Sentencia nº 15439 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de 29 de Septiembre de 2017

Fecha de Resolución29 de Septiembre de 2017
EmisorSala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia
Número de Referencia17-011785-0007-CO
TipoSentencia de fondo
Clase de AsuntoRecurso de amparo

* 170117850007CO * Exp: 17-011785-0007-CO Res. Nº 2017015439 SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. S.J., a las nueve horas cuarenta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil diecisiete . Recurso de amparo promovido por T.C. Q. , cédula de identidad No. 110240189, contra la COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS . RESULTANDO:

1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 17:25 horas de 28 de julio de 2017, la recurrente promovió recurso de amparo contra la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y alegó que es funcionaria de la Asesoría Legal de esa Comisión, desde el

2011. Lo anterior, bajo nombramiento de emergencia a plazo fijo, autorizado por el artículo 31 de la Ley No. 8488, aprobado por la Junta Directiva de la recurrida. Por oficio No. AL-OF-0455-2017 de 31 de julio de 2017, se le nombró en el puesto de abogada. Por oficio No. AL-OF-0614-2016 de 12 de agosto de 2016, se solicitó a la Presidencia institucional su nombramiento interino, el cual fue aprobado a través de la acción de personal de la Unidad de Desarrollo Humano, No.

18650. Por lo anterior, se suspendió su nombramiento. Apunta que, dentro de las labores que le fueron encomendadas, posteriormente, estuvo la conformación de órganos directores y de investigaciones preliminares, así como, la realización de los respectivos procedimientos. Comenta que llevó un procedimiento administrativo en contra del Director Administrativo Financiero, caso en el cual se comprobó la existencia de acoso. Acusa que, a partir de ese momento, su estabilidad laboral institucional empezó a verse comprometida, hasta que, el 10 de julio de 2017, la Jefe a.i. de la Unidad de Desarrollo Humanos le notificó el cese de su nombramiento interino por retornar la propietaria de la plaza. Ante dicha situación, se reactivó el contrato de emergencia referido, por lo cual se le nombró mediante oficios No. AL-OF-0503-2017 y PRE-OF-254-207 de 12 de junio de 2017, por lo que continuó laborando. No obstante, acusa que el 28 de junio de 2017, no recibió el salario correspondiente a la quincena. Por lo anterior acudió a la Oficina de Desarrollo Humano, donde se fundamentó la falta de pago del salario, con el argumento que no se encontraba nombrada, por lo que la segunda quincena de julio de 2017, no le sería cancelada, pese a haber trabajado durante dicho período. Sostiene que el citado acuerdo de Junta Directiva no estableció un período de caducidad y no existe acuerdo alguno que lo haya dejado sin efecto. Además, reclama que nunca recibió comunicación alguna, sino que, la Administración movió su nombramiento a discreción sin notificarle, formalmente, el destino de su puesto, ni las razones del cambio y, con esto, la dejó en total indefensión. Agrega que, por oficio No. AL-OF-0536-2017 de 31 de julio del año en curso, se le notificó que para esa fecha, la Unidad de Desarrollo Humano no había confeccionado su nombramiento de emergencia, pese al acuerdo vigente de la Junta Directiva (No. 126-06-2016) que así lo autorizó. Acusa que los oficios No. AL-OF-0503-2017 y No. PRE-AL-OF-254-2017 en los que se solicitó la realización del nombramiento, se encuentran vigentes y no existe modificación ni suspensión posterior alguna, que los haya dejado sin efecto. No obstante, por oficio No. DE-OF- 0245-2017 suscrito por la Directora Ejecutiva a.i. de la comisión recurrida y sustentado en el oficio No. UDH-OF-0540-2017, se estableció, lo siguiente: “(…) de los aspectos señalados por la UDH, puede determinarse que no existe nombramiento, sin embargo el traslado TC-AL-0060-2017, se desprende que la señora C. continua (sic) realizando funciones hecho que no estaría a derecho (…)”. Ante esto, por oficio No. AL-OF-0535-2017 el Asesor Legal de la Comisión recurrida emitió criterio legal al respecto, en lo que interesa: “(…) Sin embargo, por cuanto la Junta Directiva no ha derogado su acuerdo, por contar este con una reserva presupuestaria vigente para diez meses y por haberse cumplido todos los trámites necesarios para el nombramiento, solicito descarte por improcedentes los criterios del oficio UDH-OF-0540-2017, e interpongan sus buenos oficios para que se proceda con el nombramiento de la Licda. T.C.Q. de forma inmediata (…)". Estima que lo anterior es violatorio de sus derechos fundamentales. Solicita que se declare con lugar el recurso y se ordene a las autoridades recurridas realizar el pago del salario correspondiente a la segunda quincena de julio de

2017. 2.- Por resolución de Presidencia de las 16:23 hrs. de 7 de agosto de 2017, se dio curso al recurso y ordenó rendir los informes de ley.

