obligación de la parte accionada, al oponerse a la demanda, acreditar de manera efectiva el pago de cada uno de los extremos laborales reclamados por la actora, a saber: el monto de salario mínimo definido por el decreto de salarios respectivo; el pago de las horas extra permanentes laboradas, o en su defecto, demostrar que la actora no laboró en el horario que indicó en su demanda; el pago de los días feriados; el otorgamiento o retribución de los días de descanso; la cancelación completa y oportuna de los extremos laborales derivados de la terminación injustificada (ya que no se alegó y menos se acreditó una justa causa de despido) del contrato de trabajo, sea el preaviso de despido, el auxilio de cesantía, las vacaciones y el aguinaldo proporcionales, tomando en consideración para su cálculo el salario en especie que se acreditó mediante la testimonial recibida, que percibió la trabajadora, estimado en un 50% del salario en metálico (conforme lo establece el numeral 166 del Código de Trabajo al no haberse acreditado un valor distinto). Sin embargo, al no haberse acreditado por parte de quien tenía la carga de hacerlo ninguno de esos pagos (salvo la cancelación de trescientos mil colones como lo confiesa la actora en su demanda, folios 5 a 7), lo procedente es conceder esos rubros, según se dirá, debiendo denegarse únicamente el reclamo de daños y perjuicios conforme el artículo 82 del Código de Trabajo, al no habérsele imputado a la trabajadora por parte de las demandadas ninguna de las causales de despido contenidas en el numeral 81 de ese mismo cuerpo normativo; así como las diferencias salariales solicitadas, al haberse remunerado a la actora con el salario mínimo legal vigente para la fecha en que existió la relación laboral.

