Sentencia nº 11885 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 29 de Agosto de 2012

PonenteAna Virginia Calzada Miranda
Fecha de Resolución29 de Agosto de 2012
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia12-010012-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoAcción de inconstitucionalidad

Exp: 12-010012-0007-CO Res. Nº 2012011885

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las catorce horas treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil doce. Acción de inconstitucionalidad promovida por M.M.J., cédula número ,vecina de contra la palabra ³constatados´contenida en el artículo 41 del Código de Familia.

Resultando:

  1. -

    Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:11 del 30 de julio de 2012, la accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de la palabra ³constatados´contenida en el artículo 41 del Código de Familia, por estimarla violatoria del artículo 52 de la Constitución Política. Manifiesta que su legitimación proviene de un proceso de Separación Judicial existente en el Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial de San José, bajo el expediente número 07-002779-0165-FA, en el cual fue alegada la inconstitucionalidad de la norma impugnada. Expresa que según el artículo 52 de la Constitución Política, el matrimonio descansa sobre la igualdad entre los cónyuges, por lo que el régimen patrimonial debe operar sobre este fundamento. Señala que la constatación de los bienes gananciales es un asunto de prueba, de derecho procesal, ya que permite el disfrute de los bienes, sin embargo, no debe afectar la existencia de derecho a la participación en los bienes gananciales, el cual debe ser declarado de forma ilimitada e irrestricta. Afirma que la palabra ³constatado´del artículo impugnado, es violatoria del numeral 52 de la Carta Magna, ya que quien tiene los bienes los puede ocultar para que no sean constatados, y el otro cónyuge pierda su derecho de participación. Estima que el patrimonio común no se reparte de forma equitativa entre los cónyuges, ya que en la práctica, quien puede ocultar los bienes, permanece con una mayor porción. Indica que debe considerarse la naturaleza de la sociedad costarricense como patriarcal, en la que generalmente el hombre es gestor del patrimonio común, el cual puede con mayor facilidad ocultarlo para que no sea constatado en el proceso correspondiente. Señala que no se pretende la inconstitucionalidad del sistema de gananciales, sino que sea fortalecido a la luz de la doctrina constitucional, por lo que sugiere que la frase del artículo 41 se lea como ³los bienes gananciales existentes en el patrimonio del otro´, en lugar de ³los bienes gananciales constatados en el patrimonio del otro´. Estima que como consecuencia de la inconstitucionalidad de la palabra impugnada, cualquier bien que no haya sido constatado, ni haya sido objeto de una declaración especial, queda gravado de pleno derecho, por lo que las sentencias de divorcio deberán hacer referencia explícita de ellos. Señala que no se puede hacer renuncia de bienes no conocidos, por lo que con ello, la renuncia genérica debe tenerse por inexistente. Solicita que se suspenda el dictado de la sentencia en el asunto base, que se declare la inconstitucionalidad de la palabra ³constatado´ contenida en el artículo 41 del Código de Familia, que se declare que no es constitucional la renuncia genérica de bienes gananciales, y como consecuencia, inconstitucional la resolución del Juzgado de Familia del Segundo Circuito Judicial número 309-08 de las quince horas quince minutos del veinticuatro de abril del dos mil ocho.

  2. -

    El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción deuna gestión anterior igual o similar rechazada.

    Redacta la Magistrada Calzada Miranda; y,

    Considerando:

