Sentencia nº 01939 de Tribunal Contencioso Administrativo, de 15 de Junio de 2018

Ponente:Alex Rojas Ortega
Fecha de Resolución:15 de Junio de 2018
Emisor:Tribunal Contencioso Administrativo
Número de Referencia:17-005643-1027-CA
Tipo:Sentencia de fondo
Clase de Asunto:Amparo de legalidad
 
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* 170028611027CA* CARPETA: 17-005643-1027-CA ASUNTO: AMPARO DE LEGALIDAD ACTOR: D.G.G. DEMANDADO: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL MEP Nº 1939-2018 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ,GOICOECHEA, a las ocho Proceso de amparo de legalidad interpuesto por D.G.G. cédula de identidad 0-000-000, contra EL ESTADO, representado por la Procuraduría General de la República.- RESULTANDO 1).- La parte actora interpone el presente proceso para que en sentencia se ordene el cese de la inactividad acusada, consistente en que en fecha 28 de agosto del año 2015, la parte accionante solicitó reconocimiento de los años de servicio laborados para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del MINAE, gestión que a la fecha de presentación de esta demanda la parte actora indica no se le ha resuelto. (Los autos). 2).- La representación de la parte demandada, en lo relevante para el caso concreto, rechazó el recurso de amparo planteado. (Los autos). 3).- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones de ley, sin que se noten causales capaces de invalidar lo actuado. Se dicta esta resolución dentro del plazo de ley; y, CONSIDERANDO; I.- DERECHO A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PRONTO Y CUMPLIDO. El derecho fundamental a un procedimiento administrativo pronto y cumplido deriva del derecho público subjetivo más general a una justicia pronta y cumplida, sustentado en el artículo 41 de la Constitución Política. El derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida exige de los poderes públicos una gestión eficiente y eficaz de las pretensiones, solicitudes y reclamos de los administrados, con el fin (subjetivo) no solo de satisfacer las situaciones jurídicas sustanciales de aquellos, sino también (objetivo) de garantizar la plena juridicidad de la conducta de las Administraciones públicas (numeral 49 constitucional), la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión pública (artículo 11 constitucional), todo lo cual tiende a lo que la doctrina ha denominado como una Administración Pública con “casa de cristal” o, en los términos de la doctrina española, a una Administración de “ventanas abiertas”. El canon 41 de la Carta Política demanda una justicia “pronta” y “cumplida”, ambos conceptos jurídicos indeterminados, que, como tales, son susceptibles de una única solución justa y que, en el caso de la prontitud, demanda que los procesos sean tramitados en plazos...

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