3.- Mediante memorial de 9 de agosto de 2017, la recurrente solicitó que se ordene la suspensión del acto impugnado como medida cautelar.

4.- Informó, bajo juramento, I.A.B.R., en su condición de Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riegos y Atención de Emergencias e indicó que la amparada es funcionaria de la Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Emergencia desde el 2011, lo anterior bajo nombramiento de emergencia a plazo fijo autorizado por el artículo 31 de la Ley No. 8488, aprobado por la Junta Directiva de la Comisión recurrida. Las contrataciones realizadas bajo el régimen de excepción se encuentran reguladas por los artículos 23 y 24 del Reglamento a la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Ley 8488, que establecen: “Artículo

23. -Régimen de Excepción. EI régimen de excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad administrativa y disposición de fondos y bienes públicos, siempre y cuando sean estrictamente necesarios para proteger la vida, el ambiente, la infraestructura vital y los bienes públicos y privados cuando inequívocamente, exista el nexo exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los daños ocasionados por éste. Con el fin de cumplir con el objeto de la Ley No. 8486 en la atención de emergencias, la CNE establecerá los procedimientos administrativos necesarios para organizar y controlar eficientemente el uso de los recursos disponibles durante el régimen de excepción. Artículo

24. -Servicios Contratados Bajo el Régimen de Excepción. En el caso de los servicios contratados bajo el régimen de excepción, se debe verificar que la necesidad de ellas surja como consecuencia del hecho generador de la emergencia y que por lo tanto, son necesarios para atender las diferentes etapas de la emergencia. Estos servicios serán contratados por la CNE, utilizando criterios de idoneidad y objetividad, con el fin de emplear a un personal que sea el más apto para la atención de la emergencia. Los gastos en que se incurran por estos nombramientos, deberán cubrirse con los recursos del Fondo Nacional de Emergencias y ser debidamente autorizado por la junta Directiva bajo un Plan de Inversión. Por tratarse de contrataciones que obedecen al régimen de excepción el término de vigencia de estos contratos será el que la CNE) considere necesario para cumplir a cabalidad con su función”. Estos nombramientos se basan en planes de inversión, amparados en decretos de emergencia, presentados para aprobación de la Junta Directiva de la Comisión. Los nombramientos realizados a la recurrente al amparo de planes de inversión, han tenido su fecha de inicio y fecha de finalización, cancelando los derechos por extremos laborales según corresponde y que se detallan a continuación: Según resolución de pago de prestaciones legales, No. DE-RESO-0037-2016 de 3 de octubre de 2016, se indicó: “(...) proceda por el tiempo laborado de dos meses, según el Plan de Inversión 126-06-2016, al pago de Vacaciones por un monto de ¢71.883.98, aguinaldo por un monto de ¢

179.707.75, salario escolar por un monto de ¢172.714.08, menos el

9.34% por un monto de

16.131.50, un total neto de salario escolar por un monto de ¢156.582.59. Para un total a pagar de ¢

408.176.30 (…)” Este rubro se pagó mediante solicitud de pago No. UDH-097-17 por un monto de ¢808.299,54. Por oficio No. AL-OF-0614-2016 de 12 de agosto de 2016, se solicitó el nombramiento interino de la amparada a la Presidencia Institucional, el cual fue aprobado a través de la Acción de Personal No. 18650, y dispuso dejar sin efecto el contrato de emergencia y suspender el nombramiento. Al respecto se indicó que: “(…) mediante oficio N° Al-0F-0614-2016 del 12 de agosto del 2016, la Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal solicita a la Presidencia Institucional, se autorice un nombramiento interino a la señora C.Q., con el fin de que sustituya en el puesto No 502742, a la Licda. A.J.E., quien solicitó un permiso sin goce de salario, es decir se realiza un cambio trasladando a la señora C. del régimen de contratación por emergencia al régimen ordinario, entiéndase el Régimen de Servicio Civil, nombramiento validado mediante acción de personal N° 18650 de la Unidad de Desarrollo Humano (…)”. Lo anterior basado en la necesidad institucional de contar con quien sustituyera las labores ordinarias de esa Asesoría (es decir aquellas que no pueden ser cubiertas por los funcionarios contratados por decretos de emergencia), por lo cual se nombró por un período inicial de 1 de setiembre de 2016 al 15 de febrero de 2017 y de 16 de febrero de 2017 al 15 de agosto de