    I.-

    Sobre los presupuestos formales de admisibilidad de la acción. La acción de inconstitucionalidad es un proceso con determinadas formalidades, que deben ser satisfechas a efecto de que la Sala pueda válidamente conocer el fondo de la impugnación. En ese sentido, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, establece los presupuestos de admisibilidad de la acción de inconstitucionalidad. En un primer término, se exige la existencia de un asunto previo pendiente de resolver, sea en vía judicial, o bien, en el procedimiento para agotar de la vía administrativa, en que se haya invocado la inconstitucionalidad como medio razonable para amparar el derecho o interés que se considera lesionado. En el párrafo segundo y tercero, la ley establece de manera excepcional, presupuestos en los que no se exige el asunto previo, cuando por la naturaleza del asunto, no exista una lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos o colectivos, o bien cuando es formulada en forma directa por el Contralor General de la República, el Procurador General de la República, el F. General de la República y el Defensor de los Habitantes. Ahora bien, en cuanto a la necesidad de un asunto previo pendiente de resolver en sede administrativa, es necesario, que éste se trate del procedimiento que agote de la vía administrativa, que de conformidad con el artículo 126 de la Ley General de la Administración Pública, es a partir del momento en que se interponen los recursos ordinarios ante el superior jerarca del órgano que dictó el acto final, pues de lo contrario, la acción resultaría inadmisible. En igual sentido, este Tribunal ha sostenido lo siguiente: ³IV.- A mayor abundamiento, del recurso que planteara -individualmente, se insiste- el señor B.R., se observa con claridad que éste tan solo solicitó la ³revisión´y ³revocatoria´del acuerdo impugnado. No interpuso concomitantemente el recurso de apelación para ante el superior respectivo. Puesto que, conforme al artículo 126 de la Ley General de la Administración Pública, la vía administrativa la agota en las entidades descentralizadas su correspondiente jerarca; y siendo potestativo plantear la apelación además de la revocatoria (artículo 347.2 ibidem), no es dable entender que en este caso se haya pedido la intervención del jerarca administrativo, tal que pueda venir a dictarse una resolución que tenga la consecuencia de provocar el agotamiento de la vía. Esto, a su vez, refuerza la convicción de que el procedimiento que se aduce como base de esta acción no es idóneo para tal efecto, lo cual obliga a desestimarla ad portas, como en efecto se hace.´(Sentencia 2005-16829 de las 09:17 horas del 2 de diciembre del 2005). Asimismo, existen otras formalidades que deben ser cumplidas, a saber, la determinación explícita de la normativa impugnada, debidamente fundamentada, con cita concreta de las normas y principios constitucionales que se consideren infringidos, la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la acción, la acreditación de las condiciones de legitimación (poderes y certificaciones), así como la certificación literal del escrito en el que se invocó la inconstitucionalidad de las normas en el asunto base, requisitos todos que en caso de no ser aportadas por los accionantes, pueden ser prevenidos para su cumplimiento por la Presidencia de la Sala.

    II.-

    Legitimación de la accionante. Del expediente judicial No. 07-002779-0165-FA adjunto se tiene que la demandante presentó el 7 de diciembre de 2007 un proceso solicitando la separación judicial de su cónyuge amparándose en las causales de infidelidad, sevicia y el incumplimiento de deberes de asistencia y alimentación por parte del demandado. Por resolución de las ocho horas y veintiséis minutos del uno de abril de dos mil ocho, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio en el que solicitaron al Juzgado la separación judicial, el cual fue homologado en sentencia No. 309-08 de las quince horas quince minutos del veinticuatro de abril de dos mil ocho (ver folios 82 y 85 del expediente judicial adjunto). Posteriormente, por escrito presentado el 17 de julio de dos mil doce, la demandante se apersona al despacho consultante y gestiona incidente de inclusión de bien ganancial de las prestaciones laborales obtenidas por su cónyuge, momento en el cual invoca la inconstitucionalidad de la norma aquí impugnada. En razón de lo anterior, se tiene por legitimada a la accionante en esteproceso.

    III.-

    Objeto de la acción. Solicita la accionante que se declare la inconstitucionalidad de la palabra ³constatados´contenida en el artículo 41 del Código de Familia, por estimar que lesiona el artículo 52 de la Constitución Política, al dejarse por fuera otros bienes que son gananciales y que no quedarían gravados según dispone la norma, porque la parte podría renunciar a bienes presentes y futuros al desconocer de su existencia en el momento de disolverse el vínculo o declararse la separación judicial. Por lo anterior, pide que se modifique la palabra ³constatados´por ³existentes´y se declare nula la cláusula de renuncia a bienes gananciales que hacen las partes. La disposición en cuestión, en lo que interesa, establece: ³Artículo 41.-Al disolverse o declararse nulo el matrimonio, al declararse la separación judicial y al celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge adquiere el derecho de participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales constatados en el patrimonio del otro. Tales bienes se considerarán gravados de pleno derecho, a partir de la declaratoria a las resultas de la respectiva liquidación. Los tribunales, de oficio o a solicitud de parte, dispondrán tanto la anotación de las demandas sobre gananciales en los Registros Públicos, al margen de la inscripción de los bienes registrados, como los inventarios que consideren pertinentes«´

