Comentario al artículo 239 de Código Procesal Penal

Fecha20 Enero 2023
AutorJosé Miguel Zamora Acevedo
SecciónCódigo Procesal Penal

COMENTARIO

La libertad de modo general es la autodeterminación individual, es un valor superior que el ordenamiento jurídico costarricense lo puntualiza en un conjunto de manifestaciones que le da la condición de derechos fundamentales.

Como dimensión esencial de la persona humana, una de sus manifestaciones principales es la libertad física. Libertad que se enfrenta a diversos institutos del poder punitivo estatal como lo es, la detención, la prisión preventiva, una sentencia condenatoria o internamientos.

El art. 37 de la Constitución Política (CPol), establece el derecho fundamental a que no se restrinja la libertad personal, salvo que se trate en los casos previstos en la misma ley, al señalar que: “Nadie podrá ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito, y sin mandato escrito del juez o autoridad encargada del orden público, excepto cuando se tratare de reo prófundo o delincuente infraganti (...)” (art. 37 CPol).

Siendo así, se denota que la libertad personal no es un derecho absoluto, pues bien puede ser restringido o limitado mediante la ley, en este caso, por medio de la prisión preventiva. Por ello, como primer punto la prisión preventiva se configura como una medida cautelar personal, en el derecho a la libertad individual y ambulatoria.

Lo anterior con lleva ciertas consecuencias que de manera puntual serían:

  1. Su imposición implica la obligatoriedad de que se imponga con el fin propio de la tutela cautelar, sea para garantizar la presencia de la persona imputada en el proceso y la eficacia de una eventual sentencia condenatoria.

  1. Al ser una restricción de un derecho fundamental, únicamente puede imponerse cuando concurran determinados presupuestos que permitan justificar la intromisión en el derecho a la libertad ambulatoria, sin que sea abusiva o arbitraria.

  1. Siempre debe ser provisional, supeditada a la dinámica del proceso tanto para la imposición, mantenimiento o prórroga y su limitación. Esto es, cumplir con las exigencias del principio de proporcionalidad.

En síntesis, una interpretación restrictiva permite indicar que la prisión preventiva, en tanto es la limitación más gravosa para la libertad personal, solo debe aplicarse de forma excepcional y bajo ciertas circunstancias legalmente determinadas, las cuales deben de ser expresamente motivadas para inferir que la autoridad competente ha actuado conforme a derecho.

En razón de lo anterior, la norma comentada señala que el tribunal ordenará la prisión preventiva de la perosna imputada, siempre que concurran las siguientes circunstancias:

Requisitos materiales:

Por lo general, para la imposición de la prisión preventiva, se aboga por el cumplimiento de una serie de requisitos: los formales, regulados en el art. 238 del Código Procesal Penal (CPP); y los requisitos materiales, contenidos en la norma en comentario.

Los formales, hacen alusión a la necesaria solicitud del ente fiscal, la fundamentación de la medida y el carácter jurisdiccional.

Mientras que los requisitos materiales, se refieren al mérito sustantivo que representa el grado probable de haber cometido delito, los fines procesales, los cuales se vinculan con la existencia de los peligros procesales, y por último, el respeto al principio de proporcionalidad (analizado en el artículo anterior).

a) “Existan elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él”

La norma señala a la existencia de elementos de convicción suficientes, lo que significa que existen elementos de sospecha de comisión de un hecho delictivo.

Este requisito es una manifestación de la razonabilidad del ejercicio del ius puniendi estatal, pues no se podría autorizar al Estado para que detenga a cualquier persona por simples conjeturas o prejuicios; sino que debe mediar un nivel razonable de probabilidad en la comisión de un hecho delictivo; el llamado mérito sustantivo.

Muchos instrumentos internacionales atinentes a la materia, estipulan de forma expresa la necesidad razonable de haber cometido el delito, como elemento esencial para poder permitir la aplicación de la prisión preventiva en un caso específico. Como por ejemplo, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia penal, conocida como Reglas de Mallorca; que en su inciso primero de la consideración 19ª señala: “La detención sólo se podrá decretar cuando existan fundadas sospecha de participación de la persona en un delito”.

En igual sentido, la norma constitucional y legal evidencia esta idea de forma complementaria. Así, para la Constitución Política, se necesita un: “(...) indicio comprobado de haber cometido delito (...)” (art. 37 CPol), mencionando a la prohibición de la detención, cuando no se logre acreditar ese indicio comprobado de haber cometido delito.

