Acta nº 068 de Consejo Superior, 29 de Julio de 2014

Fecha de Resolución29 de Julio de 2014
EmisorConsejo Superior

Nº 68-14

CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL.-

S.J., a las ocho horas del veintinueve de julio de dos mil catorce.

Sesión ordinaria con asistencia del Magistrado O.A.G., quien sustituye en este acto a la Magistrada Villanueva. De la licenciada M.C.A., los licenciados M.M.A., A.L.M.A. y el licenciado R.A.M. en sustitución de la doctora L.C.C., por incapacidad. Asiste también la Directora Ejecutiva, máster A.E.R.J..

ARTÍCULO I

ENTRAN LOS INTEGRANTES SUPLENTES SALON LÓPEZ Y MORA RODRÍGUEZ Y SALEN LA INTEGRANTE CONEJO AGUILAR Y EL INTEGRANTE MENA AYALES

DOCUMENTO 8660-14

Se aprueba el acta N° 64-14 de la sesión celebrada el 15 de julio de 2014.

SALEN LOS INTEGRANTES SUPLENTES SALON LÓPEZ Y MORA RODRÍGUEZ Y ENTRAN LA INTEGRANTE CONEJO AGUILAR Y EL INTEGRANTE MENA AYALES

ARTÍCULO II

DOCUMENTO Nº 8695-14

Mediante oficio Nº 1025-PLA-2014 del 24 de julio de 2014, la licenciada B.M.C., Subdirectora de Planificación, comunicó:

“En atención a la circular DGPN-0453-14 del 25 de junio de 2014, suscrita por la licenciada M.M.G., D. General de Presupuesto Nacional, mediante la cual solicita el “Informe de seguimiento Presupuestario Semestral 2014”, hago traslado del informe 67-CE-2014 de hoy, suscrito por el Lic. J.C.B.A., Profesional de la Sección de Control y Evaluación.

La información concerniente a la ejecución presupuestaria fue suministrada por la Licda. N.V.B., Jefa del Departamento Financiero Contable, mediante oficio 355-P-2014 del 11 de julio de 2014 y la información correspondiente a los indicadores de los programas presupuestarios, fue suministrada por las personas que figuran como responsables de cada programa.

Para cumplir con el plazo estipulado, este informe debe ser conocido por el Consejo Superior, previo a ser remitido al Ministerio de Hacienda antes del 31 de julio del 2014; asimismo, se debe enviar copia a la Contraloría General de la República, como se ha realizado en ocasiones anteriores.”

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A continuación se transcribe el informe citado:

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2014

1.2 Situación financiera:

Razones de los porcentajes de ejecución financiera 2014

A. Generalidades

El financiamiento del Poder Judicial está consignado en el artículo 177 de la Constitución Política, en el que se le asigna como mínimo un 6% de los ingresos corrientes estimados.

Los programas ordinarios se encuentran designados vía Ley de Presupuesto N. 9193, publicada en La Gaceta No. 235, Alcance Digital No. 131 del 05-12-2013, por la suma de ¢352,236,000.000.00, distribuidos en los diferentes programas presupuestarios.

El presupuesto vía Ley del Poder Judicial se compone de los siguientes programas:

926 “Dirección y Administración”

927 “Servicio Jurisdiccional”

928 “Servicio de Investigación Judicial”

929 “Servicio Ejercicio De La Acción Penal Pública”

930 “Servicio Defensa Pública”

932 “Servicio Justicia De Tránsito”

950 “Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos”

(Oficinas O.I.J. y Ministerio Público). Este programa fue creado en el año 2012.

Para el año 2014 no se ejecuta el programa 943 “Fondo de Préstamo-BID II Etapa” con recursos del contrato de préstamo con el BID, cuyos saldos presupuestarios se revalidaban cada año, debido a que en julio del año 2013 cerró operaciones y se dio por finalizado el proyecto. Cabe señalar que los recursos de contrapartida local se incluían en el Presupuesto Ordinario en el programa 942 “Aporte Local Préstamo 1377/OC-CR”, pero por la conclusión del proyecto no se incluyeron recursos para este año.

Para ver distribución por programa consultar el anexo A.

El programa 927 “Servicio Jurisdiccional” y 932 “Servicio Justicia de Tránsito”, su Misión es la administración de justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Coadyuva en la consecución de la misión, así como en el cumplimiento de la misión de los restantes programas, el programa de 926 “Dirección y Administración”, procura el mejoramiento continuo de las condiciones organizativas, tecnológicas, físicas y humanas, entre otras.

El programa 932 anteriormente se financiaba con recursos del Consejo de Seguridad Vial y el Poder Judicial, sin embargo a partir del 26 de octubre del 2012, por variación en la Ley de Tránsito 7331, cuyo artículo 231 regulaba los destinos específicos de las multas, dentro de los cuales estaba estipulado que un 10% eran para el Poder Judicial para financiar parcialmente el programa 932, se excluye con Ley 9078 según el artículo 234 donde no se contempla al Poder Judicial para aporte de esos recursos, por lo que actualmente sólo se financiaría el programa con recursos vía Presupuesto Ordinario.

