Sentencia nº 00439 de Tribunal Agrario, de 22 de Junio de 1995

PonenteGilbert Oconitrillo Jara
Fecha de Resolución22 de Junio de 1995
EmisorTribunal Agrario
Número de Referencia95-000439-0029-AG
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoApelación por inadmisión

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO.-

S.J., a las catorce horas veinte minutosdel veintidos de junio de mil novecientos noventa y cinco.-

Proceso Interdictal tramitado en el Juzgado Agrario de Nicoya,por M.G.G. contra G.U. LEAL.Venido ante este Tribunal en virtud de apelación interpuesta por el demandado contra la sentencia de las ocho horas cuarenta y cinco minutos del deiz de marzo de mil novecientos noventa y cinco.-

Redacta elJuez Superior M.M.; y,

C O N S I D E R A N D O :

I

De conformidad con lo establecido por el artículo 566 del Código Procesal Civil, si se admite un recurso de apelación, deberá decirse en qué efecto se hace.- En el caso que ahora nos ocupa, no se menciona del todo el efecto en que se admitió la apelación y por esta razón procede devolver el expediente a la oficina de su origen para que se cumpla con el citado numeral.-

P O RT A N T O :

D. este proceso a la oficina deorigen para que se cumpla con lo indicado en la parte considerativa.-

GILBERTOCONITRILLOJARA

L.E.M.M.C.B.

ns.-

VOTO SALVADO DEL JUEZ CHAVERRI BARRANTES:

I.-

El suscrito juez no comparte el voto de mayoría por las razones que expongo a continuación.En consecuencia declaro que debe procederse a resolver el fondo del recurso planteado.Para ello no es necesario que el Juzgador a quo establezca en qué efectos admite la apelación porque, incluso considerándose que es necesario establecer esos efectos, eso puede ser definido por este Tribunal.

II.-

Las normas procesales son el medio para alcanzar los objetivos del derecho sustantivo. Aquellas no deben ser interpretadas como si fueran fines en sí mismas sino como instrumentos para la mejor realización de la justicia (Ver referencia al respecto en Voto de la SALA CONSTITUCIONAL, número 2660, de las 15:36 hrs del 7 de junio de 1994).Los ciudadanos acuden a los Tribunales en procura de que se les administre justicia; pero no solo eso, esperan que sea administrada de manera PRONTA Y CUMPLIDA.Esto es así porque esa pretensión está amparada en un principio consagrado en la Constitución Política:la CELERIDAD PROCESAL (Artículo 41).Este principio integra el DEBIDO PROCESO.Una incorrecta interpretación de este derecho -debido proceso-, como la estricta e inflexible aplicación de la normativa procesal, muchas veces conlleva a su propia violación:cuando con ello se retrasan sin sentido los asuntos sometidos a conocimiento de los Tribunales.Muchas normas de la legislación procesal más moderna conducen a flexibilizar lo que en doctrina se conoce como el "procedimentalismo":la sobrevaloración de los ritos...

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