El aporte de los partidos politicos en la formacion de estrategias para el desarrollo nacional y para el excelente gobierno: ?es idoneo?
Autor | Meo |
Cargo | Sistema pol |
Páginas | 351(28) |
MOTIVACIÓN
En la Primera Parte del estudio realizado por el suscrito y que puede ser consultado en la dirección electrónica www.iice.ucr.ac.cr bajo el rubro Informes, el lector puede constatar la existencia de un marco teórico-conceptual sobre sistemas políticos en general y sobre el costarricense en particular que hemos elaborado a lo largo de treinta y cuatro años de investigación y observación de los fenómenos políticos y públicos nacionales. También podrá constatar el lector cómo lo aplicamos en esa investigación novedosa sobre la naturaleza del aporte de los partidos políticos a la comprensión realista del fenómeno de desarrollo del país, y en consecuencia, sobre el grado de profundidad y de precisión de los análisis y las propuestas electorales que cada cuatro años plantean al elector.
Las elecciones presidenciales son vitales en el contexto del juego democrático en Costa Rica. Pero no son, y no deben ser, la única prueba crucial para someter a examen riguroso los factores fundamentales de un sistema político como lo son la representación y participación política ciudadanas. Son un medio y un momento cada cuatro años para manifestar su voluntad individual, pero constituyen el inicio de otros procesos y la activación y ejercitación de otros factores e instrumentos que, sin salir nunca del ámbito político propiamente, involucran por sus "externalidades" manifiestas otros procesos que impactan de manera directa e indirecta el funcionamiento de las estructuras y procesos estatales-institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento constitucional y en sus reglamentaciones legales para asegurar que dichas elecciones impriman un direccionamiento aun más eficaz a los esfuerzos, procesos y recursos que la colectividad dispone para su desarrollo integral a través de dichas instituciones.
Las elecciones presidenciales son, así, la culminación de un proceso de cuatro años de actividad partidista se esté dentro o fuera del Gobierno, comprimidos en un período electoral de seis meses que exige del ciudadano valorar o evaluar lo que el Gobierno de turno ha venido haciendo durante cuatro años para decidir si cambia de rumbo o estilo, o si se adhiere a lo vivido y vota por el partido político que mejor enarbole los signos de la continuidad.
No siempre es claro, y lo sabemos muy bien por la historia reciente de Costa Rica, que las dos veces que un partido se ha sucedido a sí mismo, concretamente el PLN y el PUSC en los últimos cincuenta años, no ha sido porque el mismo partido haya augurado o comprometido una misma línea de desarrollo y de gobierno la "segunda vez", sino porque ha planteado ajustes importantes a la Administración anterior y ha agregado elementos propios de un liderazgo y una personalidad distinta de la del Presidente anterior, y ha convencido de que el "mismo partido" merece la confianza para continuar sea porque la Administración previa no "fue tan mala" y dio estabilidad institucional y política además de logros apreciables, sea porque el partido mayoritario de oposición no ha ofrecido una mejor alternativa ni un liderazgo que convenciera de que con ellos habría mejores posibilidades para el país.
Hay que tener claro el problema de disfuncionalidades a enfrentar en nuestro sistema político: la democracia que vivimos no puede restringirse o circunscribirse a ejercer el voto el día de las elecciones. Tal particularidad real en Costa Rica, impide que las otras posibilidades de acción constante que dicho régimen político institucional pone en manos del habitante para enriquecer y mantener lubricado y en constante renovación el mismo régimen, sean plenamente reconocidas y activadas durante todos los días de cada año en procura de una vigilancia real del desempeño de gobernantes y gobernados.
Esa falta de visión e inoperancia diaria de todos, a su vez impide concretar la instrumentación real del "ideario de país" que el partido gobernante ofreció en campaña electoral; peor aun, impide que los partidos encuentren obligatorio el asumir que tal propuesta electoral esté clara y totalmente supeditada al cumplimiento estricto del modelo de país solidario y de bienestar que la Constitución Política ha fundamentado desde 1949.
El lector puede analizar en esa Parte I de la investigación referida, la copiosa argumentación jurídica en abono de nuestra tesis de que Costa Rica tenía que estar mucho mejor hoy, inclusive en el ranking de naciones de Primer Mundo, si sólo hubiera habido consistencia en el reconocimiento y aplicación de unas muy pocas normas superiores dispuestas en la misma Constitución Política para el excelente Gobierno, y en unas pocas leyes superiores que son de mayor jerarquía que todas las demás que se dice obstaculizan la acción administrativa de las instituciones públicas. Estas leyes superiores, han posibilitado todo este tiempo comenzando en 1974 con la Ley de Planificación Nacional, y aun más desde 1968 con la Ley de Planificación Urbana, un desempeño gubernativo-institucional mucho más dinámico, articulado y transparente, que hubiera llevado al país a muchos mayores niveles de efectividad estatal --y con ello a un mucho mayor desarrollo nacional- en todo campo de actividad en que dividamos o clasifiquemos para fines analíticos o explicativos el desarrollo del país, sea en lo social, lo económico y lo ambiental.