Con respecto al programa 928 “Servicio de Investigación Judicial “, su misión es servir como auxiliar, asesor y de consulta de las autoridades judiciales competentes, en la investigación, descubrimiento y verificación técnico-científica de los delitos y de presuntos responsables. Asimismo los recursos asignados para el programa 929 “Servicio Ejercicio De La Acción Penal Pública”, tienen como misión requerir ante los tribunales penales la aplicación de la Ley, mediante el ejercicio de la persecución penal y la realización de la investigación preparatoria en los delitos de la acción penal pública, de acuerdo a la Constitución Política, los instrumentos internacionales y las leyes, de una manera justa y objetiva.

En cuanto al programa 930 “Servicio Defensa Pública”, su contribución a la administración de justicia, es ofrecer al usuario defensa pública (asistencia legal) con excelencia, solidaridad y compromiso, velando por el respeto de los derechos de las personas, dentro del proceso judicial.

El programa 950 “Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos” (Oficinas del O.I.J. y Ministerio Público) inicia su ejecución como programa a partir del año 2012 a través de la inclusión de dos centros gestores en el programa, el 62 “Oficina de Atención de Víctimas de Delitos” que pertenece al Ministerio Público y el centro gestor 69 “Unidad de Protección a Víctimas y Testigos” del Organismo de Investigación Judicial. Tal como lo indica su nombre su misión es ser la oficina que brinda la atención y protección de forma interdisciplinaria a víctimas, testigos y otras intervinientes en el proceso penal, para asegurar su participación activa en dicho proceso, buscando preservar la integridad física, emocional y social, en procura de mejorar sus condiciones de vida, contribuir con el ejercicio de los derechos y disminuir la revictimización mediante estrategias, mecanismos y acciones desde un enfoque de derechos humanos. Anteriormente esas oficinas pertenecían a los respectivos programas del Ministerio Público y el O.I.J. fusionándose en un mismo programa. Con este programa se busca mejorar los servicios que brinda este Poder de la República, mediante una atención más integral al usuario de los servicios de administración de justicia, principalmente la seguridad ciudadana como parte integral del servicio.

Cabe señalar que este programa se crea como resultado del aumento de la criminalidad en el país y ante la necesidad de proteger a los usuarios inmersos en los procesos judiciales como víctimas y testigos.

El presupuesto ordinario se financia con ingresos corrientes (impuestos) y de capital (endeudamiento), financiando principalmente los primeros los gastos corrientes (partida 0, 1, 2, 6 y 9) y los segundos los bienes de inversión (partida 5 de equipo y bienes inmuebles por ejemplo).

En cuanto al financiamiento de los gastos, es importante indicar que para el año 2014, el Ministerio de Hacienda brindó el financiamiento de algunos gastos corrientes a través de endeudamiento, tal como se observa en el programa 927 debido a que la partida de Remuneraciones se financió con endeudamiento del Estado o sea fuente de financiamiento 280 “Colocación de títulos valores” conocidos como bonos o endeudamiento. Lo mismo ocurrió con la subpartida 00303 “Decimotercer mes” para el pago de aguinaldo en los diferentes programas. Los recursos de la partida 5 “Bienes Duraderos” o bienes de capital, al igual que en otros años se financian con fuente 280. (Para mayor detalle ver L.P. en la segunda columna donde se señala la fuente de financiamiento por subpartida del presupuesto para cada programa).

El rubro de Remuneraciones representa el 86.95% de los recursos asignados vía Ley, por la razón de ser del Poder Judicial como Institución que brinda servicios de administración de justicia al país, cuyo rubro durante el primer semestre muestra una ejecución del 46.87% que corresponde al monto de ¢143.566.261.283.52 de manera global. Durante el año 2014 debido a las políticas Institucionales en el rubro de Remuneraciones, como período colectivo de vacaciones y por ende la repercusión en sustituciones, la ejecución de recursos se ha visto afectada, por lo que se ha realizado un esfuerzo en el análisis del comportamiento de Remuneraciones y de esta forma contar con los recursos adecuados para atender los pagos durante el primer semestre del año y contar con los sobrantes del caso para hacerle frente a necesidades Institucionales, principalmente en bienes capitalizables como compra de equipo variado y proyectos de construcciones de edificios a nivel Institucional, así como combustibles. En este primer semestre a raíz de lo comentado, la rebaja de los recursos de Remuneraciones ha tenido un enfoque más conservador con respecto a otros períodos, con el propósito de tener más elementos que permitan determinar el sobrante estimado más cercano a la realidad.

El programa 927 “Servicio Jurisdiccional” muestra el mayor monto asignado en remuneraciones, por la suma de ¢115,346,605,591.00 con una ejecución al mes de junio 2014 del 47.61% por la suma de ¢54.921.674.435.43. Los programas 926 y 928 muestran montos ejecutados significativos por las sumas de ¢23.621.958.747.70 y ¢28.578.808.991.50 con una ejecución a la fecha indicada del 47.28% y 45.16% respectivamente...

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