2017. Al trasladarse la recurrente del régimen de contratación por emergencia al régimen ordinario (regulada por el Estatuto de Servicio Civil), se procedió mediante acción de personal a realizar el cese de funciones de la recurrente al amparo del acuerdo No. 126-06-2016, generándose las siguientes acciones: “(…) 1- Se generó resolución para el pago de prestaciones legales No. DE-RESO-0037 2016 de 3 de octubre de 2016, en la que se indica en su por tanto la cancelación de los extremos laborales por concepto de vacaciones, aguinaldo salario escolar, y otros todo proporcional a los meses laborados en el Plan de Inversión descrito en el Acuerdo de Junta Directiva N° 126- 06-2016, suscrita por la Licda. J.U. Directora Ejecutiva de la CNE y con el visto bueno del L.. E.M.C.. 2- Mediante documento fechado 25 de octubre del 2016, la Licenciada C. presenta Reclamo Administrativo para cancelación de cesantía por concepto de haber finalizado los contratos de trabajo entre ellos se encontraba el referente al Acuerdo de Junta Directiva No. 126- 06-2016. Este rubro se pagó mediante la solicitud de pago No. UDH-0097-2017 por un monto de ¢

808.299.54 (…)” . Mediante oficio No. UDH-0F-0471-2017 de 10 de julio de 2017, recibido por la Licda. C. el 12 de julio de 2017 a las 09:16 horas, la Unidad de Desarrollo Humano comunicó formalmente a la recurrente el cese de su nombramiento interino en el puesto No. 502742 por el regreso a la institución de la titular de la plaza que ocupaba, indicando textualmente: “(...) atendiendo las instrucciones del oficio DE-OF-0220-2017 de la Dirección Ejecutiva hago de su conocimiento que dada la reincorporación de la funcionaria Licda. A.J.E. (Titular del puesto No. 502742), nos permitimos notificarle el cese de su nombramiento Interino a partir del 16 de julio del año en curso (...)”. Dentro de las labores que tuvo encomendadas, estuvo la conformación de órganos directores, y de investigaciones preliminares, así como, la realización de los respectivos procedimientos. Al respecto se indica: “(…) Efectivamente labores propias ordinarias del trabajo institucional, desarrolladas por los funcionarios de la Unidad de Asesoría Legal, así como cualquier otro funcionario de la institución que sea instruido por esta Presidencia, de conformidad con el artículo 155, inciso c) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la CNE (…)”. No lleva razón la recurrente, no existió una instrucción directa por parte de la Presidencia para realizar la Investigación Preliminar aducida, como tampoco se le instruyó para conformar un Órgano Director en su contra, esto en virtud que de conformidad con lo establecido por el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Comisión Nacional de Emergencias, en su artículo 155, inciso c), que establece la potestad de la Presidencia instaurar esos procedimientos administrativos. Reitera que es totalmente falso lo señalado por la recurrente, por cuanto no se le instruyó a realizar investigación alguna ni a conformar un Órgano Director y menos que se comprobara el acoso laboral. No es posible hablar de hechos demostrados cuando no se ha sometido la supuesta denuncia a los rigores probatorios del procedimiento administrativo y menos cuando el eventual afectado no ha sido instruido de los hechos ni ejercido su legítimo derecho de defensa. En cuanto a que se reactivó el contrato de emergencia referido, mediante oficio de la Asesoría Jurídica, No. AL-OF-503-2017 de 12 de julio de 2017, se indicó literalmente: “(...) Por este medio le comunico el acuerdo de Junta Directiva No. 126-06-2016 tomado en la sesión extraordinaria Nº 06-16 ... aprueba el nombramiento de la Licda. T.C. con fecha de rige del 16 de mayo del 2017 en reactivación al contrato que se encuentra suspendido (...)”. El J. de la Unidad de Asesoría Legal, solicitó el visto bueno de la Presidencia para proceder con el nombramiento de la recurrente al amparo del acuerdo de Junta Directiva No. 126-06-2016 tomado en la sesión extraordinaria No. 06-16. Por lo anterior, mediante oficio No. PRE-OF-254-2017, se dispuso lo siguiente: “(...) Con relación a lo expuesto en oficio AL-OF-0503-2017, esta Presidencia aprueba lo solicitado por la Asesoría Jurídica. Le solicito, proceder conforme en apego a la normativa que rige la materia (…)”. Efectivamente, la amparada no recibió salario para la segunda quincena de julio de 2017, porque no se encontraba nombrada debidamente, pues su nombramiento de sustitución de la Licda. J. llegó hasta el 16 de julio de 2017, en vista que la titular del puesto regresó a la institución a partir de ese mismo día. El Acuerdo de Junta Directiva No. 126-6-2016 de 20 de junio de 2016, se indicó que: “(...) La Junta Directiva de la CNE aprueba el Plan de Inversión contratación de un (1) profesional en derecha 2 con opción a 3 para labores propias de la Unidad de Asesoría Legal en procesos extraordinarios para los proyectos de reconstrucción amparados a decretos de emergencia No 37305-MP, 38642-MP-MAG, y No. 39056 MP. Oficios DE-SEG-0175-2016 y AL-OF-218-2016, por el período de seis meses prorrogables por otro período igual. Se autoriza la ejecución de los recursos bajo los decretos de emergencia No, 37305-MR 38642-MP-MAG, y No. 39056 MP. Oficios DE-SEG-01 75-2016 y AL-OF 218-2016, por un monto de ¢15.760.158.70 (quince millones setecientos sesenta mil ciento cincuenta y ocho mil con setenta céntimos).