    IV.-

    Sobre la norma impugnada. De la norma transcrita tenemos, que el artículo 41 del Código de Familia regula lo atinente a los bienes gananciales en el ordenamiento jurídico costarricense, en caso de no haberse suscrito capitulaciones matrimoniales, señalando que al disolverse el vínculo matrimonial, al declararse la nulidad del matrimonio o la separación judicial, cada cónyuge adquiere el derecho de participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales constatados en el patrimonio del otro. Sin embargo, no todos los bienes adquiridos por los cónyuges son considerados bienes gananciales, ya que algunos no generan ese derecho de ³participación´, como serían los siguientes de acuerdo a este mismo artículo: ³1.- Los que fueren introducidos al matrimonio, o adquiridos durante él, por título gratuito o por causa aleatoria; 2.- Los comprados con valores propios de uno de los cónyuges, destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales; 3.- Aquellos cuya causa o título de adquisición precedió al matrimonio; 4.- Los muebles o inmuebles, que fueron subrogados a otros propios de alguno de los cónyuges; y 5.- Los adquiridos durante la separación de hecho de los cónyuges´ El derecho a participar en la mitad del valor neto de los bienes gananciales constatados en el patrimonio del otro, proviene de la presunción de que fueron obtenidos mediante el trabajo, esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en su comunidad de vida. Este Tribunal en la sentencia No. 2000-1758, también se pronunció sobre el régimen patrimonial establecido en el artículo cuestionado, en el siguiente sentido: ³IV.- Una nota sobre el llamado "Régimen Legal Supletorio". La Sala también estima necesario formular un recordatorio acerca de la naturaleza supletoria que tiene el régimen contenido en el artículo 41. En realidad, el Código de Familia ofrece a los futuros contrayentes, o aun a los que ya tienen la condición de cónyuges, la posibilidad de que convengan las reglas por las que se ordenen estos aspectos patrimoniales durante y a la disolución del vínculo (artículo 38). De tal manera, que solamente en ausencia de un acuerdo tomado autónomamente por los esposos, es que la ley se ocupa de indicar cuál es el régimen al que quedan sujetos. En otras palabras, este régimen que se ha denominado de participación diferida en los gananciales entra a regir en ausencia de una decisión contraria de los esposos. Esta es una razón adicional para entender que si ellos lo consideraban en alguna medida inconveniente, bien pudieron establecer unas disposiciones a la medida de sus deseos. Esta solución del Código, entonces, emerge como una especie de aceptación tácita de los esposos y tampoco luce irrazonable pues se trata de encontrarle una respuesta a la condición de personales (en sentido estricto) que durante el matrimonio tienen todos los bienes en cabeza de los esposos. El Código pudo establecer que en caso de que no hubiere capitulaciones matrimoniales, cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio, de los que adquiera durante él por cualquier título y de los frutos de unos y otros, extendiendo esa regla para la disolución del vínculo matrimonial. No lo hizo así, porque de siempre hemos entendido en nuestro medio, que el matrimonio es una comunidad de sentimientos, de solidaridad, de cooperación, de mutuo auxilio, de manera que en los bienes adquiridos a título oneroso por cualquiera de los cónyuges, se presume un esfuerzo común y de allí que se crea una expectativa jurídica de participación. Ese esfuerzo común, la nota distintiva de los bienes gananciales, determina que a la disolución del vínculo nazca el derecho a participar en ellos. El sistema actual se adapta apropiadamente a una reforma operada al Código de Familia, por la cual se puede retrotraer el momento de la liquidación de esos gananciales, a través de lo que se denomina "liquidación anticipada", cuando haya indicios de que un cónyuge intenta frustrar aquella expectativa del otro. En resumen, todo lo relativo al régimen patrimonial del matrimonio, es campo privativo del legislador, sobre el que, al menos en el extremo que ahora se analiza, no aparece que se haya producido una regulación irrazonable o desproporcionada, puesto que estamos ante bienes adquiridos con esfuerzo común y que, en principio, permiten la división en los términos dichos. La cuestión ha resuelta por el legislador, pues, afirmando que aquel esfuerzo común ha de derivar en el compartir gananciales uno y otro cónyuge, independientemente de quien haya dado pie a la disolución. Llegados a este punto, nuevamente, el reclamo de inconstitucionalidad no puede ser atendido, pues ni el artículo 51 ni el 