Sentencia nº 00189 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 13 de Enero de 2017

Fecha de Resolución13 de Enero de 2017
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia16-014528-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoRecurso de amparo

*160145280007CO* Exp: 16-014528-0007-CO Res. Nº 2017000189 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del trece de enero de dos mil diecisiete . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], a favor de [Nombre 029], cédula de identidad [Valor 002], contra el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.- Resultando:

1.- Mediante escrito recibido el veinte de octubre de dos mil dieciséis, el recurrente interpone amparo contra el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y manifiesta que el 8 de agosto de 2016 donó a su tío, adulto mayor, aquí amparado, la suma de tres millones de colones, monto que le trasladó a su cuenta en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Alega que producto de esa transacción, sin previo aviso, el ente bancario accionado congeló la cuenta de ahorros del amparado, lo cual ha impedido que se le deposite el dinero de su pensión. Considera que dicha medida deja en estado de indefensión al amparado, toda vez que, se encuentra imposibilitado de disponer de los recursos que necesita para comprar medicamentos y alimentos, así como el pago de servicios públicos. Indica que el afectado se apersonó ante la autoridad recurrida y presentó declaración jurada de diecinueve de agosto de 2016, con el fin de justificar la procedencia del dinero depositado en su cuenta, la cual fue rechazada.

2.- Por resolución de once horas y cincuenta minutos de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, se da curso al amparo y se ordena rendir el informe de ley a al G. General del Banco Popular.-

3.- El apoderado general judicial del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, A.R.C., con fundamento en el oficio BPTC-AM-3301-2016, suscrito por el Lic. R.H.H., subgerente de BP Total Catedral, informa que el ocho de agosto de dos mil dieciséis, el amparado [Nombre 029] , presenta en el sistema de la Oficialía, una alerta por sobrepasar su nivel transaccional, por un monto de tres millones de colones, depositado en su cuenta de ahorros, vía transferencia, por [Nombre 001]. Se procede a localizar al amparado vía telefónica a los números de teléfono indicados en el Formulario Conozca a su Cliente, a saber, [Valor 003] y [Valor 004]. Las llamadas se realizaron los días veintitrés, veintisiete y veintiocho de agosto, y diecisiete, veinte y veintiocho de setiembre, en diferentes horarios. Además, en uno de los intentos por comunicarse con el amparado, ante interferencias en las llamadas, el amparado brinda el número de teléfono [Valor 005], en el cual tampoco se le pudo localizar. Indagando en los sistemas, ubicaron el número 8886-4844, número telefónico de su hermano, quien tampoco contestó. El veintinueve de agosto se envía notificación al amparado, BPTC-AM-2876-2016, índicándole que debía presentar la justificación del depósito, a la dirección indicada en el Formulario Conozca a su Cliente, S.J.C.H. de la entrada principal del L.R.B.M. 200 metros este, 50 metros norte casa

34. El día diecinueve de octubre, el amparado se presenta a la plataforma de Ahorro a P., cuestionando porqué no se le había ingresado la pensión a la cuenta. Se le explica que desde tal fecha se intentó comunicarse con él, y que se le envió notificación. El amparado da una primera versión de que el dinero es de una herencia y luego, que el hermano compró la propiedad que tenían de herencia y les dio una parte a cada uno y que todo lo hicieron sin documentación, únicamente de palabra. Se le explicó lo que debía aportar, según el origen de los fondos: escritura de donación, de venta o de herencia, o bien, si era regalía, la carta de regalía con el histórico de al menos un año, o bien si era de un crédito, presentar el estado de cuenta. El día jueves veinte de octubre, el amparado, acompañado de su hermano F., presenta nota de regalía, copia de la transferencia que le realizó el hermano y copia de la cédula, en ese momento el señor F. indica que ese dinero es producto de ahorros que tiene él con su esposa. Ese mismo día ambos se trasladan a la Contraloría de Servicios y presentan queja No. 3631 1-2016, indicando que sin previa notificación se le bloqueó la cuenta a don [Nombre 029], donde recibe la pensión, y que el dinero recibido en la cuenta de don [Nombre 029] fue una donación. El amparado cambió de versión del origen del dinero en varias ocasiones BPT Catedral realizó la debida diligencia, llamadas al amparado y notificación, ambos a los números de teléfono y dirección indicados por el amparado en el formulario Conozca a su Cliente. Lo solicitado por la oficina es basado en lo indicado en la Directriz Justificación de Alertas versión diciembre 2015, donde indica para cada caso en particular lo que se debe solicitar al amparado en caso de herencias, regalías y donaciones. El bloqueo de la cuenta se llevó a cabo con fundamento en el artículo 16 de la Ley 8204, y los artículos 6 y 29 del Reglamento de Ahorro a la Vista del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como del artículo 8 y 12 de la Normativa para el cumplimiento de la Ley