Por su parte, la disposición legal contenida en la norma en comentario, señala una idea similar al exigir la existencia de: “(...) elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él”; aunque en plural, por lo cual la existencia de este requisito se transforma en un asunto probatorio.

Este requisito es indispensable no solo para el mérito de la medida cautelar privativa de libertad, sino también para la legitimidad de la persecución penal; en ausencia de este requisito, la actuación sería arbitraria e injustificada totalmente.

Por lo general, el grado de sospecha suficiente de comisión de un ilícito, se reorienta al tema probatorio; para demostrar el umbral de suficiencia probatoria, el Ministerio Público debe mostrar al tribunal, que se tienen los elementos probatorios de hecho o indicios derivados de estos, que sostengan razonablemente la vinculación del encausado con el injusto penal que se investiga.

Por lo general, el análisis probatorio se vincula con el examen de los tópicos del derecho sustantivo, relacionado a la teoría jurídica del delito y la aplicación de la ley penal. Aunque, en algunas circunstancias, es común encontrarse profesionales en derecho que sostienen el impedimento de dicha discusión, tomando en consideración, razones de escaso valor jurídico como las siguientes: 1. “La condición incipiente del proceso, 2. La provisionalidad de las calificaciones jurídicas, etc”; consideraciones escapistas que buscan no entrar a valorar el derecho de fondo. Se olvidan que, considerar estos tópicos, es una condición necesaria para el dictado de cualquier resolución de medida cautelar.

Se exige que para la prisión preventiva de una persona, es necesario la existencia de pruebas en su contra. Derivado de lo anterior, significa que la medida debe justificarse en actuaciones investigativas precedentes y no al inverso. Se detiene por que se ha investigado y ello ha generado las pruebas en su contra; no se detiene para investigar y recolectar las pruebas. Para la procedencia de la prisión preventiva, deben existir las pruebas y no a la inversa; aunque esta idea roza con la práctica costarricense en la cual, la prisión preventiva se utiliza mucho para buscar la prueba a posteriori; por ejemplo, con los peligros procesales contra la víctima, denunciante o testigo, a efectos de poder asegurar hacia su futuro su declaración (prueba testifical).

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana Derechos Humanos (Corte IDH), también exige la convicción razonable de probabilidad en la comisión de un delito, para poder legitimar al Estado a aplicar la prisión preventiva. Así, en la sentencia relativa al caso López Álvarez vs. Honduras, de 01.02.2006, párr. 68; se indica que: “La legitimidad de la prisión preventiva no proviene solamente de que la ley permite aplicarla en ciertas hipótesis generales. La adopción de esa medida cautelar requiere un juicio de proporcionalidad entre aquélla, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan. Si no hay proporcionalidad, la medida será arbitraria”.

De la norma en estudio, también se infieren en cuanto a la existencia de: “(...) elementos de convicción suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él”, dos condiciones:

1. La probabilidad de la comisión de un delito.

2. La vinculación de dicha probabilidad comisiva, con la participación de alguien en el delito: el imputado. Aquí, se debe establecer el grado probable de autoría o participación, lo cual es distinto a tener la sospecha fundada sobre la existencia de un ilícito.

Lo anterior, muchas veces no se logra distinguir.

Estas son dos circunstancias que se deben diferenciar, pero en la práctica muchas veces la primera presupone la segunda, lo cual es incorrecto pues no es una condición necesaria y suficiente; es posible tener el grado probable, pero contra un sujeto ignorado, incluso normativamente se tiene algunas presunciones iuris tantum sobre la posible comisión de hechos delictivos sin sospechoso, como los señalados en los casos de muerte violenta (art. 191 CPP).

Debe acreditarse la existencia de elementos razonables de prueba, pero que vinculen al sujeto con el delito; porque puede haber prueba del hecho punible, pero no su causalidad con la persona sospechosa.

Por último, la categorización antes analizada, -la cual permite materializar la medida procesal de la prisión preventiva-, entra en franca colisión con el principio de la presunción de inocencia. Sin embargo, dicha colisión es aparente, pues la necesidad de probabilidad delictiva no es consecuencia de una relativización de la presunción de inocencia, sino una manifestación del principio de proporcionalidad, que permite la privación de libertad de una persona sobre la cual recaen elementos de convicción suficientes para considerarla con probabilidad, responsable penalmente.

Así, entran en la balanza los intereses estatales en la persecución penal y el interés...

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