Sentencia nº 11297 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 18 de Julio de 2017

PonentePaul Rueda Leal
Fecha de Resolución18 de Julio de 2017
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia17-010512-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoRecurso de amparo

*170105120007CO* EXPEDIENTE N° 17-010512-0007-CO PROCESO: RECURSO DE AMPARO RESOLUCIÓN Nº 2017011297 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas quince minutos del dieciocho de julio de dos mil diecisiete . Recurso de amparo interpuesto por [Nombre 001], cédula de identidad [Valor 001], contra el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI), DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN VIAL, y MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT). Resultando:

  1. - Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 10:00 horas del 4 de julio de 2017, la promovente interpone recurso de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo de Seguridad Vial y la Dirección General de Educación Vial. Alega que en virtud de la confección de una boleta de citación por infracción a la Ley de Tránsito (N° 2014-81700049), realizada el 17 de abril de 2014, fue sancionada con una multa y el rebajo de 6 puntos de su licencia de conducir. Indica que apeló dicha boleta; empero, como no se resolvía, pagó la multa. Afirma que en enero de 2017 venció su licencia, por lo que gestionó ante el recurrido. Señala que allí le manifestaron la obligatoriedad de realizar un curso de rehabilitación de conductores y pagar la suma de diez mil colones, a fin de recuperar los puntos. Asegura que consultó al encargado sobre los detalles del curso, duración y contenido, pero únicamente se le indicó el método de matrícula y las fechas en que se impartiría, sin informarle el tipo de evaluación, forma, y contenido del curso. Añade que vía teléfono le informaron que se desconocía sobre la existencia de un reglamento sobre el tema, por ende, a la fecha de confección de la boleta y matrícula del curso, no se había emitido tal normativa. Estima que la falta de la reglamentación respectiva e información en las páginas electrónicas de las instituciones gubernamentales accionadas, y en las propias dependencias, lesiona el derecho de acceso a la información. Por otro lado, reclama que el curso de re-acreditación de conductores culmina con una prueba de evaluación teórica, la que tampoco se encuentra reglamentada, sin establecerse el método de evaluación, los contenidos del curso, la metodología empleada para la elaboración de las preguntas, los responsables del mantenimiento del software que aplica el examen y si estos se encuentran capacitados para dicho mantenimiento, ni el tipo de software o la versión; además, algunas preguntas de la prueba son abiertas, pueden sugerir varias respuestas, y algunas son de estructura confusa y con lenguaje que podría confundir a personas que no cuenten con preparación académica. Asevera que lo anterior lesiona los principios de publicidad, imparcialidad e igualdad que deben aplicarse a dichas pruebas. Reclama que tampoco se expide documento alguno con la calificación, con el fin de lograr saber en qué respuestas falló, ni el valor de cada pregunta, sumado a que se desconoce si existe recurso de apelación o revisión del examen y ante qué instancia interponerlo. Afirma que para llevar el curso se debe asistir 5 días a la semana de 7:00 a.m. a 12:00 md. Adiciona que perdió tal examen, y se le indicó que contra ello no cabía recurso, por lo que debía efectuarlo nuevamente. Agrega que requiere la licencia para trabajar y trasladarse, e incluso para asistir a citas médicas. Por lo anterior, solicita que mientras no se redactan los reglamentos correspondientes, no se continúe aplicando el capítulo segundo de La Ley de Tránsito (Sistema de Puntos y Evaluación Permanente de Conductores), sino la normativa anterior; además, que se le permita renovar su licencia de conducir cumpliendo los requisitos que establecía la normativa anterior a la entrada en vigencia de esa reforma a la Ley de Tránsito; o bien, que se le aplique la prueba escrita para renovar su licencia, sin necesidad de realizar el curso y asistir a las clases, así como que se le entregue por escrito el resultado de dicha prueba con indicación expresa de los ítems contestados de forma correcta e incorrecta y el valor de los mismos.

