Contraloría reprocha contratación de vía hacia megapuerto

RESUMEN

El contrato lo obtuvo con un precio de $71,8 millones (¢41.600 millones) el Consorcio del Atlántico, conformado por las firmas MECO y Puentes y Calzadas.

 
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La Contraloría General de la República (CGR) consideró 'altamente reprochable' que el Gobierno omitiera información determinante al pedirle permiso para contratar, en forma expedita, a una firma que construyera la ruta 257, que conectará la carretera 32 con el futuro megapuerto de Moín.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no le informó al ente contralor de que el trazado nunca entroncaría con la terminal portuaria, aunque al momento de solicitar la autorización, tenía plena conciencia de que había un desfase de 80 metros con respecto a la entrada del muelle.

La CGR le llamó la atención a la administración de Luis Guillermo Solís por haber guardado silencio sobre esa 'pifia' y la exhortó para que, en el futuro, mantenga 'la transparencia necesaria' en este tipo de procedimientos.

El ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, afirmó que el Ejecutivo respeta los criterios de la Contraloría y que la administración Solís actuó en procura del interés público.

La gestión del Conavi para escoger a una constructora mediante una contratación directa, en vez de una licitación (proceso que conlleva mayor participación de oferentes), se presentó a la CGR en diciembre del 2015. El contrato lo obtuvo con un precio de $71,8 millones (¢41.600 millones) el Consorcio del Atlántico, conformado por las firmas MECO y Puentes y Calzadas.

A la hora de hacer la contratación directa, el Gobierno rechazó una oferta de $60 millones (¢34.800 millones) con un diseño que sí conectaba con el megapuerto. Descartó la propuesta al argumentar que ese consorcio irrespetó el trazado consignado en el concurso.

Sin embargo, después de adjudicado el contrato, en junio del 2016, el Conavi advirtió de que había un error en las coordenadas, por lo que pidió a la Contraloría, en abril del 2017, permiso para modificar el contrato con el fin de arreglar el desfase, por $5,4 millones adicionales (¢3.100 millones).

Regañada.'Estima este órgano contralor que resulta altamente reprochable que se requiera un procedimiento de excepción sin que se incluyera una solución técnica que permitiera la conexión con la TCM (Terminal de Contenedores de Moín), lo cual ha significado que después del concurso se requiera modificar parcialmente el objeto de la autorización', respondió el órgano contralor este 30 de junio, al autorizar la modificación.

'Efectivamente, se trataba de un aspecto (el desfase) que se conocía claramente al momento de presentar la...

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