Dictamen nº 216 de 11 de Julio de 2014, de Municipalidad de Heredia

EmisorMunicipalidad de Heredia

11 de julio, 2014

C-216-2014

Licenciado

Jorge A. Sánchez Rojas

Auditor Interno

Municipalidad de Turrubares

Estimado señor:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, me refiero al oficio número MTAI-052-2013 de fecha 23 de setiembre de 2013, mediante el cual, se solicita criterio respecto a las incapacidades. Específicamente se peticiona dilucidar lo siguiente:

“...1) En términos generales que sucede con los funcionarios que ostentan puestos de elección popular tales como los regidores municipales que integran los Concejos Municipales, y los Alcaldes y primer vice alcalde municipales, que devengan dietas y salario respectivamente.

  1. Si estos son y/o se encuentran incapacitados por enfermedad, maternidad, riesgos profesionales, para realizar sus labores como tales, por las Instituciones de salud correspondientes.

  2. Pueden estos funcionarios continuar con sus labores, aun estando en las condiciones citadas en el punto anterior, además es obligatorio de parte de estos funcionarios presentar ante quien corresponda los documentos de las incapacidades...”

I.- SOBRE LOS ALCALDES

En atención a la consulta planteada y siendo que esta gira, parcialmente, en torno a la figura jurídica del Alcalde, conviene realizar un breve análisis respecto de este, con la finalidad de evacuar el cuestionamiento de la mejor manera.

Así, en primer término y como punto de partida, deviene relevante establecer la conceptualización del instituto que nos ocupa, para determinar con mayor claridad la naturaleza jurídica que detenta.

Tenemos, entonces, la figura en estudio, se encuentra tutela en el ordinal 169 de la Carta Fundamental, que a la letra reza:

“...La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley.”

El funcionario ejecutivo al que hace referencia el ordinal supra citado, ha tenido diferentes de denominaciones en nuestra legislación. De previo a la reforma operada en 1998 al Código Municipal, se le designaba Ejecutivo Municipal, con posterioridad a esta y hasta la fecha, el legislador optó por llamarlo Alcalde, debiendo este ejercer las funciones establecidas en el cardinal 17 del Código Municipal.

Sobre el particular, este órgano técnico asesor ha sostenido:

“...En segundo lugar, el Código Municipal regula la figura del Alcalde, disponiendo en su artículo 14 que será el funcionario ejecutivo indicado en el artículo 169 Constitucional ya citado. En cuanto a sus atribuciones y obligaciones, las mismas se establecen en el artículo 17, que dispone en lo conducente:

Artículo 17. – Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y obligaciones:

(Así reformado el párrafo anterior por el aparte d) del artículo único de la Ley N° 8679 del 12 de noviembre del 2008)

a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general.

(...)

d) Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el Concejo Municipal y ejercer el veto, conforme a este código.

(...)

l) Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la municipalidad, el logro de los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los presupuestos municipales;

(...)

ñ) Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan, conforme a este código, los reglamentos municipales y demás disposiciones legales pertinentes.

(...)” (La negrita no es del original)

De lo anterior, resulta de importancia señalar que el Alcalde se configura como el administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, leyes y reglamentos en general, los cuales deberá sancionar y promulgar al igual que las resoluciones que el Concejo Municipal adopte.

Al respecto, nuestra jurisprudencia administrativa ha indicado:

''Ergo, el Código Municipal, responde a la ideología constitucional, y establece ex profeso que el ejecutivo municipal, hoy denominado alcalde, goza de una competencia general y primaria sobre las funciones que son propias de la administración del ayuntamiento...”

A partir de lo expuesto, tenemos que el Alcalde ejerce, de forma exclusiva y excluyente, las funciones administrativas del ente territorial. Su naturaleza jurídica es la de un funcionario público sui generis, excluido del Régimen de Servicio Civil y elegido popularmente.

III.- SOBRE LOS EDILES

Tomando en consideración que la disyuntiva formulada se relaciona directamente con los conformantes del órgano colegiado del Gobierno Local, conviene, realizar un breve análisis de la naturaleza jurídica que estos detentan.

Así, cabe indicar que, los regidores, una vez conformados en el cuerpo colegiado, tienen, conjuntamente, con el Alcalde, bajo su tutela velar por los intereses de la comunidad que rigen, son de elección popular y detentan la condición de funcionarios públicos.

Sobre el particular, este órgano consultor, ha sostenido:

“(...) II.- LOS REGIDORES Y SÍNDICOS SON FUNCIONARIOS PÚBLICOS

(...) En consideración de la Procuraduría General de la República no cabe discusión alguna en cuanto al carácter de...

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