8204. Banco Popular en este caso ha sido diligente y sobradamente apegado a Derecho y desde el primer momento se tomaron las acciones de conformidad con la normativa aplicable la cual es de acatamiento obligatorio y además por otro lado se tramitó de forma inmediata las gestiones del recurrente e informándole el fundamento del actual del Banco Popular. Pide que se declare sin lugar el recurso.-

4.- En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.- Redacta el M.H.G.; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO: El recurrente considera vulnerado el derecho a la pensión del amparado porque su cuenta en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal fue congelada, dejándolo en estado de indefensión.- II.- HECHOS PROBADOS: El informe rendido bajo la fe del juramento por el apoderado general judicial del Banco Popular, así como la documentación aportada al expediente, acreditan, en lo que interesa, que:

1. El ocho de agosto de dos mil dieciséis, el amparado [Nombre 029] , presentó una alerta en los sistemas del Banco Popular y de Desarrollo Comunal por sobrepasar su nivel transaccional, por un monto de tres millones de colones.

2. El monto indicado fue depositado en su cuenta de ahorros, vía transferencia, por [Nombre 001], aquí recurrente.

3. Los funcionarios bancarios realizaron llamadas telefónicas los días veintitrés, veintisiete y veintiocho de agosto, y diecisiete, veinte y veintiocho de setiembre, en diferentes horarios al amparado, a fin de que justificara la transacción.

4. En una ocasión en que los funcionarios bancarios dieron con el amparado, ante interferencias en las llamadas, el amparado les brindó el número de teléfono [Valor 005] , en el cual tampoco se le pudo localizar.

5. El veintinueve de agosto el Banco envió notificación al amparado, BPTC-AM-2876-2016, a la dirección indicada en el Formulario Conozca a su Cliente, en la cual se le indicó que debía presentar la justificación del depósito.

6. El día diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, el amparado se presenta a la plataforma de Ahorro a P., cuestionando porqué no se le había ingresado la pensión a la cuenta y se le explicó lo ocurrido.

7. El amparado dio al banco distintas versiones del origen de los fondos.

8. La cuenta del amparado en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal fue descongelada y se le deposita su pensión; el amparado abrió otra cuenta en el Banco Nacional (v. constancia de cuatro de enero de dos mil dieciséis).- III.- SOBRE EL FONDO: Sobre la potestad de cierre de cuentas bancarias y la necesidad de observar el debido proceso. La jurisprudencia de la Sala es abundante y reiterada en reconocer la potestad de las entidades bancarias de proceder al cierre de cuentas bancarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 del Código de Comercio y lo establecido en los contratos suscritos entre las partes, señalando en ese sentido que el mérito de la decisión es un tema de legalidad no discutible ante esta jurisdicción. Sin embargo, sí se ha precisado que para proceder al cierre d cuentas, la institución bancaria debe remitir al cliente un aviso motivado. La necesidad de la fundamentación de este tipo de actos, no sólo implica el derecho del usuario de conocer las razones por las cuales se decreta el cierre de su cuenta bancaria, sino que conlleva la posibilidad que esos actos sean impugnables por parte del afectado, de manera que al conocer los motivos pueda cuestionar la legitimidad de las razones de la decisión, así como eventualmente demostrar que su situación no está entre las que habilitan a una institución financiera para cerrar unilateralmente una cuenta corriente -ver, entre otras, sentencias números 2004-9313, 2010-7617, 2011-15121, 2013-14765 y 2016-3556-. En efecto, mediante sentencia número 2004-9313 -criterio reiterado en la sentencia 2011-15121-, señaló la Sala que: “IV.- Contrato de cuenta corriente como servicio económico de interés general. El artículo 612 del Código de Comercio define el contrato de cuenta corriente bancario como aquel mediante el cual un banco recibe de una persona, dinero u otros valores acreditables de inmediato, en calidad de depósito, o le otorga un crédito para girar contra él. Establece la ley que los giros contra cuenta corriente deberán ser efectuados mediante cheque u otros tipos de notas autorizadas al efecto. La vida contemporánea ha hecho que el uso de las cuentas corrientes pase de ser una opción más de manejo de fondos a una verdadera necesidad por parte de personas físicas y privadas, que deben depositar sus ingresos en cuentas que les permitan efectuar los giros necesarios para cubrir sus diferentes gastos en forma segura y confiable. En la actualidad, carecer de una cuenta corriente puede implicar la imposibilidad de ejercer determinadas actividades laborales y comerciales. Estas condiciones llevaron en el pasado a definir los servicios bancarios en general -y los contratos de cuenta corriente en particular- como servicios públicos virtuales o impropios. Esta es la definición histórica del contrato de cuenta corriente en Costa Rica. Así lo declaró el artículo 1° del Decreto-Ley de Nacionalización Bancaria, que lo consideró incluso una función pública otorgada al Estado -a través de sus instituciones bancarias- para que la ejerciera en forma exclusiva. Posteriormente, la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, número 1644 de veinticinco de setiembre de mil novecientos cincuenta y tres (artículos 59 y 60) elimina el carácter regalístico de los servicios de cuenta corriente, permitiendo incluso que lo ofrezcan bancos comerciales privados, sin que para ello deban recibir una concesión, sino una autorización de funcionamiento una vez cumplidos determinados requisitos que aseguren la solvencia y confiabilidad suficiente para captar dineros del público. Ya el Código de Comercio lo había regulado dentro de los contratos mercantiles, por lo que aún si fuera prestado por la Administración a través de una de sus entidades bancarias, debería ser considerado un servicio empresarial. Es así como en la actualidad servicios de esta naturaleza son definidos como servicios comerciales de interés general, que pueden ser ejercidos tanto por instituciones públicas como por personas privadas, siempre que reciban la autorización correspondiente y se sometan a un intenso régimen de sujeción especial basada en la regulación de sus actividades por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Como corolario de lo dicho en este acápite, puede concluirse que la actividad bancaria de prestación de servicios de cuenta corriente, aun no siendo propiamente un servicio público, sí se trata de una actividad sometida a una amplia regulación, dada la importancia del sector bancario en la vida nacional, así como la relevancia de los servicios de cuenta corriente, cuya necesidad se ha ido incrementando y extendiendo entre diversos grupos de la sociedad para lasatisfacción de los más diversos intereses. V.- Interpretación del artículo 616 del Código de Comercio. Como parte de la regulación propia de los contratos de cuenta corriente, el Código de comercio, en su artículo 616, dispone lo siguiente: “Artículo

