Sentencia nº 00062 de Tribunal Contencioso Administrativo, de 1 de Febrero de 2018
| Ponente | Rodrigo Huertas Durán |
| Fecha de Resolución | 1 de Febrero de 2018 |
| Emisor | Tribunal Contencioso Administrativo |
| Número de Referencia | 18-000019-1027-CA |
| Tipo | Sentencia de fondo |
| Clase de Asunto | Medida cautelar ante causam |
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Central 2545-0003. Fax 2545-0033. Correo Electrónico tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A (Antiguo edificio Motorola) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ N°62-2018-T al ser las ocho horas veinte minutos del día primero de Febrero del año dos mil dieciocho.- RESULTANDO. La parte actora, en este asunto a lo que resulta de interés pretende: " (...) solicito como medida cautelar ante causam se ordene la suspensión del efecto del acto administrativo adoptado por la Presidencia Ejecutiva del INDER en resolución Nos. 108-2017 de las ocho horas cero minutos del veintinueve de Noviembre del dos mil diecisiete, así como la resolución No. 115-2017 de las nueve horas cuarenta minutos del veintiuno de diciembre del dos mil diecisiete, mismas que ordenan y ratifican el despido sin responsabilidad patronal en mi contra (sic) solicitando se ordene la reinstalación inmediata. Con el traslado de esta acción, ruego se adopte como medida cautelar provisionalísima la suspensión de la ejecución de dichos actos mientras se ventila este proceso y sin necesidad de audiencia previa. Ruego que una vez se nos otorgue la cautelar solicitada, en la misma resolución se nos conceda el plazo para el planteamiento del proceso de conocimiento respectivo.". (ver pretensión, escrito de demanda presentado el 28/12/2017).- Por medio del escrito presentado en fecha veinticuatro de Enero del año en curso, la representación del Instituto de Desarrollo Rural, contesta de forma negativa la presente gestión cautelar, considerando que el actor no demuestra los tres presupuestos para otorgarla (ver escrito presentado en fecha 24/01/2018). En los procedimientos se han observado las prescripciones legales, y no se observan vicios u omisiones que sean capaces de invalidar lo actuado, o puedan causar indefensión para alguna de las partes.- CONSIDERANDO Tal y como ha sido desarrollado por la Sala Constitucional, la justicia cautelar responde a la necesidad de garantizar el principio constitucional de una justicia pronta y cumplida, al conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución de la sentencia. (Resolución 7190-1994, de las 15:24 horas del 6 de diciembre). En este mismo sentido, el artículo 19 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece que el fin de la fijación de una medida cautelar es proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La doctrina ha indicado que la justicia cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constituir una relación jurídica, ni ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni dirimir un litigio, sino prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o que puedan derivarse de una situación anormal (Gallegos Fedriani, P.. Las medidas cautelares contra la Administración Pública. 2 ed. Buenos Aires, Argentina: Á., 2006). Teniendo claro lo anterior, el juzgador con observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la norma procesal indicado, debe determinar la procedencia de una solicitud de medida cautelar, verificando al efecto que la pretensión del proceso de conocimiento no sea temeraria o, en forma palmaria, carente de seriedad, lo que constituye una valoración preliminar del fondo para determinar si existe en el caso en cuestión lo que la doctrina y la jurisprudencia han llamado apariencia de buen derecho o fumus boni iuris. La norma de análisis también establece la procedencia de la medida cautelar cuando la ejecución o permanencia de la conducta sometida a proceso produzca graves daños o perjuicios, actuales o potenciales, situación que ha sido definida en la doctrina como el periculum en mora o peligro en la demora, es decir, que en virtud de la demora patológica del proceso judicial, concurra un peligro actual, real y objetivo de que se genere a la parte promovente un daño grave (J.L., E.. Manual del Proceso Contencioso-Administrativo. 1 ed. S.J., Costa Rica, Editorial Jurídica Continental, 2008). Bajo la misma línea de pensamiento, el artículo 22 del Código Procesal Contencioso Administrativo, establece la obligación del juzgador de realizar, a la luz del principio de proporcionalidad, una ponderación de los intereses en juego, es decir, entre la circunstancia del particular, por un lado y el interés público y los intereses de terceros que puedan verse afectados con la adopción de la medida cautelar, por el otro. Adicionalmente y del mismo numeral 22 citado, se exige que la medida cautelar resulte instrumental y provisional. Partiendo del anterior marco normativo de análisis y los elementos requeridos para la estimación de una medida cautelar, se procede a realizar el estudio del caso concreto. REQUISITOS ESENCIALES PARA ADMITIR LA MEDIDA CAUTELAR. Al respecto se ha dicho que el cumplimiento de la tutela cautelar, como derecho fundamental derivado del numeral 41 constitucional que es el derecho a obtener justicia pronta y cumplida, el órgano jurisdiccional debe valorar para su efectiva materialización, además del cumplimiento de los presupuestos conocidos en doctrina como Apariencia de Buen Derecho (Fumus Boni...
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