Sentencia nº 00034 de Tribunal de Corte Plena, de 10 de Diciembre de 2012

Ponente:No indica redactor
Fecha de Resolución:10 de Diciembre de 2012
Emisor:Tribunal de Corte Plena
Número de Referencia:05-000038-0077-PE
Tipo:Sentencia de fondo
Clase de Asunto:Conflicto de competencia
 
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TCP 034-2012 TRIBUNAL DE CORTE PLENA.- San José, a las quince horas trece minutos del diez de diciembre de dos mil doce.

Conflicto de Competencia planteado por el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José respecto de la Sala Tercera de la Corte, expediente número 05-000038-0077-PE, que es causa contra Ó, por el delito de peculado, en perjuicio de " w:st="on"la Fe Pública.- CONSIDERANDO:

I.- El licenciado Miguel Jiménez Cerros, en calidad de defensor del imputado Ó, en escrito recibido el veintiocho de noviembre de dos mil once interpuso recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, número 498-2011 de las dieciséis horas del siete de noviembre de ese año, en la cual se impuso una pena de cinco años de prisión por el delito de peculado. (Folios 457 a 479). II.- La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, refiriéndose a la competencia para conocer de ese recurso, en resolución número 2012-000184 de las diez horas y treinta y tres minutos del diez de febrero del año en curso (folios 491 a 497), expresó:

I.

El licenciado Miguel Jiménez Cerros, en su condición de defensor público del imputado O, mediante libelo presentado el 28 noviembre de 2011, interpone recurso de casación contra la sentencia número 498-2011, dictada por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José a las 16:00 horas, del 07 de noviembre de 2011, que fuera ingresado a este Despacho en fecha 19 de diciembre de 2011. La Sala Tercera no puede conocer el recurso de casación. La Ley 8837 de “ Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal ”, del 3 de mayo de 2010, que entró en vigencia el pasado 09 de diciembre de 2011, establece en su transitorio I que: “ El reordenamiento de competencias establecido en la presente Ley entrará a regir para los casos ingresados a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Los expedientes ingresados a las distintas sedes con anterioridad a esa fecha, continuarán en el tribunal de ingreso hasta su terminación, de conformidad con las reglas vigentes al momento de ese ingreso tanto en el derecho procesal de adultos como en el régimen de la jurisdicción penal juvenil.” (La negrita no pertenece al original). Por su parte, el transitorio III, en su parte final dispone que: “La presente Ley entrará en vigencia dieciocho meses después de su publicación .” (La negrita no pertenece al original). Aún cuando en el transitorio primero se consignó que el reordenamiento de competencias regía a partir de la fecha de la publicación de la ley en el diario La Gaceta -lo cual ocurrió el 09 de Junio de 2010, Gaceta número 111, Alcance 10-A; lo cierto es que no se puede hacer una lectura aislada de la citada disposición, sino se impone efectuar un análisis sistemático, conjunto y concordante con lo estipulado en el transitorio tercero, que determina que la normativa entra en vigencia hasta dieciocho meses después de la publicación. En atención al artículo 129 de la Constitución Política se puede concluir que la ley 8837 de “ Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal ” rige desde el pasado 9 de diciembre de 2011, fecha última a partir de la cual se reordenan las competencias. Véase que en este caso no cabe realizar una interpretación diversa; debido a que las nuevas competencias no podían ser reordenadas sin que estuviera vigente la ley respectiva; dicho de otro modo, el marco jurídico que habilitara sus nuevas funciones y, por ende, las normas procesales que le daban contenido a sus competencias, sin cuya vigencia no es posible que los nuevos tribunales entraran a operar. Sobre este aspecto en particular, esta Sala ha manifestado lo siguiente: “ La Constitución Política , en el artículo 129 establece que “Las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial…La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario...(Así reformado este último párrafo por el Artículo 1 inciso d) de la Ley 8281 de 28 de mayo de 2002, publicada en La Gaceta No. 118 de 20 de junio de 2002)”. De conformidad con esta norma, la vigencia de la ley viene definida por la voluntad del legislador, dentro del mismo cuerpo legal aprobado por la Asamblea Legislativa. En el caso de la Ley 8837, el Transitorio III establece con claridad, y sin mayor duda al respecto: “La presente Ley entrará en vigencia dieciocho meses después de su publicación”. Esto implica que el Legislador, de manera expresa, según lo dispone el artículo 129 de la Carta Magna, estableció el momento a partir del cual la Ley de Creación del Recurso de Apelación de la Sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de Nuevas Reglas de Oralidad en el Proceso Penal surtiría sus efectos dentro de la esfera jurídica de nuestro país. Ahora bien, el Ministerio Público asume que su vigencia es a partir de su publicación, según puede extraerse del documento presentado ante este despacho y de las peticiones que enlista en él. Sin embargo, tal interpretación es errónea, si se hace una lectura sistemática...

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