616.- La cuenta corriente bancaria podrá ser cerrada a voluntad de cualquiera de las partes mediante aviso con tres días de anticipación. El cierre de una cuenta corriente termina con el contrato. Es obligación del Banco cancelar la cuenta corriente a aquellas personas que a su juicio, hicieren mal uso de la misma.” Así, tratándose de un servicio comercial de interés general, de gran impacto en la vida económica del país y relevancia para sus usuarios, dicho servicio solamente podrá ser negado a una persona en caso que no cumpla con las obligaciones propias del contrato (haga mal uso de su cuenta, no mantenga un determinado volumen de operaciones, etc.) o bien que la cuenta esté sirviendo para realizar o coadyuvar en una actividad ilícita. Al decir el artículo 616 que el banco puede ordenar unilateralmente el cierre de una cuenta, no le permite con ello privar arbitrariamente a un usuario de dicho servicio. Por estar ante la imposición de una restricción, el aviso de la institución bancaria deberá ser suficientemente motivada, y además basada en razones que válidamente puedan justificar su cierre, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y los términos del contrato. De lo contrario, se podría permitir a las instituciones bancarias públicas o privadas, negarse a ofrecer los servicios de cuenta corriente a un usuario sin que medien motivos objetivos y legítimos para ello, privándolo de un servicio cada vez más esencial para el desarrollo de las personas físicas y jurídicas en los ámbitos laboral y mercantil. Asimismo, para ser acorde con el Derecho de la Constitución, el acto motivado y legítimo de cierre debe ser impugnable por parte del afectado, de manera que pueda combatir la ilegitimidad de las razones de la decisión, así como eventualmente demostrar que su situación no está entre las que habilitan a una institución financiera para cerrar unilateralmente una cuenta corriente. IV. EL CASO CONCRETO: De los hechos anteriores no se desprende vulneración alguna de los derechos fundamentales del amparado pues el bloqueo de su cuenta obedeció a su incumplimiento de obligaciones contractuales y a la normativa bancaria, específicamente, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 8204, y los artículos 6 y 29 del Reglamento de Ahorro a la Vista del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como del artículo 8 y 12 de la Normativa para el cumplimiento de la Ley

8204. Conforme se acredita en el cuadro de hechos probados, el amparado fue previamente notificado por parte del Banco, que le dio oportunidad de justificar el origen de los fondos y no lo hizo; no fue sino con posterioridad a que la cuenta se congeló que el recurrente se presentó y dio justificaciones contradictorias. Por otra parte, con relación al derecho a la pensión del amparado no ha sido vulnerado por el hecho del congelamiento de una cuenta; de hecho, conforme consta en el expediente, el interesado abrió otra cuenta en otro Banco. Las partes en un contrato de cuenta corriente deben ajustarse a las disposiciones legales, tanto para el particular como para la institución bancaria.- IV.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE. Debe prevenir esta S. a la parte recurrente que de haber aportado algún documentos en papel, así como objetos o pruebas respaldadas por medio de cualquier dispositivo adicional, o por medio de soporte electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho, en un plazo de 30 días hábiles, después de recibida la notificación de esta sentencia, de lo contrario todo ello serádestruido de conformidad con lo establecido en el “Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial”, aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. Por tanto: Se declara sin lugar el recurso.- E.J.L.P.F.C.C.F.C.V.P.R.L.N.H.L.J.P.H.G.R.S.M. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *0PONK47IZHJY61* 0PONK47IZHJY61 EXPEDIENTE N° 16-014528-0007-CO Teléfonos: 2295-3696/2295-3697/2295-3698/2295-3700. Fax: 2295-3712. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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