Sentencia nº 01118 de Sala 3ª de la Corte Suprema de Justicia, de 2 de Julio de 2014

PonenteDoris Arias Madrigal
Fecha de Resolución 2 de Julio de 2014
EmisorSala Tercera de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia13-000019-0006-PE
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoProcedimiento de revisión

Exp: 13-000019-0006-PE Res: 2014-01118 SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

S.J. , a las nueve horas treinta y dos minutos del dos de julio del dos mil catorce.

Procedimiento de Revisión interpuesto en la presente causa seguida contra [Nombre 001], mayor, [...]; por el delito de Estafa, cometido en perjuicio de [Nombre 004] y Otros.

Intervienen en la decisión del procedimiento, la Magistrada D.A.M. y los Magistrados Suplentes J.D.H., R.C.C., R.L.M. y S.Z.M.. Además participa en esta instancia el licenciado F.Á.H., en su condición de defensor público del sentenciado [Nombre 001]. Se apersonó la licenciada A.C.C.C., en representación del Ministerio Público.

Resultando:

1. Mediante sentencia N° 0172-2000, dictada a las diecisiete horas quince minutos del veintidós de noviembre del dos mil, el Tribunal Penal II Circuito Judicial de Alajuela, resolvió: "POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, leyes citadas y artículos 39 de la Constitución Política; 1, 30, 31, 45, 71, 216, 363, 361 del Código Penal; 360, 361, 363, 364 del Código Procesal Penal, por el resultado de los votos emitidos y por unanimidad este Tribunal resuelve: ABSOLVER DE TODA PENA Y RESPONSABILIDAD al encartado [Nombre 001] por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTO en perjuicio LA FE PUBLICA. Se dicta SOBRESEIMIENTO POR EL DELITO DE ESTAFA en perjuicio de [Nombre 006], por encontrarse prescrita la acción penal en este caso. Se declara al imputado [Nombre 001] autor responsable de haber cometido el delito de USO DE DOCUMENTO FALSO en perjuicio de LA FE PUBLICA. y en tal carácter se le impone la pena de CUATRO AÑOS DE PRISION, que deberá descontar en el establecimiento carcelario respectivo previo abono de la preventiva que hubiere sufrido. No se le concede el beneficio de ejecución condicional de la pena , por cuanto la condena impuesta sobrepasa los tres años de prisión. Conforme lo establece el artículo 364 del Código Procesal Penal, SE PRORROGA LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL SENTENCIADO [Nombre 001], por seis meses más, sea hasta el día veintidós de mayo del año dos mil uno. Lo anterior tomando en cuenta que, por la pena que le ha sido impuesta, resulta muy probable que en caso de concederle su libertad, se oculte de las autoridades judiciales y policiales, a fin de eludir la acción de la justicia para no cumplir con la pena impuesta. Firme este fallo, inscríbase en el Registro Judicial de Delincuentes y remítanse los testimonios de sentencia a las autoridades respectivas. Se condena igualmente al encartado al pago de las costas personales y procesales de este juicio.

LICDA.

D.M.B.L..

A.B.T.L.M.T.G..( Sic)" 2. Contra el anterior pronunciamiento, [Nombre 001], en su condición de imputado interpuso procedimiento de revisión.

3. Verificada la deliberación respectiva, la Sala se plateó las cuestiones formuladas en el procedimiento.

4. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Informa la Magistrada A.M., y; Considerando:

I.

En escrito visible de folios 863 a 906, el sentenciado [Nombre 001], interpone procedimiento de revisión en contra de la resolución N° 172-2000, dictada por el Tribunal de Penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, a las diecisiete horas quince minutos del veintidós de noviembre del dos mil.

II. Como primer motivo de revisión :

Alega el recurrente violación al debido proceso por falta de imparcialidad y objetividad del juez A.B.T.. Señala el accionante que este juzgador debió excusarse de conocer en sentencia, ya que en la etapa intermedia había resuelto una excepción de prescripción, la cual fue presentada nuevamente en debate, aceptándose sólo por el delito de estafa y no por el de uso de documento falso. Considera que con ello se evidencia la falta de imparcialidad del juzgador y por ello la sentencia condenatoria debe revocarse. Sustenta este reclamo en el inciso d) del artículo 408 del Código Procesal Penal. La queja no puede prosperar: Tanto este Despacho como la instancia constitucional, han reconocido que las causales de excusa y recusación de un juez establecidas en el artículo 55 del Código Procesal Penal no son supuestos taxativos, sino que en aquellos casos en los que se sospeche que el juez está contaminado de alguna manera con los hechos y pueda afectarse su pureza de criterio frente al caso, debe separarse del conocimiento del asunto, con el fin de garantizar que la decisión que se emita sea únicamente como resultado de la opinión que los Juzgadores se formaron en el juicio, donde se supone que deben adquirir el conocimiento originario, tanto de los hechos como de las pruebas (cfr. entre otras, resolución de esta Sala, N° 1034-2005, de las 10:45 horas del 9 de setiembre de 2005 y N° 7531-97 de las 15:45 horas del 12 de octubre de 1997, de la Sala Constitucional). Ahora bien, pareciera ser que el recurrente entiende que siempre que un juez conozca de una causa, independientemente del trámite realizado, estará impedido para integrar el Tribunal de Juicio en ese asunto, lo que no es correcto, pues lo que debe determinarse en cada caso concreto, es si en la resolución que se emite, se analizan de manera específica los hechos o las pruebas existentes en contra del justiciable, o si se expresa alguna opinión que pudiera afectar su parcialidad. En este caso concreto, mediante resolución número 180-2000 de las trece horas treinta y cinco minutos del día tres de octubre del año dos mil, visible de folios 213 a 214, el J.A.B.T. resolvió una solicitud de prescripción interpuesta por el recurrente, rechazando y dando su razonamiento, basado únicamente en el cómputo de los plazos a partir de las causales de interrupción de la prescripción. Es de esta forma, que se aprecia que lo resuelto por el juez A.B.T., parte únicamente de un análisis de fechas y no de una valoración respecto al fondo de la causa. En este sentido, en lo que interesa se indicó: “Al aquí imputado se le atribuyen los supuestos delitos de falsificación y uso de documento falso con ocasión de estafa, previstos y sancionados en los artículos 357 y 363 en relación con el 216 inciso 2), ilicitudes que en caso de las dos primeras tienen como pena máxima de prisión, la de seis años; mientras que la tercera lo es de diez años, de ahí que si en la especie es de aplicación ordinal 33 antedicho, fácil es concluir que el plazo que estipula el numeral 31 mencionado se ve reducido a la mitad, quedando por ende el término de la prescripción en tres años para los dos primeros delitos y en cinco para el otro. Plazos que fueron interrumpidos con la indagatoria del imputado, que se dio el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, pues está es en criterio de este Tribunal la primera imputación formal de los hechos que se le hizo al señor [Nombre 001], ya que como costa a folio veinte vuelto, cuando fue indagado al tenor de lo que se establece en el artículo 92 del Código de Rito, se le comunicaron los hechos por los que estaba siendo investigado, el posible delito que pudo haber realizado ante el acontecimiento de los primeros y las probanzas que hasta dicho estadio se han recabado, lo que conlleva a que desde tal fecha tenga plena conciencia de que en su contra sé esta tramitando un proceso penal y por ende pueda preparar su defensa como lo estime conveniente.” (Cfr. f. 213 frt y vlto.) Lo consignado en dicha resolución, no permitiría concluir de ninguna manera, que quien la dictó tuviera un criterio ya formado acerca de los hechos cuando estos fueron sometidos a su conocimiento en el Juicio. Según se observa, el J.A.B.T., no emitió ninguna valoración sobre el fondo del asunto, ni sobre el elenco probatorio. Sino que se limitó a contabilizar los plazos y establecer el último interruptor de la prescripción, y de esta forma determinar que no llevaba razón el gestionante con la solicitud interpuesta.

Por lo tanto, no se puede considerar de manera alguna que con ello se hubiera comprometido la imparcialidad de dicho funcionario, y en ese tanto, que no existía impedimento para que el licenciado B.T. integrara el Tribunal de Juicio, contrario a lo que arguye el impugnante. Al respecto ya esta Sala de Casación Penal, ha indicado en lo concerniente al principio de imparcialidad que: “Este derecho a la imparcialidad se regula en nuestro sistema instaurando causales de excusa y recusación para cuando se presente alguna circunstancia que comprometa esa imparcialidad; en el ordenamiento costarricense, en el artículo 55 del Código Procesal Penal se asientan esas causales, que no resultan taxativas, sino que ejemplifican casos en los cuales se debilita esa objetividad. Se observa que el numeral dicho, en su inciso primero, establece que el juez debe excusarse cuando hubiere dictado el auto de apertura a juicio, el cual supone un análisis de las actuaciones, para determinar si existe o no base para el juicio. Situación similar, aunque no igual, se presenta al juez que debe resolver sobre la prisión preventiva .

En ese caso, el análisis de probabilidad de la participación del sindicado en los hechos acusados, ha de limitarse a enunciar los elementos probatorios recabados al momento, y exponer su suficiencia. [la negrita es suplida] Igual con los demás presupuestos. Si bien no se establece expresamente en dicha norma, como causal de excusa, el emitir criterio al resolver sobre una solicitud de prisión preventiva, o al decidir sobre un recurso al respecto, ha de analizarse si en el caso concreto, se comprometió la imparcialidad. Ha señalado esta S.: “Ahora, si bien el artículo 55 de la normativa de rito en vigencia establece una serie de supuestos o causales por las que las partes o sujetos del proceso se pueden inhibir y recusar, se considera que este listado tiene un carácter enunciativo y no taxativo (numerus apertus ). Así, si una circunstancia, situación o hecho específico puede eventualmente afectar los principios que se citan, y aunque no se hubiese contemplado de manera expresa en la ley como una causal, las partes (y sobre todo los jueces) pueden excusarse de seguir conociendo la causa que tramitan. Incluso, de no hacerlo de manera libre o espontánea, los otros intervinientes estarían facultados para interponer la recusación respectiva. [El subrayado es suplido] La propia Sala Constitucional ya se ha pronunciado a favor de esta tesis, es decir, a favor de la posibilidad de que los jueces u otros sujetos del proceso (fiscales, por ejemplo) se inhiban o se recusen cuando la imparcialidad con la que están obligados a actuar pueda verse lesionada de alguna forma, aun cuando el motivo que se acusa o invoca no esté previsto en la normativa de rito (…) en el voto No. 7531 de las 15:45 horas del 12 de noviembre de 1997. Conforme lo anterior, si uno de los integrantes del Tribunal, por alguna razón conoció o tuvo alguna participación directa en los hechos históricos que se someten a su conocimiento, se debe inhibir de inmediato o, en su defecto, puede recusarse por quienes tengan derecho o interés en hacerlo, toda vez que esta circunstancia podría afectar o incidir en la imparcialidad u objetividad con la que se impone que realice su función. Claro está, el motivo, causa o hecho que se invoca debe ser de una naturaleza o relevancia considerable, pues se debe acreditar que en efecto la imparcialidad u objetividad de los juzgadores está siendo violentada o vulnerada” (sentencia # 256-2003, la negrita y el subrayado son suplidas).” (Sala Tercera, Nº 1453, de las 16:30 horas, del 14 de diciembre de dos mil cinco). Razón por la cual, queda en evidencia que el J.B.T., al no haber emitido juicio valorativo respecto al fondo de la causa, no se encontraba impedido de integrar el Tribunal de Juicio. Aprecia esta S., que es hasta la celebración del debate, propiamente en la etapa de conclusiones, tal y como se indica en la sentencia Nº 172-2000, de las 17:15 horas, del 22 de noviembre del año 2000; debido a la valoración propia de la causa y de todos lo elementos probatorios, que se logra establecer con certeza la cuantía del monto defraudado. Para así concluir, que la causa se encontraba ante un delito de estafa menor y no un delito de estafa mayor. Circunstancia que solo era apreciable a través del mismo contradictorio y basado en un análisis respecto al fondo de la causa. En razón a tal determinación, con respecto a la cuantía de lo defraudado, es que se procede a realizar nuevamente el computo de la prescripción, establecido ahora como un delito de estafa menor, y se indica en la sentencia que: “F. Ahora bien, tal y como lo indicó el defensor en sus conclusiones, la estafa que contempla el artículo 216 es menor en este caso por cuanto no supera diez veces el salario base de ese entonces, pues el pedido lo fue por fin por la suma de seiscientos treinta y dos mil cuatrocientos noventa y dos colones, cuya pena lo es de dos meses a tres años, término que se reduce a la mitad luego de la primera imputación, la cual fue en este caso el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por lo que a la fecha dicha acción estaría prescrita y así es declarada.” (cfr. f. 280 y 281).

Es por esta razón, que se decreta la prescripción del delito de estafa menor, siendo hasta el dictado de la sentencia. Ya que en una primera instancia, cuando se gestionó la solicitud, no se entró a valorar el fondo de la causa (entre ello la cuantía de lo defraudado); circunstancia que pone en evidencia, a mayor abundamiento, que el primer análisis respecto a la prescripción, no entró en ningún momento a conocer el fondo de la causa. Razón por la cual, no existía ningún impedimento legal, para que el juez A.B.T., integrara el Tribunal de Juicio. Es hasta con el dictado de la sentencia, que si se entra a analiza el fondo de la causa y se logra establecer el monto de lo defraudado, para tenerse por acusado un delito de estafa menor; situación que varia significativamente el plazo de pr escripción de dicho delito, decretándose por consiguiente, el respectivo sobreseimiento por el delito de estafa en perjuicio de [Nombre 006]. Por todo lo expuesto es que aprecia esta Cámara, que no existió violación al principio de imparcialidad, por parte del Tribunal de Juicio, a la hora de integrar a los Jueces que conocieron del proceso. Por lo tanto, se declara sin lugar en todos sus extremos el presente motivo de revisión.

Como segundo motivo de su procedimiento de revisión.

Alega el recurrente la supuesta omisión de la declaración indagatoria e intimación de los hechos acusados en relación al delito de uso de documento falso. En este alegato hace un recuento de diligencias para establecer que en el informe policial de folio 1 a 10 se pone en conocimiento una serie de actos por el delito de estafa, entre los que se señala un cheque -sin describir- de [Nombre 004] y que, según el accionante, nunca se le pone a la vista al defensor y al imputado para la indagatoria. A folio 13, la ofendida [Nombre 004] denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial la sustracción de ¢230 000 de su cuenta corriente y el cambio de otros cheques, todo lo cual no fue puesto en conocimiento del imputado. En el debate, se declara la prescripción del delito de estafa menor en perjuicio de Distribuidora Pirámide. Considera que es hasta el 9 de julio de 1999 que se comienza la persecución penal por el delito de uso de documento falso en perjuicio de [Nombre 004] y no se le llamó para rendir declaración después de esta fecha. Agrega que el cheque fue introducido ilegalmente al debate, pues no existió orden judicial para su secuestro.

Justifica su disconformidad en el inciso d) del artículo 408 del Código Procesal Penal. No lleva razón el recurrente: Aprecia esta Sala que el reproche planteado ya ha sido objeto de análisis por parte de esta Cámara, respectivamente con el dictado del voto número 1205-2010, de las a las 09:20 horas del 29 de octubre del dos mil diez, en la que se estableció al respecto: “Establece el artículo 411 del Código Procesal Penal, que no serán admisibles en la fase de revisión las demandas manifiestamente infundadas. En criterio de esta Sala, los reclamos deducidos por el sentenciado se encuentran en dicha condición, pues parten de un supuesto de hecho ajeno por completo a la realidad del expediente, a saber, la falta de intimación de los hechos configurativos del delito de uso de documento falso, lo que apoya en que fue hasta la segunda denuncia interpuesta por [Nombre 004], que se hizo referencia al robo de la chequera, de ahí que hasta ese momento no constaba en el expediente que el cheque perteneciera a una cuenta cerrada por chequera robada. Como se comprueba con el propio expediente al contrastar los argumentos del condenado con los documentos por él citados, desde el inicio de la investigación, concretamente en el informe de investigación 86-DRSC-99, (folio 3) se establecía que el cajero de la sucursal del Banco de Costa Rica en Zarcero, le manifestó al ofendido [Nombre 006], que el depósito se había hecho con un cheque perteneciente a una cuenta cerrada por robo de chequera, lo que también fue narrado por [Nombre 006] al interponer la denuncia el 17 de febrero de 1999, según consta a folio 11 vuelto, por lo que era un hecho conocido del encartado cuando concurrió a rendir su declaración indagatoria el 19 de febrero de 1999 (folio 20). Sobre la pericia grafoscópica, mediante la cual afirma el sentenciado se habría acreditado que el cheque fue parcialmente llenado por [Nombre 004], lo que excluía el dolo de [Nombre 001], en la resolución 2010-544 de esta Sala -ya citada-, luego de hacer un análisis de la prueba que señalaba sin lugar a dudas a [Nombre 001] como la persona que se presentó a la Distribuidora Pirámide a realizar el pedido de mercadería, y que efectuó el depósito en la sucursal bancaria en Zarcero a la sucursal bancaria, se dijo “Con sustento en la libertad probatoria que contempla el artículo 182 del Código Procesal Penal, las probanzas indicadas hacían innecesaria la práctica de un estudio grafoscópico para descartar que la ofendida hubiera girado el cheque con el que se realizó el depósito cuestionado” (folio 791) Así las cosas, la demanda de revisión deviene inadmisible, por manifiestamente infundada.” Es de esta forma, que aprecia esta S. que el alegato esgrimido ya fue sometido a un control de legalidad por parte de esta Cámara, donde se le indicó y se estableció que el reproche indicado, carece de procedencia, por las razones ya determinadas, limitándose el gestionante a manifestar su disconformidad con la sentencia decretada. Es por todo lo expuesto, que se declara sin lugar el presente motivo del procedimiento de revisión interpuesto. Como tercer motivo. Reprocha el gestionante la introducción de prueba ilegal al proceso.

Reitera en este reclamo que el cheque 532-2 del Banco Nacional de Costa Rica fue introducido ilegalmente al proceso, ya que, según deduce el sentenciado, el documento fue decomisado a un empleado del Banco de Costa Rica, sucursal Zarcero mediante acta de folio 28. Esto no satisface los intereses del accionante, pues reclama que si el cheque había ingresado a la entidad bancaria, entonces sólo puede ser sacado de ahí con una orden del juez. Lo anterior, en su criterio, afecta la cadena de custodia de la evidencia, pues no sólo se recolectó mal, sino que se desconoce cómo llegó a manos de la fiscal Alba Campos, ni consta acta de apertura de evidencias. Solicita se declare la ilegalidad de la prueba y se le absuelva de toda pena y responsabilidad. Sustenta este reclamo en el inciso d) del artículo 408 del Código de rito. Se declara sin lugar la presente solicitud.

Tiene esta S. por acreditado, que la chequera en mención, perteneciente a la ofendida la señora [Nombre 004], ya había sido reportada como sustraída de su propiedad, específicamente en fecha 28 de enero de 1999 (cfr. f.13 y 14), inclusive con anterioridad a la fecha en se cometieron los hechos aquí acusados. Razón por la cual, el decomiso realizado por la policía judicial, se encuentra autorizado y ostenta plena validez y eficacia.