IV.-

De conformidad con lo expuesto en el considerando anterior, debe analizarse cuáles de las pretensiones de la demanda son atendibles: a.-) Diferencias salariales. Asegura la actora que percibía un salario de doscientos mil colones, no obstante se le adeudan diferencias salariales. Revisados los decretos de salarios mínimos vigentes durante la relación laboral que mantuvo la actora con las accionadas (primer y segundo semestre de 2007), números 33437 del 3 de noviembre de 2006 y 33840 del 22 de julio de 2007, el salario mínimo de doña M., en su condición de trabajadora calificada, al no acreditarse que contara con formación técnica o grado superior, ascendió durante el primer semestre a cinco mil seiscientos colones diarios (¢5.679), lo que equivale a ciento setenta mil trescientos setenta colones mensuales (¢170.370), y durante el segundo semestre a cinco mil novecientos sesenta y nueve colones diarios (¢5.969), lo que equivale a ciento setenta y nueve mil setenta colones mensuales (¢179.070). Por lo que al percibir un salario superior, no existen diferencias salariales que reconocer y en consecuencia resulta improcedente otorgarle este extremo de su pretensión. b.-) Preaviso de despido. Por este concepto, y tomando en cuenta el salario mensual de la trabajadora, más el cincuenta por ciento de salario en especie, sea un salario mensual total de trescientos mil colones, así como la duración de la relación laboral, equivalente a 5 meses y dos días, conforme lo dispuesto por el aparte a) del artículo 28 del Código de Trabajo, corresponde condenar a las demandadas al pago de una semana de salario, lo que equivale a la suma de setenta mil colones exactos (¢70.000). c.-) Auxilio de cesantía. Por este concepto, y tomando en cuenta el salario mensual de la trabajadora, más el cincuenta por ciento de salario en especie, sea un salario mensual total de trescientos mil colones, así como la duración de la relación laboral, equivalente a 5 meses y dos días, conforme lo dispuesto por el inciso 1) del artículo 29 del Código de Trabajo, corresponde condenar a las demandadas al pago de siete días de salario, lo que equivale a la suma de setenta mil colones exactos (¢70.000). c.-) Aguinaldo proporcional. Por este concepto, y tomando en cuenta el salario total devengado por la trabajadora durante toda la relación laboral, tanto la parte en metálico como en especie, monto que asciende a un millón quinientos veinte mil colones exactos, corresponde condenar a las demandadas al pago un doceavo de esa suma, lo que equivale al tanto de ciento veintiséis mil seiscientos sesenta y seis colones con sesenta y seis céntimos (¢126.666,66). c.-) Vacaciones proporcionales. Por este concepto, y tomando en cuenta el salario diario de la trabajadora durante la relación laboral, considerando tanto la parte en metálico como en especie, lo que da un salario total diario de diez mil colones exactos, así como la duración de la relación laboral, equivalente a 5 meses y dos días, conforme lo dispuesto por los artículo 153, 156 inciso a) y 157 del Código de Trabajo, corresponde condenar a las demandadas al pago de cuatro días de salario, lo que corresponde a la suma de cuarenta mil colones exactos (¢40.000,00). d.-) Horas extra. Habiendo laborado la actora 608 horas extra durante toda la relación laboral (4 horas extra diarias); sin embargo, limitado el cobro a 600 horas, y tomando en cuenta un salario por hora ordinaria de mil doscientos cincuenta colones exactos (¢1250), el cual incluye el pago tanto en metálico como en especie, resultado de dividir el salario mensual entre los treinta días del mes y las ocho horas de la jornada ordinaria, se debe condenar a las demandadas al pago de un millón ciento veinticinco mil colones exactos (¢1.125.000,00) por ese concepto. e.-) Días feriados. Por concepto de feriados laborados durante toda la relación laboral, a saber el 11 de abril, el jueves y viernes santos, el 1° de mayo, el 25 de julio y el 2 de agosto, corresponde otorgarle el pago de seis días de salario para completar el pago doble respectivo, lo que equivale a la suma de sesenta mil colones exactos, tomando en cuenta el salario diario de la trabajadora incluido el pago del salario en especie. e.-) días de descanso. Por concepto de días de descanso laborados durante toda la relación laboral, a saber 21, 65 días, limitados a 20 en la pretensión de la actora, corresponde otorgarle el pago de un adicional sencillo por cada día para completar el pago doble respectivo, lo que equivale a la suma de doscientos mil colones exactos, tomando en cuenta el salario diario de la trabajadora incluido el pago del salario en especie. f.-) Intereses. Sobre las sumas concedidas deberán reconocer las demandadas los intereses legales, conforme lo dispuesto por el numeral 1066 del Código Civil, desde el momento en que cada una de ellas debió de haber sido cancelada y hasta el pago efectivo, y cuya liquidación se deja para la etapa de ejecución del fallo. g.-) Costas: Conforme lo prevé el artículo 494 del Código de Trabajo, en concordancia con el 221 del Procesal Civil, aplicable a la materia laboral al tenor de lo estipulado por el 452 del primer código citado, la regla general es que a la parte “vencida” en juicio se le deben imponer las costas del proceso; empero, excepcionalmente, el numeral 222 permite la exoneración en ese rubro, en los expresos y taxativos supuestos que esa norma menciona. Esos supuestos son: a) cuando haya litigado con evidente buena fe; b) cuando la demanda o contrademanda comprendan pretensiones exageradas; c) cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o reconvención; d) cuando el fallo admita defensas de importancia invocadas por el vencido, y e) cuando medie vencimiento recíproco (numerales 452 y 494 del Código de Trabajo, en relación con el 221 y 222 del Código Procesal Civil).En relación con el tema, la jurisprudencia de esta S. ha sido reiterada (véase los votos n°s 92 de las 15:10 horas, del 29 de abril de 1992, 235 de las 9:50 horas, del 2 de octubre de 1992, 273 de las 14:40 horas, del 30 de agosto de 1995, 183 de las 9:50 horas, del 19 de marzo de 2004 y 286 de las 10:00 horas, del 27 de abril de 2005, 971 de las 9:35 horas del 19 de noviembre de 2008, 507 de las 9:50 horas del 17 de Junio de 2009, 1138 de las 9:45 horas del 6 de noviembre de 2009, 104 de las 10:58 horas del 20 de enero de 2010).De esta forma, analizadas las circunstancias del caso concreto, siendo que no se aprecia la concurrencia de ninguna de las causales que eximen del pago de estas expensas, lo procedente es variar lo resuelto sobre este punto en las instancias precedentes, y en su lugar condenar a las codemandadas al pago de las costas personales y procesales, fijándose los honorarios de abogado en un 20% del total de la condenatoria, conforme lo dispuesto por el numeral 495 del Código de Trabajo.

IV.-

Corolario de lo expuesto, considera la suscrita se debe revocar parcialmente el fallo impugnado, en su lugar se debe condenar a las accionadas al pago de los siguientes extremos laborales: Una semana de salario por concepto de preaviso de despido, lo que equivale a la suma de setenta mil colones exactos (¢70.000). Siete días de salario por concepto de auxilio de cesantía, lo que equivale a la suma de setenta mil colones exactos (¢70.000). Ciento veintiséis mil seiscientos sesenta y seis colones con sesenta y seis céntimos (¢126.666,66) por concepto de aguinaldo proporcional. Cuatro días de salario por concepto de vacaciones proporcionales, lo que equivale a la suma de cuarenta mil colones exactos (¢40.000,00). Seiscientas horas extra, lo que equivale a la suma de un millón ciento veinticinco mil colones exactos (¢1.125.000,00). Seis días de salario por concepto de días feriados laborados durante toda la relación laboral, lo que equivale a la suma de sesenta mil colones exactos. Veinte días de salario por concepto de días de descanso laborados durante toda la relación laboral, lo que equivale a la suma de doscientos mil colones exactos. Sobre las sumas concedidas deberán reconocer las demandadas los intereses legales, conforme lo dispuesto por el numeral 1066 del Código Civil, desde el momento en que cada una de ellas debió de haber sido cancelada y hasta el pago efectivo, y cuya liquidación se deja para la etapa de ejecución del fallo. Se debe condenar también a las codemandadas al pago de las costas personales y procesales, fijándose los honorarios de abogado en un 20% del total de la condenatoria, conforme lo dispuesto por el numeral 495 del Código de Trabajo. A las sumas otorgadas deberá restársele los trescientos mil colones pagados por las accionadas a la actora al momento de la finalización de la relación laboral.

Revoco parcialmente el fallo impugnado. En su lugar, condeno a las accionadas a pagar a la actora los siguientes rubros: setenta mil colones exactos por concepto de preaviso de despido, setenta mil colones exactos por concepto de auxilio de cesantía, ciento veintiséis mil seiscientos sesenta y seis colones con sesenta y seis céntimos por concepto de aguinaldo proporcional, cuarenta mil colones exactos por concepto de vacaciones proporcionales, un millón ciento veinticinco mil colones exactos por concepto de seiscientas horas extra, sesenta mil colones exactos por concepto de días feriados laborados durante toda la relación laboral, doscientos mil colones exactos por concepto de días de descanso laborados durante toda la relación laboral. Sobre las sumas concedidas deben las demandadas pagar los intereses legales, conforme lo dispuesto por el numeral mil sesenta y seis del Código Civil, desde el momento en que cada una de ellas debió de haber sido cancelada y hasta el pago efectivo, suma que debe determinarse en la etapa de ejecución del fallo. Condeno también a las codemandadas al pago de las costas personales y procesales, fijándose los honorarios de abogado en un veinte por ciento del total de la condenatoria. A las sumas otorgadas debe restársele la suma de trescientos mil colones exactos.

JuliaVarela Araya

Yaz.-

2

EXP: 08-000520-0929-LA

Teléfonos: 2295-3671, 2295-3676, 2295-3675 y 2295-4406. Facsímile: 2257-55-94. Correos Electrónicos: crojas@poder-judicial.go.cr. y mbrenesm @poder-judicial.go.cr

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR