Arrepentimiento y trabajo libran a cientos de jóvenes de ir a la cárcel
Sin saber cómo ni cuándo, Valeria y su familia se vieron inmersas en un pleito entre vecinos hace unos cuatro años.
En esa discusión, una tercera persona le iba a pegar a su mamá, por lo que Valeria, cuya identidad fue cambiada y quien tenía 17 años en ese momento, se metió a defenderla.
'Yo me peleé y por eso, años después, me llegó una notificación por agresión', contó.
Valeria no sabía qué hacer hasta que su abogado le comentó sobre la posibilidad de evitar un juicio ordinario, al ofrecer servicio comunitario para resarcir la acción cometida.
De esa forma, ella se convirtió en una de los cientos de adolescentes que forman parte del programa Justicia Restaurativa, del Poder Judicial, el cual permite que menores que cometieron por primera vez un delito sin 'violencia grave' puedan optar por una medida alterna a la prisión.
Este proyecto judicial también se aplica para adultos desde el 2012.
Como parte del plan, en el primer trimestre del 2015 se efectuaron 550 audiencias tempranas a nivel nacional, según datos del Departamento de Estadística del Poder Judicial. Entre tanto, en el 2014 hubo 1.182.
Tales estadísticas dan una noción de la cantidad de menores que se han acogido al programa, pero varios de esos expedientes (no tienen detalle) podrían involucrar a más de un joven.
¿De qué trata? El proyecto, dirigido por la magistrada Doris Arias, empezó a funcionar en el 2012, pero fue hasta mayo de este año cuando se oficializó.
Lourdes Espinach, coordinadora nacional de Justicia Restaurativa, explicó que, una vez entrada la denuncia en contra de un menor, el Ministerio Público la estudia.
Si la Fiscalía encuentra suficientes hechos probatorios que lo inculpan, envía el expediente a Justicia Restaurativa.
También, añadió, la defensa puede solicitar que se mande el documento a esa oficina.
Cuando el caso ingresa al programa, se establece un primer contacto, por separado, con el ofensor y la víctima, a quienes se les explica que más adelante estarán sentados juntos en una mesa para explicar lo que sucedió.
Si alguno rechaza este proceso, el expediente regresa a la vía ordinaria.
Si ambos están de acuerdo, firman la aprobación y el equipo psicosocial habla, por aparte, con los involucrados.
'Todo esto es completamente voluntario. Todos tienen que estar de acuerdo, sino no funciona', explicó Espinach.
Después, realizan una preaudiencia, en la que el equipo interdisciplinario (conformado por fiscales, defensores públicos, psicólogos, trabajadores...
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