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BCR oculta cuánto pagó a los exempleados de Bancrédito

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Vincent

El Banco de Costa Rica (BCR) oculta el monto que se pagó por cesantía a los exempleados de Bancrédito, antes de que esta entidad financiera desapareciera, al ser absorbida por el BCR, el 1.° de diciembre.La Nación consultó al BCR detalles del pago de la liquidación; sin embargo, se limitó a contestar que no tenía los datos, pues ese beneficio se canceló mientras Bancrédito estuvo intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), proceso asumido por Marco Hernández.'La suma cancelada por concepto de liquidación de los excolaboradores del Bancrédito es un dato que desconocemos, dado que fue realizado por el señor interventor designado por el Conassif', respondió el Banco, a través de su departamento del prensa.Por su parte, Hernández alegó que no puede dar declaraciones porque su labor terminó con la adquisición de Bancrédito por parte del BCR.Los diputados de la pasada administración aprobaron una ley que obligó al interventor del Agrícola de Cartago a cancelar la cesantía sin límite de años a los empleados que renunciaron o que fueron despedidos con responsabilidad patronal, desde enero de 2017 al cierre de la institución, el pasado 30 de noviembre.Se trata de la Ley número 9.548 denominada Protección y Defensa de las Personas Trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de Cartago, que se aprobó debido al inminente cierre de la entidad financiera que dejó pérdidas al Estado por ¢52.000 millones.El artículo 1.° de la Ley otorga una indemnización, a título de cesantía, a todos los funcionarios de Bancrédito que terminaran su relación laboral a partir del 1.° de enero del 2017, exceptuando expresamente a quienes hubiesen sido despedidos por disciplina.Esa indemnización consiste en un mes de salario por cada año, o fracción de seis o más meses de servicios prestados, sin límite de años, de acuerdo con la legislación, la cual se basó en la compensación que se otorga a los empleados del régimen de Servicio Civil, en casos de cierres institucionales.La legislación fue aprobada el 24 de abril y firmada tres días después por el entonces presidente de la República, Luis Guillermo Solís, a pesar de que desde 2006 existía jurisprudencia constitucional que exigía razonabilidad; primero, fijó un máximo de 20 salarios.No obstante, en mayo del 2018, la Sala IV declaró inconstitucional el pago de cesantía...

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