  2. - El artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Sala a rechazar de plano o por el fondo, en cualquier momento, incluso desde su presentación, cualquier gestión que se presente a su conocimiento que resulte ser manifiestamente improcedente, o cuando considere que existen elementos de juicio suficientes para rechazarla, o que se trata de la simple reiteración o reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada. R. elM.R.L.; y, Considerando: I.- OBJETO DEL RECURSO . La recurrente acusa que requiere renovar su licencia de conducir; sin embargo, en virtud de que anteriormente se le rebajaron puntos de esta, debió efectuar un curso en el COSEVI y realizar un examen teórico, el cual falló, por lo que tiene que realizar nuevamente el curso (el que únicamente se imparte entre semana y en horario diurno). Reclama que actualmente no existe reglamentación sobre el tema, e incluso, de forma verbal solicitó información sobre el curso, contenido del examen, metodología, respuestas erróneas, etc., pero no se le brindó. Asevera que tampoco cabe recurso de apelación contra el resultado del examen. Estima que la falta de la reglamentación respectiva e información en las páginas electrónicas de las instituciones gubernamentales accionadas, y en las propias dependencias, lesiona el derecho de acceso a la información. También, considera lesionado su derecho a la igualdad, salud y libre tránsito. II.- EN RELACIÓN CON LA ACUSADA FALTA DE REGLAMENTACIÓN, esta S., mediante sentencia 2017-004994 de las 9:15 horas del 31 de marzo de 2017, resolvió un caso similar y dispuso lo siguiente: “I.- OBJETO DEL AMPARO. El recurrente señala que recientemente se apersonó ante la Oficina Regional en San Ramón de la Dirección General de Educación Vial, a fin de renovar su licencia de conducir. En esa oportunidad, se percató que su licencia se encontraba suspendida. Al pretender que se reactivara dicha licencia, se le indicó que debía realizar un curso de reeducación vial. Comenta que se le exige llevar otra vez el curso regular que se les solicita cursar a quienes solicitan su licencia por primera vez, debido a que el Poder Ejecutivo todavía no ha emitido el Reglamento sobre Sensibilización y Reeducación Vial definido en el inciso ii), del artículo 92, de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, es decir, se le conmina realizar un curso que no es el que dispone la ley. El petente solicita que se declare con lugar el presente recurso de amparo, y se le ordene a los accionados diseñar el curso de reeducación vial a que hace referencia. II.- EL CASO CONCRETO. Analizados los alegatos del recurrente, se impone advertirle que, en Sentencia N° 2013-013248 de las 09:05 horas del 4 de octubre de 2013, al pronunciarse sobre una supuesta omisión reglamentaria similar a la que aquí se cuestiona, este Tribunal declaró lo siguiente: “…La Sala Constitucional, en un caso similar al presente, en que se cuestionó la omisión del Poder Judicial de emitir la reglamentación necesaria para dar cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 8862, denominada ‘Ley de inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad en el sector público’, por medio de la sentencia No. 2013-11186 de las 09:05 hrs. de 23 de agosto de 2013, dispuso: … no es materia de esta jurisdicción velar por la ejecución e implementación (sic) de la ley cuyo cumplimiento se exige. Es decir, si dicha ley no ha sido ejecutada o cumplida a cabalidad, deberán plantearse los reclamos ante los órganos competentes encargados de su control y fiscalización, sean estos administrativos o jurisdiccionales, incluida la jurisdicción ordinaria contencioso-administrativa (artículo 49 Constitucional).´ T. consideraciones sin duda son aplicables al caso concreto, en que precisamente se cuestiona la inercia del Poder Ejecutivo de emitir la reglamentación necesaria para dar cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 9078, y regular las condiciones necesarias para que una persona pueda ser re-acreditada como conductor, todo lo cual sin duda constituye un extremo de franca legalidad que debe ser revisado y conocido por la Jurisdicción ordinaria. En lo que atañe a la Sala Constitucional dentro de la vía sumarísima del amparo no se aprecia ninguna situación ilegítima que viole o amenace los derechos fundamentales del tutelado. Consecuentemente, se debe denegar el amparo…”. Como este precedente es enteramente relevante para el caso en estudio, deberá la parte recurrente acudir ante la vía de legalidad respectiva, a fin de plantear allí las gestiones que estime pertinentes para que se resuelva lo que en derecho corresponda. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara .” (énfasis añadido). Consideraciones que son aplicables al caso en estudio, pues este Tribunal no encuentra razones para variar el criterio vertido en dicha sentencia, ni motivos que lo hagan valorar de manera distinta la situación planteada. E., se declara inadmisible este extremo. III.- EN CUANTO A LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE RE-EDUCACIÓN VIAL POR PÉRDIDA DE PUNTOS, Y SUS HORARIOS. El recurso de amparo procede ante una violación directa de derechos fundamentales y, en el caso concreto, la pretensión del recurrente no se refiere a tal supuesto. En efecto, todo lo relativo al rebajo y a la recuperación de puntos de la licencia de conducir, está regido por disposiciones de carácter infraconstitucional, cuya interpretación y aplicación no le corresponde a la Sala. Debe tenerse presente que no es el Tribunal Constitucional el llamado a determinar cuál curso debe aprobar la recurrente, ni mucho menos el horario dentro del cual se debería programar e impartir. Por tal razón, si la petente tiene algún reclamo al respecto, debe plantearlo ante el Consejo de Seguridad Vial y, eventualmente, ante la jurisdicción ordinaria (ver sentencia en sentido 2017-006249 de las 9:45 horas del 28 de abril de 2017). E., tal aspecto también deviene en inadmisible. IV.- RELATIVO AL DERECHO DE PETICIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN . En el sub lite , aunque la promovente estime violentado su derecho de petición y acceso a la información administrativa, no afirma haber solicitado la información de su interés por escrito. Por lo tanto, la supuesta incapacidad de COSEVI para suministrársela, en sí misma, no se relaciona directamente con una eventual vulneración de esos derechos fundamentales, de modo que no puede ser objeto de amparo (ver sentencia en sentido similar 2017-009786 de las 9:45 horas del 23 de junio de 2017). De esta suerte, lo correcto es que la parte accionante plantee directamente y por escrito, ante la vía de legalidad competente, las solicitudes de información que estime pertinentes, a fin de que se resuelva lo que en derecho proceda. V.- SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE APELAR LA PREUBA TEÓRICA DE MANEJO. En la especie, se le advierte a la gestionante que, a nivel constitucional, no se reconoce el derecho a una doble instancia en vía administrativa, sino que queda a discreción del legislador disponer o no la posibilidad de impugnación y su procedimiento; en este sentido, la falta de doble instancia no lesiona, salvo en materia penal, ningún derecho fundamental (ver sentencias en sentido similar 2011-006348 de las 14:32 horas del 18 de mayo de 2011 y 2016-018170 de las 15:15 horas del 13 de diciembre de 2016). En consecuencia, al agotarse esta, queda la jurisdicción ordinaria, donde se puede ventilar la controversia ante un órgano jurisdiccional. Así las cosas, se declara improcedente también este aspecto. VI.- ACERCA DE LOS RESTANTES DERECHOS RECLAMADOS . Asimismo, este Tribunal no encuentra que los hechos denunciados tengan alguna relación con los derechos de igualdad, salud o libre tránsito que alega la petente, puesto que no señala siquiera haber sido detenida o impedida de desplazarse por otro medio, ni que se le hubiese tratado distinto que a otros participantes en la prueba, ni hace referencia a un problema concreto en el que el hecho de no contar con su licencia renovada haya lesionado su derecho a la salud, tomando en cuenta que existen otras formas de desplazarse a recibir atención médica. En consecuencia, el recurso se declara inadmisible. VII.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, éstos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI . Por tanto: Se rechaza de plano el recurso. E.J.L.P.F.C.C.F.C.V.P.R.L.N.H.L.L.F.. S.A.J.P.H.G. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *4KQT8I6XJXA61* 4KQT8I6XJXA61 EXPEDIENTE N° 17-010512-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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