52 de la Constitución Política quedan comprometidos con la solución dada por el legislador. A lo sumo, sería una cuestión de oportunidad o conveniencia, que sea preferible un sistema a otro, pero en las argumentaciones de la demanda, esa nota de inconstitucionalidad no aparece. Contrariamente, según se desprende de las razones que tuvo el legislador para dictar esa modificación al sistema, se introduce un elemento de equidad en la distribución patrimonial, reconociendo el esfuerzo común de ambos cónyuges durante toda la vigencia del matrimonio, independientemente de que al final uno de ellos hubiera podido incurrir en algún motivo para su disolución y si este aspecto no constituye lo cuestionado, se agrega únicamente para señalar que, en principio, a la Sala no le luce irrazonable.´ De lo anterior se tiene entonces, que los cónyuges deciden al momento de la disolución de su matrimonio o ante una separación, en primer término, cmo distribuir sus bienes gananciales; y solo en defecto de acuerdo alguno, aplica el régimen establecido en el artículo impugnado, obteniendo cada cónyuge el derecho al valor del 50% de cada bien obtenido a título oneroso dentro de la sociedad conyugal. Ahora bien, igualmente se respeta la expresión de la voluntad de las partes si deciden repartirlo de diversa manera o si renuncian a alguno o a todos los bienes, pues ello es parte del derecho a la autonomía de la voluntad de las personas. En todo caso, si la accionante considera que en su caso concreto existe un vicio en su voluntad en la cláusula adoptada en el acuerdo homologado por el Juez para acordar la separación judicial, porque desconocía la totalidad de los bienes de su cónyuge, es un aspecto que debe alegar y ser revisado en la vía jurisdiccional pertinente para procurar su nulidad, lo cual debería acordarse de previo a todo pronunciamiento ulterior sobre los bienes gananciales. La Sala aprecia que lo alegado en esta discusión no son aspectos relacionados o derivados de manera directa de la norma aquí impugnada, por lo que no sería propio de ser discutido en un proceso de constitucionalidad, ya que además de tratarse de un caso concreto, como se indicó en la sentencia señalada, el régimen patrimonial del matrimonio es campo privativo del legislador, y no considera este Tribunal que por respetarse válidamente la voluntad de las partes se incurra necesariamente en un vicio de constitucionalidad de la norma. Aunado a lo anterior, tampoco estima la Sala que en la eventualidad de ser admitido e incluido posteriormente un bien ganancial por los procesos legales establecidos, no se encuentre resguardado por lo dispuesto en la norma cuestionada, toda vez que en ese momento se tendría, precisamente, por constatado en el patrimonio de su cónyuge. En otras palabras, al existir una vía jurisdiccional y procesal adecuada para la inclusión de bienes gananciales con posterioridad a los momentos indicados en el artículo 41 del Código de Familia, es dentro de ese proceso donde finalmente se constata esos otros bienes gananciales, con las consecuencias de repartición que fueron acordadas por el legislador, aprobadas en su momento por las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad, o las determinadas por el juzgador en cada caso concreto a la luz de esas previsiones legislativas o personales. Es decir, la constatación de bienes gananciales efectuados conforme al artículo 41 del Código de Familia, en nada obsta que siguiendo las previsiones sustantivas y procesales correspondientes, se pueda igualmente constatar otros bienes gananciales posteriormente; es en ese otro momento cuando se produce la verificación de los bienes gananciales. Así las cosas, este Tribunal considera que de acuerdo a sus precedentes la acción resulta inadmisible, por no estimar que con los argumentos dados por la accionante la normativa en cuestión violente la protección de la familia dispuesta en el artículo 52 constitucional, ya que como se indicó, el régimen patrimonial adoptado por nuestro país es una cuestión de discrecionalidad del legislador, que en los términos dados actualmente no resulta irrazonable, desproporcionado, ni produce indefensión alguna a la familia, ya que existen suficientes mecanismos procesales para garantizar las irregularidades que puedan presentarse en caso de un abuso del derecho. IV.- Conclusión. En virtud de lo expuesto, lo procedente es rechazar por el fondola acción, como en efecto se ordena.

    Por tanto: Se rechaza por el fondo la acción.

    Ana Virginia Calzada M. Presidenta

    Luis Paulino Mora M.GilbertArmijo S.

    Ernesto Jinesta L.FernandoCruz C.

    Fernando Castillo V.PaulRueda L.

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