Sentencia nº 00163 de Tribunal Primero Civil, de 23 de Febrero de 2012
| Ponente | Gerardo Parajeles Vindas |
| Fecha de Resolución | 23 de Febrero de 2012 |
| Emisor | Tribunal Primero Civil |
| Número de Referencia | 11-000092-0180-CI |
| Tipo | Sentencia de fondo |
| Clase de Asunto | Proceso de ejecución de sentencia |
-Nº163-1C-
TRIBUNAL PRIMERO CIVIL.-
S.J., alas trece horas diez minutos del veintitres de febrero de dos mil doce.
PROCESO EJECUCION DE SENTENCIA, establecida ante el Juzgado Primero Civil de Mayor Cuantía de San José, expediente número 11-000092-180-CI, por M. eI., quien confirió poder especial judicial al licenciado R.D.G.V., contra O. y C. SOCIEDAD ANONIMA, representada por sus apoderados generalísimos […], quien confirió poder especial judicial al licenciado J.I.C.L..
En virtud de recurso de apelación interpuesto por la demandada,conoce este Tribunal del auto de las diez horas quince minutos del diecisete de noviembre de dos mil once, que conoce la liquidación de folio 83.
R.J.P.V., y;
CONSIDERANDO
En la resolución recurrida el Juzgado se pronuncia sobre las partidas de intereses y costas. De ese pronunciamiento protesta la parte demandada, quien se muestra inconforme únicamente en cuanto a lo resuelto por réditos y honorarios de abogado de la acción civil resarcitoria. No hay agravios respecto a las costas procesales, de ahí que se conoce en lo apelado. En cuanto a los intereses, en el escrito inicial de folio 84 se liquidan ¢1.207.808,21, justo lo aprobado por el A-quo. La suma no supera los ¢2.000.000 fijados para distinguir entre mayor y menor cuantía. Se trata, entonces, de un punto de menor cuantía dentro de un proceso de mayor. Por ende, aplica lo dispuesto en el artículo 289 del Código Procesal Civil, de manera que ese extremo carece de apelación. No se debió admitir la alzada y, ahora, procede decretar mal admitido el recurso vertical. En relación con las costas personales por la acción civil resarcitoria, la autoridad de primera instancia concede el monto liquidado de ¢5.350.000 conforme al Decreto Ejecutivo vigente del año 2005. Precisamente la accionada reprocha ese fundamento normativo, pues el proceso penal es anterior a ese Decreto. Lleva razón. El Decreto Ejecutivo número 32493-J se publicó en La Gaceta número 150 del 05 de agosto de 2005, el cual rige únicamente para los procesos promovidos con posterioridad a esa data. En esta materia, según regla reiterada, los honorarios de abogado se fijan conforme al...
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