3. Se nombra como fiscalizador a la Jefatura de la Asesoría Legal a cargo del L.. E.M.C. (...)”. Mediante el oficio No. UDH-0F-0471-2017, se comunicó formalmente el cese de funciones, por lo que si fue notificada formalmente. De otra parte, mediante el oficio No. AL-OF-536-2017 de 31 de julio de 2017, se informó que Unidad de Desarrollo Humano no había confeccionado el nombramiento de emergencia que se echa de menos, pese al acuerdo vigente de la Junta Directiva. (No 126- 6-2016) que así lo autorizo. Al respecto se indicó: “(…) mediante oficio UDH-0F-540-2017, la Unidad de Desarrollo Humano comunica a la Administración Superior que el nombramiento solicitado no procede, dado que el periodo aprobado por la Junta Directiva para la ejecución del plan de inversión aprobado para la contratación de un abogado, había expirado y que el principio de urgencia y necesidad se había desvirtuado. Los oficios Nos. AL-0F- 503- y PRE-OF- 254 del 12 de junio del 2017, se encuentran vigentes y no existe modificación ni suspensión posterior alguna, que los haya dejado sin efecto. No obstante por oficio de la Directora Ejecutiva a.i. de la Comisión, No. 0245-2017 -sustentado en el oficio No. UDH-OF-540-2017- se estableció, lo siguiente: “(...) de los aspectos señalados por la UDH, puede determinarse que no existe "nombramiento”, sin embargo, el traslado TC-Al-0060-201Z se desprende que la señora C. continua realizando funciones hecho que no estaría a derecho (...)”. Así, por oficio No. AL-535-2017 el Asesor Legal de la Comisión recurrida emitió criterio legal al respecto indicando: “(...) sin embargo por cuanto la junta Directiva no ha derogado su acuerdo, por contar este con una reserva presupuestaria vigente para diez meses y por haberse cumplido con todos los trámites necesarios para el nombramiento, solicito descarte por improcedente los criterios del oficio UDH-OF-540-2017 e interpongan sus buenos oficios para que proceda con el nombramiento de la Licda. T.C. de forma inmediata (...)”. Asimismo, se indicó: “(…) respecto al caso de la señora C.Q., el cual obedece a una contratación por emergencia, que se origina con base a la presentación de un Plan de Inversión por parte de la Unidad de Asesoría Legal, ante la necesidad de contar con un profesional en derecho para atender asuntos derivados de la actividad extraordinaria que eventualmente se genera por la necesidad inmediata que está obligada la institución para restablecer los servicios públicos o en su defecto para realizar las obras de reconstrucción necesarias luego de una situación de emergencia, esta contratación de personal encuentra su fundamento en el Reglamento a la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en su artículo 24 (…)”. Los criterios emitidos tanto por la Unidad de Desarrollo Humano como por la Unidad de Asesoría legal son independientes y no fueron de conocimiento previo de la Presidencia, sino hasta el momento mismo en que son remitidos a la Administración Superior. De los oficios Nos. ALOF-503-PRE-OF-254 de 12 de julio de 2017 y UDH-OF-0540-2017 de 27 de julio de 2017, se colige que el caso de la amparada obedece a una contratación por emergencia, que se originó en la presentación de un Plan de Inversión por parte de la Unidad de Asesoría Legal, ante la necesidad de contar con un profesional en derecho para atender asuntos derivados de la actividad extraordinaria que, eventualmente, se genera por la necesidad inmediata a que está obligada su representada, para restablecer los servicios públicos o en su defecto para realizar las obras de reconstrucción, necesarias luego de una situación de emergencia. Esta contratación de personal encuentra su fundamento en el Reglamento a la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en su artículo 23 y

