Comentario al artículo 41 de Código Procesal Contencioso - Administrativo
| Fecha | 06 Octubre 2022 |
| Autor | Godelieve López Salas |
| Sección | Código Procesal Contencioso-Administrativo |
COMENTARIO
Tratándose de las materias Civil de Hacienda y tributaria, incluyendo la lesividad de actos tributarios por las razones intrínsecas que dan origen al proceso, el plazo para interponer la demanda debe ser acorde con el dispuesto en el derecho de fondo, al contar con una regulación específica y particular. Así, debido a la especialidad normativa, al ponderar intereses distintos, se ha dispuesto que el plazo para la interposición de la demanda sea el mismo plazo de prescripción que se establece en el derecho de fondo de cada una de las materias y no el plazo de caducidad que rige para la impugnación de las demás conductas administrativas, arts. 39 y 40 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA).
1. Materia civil de Hacienda. En sentido práctico, en la materia civil de Hacienda, la discusión se encuentra reservada a aspectos estrictamente patrimoniales (indemnizatorio, inmobiliario, contractual, etc.). Es decir, se trata de aquellos en los cuales lo que se discute no es propiamente la legalidad o ilegalidad de la conducta administrativa, sino las obligaciones pecuniarias de la Administración Pública o de un administrado a favor de esta. Ahora bien, para determinar el plazo aplicable, se debe atender a cada una de las normativas que regulen el caso concreto, por ejemplo, tratándose de una pretensión por responsabilidad, el plazo para la interposición del proceso sería el de cuatro años que señala el art. 198 de la Ley General de Administración Pública (LGAP).
2. Materia tributaria. La materia tributaria también implica una consecuencia sobre la Hacienda pública tanto para la Administración como para el administrado obligado. Esa inmediatez sobre el patrimonio de los contribuyentes comporta un régimen diferenciado, disponiéndose una regulación distinta del plazo del año de caducidad, estableciendo en su lugar, un plazo prescriptivo que resulta más extenso, independientemente de que el objeto del proceso refiera a la impugnación de un acto administrativo específico, una actuación material, o bien, una omisión. Esto es así, por cuanto aun cuando la parte impugna una conducta administrativa, su pretensión principal, al igual que un proceso civil de Hacienda, es la afectación directa e inmediata de su peculio. Ahora bien, la procedencia de la prescripción para determinar el plazo de interposición del proceso en la materia civil de Hacienda ha sido pacífica y no ha generado mayor controversia, sin embargo, en cuanto a la aplicación de esa figura a la materia tributaria, incluyendo la lesividad (proceso mediante el cual la Administración Pública demanda la nulidad de actos administrativos declaratorios de derechos subjetivos dictados por ella, cuando estos sean absolutamente nulos o contrarios al interés público), han surgido entre las personas juzgadoras dos posiciones interpretativas contrapuestas. De seguido se exponen los criterios en la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo.
2.1 Criterio de mayoría. En este caso, se estima que, tratándose de pretensiones anulatorias de...
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