Contrario a los intereses recurridos, ya esta S. ha establecido con anterioridad, que el decomiso de cheques en entidades financieras puede ser realizado por oficiales del Organismo de Investigación Judicial, ya que no atenta contra el secreto bancario ni contra la intimidad de las personas. Más aún en el presente caso, en que existe una denuncia previa a la comisión del delito, por parte de la ofendida, donde se reporta la sustracción de la chequera, y que es de esa misma cuenta que se tiene por establecido la confección del cheque que origina la acción ilícita. Poniendo en alerta a los sistemas bancarios y a las autoridades correspondientes de tal circunstancia. Al respecto esta Cámara ya ha establecido lo concerniente, indicando que: “La misma situación se presenta con el secuestro de los cheques en la agencia del Banco Nacional. Estas diligencias, que constan a folios 88 y 89. Estos actos, de conformidad con los artículos 185, 198, 199 del Código Procesal Penal, puede recaer en el Juez, en el Ministerio Público, o en la policía judicial la realización del secuestro de un bien, salvo que se trate de un acto que implique la intromisión con un derecho fundamental o que sea definitivo e irreproductible, casos específicos en los que debe intervenir el Juez. Al tratarse del secuestro de cheques que se encuentran en agencias bancarias, no se está realizando acto alguno que implique atentar contra la intimidad de las personas, por lo que la policía judicial está facultada para llevar a cabo la diligencia en cuestión.

Así lo ha determinado la Sala de Casación, en la resolución N. 983-01, de las 16:45 horas, del 5 de octubre de 2001: “…Por otro lado, la presencia del juez horas después del registro, con formalidades propias de un allanamiento, constituye una garantía adicional no exigida por el ordenamiento, ya que de conformidad con los artículos 198 y 199 del código de rito, la policía está plenamente facultada para realizar el secuestro de objetos que puedan servir como objetos de prueba en un proceso judicial…”, por lo que no procede cuestionar la prueba dicha. Debe mencionarse que el secuestro de los cheques, además, no atenta contra el secreto bancario, pues al tratarse de la investigación de un delito, está igualmente facultado el Juez, el Ministerio Público, o la policía judicial, a hacer las investigaciones del caso, siendo por ello legítima la actuación de la autoridad judicial en este caso. Así lo ha indicado esta Sala de Casación, en la resolución Nº 1422-04, de las 10:10 horas, del 17 de diciembre de 2004: “… En primer lugar, el secreto bancario es una modalidad del secreto profesional, cuyo deber recae sobre las entidades financieras, quienes deben guardar reserva sobre las operaciones realizadas por sus clientes. Esto forma parte del derecho a la intimidad consagrado en la Constitución Política. Sin embargo, este derecho no es absoluto y está sometido a excepciones, y una de ellas es precisamente, la dispuesta en el artículo 198 del Código Procesal Penal de 1996, que indica que el Ministerio Público, e incluso la policía, pueden disponer que sean secuestrados los objetos sujetos a confiscación, como lo es el caso del dinero proveniente de un delito…” (cf. Resolución 0511-2012 de las 11:12 horas, del 16 de marzo de 2012). Razón por la cual, tiene esta S. por establecido, que la supuesta introducción de prueba ilegal y la violación a la cadena de custodia no se configuran.

Cabe agregar que el acta de decomiso Nº 265719, visible a folio 28, donde se secuestra el cheque Nº 532-2; se encuentra debidamente incorporada al proceso.

De igual forma es puesto en conocimiento de la fiscal A.C.H., mediante la ampliación del informe número 86-DRSC-99 (cfr. f. 25 a 27), informe elaborado por el licenciado F.S.C., jefe de la delegación del O.I.J. de San Carlos. C. dicho cheque, en un elemento de prueba válido y eficaz. Incorporado debidamente al proceso y que se encuentra a disposición de todas las partes intervinientes.

Sin que se logre apreciar ni demostrar, por parte del recurrente, violación alguna a la cadena de custodia. Por todo lo expuesto, es que se declara sin lugar el presente motivo de revisión.

Por Tanto:

Se declara sin lugar el procedimiento de revisión interpuesto por sentenciado [Nombre 001].

N..

Doris Arias M.

Rosibel López M. Ronald Cortés C.

Magistrada Suplente. Magistrado Suplente.

Jorge Desanti H. Sandra Zúñiga M.

Magistrado Suplente. Magistrada Suplente.

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