24. Nótese que haber retrotraído el nombramiento de la Licda. C., a un Plan de Emergencia que ya había expirado en su plazo, desvirtúa el criterio de necesidad y urgencia, así como el adecuado y eficiente uso de los fondos públicos al mantener un acuerdo con un fin específico sin utilizar durante un período de diez meses, tiempo, durante el cual no se evidenció la necesidad de contar con este personal profesional. El régimen de excepción responde a la satisfacción de una necesidad inmediata, en este caso a un plan de inversión para esa contratación de un profesional con un perfil determinado en este caso un experto en derecho, no de una persona específica, lo que podría eventualmente ser cuestionable si se considera que durante diez meses la necesidad que ahora se expone no se manifestó con el mismo carácter de urgencia con que se planteó inicialmente. Del oficio No. AL-OF-0536-2017, se desprende que su bien existió un documento formal mediante el cual la Unidad de Desarrollo Humano comunicó a la amparada o al fiscalizador del plan de inversión que el nombramiento procedía, la amparada laboró una quincena completa sin que la Administración Superior tuviera conocimiento de esa situación a todas luces irregular. La Presidencia pondrá la situación que se ha generado en conocimiento de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias, con el fin de que se manifieste al respecto. Al presentarse criterios diferentes dentro de la misma institución, se genera una disyuntiva que ha perjudicado a un tercero, se hace necesario hacer de conocimiento de la Junta Directiva de la Comisión al ser el órgano colegiado que aprueba los planes e inversión, esta emitirá criterio al respecto.

5.- En los procedimientos seguidos se han observado las prescripciones legales. R. el M.H.G.; y, CONSIDERANDO: I.- OBJETO DEL RECURSO. La recurrente demandó la tutela de sus derecho al trabajo y al salario así como del principio de estabilidad laboral, pues, según sostiene, se le cesó de forma intempestiva; no se le canceló el estipendio correspondiente a la segunda quincena de julio de 2017, pese a haber trabajado dicho período, y no se realizó su nombramiento conforme al criterio legal del Asesor Legal de la Comisión, pese al acuerdo vigente de la Junta Directiva, que así lo autorizó. HECHOS PROBADOS. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como debidamente demostrados los siguientes hechos: 1) Desde el año 2011 y hasta el 31 de agosto de 2016, la amparada había venido siendo nombrada en la Asesoría Legal de la Comisión Nacional de Emergencia, mediante nombramiento de emergencia a plazo fijo (los autos). 2) Por oficio de la Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal, No. AL-OF-0614-2016 de 12 de agosto de 2016, se solicitó el nombramiento interino de la amparada a la Presidencia de la Comisión recurrida, en el puesto No. 502742, en vista que la titular de la plaza solicitó un permiso sin goce de salario (informe). 3) Por Acción de Personal, No. 18650 de 26 de agosto de 2016, se nombró interinamente a la recurrente en el puesto de Profesional de Servicio Civil 3 de 1º de septiembre de 2016 al 15 de febrero de 2017 (los autos). 4) Por resolución de la Dirección Ejecutiva de la Comisión, No. DE-RESO-0037-2016 de 3 de octubre de 2016, se ordenó el pago de prestaciones legales a la amparada por el tiempo laborado, según el plan de Inversión 126-06-2016 (los autos). 5) El 25 de octubre de 2016, la recurrente presentó un reclamo administrativo a efecto que se le cancelara lo relativo a cesantía (informe). 6) Mediante Acción de Personal, No. 19986 de 16 de febrero de 2017, se prorrogó el nombramiento interino de la amparada con rige 16 de febrero al 15 de agosto de 2017 (informe). 7) Mediante solicitud de pago No. UDH-097-17 de 22 de mayo de 2017, se dispuso el pago del auxilio de cesantía a la amparada (los autos). 8) Por oficio de la Dirección Ejecutiva de la Comisión recurrida, No. DE-SEG-OF-0425-2016 de 7 de julio de 2017, se comunicó el acuerdo 126-06-2016: Plan de Inversión: "Contratación de un (1) profesional en Derecho 2 con opción a 3 para labores propias de la Unidad de Asesoría Legal en procesos extraordinarios para los proyectos de reconstrucción amparados a Decretos de Emergencia No. 37305-MP, No. 30602-MP-MAG sequía y No. 39056-MP a la Unidad de Asesoría Legal (los autos). 9) Por Acción de Personal, No. 21010 de 10 de julio de 2017, se dispuso el cese interino de la amparada como Profesional de Servicio Civil 3 (los autos). 10) Mediante oficio de la Unidad de Desarrollo Humano, No. UDH-0F-0471-2017 de 10 de julio de 2017, se comunicó a la recurrente el cese de su nombramiento interino en el puesto No. 502742 a partir de 16 de julio, por el regreso de la titular de la plaza (los autos). 11) El 12 de julio de 2017 a las 09:16 horas, se notificó ese oficio a la recurrente (informe). 12) Mediante correo electrónico de la Jefatura de la Asesoría Legal de 12 de julio de 2017, se solicitó el nombramiento de la amparada a la Presidencia Ejecutiva de la Comisión recurrida (los autos). 13) Por oficio de la Presidencia de la Comisión, No. PRE-OF-254-2017 de fecha indeterminada, se aprobó el nombramiento de amparada conforme lo requirió la Asesoría Jurídica (los autos). 14) Por oficio de la Asesoría Legal de la Comisión recurrida, No. AL-OF-0503-2017 de 12 de julio de 2017, se comunicó a la Unidad de Desarrollo Humano que se había aprobado el nombramiento de la recurrente a partir de 16 de julio de este mismo año, en vista que se había reactivado su contrato (los autos). 15) Por oficio de la Dirección Ejecutiva de la Comisión, No. DE-OF-0245-2017 de 26 de julio de 2017, se ordenó a la Unidad de Asesoría Legal que, en vista que la recurrente estaba laborando sin nombramiento, se procediera conforme legalmente correspondía (los autos). 16) Por oficio de la Unidad de Asesoría Legal de la Comisión, No. AL-OF-0536-2017, se comunicó a la recurrente que en vista que su nombramiento no había sido tramitado por la Unidad de Desarrollo Humano, debía finalizar sus funciones de forma inmediata (los autos). 17) Por oficio de la Unidad de Recursos Humanos, No. UDH-OF-0540-2016 de 27 de julio de 2017, se brindó un informe al P. y la Directora Ejecutiva de la Comisión respecto de la vigencia del Plan de Inversión que sirvió de fundamento a la contratación de la amparada (los autos). 18) Por correo electrónico comprobantes@cne.go.cr de 27 de julio de 2017, se informó a la amparada el pago que presuntamente recibiría por laborar en la segunda quincena de ese mes (los autos). 19) En la segunda quincena de julio de 2017, no se canceló salario alguno a la amparada (informe). III.- SOBRE EL CESE RECLAMADO. Según la recurrente, el cese de su nombramiento interino fue intempestivo y por ende, lesivo del principio de estabilidad impropia (libelo de interposición). Pese a lo que en este particular se alegó, lo cierto del caso es que el cese reprochado obedeció al regreso de la titular a la plaza en la que se encontraba nombrada interinamente la amparada (los autos). Reiteradamente, este Tribunal ha sostenido que el funcionario interino goza de estabilidad impropia, y aunque no tenga un derecho subjetivo a que se le prorrogue el nombramiento en forma indefinida, ni a que por el simple transcurso del tiempo se le nombre en propiedad, claramente no puede ser removido de la plaza que ocupe, excepto si se ve desplazado por el propietario de la plaza —que regresa de un ascenso o incapacidad—, por el nombramiento en la vacante de un propietario —ya sea como resultado de un concurso de la plaza, o por traslado o ascenso en propiedad—, o si fue nombrado por inopia de personal y se designa en su lugar a una persona mejor calificada (entre otras, sentencia No. 2017010194 de las 9:15 hrs. de 30 de junio de 2017). Desde esa perspectiva, el cese no es ilegítimo ni arbitrario. Aunado a lo anterior, consta que dicho acto administrativo se notificó con al menos tres días de antelación a que se diera el cese (los autos e informe). Por ende, tampoco, resulta intempestivo. Bajo esta inteligencia, descarta la Sala que se haya producido el agravio reclamado en este extremo del recurso. IV.- SOBRE LA OMISIÓN RECLAMADA A LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. Según la recurrente, pese a la Presidencia de la Comisión recurrida había aprobado su nombramiento, por reactivación de su contrato, al momento en que se interpuso este proceso de amparo, la Unidad de Recursos Humanos no había sido nombrada (libelo de interposición). Según afirmó el recurrido, retrotraer el nombramiento de la amparada a un Plan de Emergencia que ya había expirado en su plazo, desvirtúa el criterio de necesidad y urgencia, así como el adecuado y eficiente uso de los fondos públicos al mantener un acuerdo con un fin específico sin utilizar durante un período de diez meses, tiempo, durante el cual no se evidenció la necesidad de contar con este personal profesional (informe). Consta que el contrato cuya reactivación se reclama se dio al amparo de un Plan de Emergencias, por un período de 6 meses prorrogables por otro período igual (los autos). Así, mediante la acción de personal No CNE-1777, se dispuso el nombramiento de la amparada del 1º de julio al 31 de diciembre de 2016 (los autos). Precisamente, en este particular, del oficio No. UDH-OF-0540-2016 de 27 de julio de 2017, se desprende que el período del Plan de Inversión que sirvió de fundamento a la contratación reclamada estuvo vigente del 15 de junio de 2017 al 15 de junio de 2017 (los autos). Precisamente, en este particular, la discusión que se plantea respecto de la obligación o no que pueda tener la administración recurrida de contratar a la amparada y de la vigencia del Plan de Inversión, y por ende de la prórroga o no del contrato, son extremos de legalidad ordinaria y no de constitucionalidad. De ahí que no aprecia la Sala que se haya producido la infracción reprochada. V.- SOBRE EL PAGO DEL ESTIPENDIO RECLAMADO Y LOS PRINCIPIOS DE CONFIANZA LEGÍTIMA Y BUENA FE. En lo que respecta a estos principios, este Tribunal Constitucional, con redacción del M.J.L., señaló en la Sentencia No. 10171-2010 de las 09:58 hrs. de 11 de junio de 2010 lo siguiente: “(…) IV.- EL PRINCIPIO GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA DEL CIUDADANO FRENTE A LOS PODERES PÚBLICOS. Sobre el desarrollo de este principio y su profunda raigambre constitucional, la doctrina nacional ha manifestado lo siguiente: “Este principio surge en la República Federal de Alemania y, luego, es recogido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, para definir una situación digna de ser amparada al haber sido violada la confianza puesta en la acción de la Administración Pública. El Tribunal Supremo Español, en su sentencia del 1º de febrero de 1990, consideró que este principio “… ha de ser aplicado, no tan sólo cuando se produzca cualquier tipo de convicción psicológica en el particular beneficiado, sino más bien cuanto se basa en signos externos producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan razonablemente a confiar en la legalidad de la actuación administrativa, unido a que, dada la ponderación de intereses en juego -interés individual e interés general- la revocación o dejación sin efectos del acto, hace crecer en el patrimonio del beneficiado que confió razonablemente en dicha situación administrativa, unos perjuicios que no tiene por qué soportar derivados de unos gastos o inversiones que solo pueden serle restituidos con graves perjuicios en su patrimonio”.   En cuanto a los requisitos del principio de confianza legítima, la doctrina española, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, ha establecido los siguientes: Debe mediar un acto de la administración lo suficientemente concluyente para provocar en el afectado uno de los tres tipos siguientes de confianza: a) confianza del afectado en que la Administración Pública actúa correctamente; b) confianza del afectado en que es lícita la conducta que mantiene en su relación con la Administración Pública, al existir un eventual error de prohibición; c) confianza del afectado en que sus expectativas como interesado son razonables. La Administración Pública debe provocar signos (actos o hechos) externos que, incluso, sin necesidad de ser jurídicamente vinculantes, orienten al administrado hacia una determinada conducta que de no ser por la apariencia de legalidad creada no hubiere efectuado. Un acto de la Administración Pública -v. gr. un reglamento- que reconoce o constituye una situación jurídica individualizada en cuya estabilidad confía el administrado. La causa idónea para provocar la confianza legítima del afectado no puede provocarse por la mera negligencia, tolerancia, ignorancia de la Administración Pública o lo irracional de lo pretendido por el administrado. El administrado debe cumplir los deberes y obligaciones que le competen. El quebranto del principio de la confianza legítima provoca, indudablemente, varios efectos jurídicos de importancia, veamos: Actúa como límite al ejercicio de las potestades discrecionales. Opera como una garantía del principio de igualdad. Provoca el deber de la Administración pública de resarcir la frustración de las expectativas legítimas y los derechos subjetivos lesionados. El principio de la confianza legítima, junto con el de la buena fe en las relaciones jurídico-administrativas, dimana del principio de igualdad jurídica, esto es, la certidumbre de las relaciones con los poderes públicos, saber, el administrado, a qué atenerse con éstos, quienes deben evitar las situaciones objetivamente confusas y mantener las situaciones jurídicas aunque no sean absolutamente conformes con el ordenamiento jurídico. Este principio, se concreta, entre otros supuestos, con la teoría de la intangibilidad de los actos propios declarativos de derechos para el administrado, la limitación de los actos de gravamen y la irretroactividad. Encuentra aplicación, también, cuando una administración pública dicta y realiza una serie de actos y de actuaciones, que aunque jurídicamente incorrectas, generan una serie de expectativas en el administrado creyendo que ostenta una situación jurídica conforme con el ordenamiento jurídico.” JINESTA LOBO (E., Tratado de Derecho Administrativo -Parte General-, S.J., IUSconsultec y Editorial Jurídica Continental, 2ª. Edición, 2009, pp. 294-296. V.- PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LAS RELACIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS. Este Tribunal Constitucional en el Voto No. 2006-07650 de las 12:21 hrs. de 26 de mayo de 2006, con redacción del Magistrado ponente, se refirió a este principio, estimando en lo que interesa, lo siguiente: “IV.- Sobre el deber de la Administración Pública de respetar el Principio de Buena Fe en todas sus actuaciones.- No es la primera vez que esta Sala hace referencia a este principio, ya en oportunidad anterior sancionó la violación al principio de la buena fe por parte del Estado en base al cual muchos servidores aceptaron las promesas de un atractivo retiro de las funciones, y que por razones atribuibles al Estado, no se pudieron materializar (véase la resolución 96-1044 de las 09 horas 39 minutos del primero de marzo de 1996) (…) Este principio debe ser entendido como un imperativo exigible también a la Administración Pública en todo su accionar para que actúe siempre de cara a la verdad, sin ocultar información y sin tener segundas intenciones ocultas. Es un principio que tiene aplicación en todas las ramas del accionar público, en materia de contratación administrativa por ejemplo y por supuesto en materia de empleo público (…)”. En lo que respecta al pago reclamado consta que luego se comunicó a la Unidad de Desarrollo Humano de la Comisión que se había aprobado el nombramiento de la recurrente, a partir de 16 de julio de este mismo año, en vista que se había reactivado su contrato, la amparada laboró durante quince días, siendo que por correo electrónico comprobantes@cne.go.cr de 27 de julio de 2017, se le informó lo relativo al pago del estipendio que presuntamente iba a recibir en la segunda quince de ese mes (informe). Bajo tal estado de cosas, resulta indudable que las autoridades recurridas, llevaron a la amparada a creer, de buena fe, que se encontraba contratada y que recibiría el estipendio; no obstante, lo cierto del caso es que no recibió contraprestación alguna por sus servicios. Bajo dicha inteligencia, estima este Tribunal que se quebrantó los principios de la confianza legítima y buena fe. De ahí que lo procedente es estimar el presente amparo en lo que a este punto se refiere. VI.- VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA H.L.. Este recurso debe declararse sin lugar con fundamento en las siguientes razones: he sostenido que los reclamos de los trabajadores para lograr el pago de diferencias salariales no canceladas tienen en la vía administrativa y laboral ordinaria su vía natural para ser tramitados. En ese caso incluso se trata de cobros de dineros cuya naturaleza es de contraprestación no salarial reclamada al Estado, pues precisamente la interesada indica que el nombramiento no se concretó. Siendo así, existe una vía adecuada para estos reclamos y la confianza legítima que se dice afectada, no integra el núcleo esencial de algún Derecho fundamental, como para justificar la intervención de la Sala por esta vía.- En conclusión el recurso debió rechazarse de plano y así lo declaro. VII.- SOBRE SOLICITUD DE LA RECURRENTE DE SUSPENDER EL ACTO. Por la forma en que se resuelve este proceso, resulta abiertamente innecesario pronunciarse sobre esa solicitud. VIIL.- CONCLUSÍON. Como corolario de lo expuesto, se impone acoger parcialmente el recurso, únicamente, por el retardo en el pago del salario reclamado. En lo demás, se desestima el recurso. La M.H.L. salva el voto y rechaza de plano el recurso. IX.- DOCUMENTACIÓN APORTADA AL EXPEDIENTE . Se previene a las partes que de haber aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43-12 celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. POR TANTO: Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente por el pago del salario reclamado. En consecuencia, se ordena a I.A.B.R., en su condición de Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riegos y Atención de Emergencias, o a quien ejerza ese cargo, que lleve a cabo todas las actuaciones que se encuentren dentro del ámbito de sus competencias y atribuciones a efectos de que, dentro del plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta resolución, se cancele a TANNIA CALDERÓN QUESADA , cédula de identidad No. 110240189, lo correspondiente al salario de la segunda quincena del mes de julio de

2017. Se advierte al recurrido que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. En lo demás, se declara sin lugar el recurso. Se condena a la Comisión Nacional de Prevención de Riegos y Atención de Emergencias, al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados por los hechos que han dado lugar a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. N. esta resolución a I.A.B.R., en su condición de Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riegos y Atención de Emergencias, o a quien ejerza ese cargo, en forma personal.La Magistrada H.L. salva el voto y rechaza de plano el recurso. F.C.C.P. a.iF.C.V.P.R.L.N.H.L.L.F.. S.A.J.P.H.G.A.G.V. Documento Firmado Digitalmente -- Código verificador -- *93WENV4IMEQ61* 93WENV4IMEQ61 EXPEDIENTE N° 17-011785-0007-CO Teléfonos: 2549-1500 / 800-SALA-4TA (800-7252-482). Fax: 2295-3712 / 2549-1633. Dirección electrónica: www.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional. Dirección: (Sabana Sur, C.M., 100 mts.Sur de la iglesia del P.S.. Recepción de documentos: Edificio Corte Suprema de Justicia, S.J., Distrito Catedral, B.G.L., calles 19 y 21, avenidas 8 y 6

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