El análisis crítico e interpretativo que proporcionamos en este artículo, busca confrontar la realidad que vivimos en cuanto a lo que los partidos en competencia electoral ofrecen al elector, y con cuánta sustentación y solvencia jurídica, institucional, técnica, empírica y política lo asumen y plasman en sus respectivas propuestas electorales, y luego en el programa de Gobierno.
Es importante que, de cara a la próxima contienda electoral 2009-2010, quien nos lea aprecie las muchas debilidades que todos los partidos muestran en su insuficiente o nulo reconocimiento de esos modelos o parámetros mayores a los que deben servir sin límite alguno según el juramento que como partidos han hecho del artículo 98 de la Constitución Política, y que como gobernantes harán cada 8 de mayo cuando uno de ellos asuma el Gobierno según el artículo 194 de la misma CP.
No se trata de un análisis comparativo de cuál partido propuso "mejores" ideas para cada problema --de esto se encargan relativamente bien los medios de comunicación con entrevistas, debates y reportajes con los diversos candidatos-, sino cómo todos y cada uno de ellos reconocen o no la problemática de fondo que a juicio nuestro constituye la MACRO CAUSA de tanta ambigüedad, distorsiones conceptuales y temáticas, así como inconsistencias al interior de sus propios programas electorales que hemos estudiado e identificado desde hace más de treinta años y, de manera puntual, cómo se manifestaron en al menos once de las catorce propuestas para la elecciones presidenciales en la campaña 2005-2006. Nuestra preocupación académica es la de que ello redunda a la postre --según nuestra propia evidencia recogida durante estos años en una ineficaz, poco transparente o mala gestión pública que da al traste con los buenos propósitos de muchas personas en esos partidos políticos, en particular los propios candidatos políticos.
El análisis que presentamos ahora no ha sido abordado previamente por otros analistas o centros de estudio según el marco referencial que hemos construido para este propósito. La crítica que en consecuencia hemos dirigido a los partidos políticos una vez que hemos confrontado sus planteamientos electorales, es extensible a muchos de esos analistas y centros de estudio por cuanto no es difícil comprobar cómo, en la praxis, muchos de estos contribuyen a título personal con los partidos políticos a la redacción de las mismas propuestas electorales. Los "males" conceptuales, analíticos o interpretativos que hemos identificado, y peor aun de funcionamiento real cuando uno de esos partidos llega al Gobierno, se pasan automáticamente de generación en generación, y de partido en partido. Lo más grave, es cuando se pasan del partido que gana las elecciones, al Gobierno, lo cual ocurre cuando el candidato que fue electo Presidente de la República y su séquito de colaboradores, llegan a ejercer el poder integralmente desinformados de cómo deberían gobernar en sentido riguroso, consistente, transparente y eficaz según unas pocas normas constitucionales y unas pocas leyes superiores que obligan a un gobierno de excelencia, y que consecuentemente deberían de lograr o producir gobiernos excelentes.
Son más bien las "leyes menores", las que llaman la atención de tantos en el país y quienes, posiblemente por no ser especialistas y estudiosos sistemáticos de estos fenómenos, acaban denunciando en exclusiva su cantidad y efectos perniciosos por el procedimentalismo, reglamentismo y tramitología que producen, cuando la realidad es que si fueran todas estas leyes menores sometidas al dominio de la mayor jerarquía normativa de aquellas otras según mostramos en la Primera Parte del estudio de enero del 2006 y como de hecho se demuestra en el presente artículo, otro cantar sería para Costa Rica en cuanto al aprovechamiento constructivo y eficaz del marco jurídico integral que regula los procesos y la institucionalidad pública en beneficio directo e integral de los habitantes.
Habría, paralelamente, una menor irresponsabilidad interpretativa y negativismo en la labor de reglamentación de esas leyes superiores y menores que el Poder Ejecutivo del ramo, o sea Presidente con cada ministro, realizan de manera muy simplista en cumplimiento de su mandato constitucional en el artículo 140 inciso 3.
El objetivo fundamental que el estudio persiguió, fue el de lograr una determinación bien fundamentada y realista de cuáles son causas fundamentales de los problemas de desarrollo social, económico y ambiental que el país sufre hoy día según se manifiestan en la erraticidad e inestabilidad constantes de su evolución desde hace al menos tres décadas; cuál es...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba